REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero Penal de Control de Coro
Santa Ana de Coro, 29 de Septiembre de 2004
Años: 193º y 144º

ASUNTO : IP01-S-2004-001885

Vista la Solicitud de Sobreseimiento del presente asunto, impetrada por el Fiscal Primero del Ministerio Público ABG. JOSÉ ALBERTO GARCÍA MONTES, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ VALERO, este Tribunal considerando que para verificar la viabilidad procesal del motivo de la presente solicitud, no es necesario el debate entre las partes, tal y como lo contempla el encabezamiento del Artículo 323 ejusdem, pasa de seguidas a realizar las siguientes consideraciones:

Alega el Ministerio Público para solicitar el Sobreseimiento del presente asunto que:

“…En fecha 14 de Septiembre de 2000, según acta policial suscrita por los funcionarios C/2 (GN), Clentino Fernandez, Dtgdo Giovanni Rafael Cordero y Dtgdo Antonio Quiñonez Puerta, en la que manifiestan que encontrándose de servicio, en tramo carretera que conduce Coro Punto Fijo, donde procedieron a revisar selectivamente los vehículos que por allí transitaban, observando un vehículo toyota corolla de color gris, luego procedieron a solicitarle la documentación que acredita la propiedad y circulación al conductor del mismo, mostrándo el certificado de circulación y el certificado de registro de vehículo de la unidsd automotor, al cual sometimos a las reglas de seguridad etablecidas por el MTC, dando como resultado que el referido documento se encontraba falso, y se encuentra registrado bajo el nombre de la ciudadana SONIA MEDINA DE APONTE

Ahora bien al hacer este Juzgado un estudio de las presentes actuaciones encontramos que no existe en actas elementos de convicción que hagan nacer en este Juzgador la certera convicción de que el ciudadano MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ VALERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.521.791, haya cometido algún ilícito penal que amerite por parte del estado la imposición de una sanción, es decir, carece el estado de una imputación seria que se le reproche al aludido ciudadano, pues tal y como se evidencia de la Experticia de Reconocimiento que corre inserta al folio veintiocho (28) del presente asunto, sin número y suscrita por los Expertos Dtgdo. Giovanni Rafael Cordero y Gnal. Moises González Blanco, Raúl López, adscrito al Departamento de Investigación de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, los seriales identificativos del vehículo descrito ut supra, se determinan originales en cuanto al sistema de impresión (Chapa) y de fijación (Remaches)

En este orden de ideas, cabe destacar que en materia penal rige el principio de reproche de la Actividad Penal, conforme al cual, el Juzgador una vez analizadas, estudiadas y adminiculadas todas las pruebas existentes en el asunto puesto a su consideración, llega a la plena convicción de que el sujeto a quién se le atribuye la autoría del ilícito cometido, es su verdadero autor, por lo que, el Estado, garante de la Paz y del Orden Social, no sólo le reprocha la comisión de un delito, sino que además, conforme al Principio de Legalidad, procede a imponerle la pena correspondiente estatuida en tal sentido.

Sin embargo, ante la excelsa tarea de Administrar Justicia es menester, antes de condenar a un sujeto, que nazca en nuestro certero ánimo decisor una total logicidad jurídica entre el hecho imputado, los hechos acontecidos y la realidad procesal.

Ya lo decía Carnelutti: La imputación es la razón, la base y el fundamento de la acusación. Por su parte el Maestro Hans Kelsen hablaba en su obra Teoría Pura del Derecho refiriéndose a la Imputación, que ella es el acto humano volutivo y consciente por el cual un hecho es asociado a otro de manera tal que uno es tenido como causa del otro y, de manera inversa, el otro es tenido como consecuencia del uno.

Abundamos en nuestro pronunciamiento y proseguimos a parafrasear al autor Pérez Sarmiento quién con respecto a la Imputación nos informa que:

“…En el proceso penal acusatorio la imputación consiste precisamente en atribuir a la conducta de una persona un resultado delictivo determinado. De tal manera, la imputación penal es el señalamiento de una persona concreta como comisura de una conducta punible concreta…Ahora bien, la atribución a una persona de la comisión de un hecho delictuoso determinado, es la razón de la acusación, porque solo puede ser acusado penalmente aquel de quién existan fundadas razones para suponer que ha cometido un delito…Para imputar, y consecuentemente para acusar, hay que investigar, y ése es el cometido de la fase preparatoria o sumario: preparar la imputación y fundamentar la acusación… De todo lo dicho se sigue que la imputación existe por, para y en la acusación, y sólo cuando se eleva al grado de acusación trasciende al proceso. Dicho en otras palabras, la imputación es acusación en términos de posibilidad y la acusación es imputación en términos de realidad….”

Como se observa en el caso de marras, una vez analizadas todas y cada una de las actas que conforman el presente asunto, encuentra este Juzgador que el hecho objeto del proceso no se realizó, por lo que imputación alguna se le puede atribuir al ciudadano MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ VALERO, razón por la cual en conformidad a lo que se contrae el numeral 1° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, este Tribunal DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO. Y así será declarado en la dispositiva del presente fallo.

Por los fundamentos expuestos este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón con sede en Coro, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de Sobreseimiento interpuesta por el Fiscal Primero del Ministerio Público ABG. JOSÉ ALBERTO GARCÍA MONTES, en conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del Artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del ciudadano MIGUEL ANTONIO MARTÍNEZ VALERO, antes identificado. Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión a la partes.
JUEZ TERCERO DE CONTROL
ABG. NESTOR CASTELLANOS MOLERO

SECRETARIO
ABG. JAMIL RICHANI

NC/berlín*