REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 30 de Mayo de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : IJ01-X-2005-000007 ASUNTO : IG01-X-2005-000032 JUEZA PONENTE: GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL. Corresponde conocer y decidir a esta Presidencia la Inhibición planteada por el Juez de esta Corte de Apelaciones, DR. RANGEL MONTES CHIRINOS, en la causa IJ01-X-2005-000007, relativa a una incidencia de inhibición presentada por la Jueza Tercera de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal en la causa seguida contra los ciudadanos: JIMÉNEZ RIERA ANGEL SMITH y JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN, cuyo Abogado Defensor es el Dr. CÉSAR CURIEL; Inhibición que fue planteada mediante Acta de fecha 24 de Mayo de 2005, con basamento legal en el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder judicial en concordancia con los Artículos 95 y 96 del Código Orgánico Procesal Penal regulan el trámite a seguir respecto a las inhibiciones planteadas por Jueces de los Tribunales Colegiados, estableciendo el primer artículo mencionado que en los casos de recusaciones o inhibiciones de uno o dos jueces de una Corte de Apelaciones, decidirá la incidencia el Presidente, si no es de los recusados o inhibidos, por lo cual se pasa a decidir en los siguientes términos: Se evidencia a los folios 01 y 02 de las actuaciones que planteó el Juez de esta Alzada que procedía a presentar formalmente su inhibición en la causa N° IJ01-X-2005-000007, por las siguientes razones: 1°- Porque el Abogado César Curiel, Defensor Privado de los ciudadanos: ÁNGEL SMITH JIMÉNEZ y JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, fue su Apoderado Apud Acta en la demanda que por Intimación de honorarios profesionales les siguieron a los ciudadanos Víctor Manuel Pinto Hernández, Yudisay Pinto Hernández, Haydee Hernández viuda de Pinto y Mariana Pinto Hernández, a quienes identificó en su diligencia de inhibición, en el Juicio que por Disolución Anticipada de Sociedades Mercantiles siguió por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y de Trabajo de esta Circunscripción Judicial, expediente 6208, cuaderno de intimación, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES. 2°- Porque ejerció con el mismo poderes conjuntos en el lapso de seis años, por los cuales percibieron honorarios profesionales, sumas nada desdeña que contribuyeron a que haya gozado con su familia de un buen nivel de vida, lo cual, manifestó, se puede constatar en los Tribunales Penales y Civiles de esta ciudad, siendo esto una práctica judicial notoria de inhibirse en los asuntos donde intervenga el Abogado César Curiel, razón por la cual estampó su diligencia de inhibición correspondiente en el expediente. La Inhibición presentada por el Juez de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal en la incidencia de inhibición referida N° IJ01-X-2005-000007 fue fundamentada legalmente en lo dispuesto por el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece: Causales de Inhibición y Recusación. Los Jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, Secretarios, Expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: 8°. Cualquiera otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad. Ahora bien, conocida es en la Doctrina que la inhibición es la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto por encontrarse comprendido en alguna de las causales determinadas expresamente por la ley, la cual tiene su origen en la falta de imparcialidad en el funcionario. La inhibición tiene por objeto evitar que conozca de una causa un juez legalmente impedido de hacerlo, por lo que la partes nada tienen que temer, por cuanto no conocerá de su causa el Juez a quien la ley se lo prohíbe. En igual sentido, observa esta Alzada que el Código Orgánico Procesal Penal impone en el artículo 87 a los funcionarios judiciales la obligación de inhibirse del conocimiento de una causa cuando les sean aplicables cualesquiera de las causales de recusación, sin esperar a que se les recuse y que contra la inhibición planteada no procederá recuso alguno. Pues bien, en el caso objeto de estudio el Juez Inhibido consideró que se encontraba incurso en la causal de Inhibición prevista en el ordinal 8° del artículo 86 y, sin esperar a que se le recusara, procedió a inhibirse del conocimiento de la misma, precisamente por tener lazos de amistad y los derivados del ejercicio profesional junto con el Abogado que en la causa principal donde se inhibiera la Abogada Zenlly Urdaneta, como Jueza Tercera de Control de este Circuito