TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal TERCERO de Control de Coro
Santa Ana de Coro, 09 de Marzo de 2004
Años: 193º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-S-2004-000436
ASUNTO : IP01-S-2004-000436

Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento con respecto a la solicitud de Protección a la víctima impetrada por el Fiscal Superior del Ministerio Público DR. RAFAEL AMERICO MEDINA LUGO. En tal sentido, procede de seguidas este Organo Jurisdiccional a explanar las siguientes preciciones:
Aduce el Ministerio Público en su solicitud entre otras cosas que "...En virtud de oficios DP/DDEF Nro 0003593-03 y 00413-04, emandados de la Defensoría del Pueblo del Estado Falcón, los cuales se anexan, hemostenido conocimiento que, a raíz del homicidio de ANIBAL HERNANDEZ, la ciudadana ANA HERNANDEZ, cédula de identidad 7.473.974, natural de la ciudad de Coro, domiciliada específicamente en la Urbanización La Velita II, Ave 3, Casa Nro. 01, tía del occiso, se siente amenazada y desprotegida frente al ciudadano FELIPE ROJAS QUERO...Señala la ciudadana ANA HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, que en varias ocasiones su hermana ALEJA HERNANDEZ, ha visto a FELIPE ROJAS QUERO, en el Barrio Curazaito, en una tasca del mismo nombre propiedad de Cornelio Colina, escoltado por motirizados de la policía, tomando licor en esta tasca, siendo el caso que al referido ciudadano le fue dictada una medida de arresto domiciliario por el fallecimiento de su sobrino ANIBAL HERNANDEZ, la misma se siente desprotegida y siente que corre peligro su seguridad personal..."
Visto lo anterior y conforme a la disposición que regula el derecho de protección a la víctima ( Art. 23 del COPP), éstas tienen el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia penal en forma gratuita, expedita, sin dilaciones indebidas o formalísmos inútiles, amén de que tienen el pleno derecho a que se le repare el daño físico y moral causado con la comisión del ílícito penal; hecho éste que es uno de los objetivos puntuales y finales de nuestro proceso penal.
Más aún, el derecho de proteción a la víctima, fue elevado por los constituyentes de 1.999 a rango constitucional, estatuído en la parte infine del Artículo 30 de nuestra Carta Magna, el cual nos informa que "...El Estado protegerá a las víctimas de los delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.."
Siendo ello así, es claro que este Juzgador en funciones de Control está en la plena obligación de proveer satisfactoriamente a la medida impetrada por el Ministerio Público, pues es indefectible que las víctimas en el presente asunto entienden amenazada su integridad física, hecho éste que no puede obviarse sin conculcarle derechos constitucionales y legales que le son reconocidos por nuestros legisladores.
Y es que como acertadamente lo advierte el procesalista Pérez Sarmiento en su obra Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión de cometar el contenido del Artículo 23 del COPP "...Solo el acatamiento leal de una norma como ésta puede equilibrar un tanto la posición desventajosa que tiene la víctima en el proceso penal y que dimana del hecho de que ésta, salvo en el supuesto que los hechos delictivos no existan, es tan cierta en el proceso penal como la madre lo es en el parto...omissis...Los jueces deben tener presente esto todo el tiempo, pues hoy somos martillo, pero mañana podríamos ser yunque y no debemos hacer al prójimo aquello que no queremos que nos hagan..."
En consecuencia de todo lo anterior, este Juzgador, en pleno y justo ejercicio de las facultades jurisdiccionales que le conceden los Artículos 23 del Código Orgánico Procesal Penal y 30, parte infine, de nuestra Constitucional Nacional, entiende imperativo decretar la Protección de la ciudadana ANA HERNANDEZ, cédula de identidad 7.473.974, natural de la ciudad de Coro, domiciliada específicamente en la Urbanización La Velita II, Ave 3, Casa Nro. 01. Y ASÍ SE DECIDE.
En tal sentido, a los fines de darle sana y adecuada ejecución al presente dispositivo, se acuerda comisionar para proteger a la aludida ciudadana, al Destacamento N° 42 de la Guardia Nacional.
Por los fundamentos y consideraciones anteriormente expuestos, este Juzgado TERCERO de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Coro, ACUERDA conceder PROTECCIÓN inmediata a la ciudadana ANA HERNANDEZ, cédula de identidad 7.473.974, natural de la ciudad de Coro, domiciliada específicamente en la Urbanización La Velita II, Ave 3, Casa Nro. 01, comisionando en tal sentido al al Destacamento N° 42 de la Guardia Nacional. Todo en sana y cabal aplicación de los dispositivos legales insertos en los Artículos 23 del Código Orgánico Procesal Penal y 30, parte infine, de nuestra Constitucional Nacional

El Juez

Abg. Nestor Luis Castellano Molero
El Secretario,

Abg. Wladimir Salom

En la misma fecha se le dió cumplimiento al dispositivo que antecede y en tal sentido se ofició a la Comandancia de las Fuerzas Armadas Policiales de la región, ordenándole se le dé formal cumplimiento al Mandamiento Jurisdiccional que el fué ordenado.
El Secretario,

Abg. Wladimir Salom