REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 19 de Julio de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2005-005889 ASUNTO : IJ01-X-2005-000013 Jueza Ponente: MARLENE MARIN de PEROZO Corresponde a esta Alzada decidir las presentes actuaciones, relativas a la Inhibición planteada mediante acta de fecha 15 de junio de 2005, por la Abogada MERCEDES DEL VALLE FARIAS, en su carácter de Jueza Quinto de Control de este Circuito Judicial Penal. En fecha 28 de junio de 2005 se declaró admitida y abierta a pruebas la presente incidencia. Es entonces como una vez concluido el lapso de probanzas no habiendo hecho uso de tal facultad la Jueza inhibida, pasa esta Corte a pronunciarse bajo las consideraciones siguientes: La Inhibición planteada la fundamentó la Jueza Inhibida, Abogada MERCEDES DEL VALLE FARIAS, en el artículo 86 cardinal 7° en concordancia con la norma prevista en el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa N° IPO1-P-2005-005889, en virtud de se desempeñó como Asistente y Representante Jurídico de funcionarios policiales mientras cumplió el rol de Consultor Jurídico de las Fuerzas Armadas Policiales, y en la actualidad la enviste la función de Juez Quinto de Control de este Circuito, donde le correspondió el conocimiento sobre asunto donde se inhibe. En la respectiva acta de inhibición la funcionaria inhibida explanó: “…Actuando con estricta sujeción a la norma prevista en el Artículo 86 Ordinal 7° y 87 del texto Adjetivo Penal …en aras de garantizar la transparencia e imparcialidad de la Administración de Justicia …esta Juzgadora, desempeño (sic) funciones inherentes a la asistencia y representación jurídica de funcionarios policiales mientras cumplió el rol de Consultor Jurídico de la Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón, Solicito mi inhibición, en el presente asunto…”. Al respecto observa esta Corte de Apelaciones que la Jueza inhibida enmarca la situación que le impide conocer con imparcialidad en el asunto n° IPO1-P-2005-005889, en la causal prevista en el ordinal 7° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece: Causales de inhibición y recusación. Los jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, secretarios, expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: 7° Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez. En este orden de ideas quienes aquí deciden consideran que el argumento inhibitorio utilizado por la funcionaria judicial, se subsume al ordinal 8° de la misma norma antes señalada y no en el ordinal 7°, el cual ofrece: 8° Cualquiera otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad. Lo anterior resulta así toda vez que la juzgadora manifiesta inhibirse por haberse desempeñado como Consultor Jurídico de las Fuerzas Armadas Policiales, lo cual es un hecho notorio judicial y representa una causal fundada en motivos graves en los que puede verse afectada su imparcialidad como Juez. En este sentido el artículo 95 del Código Orgánico Procesal Penal establece: "Procedimiento. El funcionario a quien corresponda conocer de la incidencia admitirá y practicara las pruebas que los interesados presenten dentro de los tres días siguientes a la fecha en que reciba las actuaciones, y sentenciará al cuarto." Ahora bien, inveterada es en la doctrina la capacidad subjetiva que tienen los Jueces en cuanto a su competencia, esto es, en lo atinente a la aptitud del juez en cuanto a la relación que se establece con las partes o el objeto del proceso. El Autor José A. Monteiro Da Rocha, en su obra titulada “la recusación y la inhibición” en el procedimiento civil, Editorial LIVROSCA, Caracas 1997, expone: “…la naturaleza jurídica de la inhibición nace de la obligación moral, impuesta por la ley, que tiene el juez o funcionario judicial de separarse del proceso cuando en él existan causas que comprometan su imparcialidad. Partiendo