TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Corte de Apelacion es del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 08 de Julio de 2003
193º y 144º

ASUNTO PRINCIPAL : IJ01-R-2003-000001
ASUNTO IG01-X-2003-000051

JUEZ PONENTE: DRA. GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL.

El día 26 de junio del presente año fue declarada admisible la Inhibición presentada por el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones, DR. RANGEL MONTES CHIRINOS, en la causa seguida contra el ciudadano: LUCAS ANTONIO ARCILA CHIRINOS, donde actúa como Defensor del mencionado Imputado el Dr. CÉSAR CURIEL, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concordancia con el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal.

El artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder judicial regula el trámite a seguir respecto a las inhibiciones planteadas por los Jueces de los Tribunales Colegiados, estableciendo que en los casos de recusaciones o inhibiciones de uno o dos jueces de una Corte de Apelaciones, decidirá la incidencia el Presidente, si no es de los recusados o inhibidos; y de lo contrario, conocerá, según sea el caso, el otro Juez no recusado o inhibido o uno de los otros dos jueces no recusados o inhibidos, elegidos por la suerte.

Ahora bien, declarada admisible la Inhibición planteada por el Juez Titular de este Tribunal Colegiado, se abrió la incidencia probatoria a los fines de que las partes interesadas presentaran pruebas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal y transcurridos que fueron los tres días fijados por la citada disposición legal para que las partes promovieran las pruebas pertinentes, no habiendo hecho uso de esa potestad legal el Juez Inhibido, se pasa a decidir la incidencia de inhibición planteada en los siguientes términos:

Se evidencia a los folios 01 y 02 de las actuaciones que planteó el Juez Presidente que procedía a presentar formalmente su inhibición, porque el Abogado César Curiel, Defensor del imputado, ciudadano: LUCAS ANTONIO ARCILA CHIRINOS, es su Apoderado Apud Acta en la demanda que por Intimación de honorarios profesionales les siguieron a los ciudadanos Víctor Manuel Pinto Hernández, Yudisay Pinto Hernández, Haidée Hernández viuda de Pinto y Mariana Pinto Hernández, a quienes identificó en su diligencia de inhibición, en el Juicio que por Disolución Anticipada de Sociedades Mercantiles siguió por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y de Trabajo de esta Circunscripción Judicial, expediente 6208, cuaderno de intimación, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES. En segundo lugar, porque, a pesar de no haber pertenecido al Escritorio Jurídico del Este, fundado por el predicho Abogado, ejerció con el mismo poderes conjuntos en el lapso de seis años, por los cuales percibieron honorarios profesionales, por lo cual consideró que no podría juzgar de manera transparente e imparcial, razón por la cual estampó la diligencia de inhibición correspondiente en el expediente, basado, como antes se estableció, en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

La Inhibición presentada por el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal en la causa seguida contra el mencionado ciudadano fue fundamentada legalmente en lo dispuesto por el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece:

Causales de Inhibición y Recusación. Los Jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, Secretarios, Expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes:
1°. Cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad.

Ahora bien, Borrego (1999), en su Obra "Nuevo Proceso Penal" (en Actos y Nulidades) ha establecido que "Por lo general, para evitar que dentro del marco del proceso ocurra que la función del juez aparezca vinculada inconvenientemente a culaquiera de las partes, se formula todo un sistema que busca impedir que ese juez parcializado siga conociendo del juicio. Estos impedimentos se erigen como causales de recusación y de inhibición que son de estricto cumplimiento y por el cual se busca que los juicios no se paralicen y sea otro juez el que siga administrando la causa. Es decir, que cuando se presenta algún impedimento que afecta la imparcialidad del funcionario judicial, éste debe excusarse y enviar los autos a otro juez para que continúe con la labor iniciada por aquél...(págs. 208 - 209)
Luego, la inhibición es la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto por encontrarse comprendido en alguna de las causales determinadas expresamente por la ley, la cual tiene su origen en la falta de imparcialidad en el funcionario y tiene por objeto evitar que conozca de una causa un juez legalmente impedido de hacerlo, por lo que la partes nada tienen que temer, por cuanto no conocerá de su causa el Juez a quien la ley se lo prohíbe.

En igual sentido, observa esta Alzada que el Código Orgánico Procesal Penal impone en el artículo 87 a los funcionarios judiciales la obligación de inhibirse del conocimiento de una causa cuando les sean aplicables cualesquiera de las causales de recusación, sin esperar a que se les recuse y que contra la inhibición planteada no procederá recuso alguno.

