TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON
Tribunal Segundo de Ejecución
Coro, 14 de Marzo de 2005
194º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : IL01-P-2002-000027

En fecha 04 del mes y año en curso se recibió escrito proveniente de la Dirección del Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi, mediante el cual solicita de este Tribunal su consideración a los fines de autorizar al equipo Técnico Evaluador de esa Unidad Operativa para hacer efectivo el disfrute de privilegios (permisos), señalados en el Reglamento Interno de los Centro de Tratamiento Comunitario. Art 46 ordinal 1° (ordinario) y artículo 47 (1era evaluación: 2 Domingos de 12 horas cada uno sin pernocta), 2da evaluación: 2 sábados, 2 domingos de 12 horas sin pernocta y 3era evaluación fin de semana de 48 horas, en el caso particular del penados MENDOZA QUEVEDO ROBERT EVELIO y HIDALGO PIÑERO LUIS ROBERTO quienes son de nacionalidad Venezolana, titulares de las Cédulas de identidad Números 16.872.679 y 16.579.302, respectivamente, ambos disfrutando del beneficio de destino a Establecimiento Abierto en el mencionado Centro de Tratamiento Comunitario ubicado en la urbanización Las Acacias, Avenida N° 97, prolongación Kerdell, Quinta 126-142, Diagonal al C.I.C.P.C., parroquia San José, Valencia, Estado Carabobo, amboscumpliendo la Pena de Seis (06) Años de presidio por la comisión del delito de Robo Agravado de Vehículo Automotor en Grado de Frustración, previsto y sancionado en el artículo 6, numeral 3 de la Ley sobre Robo y Hurto de Vehículos automotores, escrito este fundamentado en el el acatamiento de las normas de progresividad penitenciaria, aunado a la adecuada evolución de los penados ante los graves problemas de hacinamiento de los reclusos en dicho centro y en vista del Decreto de Emergencia Penitenciaria efectuada por el ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la Asamblea Nacional. A los fines de resolver la presente solicitud este Juzgador, para decidir hace las siguientes consideraciones:
Es obligación ineludible del Estado Venezolano poner en funcionamiento todos los mecanismos y recursos necesarios a los fines de asegurar que los penados cuya conducta así lo merezcan y que reúnan los requisitos de ley, puedan optar por las Medidas Alternativas de Cumplimiento de penas, previstas en las Leyes que regulan esta materia penitenciaria . En tal sentido La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 272 lo siguiente:

Artículo 272.- El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciarias profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso las fórmulas de cumplimiento de pena no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia postpenitenciaria que posibilite la reinserción social del ex-interno o ex-interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico. (Negrillas y subrayado nuestro).

Asimismo la LEY DE RÉGIMEN PENITENCIARIO del 19 de Junio del 2.000 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.975, establece en algunos de sus artículos lo siguiente:

Artículo 7º.- Los sistemas y tratamientos serán concebidos para su desarrollo gradualmente progresivo, encaminados a fomentar en el penado el respeto a sí mismo, los conceptos de responsabilidad y convivencia social y la voluntad de vivir conforme a la ley.

Artículo 61.- El principio de la progresividad de los sistemas y tratamientos establecidos en él articulo 7º de la presente ley, implica la adecuación de los mismos a los resultados en cada caso obtenidos y, siendo estos favorables, se adoptaran medidas y formulas de cumplimiento de las penas más próximas a la libertad plena que el penado ha de alcanzar.

Artículo 64.- Son formulas de cumplimiento de las penas:

a.- El destino a establecimientos abiertos;
b.- El trabajo fuera del establecimiento, y
c.- La libertad condicional.

Se desprende entonces de la simple lectura de la Norma Constitucional y los demás instrumentos legales citados, que el Estado Venezolano está en mora con su obligación de crear en todo el territorio nacional, otros Centros de Tratamiento Comunitarios adecuados, con personal especializado en materia penitenciaria, que permita al recluso o penado seguir optando por los beneficios post-penitenciarios que garanticen su progresividad y su reinserción en la sociedad y su familia y que son prerrogativas que le da la ley a los privados de su libertad y que en los últimos años se han visto mermados en virtud de la gran afluencia de penados y pocas Instituciones especializadas, lo que ha traído hacinamiento en los Centros de Tratamiento ya existentes. Así mismo queda evidenciado de los escritos consignados que los prenombrados penados han observado una favorable evolución y han acatado las normas internas de dicha Institución y en vista del principio de progresividad se requiere del disfrute de los permisos señalados, solicitud esta debidamente suscrita por las Funcionarias Licenciada NEUDY MALPICA DE MEJIA en su condición de Directora del mencionado centro de Tratamiento, las Abogados MARIA LINARES, MARIA FERNANDA MENDOZA y MARIELA TOVAR, en su condicion de Delegadas de Pruebas, así como el Ciudadano RAFAEL LOZADA, quien funge como promotor de actividades complementarias. Ahora bien, este Juzgador a los fines de garantizar la progresiva reinserción del penado a la sociedad, en debido acatamiento de las disposiciones Constitucionales y las que rigen la materia penitenciaria, tomando en consideración el pronostico y las recomendaciones dadas por el Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi, Declara con lugar lo solicitado y así se decide.
Por todo lo antes expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 07, 61 y 64 de la Ley de Régimen Penitenciario, este Tribunal Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Autoriza al equipo Técnico Evaluador del Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi, para hacer efectivo el disfrute de privilegios (permisos), señalados en el Reglamento Interno de los Centro de Tratamiento Comunitario. Art 46 ordinal 1° (ordinario) y artículo 47 (1era evaluación: 2 Domingos de 12 horas cada uno sin pernocta), 2da evaluación: 2 sábados, 2 domingos de 12 horas sin pernocta y 3era evaluación fin de semana de 48 horas, en el caso particular de los penados HIDALGO PIÑERO LUIS ROBERTO y MENDOZA QUEVEDO ROBERT EVELIO, arriba bien identificados. A tal efecto este Tribunal le impone a los referidos beneficiarios las siguientes condiciones y obligaciones: Primero: Continuar en la actividad laboral en que se desempeña actualmente, Segundo: Mantener como domicilio durante la licencia de fin de semana (cuando le corresponda) la siguiente dirección: Barrio "El Roble", Calle Miranda, Casa N° 11, Municipio Los Guayos, estado Carabobo, para HIDALGO PIÑERO LUIS ROBERTO y Avenida Carabobo, entre calles Independencia y Rondón, Casa N° 112-13, Valencia, Estado Carabobo a MENDOZA QUEVEDO ROBERT EVELIO Tercero: Prohibición de salida de la Jurisdicción del Estado Carabobo sin la previa autorización de este Tribunal. Cuarto: Continuar con las condiciones impuestas por el Delegado de prueba designado a su caso. Quinto: Prohibición de consumir alcohol y sustancias estupefacientes o psicotrópicas, ni asistir o estar en sitios donde se expendan dichas sustancias y bebidas. Sexto: Prohibición de portar cualquier tipo de armas de fuego o armas blancas. En consecuencia, Ofíciese a la Dirección del Centro de Tratamiento Comunitario Dr. Andrés Grisanti Franceschi, situada en Valencia, Estado Carabobo y remítase Copia certificada de la presente decisión a dicha institución. Notifíquese a las partes. Cúmplase.
EL JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN,

Abg. ALFREDO CAMPOS LOAIZA
La Secretaria,
Abg. JENNY OVIOL RIVERO.
Nota: Seguidamente se cumplió lo ordenado en auto que antecede.
La Secretaria.