en todo momento del respecto que debe tener con ocasión de su cargo a las partes y a él mismo como persona investida de una autoridad judicial”. Calamandrei, citado por Calvo Baca (2000) expresa que: La especial posición jurídica de los magistrados no puede ser plenamente comprendida si no se tienen presentes las numerosas disposiciones encaminadas a mantener en ellos las que, por así decirlo, constituye su virtud profesional: La imparcialidad. A este fin convergen distintas normas atinentes a la estructura del proceso, como las que separando netamente la acción y la jurisdicción, tienden a mantener al juez en posición de inicial indiferencia entre las partes… pero no hay que olvidar las otras disposiciones del ordenamiento judicial que tienden a liberar al juez en el momento en que ejerce su oficio de toda preocupación de orden personal que pueda perturbar su serenidad, mezclando en la forma que fuere otros intereses al interés de la justicia, que es el único en que debe inspirarse. Tales son las normas relativas a las Incompatibilidades; tales son, sobre todo, las normas acerca de la abstención y de la recusación de los jueces en virtud de las causales que el Magistrado Juzgador que en la causa a él asignada se encuentre con que tiene, directa o indirectamente, un interés personal en relación al objeto de dicha demanda o en orden a las personas que en ella participan, tienen la obligación de abstenerse de su oficio…” (Págs. 594 – 595) Por su parte, Chiovenda, manifiesta que: “La persona que tiene capacidad de obrar en nombre del Estado como juez y es objetivamente competente en el proceso de que se trata, debe además encontrarse en determinadas condiciones subjetivas, sin las cuales la ley la considera impedida”. (Ob. Cit) En igual sentido, observa esta Alzada que el Código Orgánico Procesal Penal impone en el artículo 87 a los funcionarios judiciales la obligación de inhibirse del conocimiento de una causa cuando les sean aplicables cualesquiera de las causales de recusación, sin esperar a que se les recuse y que contra la inhibición planteada no procederá recuso alguno. En la incidencia objeto de estudio la Jueza MERCEDES DEL VALLE FARIAS, consideró que se encontraba incursa en la causal de Inhibición prevista en el artículo 86 ordinal 7° y el artículo 87 del texto adjetivo penal y, sin esperar a que se le recusara, procedió a inhibirse del conocimiento de la misma, precisamente en el motivo ya expuesto. Aunado a lo ya expuesto la presunción de certeza Iuris tantum en la Inhibición del Juez, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Expediente N° 00-1422, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, en Sentencia de fecha 29 de Noviembre de 2000, la cual se transcribe parcialmente, establece: Es necesario señalar en este punto, que el legislador estableció una presunción de verdad respecto a lo dicho por el Juez en el acta de inhibición; se presume la veracidad de los hechos que la fundamentan. Si la parte respecto a la cual obra el impedimento, considera que la causal de inhibición no procede, o es falsa, o no tiene basamento legal, debe oponerse y solicitar la apertura de una articulación probatoria para destruir la presunción. Se trata entonces de una presunción juris tantum, por cuanto admite prueba en contrario. Al no oponerse la parte en relación con quien obra la inhibición, en virtud de la referida presunción de verdad que tiene lo dicho por el Juez inhibido, el Juez Superior debe declararla con lugar, si juzga que la inhibición fue hecha en forma legal y fundada en alguna de las causales establecidas en la ley. En consecuencia, considera esta Sala que el Juzgado Superior Tercero Agrario con sede en Barquisimeto, Estado Lara, actuó en pleno cumplimiento de lo establecido en la Ley, siguiendo el debido procedimiento y respetando los derechos de las partes. El fallo parcialmente trascrito