Judicial Penal, detenta la cualidad de Defensor Privado de los imputados, por lo cual era forzoso e improcedente que conociera de la misma, como Juez Titular de esta Corte de Apelaciones. Asimismo, cabe destacar que aunque el funcionario judicial inhibido no promovió los elementos probatorios que demuestran su afirmación, es un hecho notorio judicial en la realidad forense de este Circuito Judicial Penal que el Abogado Rangel Montes Chirinos se inhibe del conocimiento de los asuntos donde intervenga el Abogado César Curiel, las cuales han sido declaradas con lugar en su totalidad. Aunado a ello, esta Jueza Presidente se acoge al valor probatorio producido por la presunción iuris tantum de veracidad que dimana de sus dichos como funcionario público, referentes a los supuestos de hecho que encuadran en la causal de inhibición alegada, que no podría juzgar, en virtud de los hechos precisos señalados, de manera autónoma e independiente. En este sentido, ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, el criterio de la inhibición presunta, en el sentido que la inhibición, para que sea procedente, debe ser fundamentada por el funcionario que pretenda sujetarse a ella y en tal sentido ha expuesto: …no es que la sola invocación de la causal genérica valga por sí misma y deba producir una decisión favorable a la inhibición: ésta debe basarse en determinados hechos, encuadrados en las causales específicas o en la genérica. Para que unos hechos sean determinados, deben estar circunstanciados: cuándo, dónde, cómo, etc. Esto no quiere decir que se deban completar las categorías aristotélicas “quis”, “quid”, “ubi”, “quare”, “quoties”, “quomodo”, “cuando” (quién, qué hizo, dónde, por qué, cuántas veces, de qué manera, cuándo), sino que la inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos y por ende discutibles y hasta eventualmente discutidos. Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia han establecido la presunción de que la manifestación del juez inhibido es verdadera; pero esa presunción es “juris tantum” y admite prueba en contrario. Así que la inhibición deberá pormenorizar el hecho que la motive. Sólo así podrá ser declarada con lugar. De lo contrario, la sentencia no se bastará a sí misma y no motivará la decisión favorable a la inhibición. El deber fundamental de todo juez es decidir. Y el instituto de la inhibición únicamente funciona como una excepción. Si se declararan con lugar inhibiciones infundadas porque se basaron en hechos indemostrados, se relajaría la disciplina procesal y se propiciaría el entrabamiento procesal. En efecto, sobre la base de que una inhibición inmotivada se declarara con lugar, podría haber una serie interminable de inhibiciones vacuas o infundamentadas. Constituye una injusticia el someter a los procesados a un juicio parcializado y aunque es verdad que los hechos que alegó para inhibirse no están caracterizados, basta con que reconozca no sentirse imparcial y debe operar aquella presunción contra la cual no existe prueba que la enerve: no es que se presumen como ciertos los hechos descritos por el inhibido para explicar con su indisposición, sino que se presume como cierta su expresión de parcialización y por el motivo que sea. Expresión con la que el Magistrado ha cumplido su deber de no juzgar al sentir su ánimo predispuesto (Exp. AA30-P-2001-0578) Por todos los razonamientos antes expuestos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia con el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Jueza Presidente de la Corte de Apelaciones, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Inhibición planteada por el Juez de esta Corte de Apelaciones, DR. RANGEL MONTES CHIRINOS, en la causa IJ01-X-2005-000007, relativa a una incidencia de inhibición presentada por la Jueza Tercera de Primera Instancia de Control de este Circuito Judicial Penal en la causa seguida contra los ciudadanos: JIMÉNEZ RIERA ANGEL SMITH y JOSÉ ANGEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN, cuyo Abogado Defensor es el Dr. CÉSAR CURIEL; Inhibición que fue planteada mediante Acta de fecha 24 de Mayo de 2005, con basamento legal en el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal. Agréguese el presente Cuaderno Separado a la causa principal que le dio origen. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, a los 30 días del mes de Mayo de 2005. 195° de la Independencia y 146° de la Federación. POR LA CORTE DE APELACIONES GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL JUEZA PONENTE ANA MARÍA PETIT GARCÉS Secretaria En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria