REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO, NIÑOS Y ADODLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON.
Expediente Nº 3687.-
Vista la apelación interpuesta por el abogado Laemir Mass Colina, en su carácter de apoderado de la asociación civil “SIMON BOLIVAR”, contra la sentencia del 09 de diciembre de 2004, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró perimido el procedimiento de retasa y desistido dicho derecho por parte de la apelante, condenándola a pagar la suma de nueve millones de bolívares (Bs. 9.000.000,oo), a raíz del juicio que por intimación de honorarios siguiera el abogado PEDRO LOPEZ NAVARO contra la asociación civil, quien realizó gestiones en nombre dicha Asociación, en el juicio de reivindicatoria que le siguiera el Giancarlo Colo Giulianini, llevado por ese mismo Tribunal, quien suscribe para decidir observa:
Con motivo del juicio que por cobro de honorarios profesionales, siguiera el abogado PEDRO LÓPEZ NAVARRO, contra la asociación civil ”SIMON BOLIVAR”, el Tribunal de la causa, dictó sentencia a favor del demandante, el día 03 de febrero de 2003.
Ahora bien, el abogado Laemir Mass Colina, en representación de la mencionada Asociación Civil, el día 24 de febrero de 2003, solicitó el derecho de retasa y que por tal motivo se procediera al nombramiento de los jueces retasadores; designación que recayó en los abogados Lisbeth Ysolinda Díaz Petit y Carolina del Valle Cadenas Contreras, quienes notificadas, aceptaron el cargo y prestaron el juramento de Ley.
Revisadas las actas procesales, se observa que el Tribunal retasador jamás llegó a constituirse, ni siquiera se designó ponente. Observa quien suscribe, que un informe como el presentado por la abogada Carolina del Valle Cadenas Contreras, como Jueza retasadora, jamás puede tenerse como una sentencia, ya que el Tribunal retasador debió constituirse con la designación de secretario y alguacil, reunirse para designar ponente y luego, para deliberar sobre la ponencia y aprobarla o improbarla. Nada de este procedimiento se cumplió. Causa alarma en este Tribunal Superior, la forma como los jueces de instancia vienen tramitando y decidiendo los juicios de intimación y estimación de honorarios judiciales y la falta de absoluto control por parte de los abogados, quienes también deberían velar por la estabilidad de los procedimientos, haciendo las advertencias necesarias o solicitando aquellas reposiciones procedentes. Una vez más, este Tribunal les reitera los pasos o reglas fundamentales que se deben seguir en este tipo de procesos:
• El procedimiento de primera instancia, es el previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil y el de segunda instancia, establecido en el artículo 511 y siguientes, en concordancia con el artículo 338 eiusdem.
• Se trata de una jurisdicción de naturaleza civil.
• Se insta en el mismo expediente principal, por lo que el Juez debe abrir cuaderno separado, pero, si se demanda el cobro de honorarios en un juicio que está en segunda instancia, el Juez superior es incompetente, ya que la demanda debe introducirse ante el Tribunal de la causa, por el principio de la doble instancia. Se debe desglosar el cuaderno y remitirse al Juzgado de Primera Instancia.
• En la demanda se pide el reconocimiento del derecho a cobrar honorarios.
• La contestación girará en torno a ese derecho.
• No existe confesión ficta, porque no está prevista en ese procedimiento.
• Solo se abrirá a prueba, si existe algún hecho controvertido que requiera prueba.
• La sentencia solo hará pronunciamiento sobre la procedencia o no del derecho a cobrar, honorarios; tiene recurso de apelación y si la cuantía supera las 3000U.T. tendrá recurso de casación.
• Ejecutoriado el fallo, se abre la fase estimativa: El abogado actor hará en ella la estimación de las partidas y el Juez por auto intimará al demandado para que pague o se acoja al derecho de retasa dentro del lapso de 10 días de despacho.
• Si paga, se termina el juicio. Si se acoge al derecho de retasa, se pasará a la designación del Tribunal retasador.
• La sentencia del Tribunal retasador no tiene recurso alguno, porque es un fallo de equidad; pero no otros autos dictados por dicho Tribunal, que sí tendrían apelación.
• El límite de la condenatoria en costas es del 30% (art. 284 c.p.c.); pero, en aquellos juicios sobre estado y capacidad de las personas, o donde no se haya hecho la estimación de la demanda o donde el valor se haya impugnado y la misma haya quedado sin cuantía, no rige el anterior límite, siendo aplicable la Ley de Abogados y su reglamento, el Reglamento de Honorarios Mínimos, el Código de Ética del Abogado, la moral del abogado y la prudencia del Tribunal retasador.
• Si no se paga o se hace uso del derecho de retasa, la estimación de las partidas quedará firme y se procederá a la ejecución forzosa.
