REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN CORO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de Coro Coro, 6 de Abril de 2005 194º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-S-2003-001852 ASUNTO : IP01-S-2003-001852 Visto el escrito presentado en fecha 05-05-2004, por la Abg. Carmaris Romero Surt defensora Primera Pública Penal, en su carácter de Defensora del ciudadano HUMBERTO AQUILES LEAL PIRELA, Venezolano, mayor de edad ,titular de la cédula de identidad Nº-V 18.769.575, , residenciados en la Urbanización San Benito, casa n° 29-08, municipio San Francisco de la ciudad de Maracaibo Estado Zulia ,por la presunta comisión del delito de Contrabando previsto y sancionado en el articulo 104 de la Ley especial que rige la materia. En fecha 19-05-2003 se solicitó de este Tribunal, se le fijara un plazo prudencial al Fiscal del Ministerio Público, a los fines de concluir con la investigación en el presente Asunto, del cual, en fecha 03-06-2004, éste Tribunal fijó el plazo prudencial de cuarenta y cinco (45) días continuos, contados a partir de la fecha antes señalada para que el Fiscal formulase la acusación o se pronunciare por el acto conclusivo, por cuanto al Fiscal del Ministerio Público se le venció el lapso para realizar el acto conclusivo sin obtener pronunciamiento alguno. A tal fin, transcurrido mas de seis (06) meses, sin que la Fiscalía del Ministerio Público presentara el Acto conclusivo correspondiente y por encontrarse los plazos vencidos y establece el Código Orgánico Procesal Penal el archivo de las actuaciones es por lo que se solicita. Ahora Bien, del análisis efectuado al presente asunto, se evidencia que el lapso prudencial fue otorgado a la Fiscalía del Ministerio Público en fecha 03-06-2004, se pudo observar que vencido el lapso de los cuarenta y cinco (45) días que le fue fijado en la citada fecha por este mismo Tribunal para el término de las respectivas investigaciones penales en contra del referido Ciudadano y siendo que la Convención Americana sobre derechos humanos o el pacto de San José de Costa Rica establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable y a tales efectos el Artículo 7, inciso 5º dispone lo siguiente: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante juez o funcionario autorizado por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable...”. Así mismo el Artículo 1º del Código Orgánico Procesal Penal señala que: “Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un juez o Tribunal imparcial, conforme a la disposiciones de éste código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrada en la Constitución de la República, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscrito por la República”. De esta manera nuestro sistema procesal penal ha materializado en forma expresa el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, garantía ésta que estaba consagrada expresamente en los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, y que todos los actores del sistema judicial estamos obligados a aplicar de la forma mas efectiva posible”. Este Tribunal, verificados como han sido los datos aportados por el defensor en la solicitud y en virtud de lo antes expuesto, considera que lo procedente conforme a la Ley es decretar el ARCHIVO de las actuaciones que conforman el Asunto Nº IP01-S-2003-1852, antes identificados cesando a partir de la presente fecha todas las medidas de coacción personal, cautelares o de aseguramiento impuestas y la condición de imputado, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 314 de la Norma Adjetiva Penal y así se decide. DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, este Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECRETA el Archivo del presente asunto, que se sigue en contra de ciudadano HUMBERTO LEAL PIRELA, antes identificado de conformidad con lo previsto en los Artículos 1 y 314, todos del Código Orgánico Procesal. Notifíquese de la presente decisión al prenombrado ciudadano, a la Defensora Pública Primera Penal del Estado Falcón, y ofíciese a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del Estado Falcón, a objeto de que remita las actuaciones contenidas en la Causa Nº IP01-S-2003-1852, a los fines de su remisión al Archivo Judicial. Cúmplase. La Juez Quinta de Control Abg. Yelitza Segovia La Secretaria Abg. Jenny Oviol .