fue reconocida por la Sala de Casación Penal en sentencia N° 0754, expediente n° 01-0578 del 23 de Octubre de 2001; rezando esta ultima lo siguiente: “ES VERDAD QUE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA HAN ESTABLECIDO LA PRESUNCIÓN DE QUE LA MANIFESTACION DEL JUEZ INHIBIDO ES VERDADERA; PERO ESA PRESUNCION ES “JURIS TANTUM” Y ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO. ASI QUE LA INHIBICION DEBERA PORMENORIZAR EL HECHO QUE LA MOTIVE. SOLO ASI PODRA SER DECLARADA CON LUGAR. DE LO CONTRARIO, LA SENTENCIA NO SE BASTARA A SI MISMA Y NO MOTIVARA LA DECISION FAVORABLE A LA INHIBICION. EL DEBER DE TODO JUEZ ES DECIDIR. Y EL INSTITUTO DE LA INHIBICION UNICAMENTE FUNCIONA COMO UNA EXCEPCION. SIN EMBARGO, EL MAGISTRADO RAFAEL PEREZ PERDOMO CONFESO SU FALTA DE IMPARCIALIDAD, POR LO QUE “IPSO IURE” DEJO DE SER JUEZ NATURAL: UNO DE LOS REQUISITOS INDEFECTIBLES DEL JUEZ NATURAL ES EL DE NO SER PARCIAL. CONSTITUYE UNA INJUSTICA EL SOMETER A LOS PROCESADOS A UN JUICIO PARCIALIZADO Y AUNQUE ES VERDAD QUE LOS HECHOS QUE ALEGO PARA INHIBIRSE NO ESTÁN CARACTERIZADOS, BASTA CON QUE RECONOZCA NO SENTIRSE IMPARCIAL Y DEBE OPERAR AQUELLA PRESUNCIÓN CONTRA LA CUAL NO EXISTE PRUEBA QUE LA ENERVE: NO ES QUE SE PRESUMEN COMO CIERTOS LOS HECHOS DESCRITOS POR EL INHIBIDO PARA EXPLICAR CON SU INDISPOSICIÓN, SINO QUE SE PRESUME COMO CIERTA SU EXPRESIÓN DE PARCIALIZACIÓN Y POR EL MOTIVO QUE SEA. EXPRESION CON LA QUE EL MAGISTRADO HA CUMPLIDO SU DEBER DE NO JUZGAR AL SENTIR SU ANIMO INDISPUESTO” EN FUERZA DE LOS ANTERIORES RAZONAMIENTOS, SE DECLARA CON LUGAR LA INHIBICION DEL MAGISTRADO DOCTOR RAFAEL PEREZ PERDOMO” En este orden, se acoge el criterio del Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, de que la inhibición debe ser fundamentada por el funcionario que pretenda sujetarse a ella, señalando: …no es que la sola invocación de la causal genérica valga por sí misma y deba producir una decisión favorable a la inhibición: ésta debe basarse en determinados hechos, encuadrados en las causales específicas o en la genérica. Para que unos hechos sean determinados, deben estar circunstanciados: cuándo, dónde, cómo, etc. Esto no quiere decir que se deban completar las categorías aristotélicas “quis”, “quid”, “ubi”, “quare”, “quoties”, “quomodo”, “cuando” (quién, qué hizo, dónde, por qué, cuántas veces, de qué manera, cuándo), sino que la inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos y por ende discutibles y hasta eventualmente discutidos. Estima esta Alzada, que en la presente causa existen elementos suficientes para estimar que la Inhibición planteada por la Abogada MERCEDES DEL VALLE FARIAS en su carácter de Jueza Quinto de Control es procedente y así se decide. Por todos los razonamientos antes expuestos, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia con el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Corte de Apelaciones, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la Inhibición planteada por la Jueza Quinto de Control de este Circuito Judicial del Estado Falcón Abogada MERCEDES DEL VALLE FARIAS, y por cuanto el efecto que producen las inhibiciones es separar al funcionario inhibido del conocimiento de la causa donde la misma fue planteada, se acuerda que continuará conociendo el Juez de Control que se encuentre conociendo de la misma y así se decide. Notifíquese a las partes. Líbrense Boletas de Notificaciones. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, a los 19 días del mes de Julio de dos mil cinco. Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación. POR LA CORTE DE APELACIONES DEL ESTADO FALCÓN La Jueza Presidente GLENDA OVIEDO RANGEL Jueza Titular MARLENE MARÍN de PEROZO Jueza Titular y Ponente RANGEL ALEXANDER MONTES CHIRINOS Juez Titular ANA MARIA PETIT GARCES Secretaria de Sala En la misma fecha se dio cumplimiento a lo acordado. La Secretaria.