Se observa que, las sentencias claves de estos parámetros, que pueden ser discutidos, se repite, por el carácter polisémico de las normas jurídicas y las naturaleza equivoca de todo razonamiento jurídico, las siguientes: Sentencia Nº 320 del 04 de mayo de 2000, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso C.A., Seguros la Occidental contra Abigail Colmenares; Sentencia Nº 31-07-03, de la Sala de Casación Civil, Exp. Nº AA20-C-2000-000932, magistrado ponente, Carlos Oberto Vélez, caso, Luis Felipe Maite contra Seguros Horizontes, que ratifica la sentencia Nº 359 del 30 de julio de 2002, Expediente Nº 00290, caso, Carmen Villaroel contra Banumión, N.V; Sentencia Nº 959, del 27 de agosto de 2004, magistrado ponente Antonio Ramírez Jiménez, caso, Hella Martínez Franco contra Luis Alberto Sigo y el Banco Industrial de Venezuela C.A., y Sentencia del 25 de febrero de 2004, Expediente Nº 03-317, magistrado ponente Franklin Arriechi, caso, Keneth Scope Leal y otros contra Promociones Invermoni, C.A. y otros.
Por otro lado, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es claro en señalar que después de vista la causa para sentencia, no se puede declarar la perención del juicio, regla que por igual se aplica al procedimiento de retasa, sobre todo cuando está pendiente sólo de la sentencia del Tribunal retasador; y así se decide.
Sobre la perención, la suspensión y paralización de los actos procesales, así como sobre la llamada teoría del “decaimiento de la acción”, existe una interesante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuya nomenclatura es Nº 956, caso Valero Portillo, bajo la ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en el cual se estableció la siguiente doctrina:
Omissis.
A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendiendo este como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
Quien demanda a una compañía aseguradora, por ejemplo, para que le indemnice bien amparado por una póliza de robo, pierde el interés procesal, si recupera el bien. Ya no necesita de indemnización (si ello no lo demandó) ni de fallo que ordene la entrega del objeto asegurado.
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlos si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente debe ser decretada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El Artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del Juez.
Sin embargo, al ejercerse la acción puede fingirse un interés procesal, o éste puede existir y luego perderse, por lo que no era necesario para nada la intervención jurisdiccional.
En ambos casos, la función Jurisdiccional entra en movimiento y se avanza hacia la sentencia, pero antes de que ésta se dicte, se constata o surge la pérdida de interés procesal, del cual el ejemplo del bien asegurado es una buena muestra, y la acción se extingue, con todos los efectos que tal extinción contrae, muy disímiles a los de la perención que se circunscriben al procedimiento.
Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra –como lo apunta esta Sala – la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el Juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida tal del impulso procesal que le corresponde.
Se trata de una situación distinta de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida.
Omissis.
Pero la inactividad que denota desinterés procesal, debido a su prolongación negativa en relación con lo que se pretende, debe tener otros efectos, ya que el derecho de obtener con prontitud la decisión correspondiente (articulo 26 constitucional), como tal derecho de la parte, debe ejercerse.
No estableció ni la constitución ni los códigos adjetivos, el tiempo y la forma para ejercer el derecho a la pronta obtención de la decisión, pero ello se patentiza con las peticiones en el proceso en ese sentido, después de vencidos los plazos para sentenciar, o como se apuntó en el fallo de esta sala del 28 de Julio de 2000 (caso: Luis Alberto Baca) mediante la interposición de un amparo constitucional, cuya sentencia incide directamente sobre el proceso donde surge la omisión judicial.
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el Juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al Juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de las instituciones, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de la prescripción del objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que declara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello no incoa a un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (articulo 1956 del Código Civil), la cual solo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paraliza en estado de sentencia, toma en cuenta el termino normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.
Omissis.
Es cierto que es un deber del Estado, que se desarrolla por medio del órgano jurisdiccional, sentenciar en los lapsos establecidos en la ley, que son los garantes de la justicia expedita y oportuna a que se refiere el articulo 26 constitucional.
Es cierto que incumplir tal deber y obligación es una falta grave, que no debe perjudicar a las víctimas del incumplimiento; pero cuando tal deber se incumple existen los correctivos, que los interesados soliciten se condenen a los jueces por el delito tipificado en el articulo 207 del Código Penal, a causar denegación de justicia que funda una sanción disciplinaria o la indemnización por parte del juez o del estado de daños y perjuicios (articulo 838 del Código de procedimiento Civil y 49 constitucional); y en lo que al juez respecta, además de hacerse acreedor de todas esas sanciones, si el Estado indemniza puede repetir contra él. La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del Juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por si o por medio de otro en el archivo del tribunal, está demostrado que su interés en ese juicio no ha decaído.´
Omissis.
Luego, la Sala Constitucional en esa sentencia distingue el instituto procesal de la perención, del decaimiento de la acción por falta de interés procesal:
Omissis
No consideró el legislador que el supuesto de la perención, constituyese una falta de interés procesal, el cual no podía ser certificado por tan corto plazo de inactividad, y por ello la perención no perjudica la acción.
Omissis. (énfasis de este Tribunal).
