REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO EXTENSIÓN PUNTO FIJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Juicio de Punto Fijo Punto Fijo, 24 de Noviembre de 2004 194º y 145º ASUNTO PRINCIPAL : IP11-S-2003-000496 ASUNTO : IP11-P-2003-000069 En fecha 28 de Octubre de 2004, el abogado FRANCISCO ALONZO GUANIPA OCANDO, en su condición de defensor privado del ciudadano WILLIAM JOSE REYES SOSA, a quien se le instruye causa por el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE COPERADOR INMEDIATO y APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previstos y sancionados en los artículos 407, en relación con el segundo aparte del artículo 80, 460, 83 y 472 todos del Código Penal venezolano, en perjuicio de EDUARDO JOSE COCHO BRACHO y GERMAN PIMENTEL PULGAR, presentó a través de la Oficina del Alguacilazgo, escrito mediante el cual expuso lo siguiente: Alega que su defendido se encuentra privado de su libertad desde el mes de Mayo de 2003, pero que no existe pluralidad indiciaria contenida en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para mantener dicha medida, ya que según él, el Ministerio Público no cuenta con los medios de pruebas convincentes para responsabilizar penalmente a su patrocinado, por cuanto, la medida de privación a la que esta sujeto su defendido se sustenta en actas policiales de los funcionarios que practicaron la detención, en una denuncia y declaraciones de terceras personas que no fueron testigos presenciales. Señaló que actualmente, la vida de su defendido corre peligro, motivado a los diversos enfrentamientos que se han presentado en el recinto penitenciario donde él se encuentra, a raíz de que algunos reclusos se pelean entre ellos, por mantener el control del penal. Indicó que desde que se decretó la medida de privación judicial de libertad, en fecha 30 de mayo de 2003, hasta la presente fecha, ha transcurrido un (01) año y cinco (05) meses, sin que se haya celebrado aún el Juicio Oral y Público. Solicitó la sustitución de la medida de privación judicial de libertad de su defendido, por una menos gravosa, señalando inclusive, como posible medida a imponer, el arresto domiciliario, invocando para ello, los artículos 26, 49 ordinal 1° y 51 Constitucionales, así como el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. En atención a la solicitud interpuesta, y a los efectos de resolver sobre la misma, el tribunal lo hace de la siguiente manera: El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé lo siguiente: "El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas.." La sustitución de la medida de privación de libertad a la cual se encuentre sujeto el acusado, comporta el requerimiento de que hayan variado los supuestos fácticos procesales, que dieron origen a la imposición de tal medida de privación, y estos supuestos no son otros, que los señalados en los artículos 250 y 251 de la norma adjetiva penal. Fuera de los paramétros ya señalados, en la fase de juicio no puede el Juez, antes de la celebración del Juicio Oral, hacer un análisis de los medios probatorios para determinar hasta donde es culpable o inocente el acusado; o si hay o no, medios de pruebas suficientes para condenarlo o exculparlo; porque ello constituiría un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del asunto. De tal manera, que el análisis que se impone, a fin de revisar o examinar el mantenimiento de la medida de privación de libertad, es determinar si han variado o no, los supuestos que consideró el Juez de Control, al momento de decretar la medida. En el presente caso, se observa que el Ministerio Público presentó acusación en contra del acusado de autos, por la presunta comisión de los delitos Homicidio Intencional Simple en Grado de Frustración, Robo Agravado en Grado de Cooperador Inmediato y Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, en perjuicio de los ciudadanos Eduardo José Cocho Bracho y Germán Eleomal Pimentel Pulgar; acusación ésta que fue admitida por el Juez de Control en su oportunidad, ordenándose la apertura del Juicio Oral y Público, por lo cual, se acredita la existencia de los supuestos contenidos en los numerales 1° y 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, vigentes hasta la presente fecha. En cuanto a la presunción legal del peligro de fuga, previsto en el artículo 251 ejusdem, cabe señalar que esta norma adjetiva alterna varias hipotésis, siendo suficiente la existencia de alguna de ellas para que se acredite el supuesto que la contiene; y verificado en autos la concurrencia de algunas de las circunstancias en ella señaladas; se da por establecido la presunción legal del peligro de fuga en el presente caso. Por otro lado, cabe destacar que en fecha 27 de Octubre del presente año, se constituyó el tribunal mixto en el presente asunto penal, y la audiencia Oral y Pública ya tiene fecha cierta para su realización. En base a todas las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en Funciones de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: Niega la sustitución de la medida de privación de libertad, solicitada por el acusado WILLIAM JOSE REYES SOSA, a través de su abogado defensor Francisco Alonso Guanipa Ocando, conforme a las previsiones del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese la presente decisión. Cúmplase. El Juez Segundo de Juicio Abg. Kervin E. Villalobos M. La Secretaria, Abg. Rita Cáceres.