Pues bien, en el caso objeto de estudio el Juez Inhibido consideró que se encontraba incurso en la causal de Inhibición prevista en el ordinal 8° del artículo 86 y, sin esperar a que se le recusara, procedió a inhibirse del conocimiento de la misma, precisamente por tener lazos de amistad y de Profesionalidad con el Abogado que en la presente causa detenta la cualidad de Defensor Privado del acusado, por lo cual era forzoso e improcedente que conociera de la causa como Juez Titular de la Corte de Apelaciones.

Cabe destacar que, el funcionario inhibido promovió los elementos probatorios que demuestran su afirmación en las actas procesales aludidas, como fueron los de acogerse al valor probatorio producido por la presunción Iuris tantum de veracidad que dimana de sus dichos como funcionario público, referentes a los supuestos de hecho que encuadran en la causal de inhibición alegada, que no podría juzgar, en virtud de los hechos precisos señalados, de manera autónoma e independiente y la circunstancia notoria que emana de las causas judiciales Nros. 1089, 1092, 1100, 1167, 1190, 1236, 209 y 038-01 que cursan ante la Corte de Apelaciones, en las cuales se ha declarado Con Lugar las Inhibiciones por la actuación del mismo Abogado en las mismas y cita las sentencias recaídas en el Expediente N° 00-1422, de fecha 29-11-2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y reconocida por la Sala de Casación Penal en sentencia N° 0754, Expediente N° 01-0578 del 23-10-2001 y la sentencia dictada por la Sala Constitucional en fecha 28-07-2000, en el Expediente N° 0529.

Con relación a la presunción iuris tantum de certeza que emana del dicho de los jueces, ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, el criterio de la inhibición presunta, en el sentido que la inhibición debe ser fundamentada por el funcionario que pretenda sujetarse a ella y en tal sentido ha expuesto:

…no es que la sola invocación de la causal genérica valga por sí misma y deba producir una decisión favorable a la inhibición: ésta debe basarse en determinados hechos, encuadrados en las causales específicas o en la genérica. Para que unos hechos sean determinados, deben estar circunstanciados: cuándo, dónde, cómo, etc. Esto no quiere decir que se deban completar las categorías aristotélicas “quis”, “quid”, “ubi”, “quare”, “quoties”, “quomodo”, “cuando” (quién, qué hizo, dónde, por qué, cuántas veces, de qué manera, cuándo), sino que la inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos y por ende discutibles y hasta eventualmente discutidos.
Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia han establecido la presunción de que la manifestación del juez inhibido es verdadera; pero esa presunción es “juris tantum” y admite prueba en contrario. Así que la inhibición deberá pormenorizar el hecho que la motive. Sólo así podrá ser declarada con lugar. De lo contrario, la sentencia no se bastará a sí misma y no motivará la decisión favorable a la inhibición.
El deber fundamental de todo juez es decidir. Y el instituto de la inhibición únicamente funciona como una excepción.
Si se declararan con lugar inhibiciones infundadas porque se basaron en hechos indemostrados, se relajaría la disciplina procesal y se propiciaría el entrabamiento procesal. En efecto, sobre la base de que una inhibición inmotivada se declarara con lugar, podría haber una serie interminable de inhibiciones vacuas o infundamentadas.
Constituye una injusticia el someter a los procesados a un juicio parcializado y aunque es verdad que los hechos que alegó para inhibirse no están caracterizados, basta con que reconozca no sentirse imparcial y debe operar aquella presunción contra la cual no existe prueba que la enerve: no es que se presumen como ciertos los hechos descritos por el inhibido para explicar con su indisposición, sino que se presume como cierta su expresión de parcialización y por el motivo que sea. Expresión con la que el Magistrado ha cumplido su deber de no juzgar al sentir su ánimo predispuesto (Exp. AA30-P-2001-0578)

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Jueza de la Corte de Apelaciones, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Inhibición planteada por el Juez Presidente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal en la causa seguida contra el imputado LUCAS ANTONIO ARCILA CHIRINOS. Remítase copia certificada de la presente decisión a la Secretaría de esta Corte de Apelaciones a los fines que sea agregada a la causa principal.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, a los 08 días del mes de Julio de 2003. 193° de la Independencia y 144° de la Federación.

POR LA CORTE DE APELACIONES

DRA. GLENDA OVIEDO RANGEL
JUEZA PONENTE

Dra. ANA MARÍA PETIT
Secretaria

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

La Secretaria