Y finalmente, dentro de las distinciones anotadas, también es de sumo interés establecer las diferencias entre suspensión y paralización del procedimiento, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil y como una expresión de la facultad directora del proceso a cargo del Juez. Así las cosas, es cierto que el Juez debe impulsar de oficio el procedimiento hasta su conclusión, excepto cuando el éste, esté suspendido por algún motivo legal, caso en el cual el Juez pierde la facultad oficiosa antes anotada, lo que quiere decir que la causa entra en estado de latencia o especie de “sueño invernal”, mientras dure el término legal de suspensión, que verificado exista o no impulso de las partes, continuará automáticamente, tal como lo prevé el parágrafo primero del artículo 202 eiusdem. Sin embargo, cuando verificado el lapso legal de suspensión del procedimiento, transcurren los seis (6) meses señalados en el ordinal 3° del artículo 267 eiusdem, sin que las partes impulsen la causa se producirá la perención.
En cuanto a la paralización del procedimiento, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso Valero Portillo, ha sido enfática en señalar que la,
Omissis.
PERENCIÓN TIENE LUGAR CUANDO EL PROCESO SE ENCUENTRA PARALIZADO Y LAS PARTES O NO ESTÁN O HAN DEJADO DE ESTAR A DERECHO. SE TRATA DE UNA RELACIÓN PROCESAL QUE NO SE FORMÓ, O QUE, CONSTITUIDA, SE ROMPIÓ. EL COMIENZO DE LA PARALIZACIÓN ES EL PUNTO DE PARTIDA PARA LA PERENCIÓN, Y EL TIEMPO QUE ELLA DURE SERÁ EL PLAZO PARA QUE SE EXTINGA LA INSTANCIA.
Omissis.
Para que exista paralización, es necesario que las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la Ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo prevee el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil.
Omissis.
PARA QUE CORRA LA PERENCIÓN LA CLAVE ES LA PARALIZACIÓN DE LA CAUSA. Sólo en la que se encuentra en tal situación puede ocurrir la perención, siempre que la parálisis sea de la incumbencia de las partes, YA QUE SEGÚN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, LA INACTIVIDAD DEL JUEZ DESPUÉS DE VISTA LA CAUSA NO PRODUCIRÁ LA PERENCIÓN.
Omissis. (énfasis de este Tribunal)
Aplicados la normativa procesal señalada y el precedente vinculante del Máximo Tribunal de la República, en concordancia con las máximas fijadas por la Sala de Casación Civil, a la presente causa, debe concluirse que mal podía del Tribunal de la causa declarar perimido el procedimiento de retasa y a la vez, dictar una sentencia condenatoria en base al informe presentado por la abogada Carolina Cadenas, sin que se hubiesen concluido todas las formalidades esenciales que integran el debido proceso de retasa. Tal decisión a todas luces es contradictoria, por un lado, y por otro lado, la consecuencia que pudo haber ocurrido, sería otra distinta a la caducidad de la instancia, siempre que de las actas procesales se desprendiera una falta de interés en las partes; razón por la cual, quien suscribe, debe declarar la nulidad de todos los actos subsiguientes a la juramentación de los jueces retasadores, así como la sentencia apelada; y reponerse el procedimiento al estado que se cumpla cabalmente con el mismo, conforme a las reglas que quedan establecidas en esta decisión; y así se decide.
En razón de los motivos de hecho y de derecho expuestos, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, Niños y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Laemir Mass Colina apoderado de la asociación civil “SIMON BOLIVAR”, contra la sentencia del 09 de diciembre de 2004, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la esta Circunscripción Judicial, mediante la cual declaró con lugar la demanda que por intimación y estimación de honorarios profesionales intentara el abogado PEDRO LOPEZ NAVARO contra la apelante, causados en el juicio de reivindicación y reconvención seguido por el ciudadano Giancarlo Colo Giulianini contra la demandada, sentencia que se revoca.
SEGUNDO: SE ANULAN todos los actos subsiguientes a la juramentación de los jueces retasadores, así como la sentencia apelada.
TERCERO: SE REPONE el procedimiento al estado que el Tribunal que resulte competente, cumpla cabalmente con el procedimiento de retasa, conforme a las reglas que quedan establecidas en esta decisión.
No se imponen costas procesales.
Bájese el expediente en su oportunidad correspondiente.
Agréguese, diarícese y publíquese.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Niños y Adolescente de esta Circunscripción Judicial, con sede en Santa Ana de Coro, a los veintinueve (29) días del mes de marzo de dos mil cinco (2005). Años 194 de la Independencia y 146 de la Federación.
EL JUEZ TITULAR,
ABG. MARCOS R. ROJAS G.
LA SECRETARIA TITULAR
Abg. NEYDU MUNICA G.
Nota: la anterior decisión se dictó y publicó en su fecha 29/03/05, a la hora de __________________________________________________ ( ). Se dejó copia certificada en el libro copiador de sentencias.
LA SECRETARIA TITULAR
Abg. NEYDU MUNICA G.
Sentencia Nº 048-M-29-03-05.-
MRG/NMG/verónica
Exp. Nº 3687.-
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