REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 28 de Septiembre de 2005 195º y 146º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-R-2005-000089 ASUNTO : IG01-X-2005-000049 JUEZ PONENTE: GLENDA OVIEDO RANGEL. Corresponde conocer y decidir la Inhibición planteada por el Juez de la Corte de Apelaciones, Abogado RANGEL MONTES CHIRINOS, en la causa seguida contra el ciudadano: FRANKLIN ADAUL HERNÁNDEZ COLINA por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO, cuyo Abogado Defensor es el Abg. CÉSAR CURIEL; Inhibición que fue planteada mediante Acta de fecha 26 de septiembre del presente año, con base legal en el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder judicial en concordancia con los Artículos 95 y 96 del Código Orgánico Procesal Penal regulan el trámite a seguir respecto a las inhibiciones planteadas por Jueces de los Tribunales Colegiados, siendo que el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que en los casos de recusaciones o inhibiciones de uno o dos jueces de una Corte de Apelaciones, decidirá la incidencia el Presidente, si no es de los recusados o inhibidos, por lo cual esta Presidencia pasa a decidir en los siguientes términos: Se evidencia a los folios 01 y 02 de las actuaciones que planteó el Juez de esta Alzada que procedía a presentar formalmente su inhibición, porque el Abogado César Curiel, Defensor del imputado, ciudadano: FRANKLIN ADAUL HERNÁNDEZ COLINA es su Apoderado Apud Acta en la demanda que por Intimación de honorarios profesionales les siguieron a los ciudadanos Víctor Manuel Pinto Hernández, Yudisay Pinto Hernández, Haidée Hernández viuda de Pinto y Mariana Pinto Hernández, a quienes identificó en su diligencia de inhibición, en el Juicio que por Disolución Anticipada de Sociedades Mercantiles siguió por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y de Trabajo de esta Circunscripción Judicial, expediente 6208, cuaderno de intimación, por la suma de VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL BOLÍVARES. 2°- Porque, ejerció con el mismo Abogado más de veinte poderes en juicio, de mandantes clientes de él en el lapso de seis años, por los cuales percibieron sumas nada desdeñables que contribuyeron a que haya gozado con mi familia de un buen nivel de vida, lo cual, señaló, se puede constatar en los Tribunales Penales y Civiles de la ciudad, razón por la cual estampó la diligencia de inhibición correspondiente en el expediente, basado, como antes se estableció, en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal. La Inhibición fue fundamentada legalmente en lo dispuesto por el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece: Causales de Inhibición y Recusación. Los Jueces profesionales, escabinos, fiscales del Ministerio Público, Secretarios, Expertos e intérpretes y cualesquiera otros funcionarios del Poder Judicial, pueden ser recusados por las causales siguientes: 8°. Cualquiera otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad. En tal sentido, conocida es en la Doctrina que la inhibición es la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto por encontrarse comprendido en alguna de las causales determinadas expresamente por la ley, la cual tiene su origen en la falta de imparcialidad en el funcionario, que tiene por objeto evitar que conozca de una causa un juez legalmente impedido de hacerlo, por lo que la partes nada tienen que temer, por cuanto no conocerá de su causa el Juez a quien la ley se lo prohíbe. Asimismo, la inhibición constituye una facultad concedida por el Legislador al juez, para que se separe del conocimiento de una causa, cuando se encuentra incurso en algún impedimento establecido por la ley que no le permite continuar en conocimiento de la misma ni decidirla y así lo concibe el Código Orgánico Procesal Penal cuando determina las causales de inhibición, que igualmente lo son de recusación, por incidir sobre la parcialidad o actuación del Juez dentro del proceso, ordenándole de tal manera al Juzgador que, cuando observe la existencia de una de estas causales, se inhiba de manera inmediata, pues, de lo contrario, podrá ser recusado por la parte o partes. En efecto, observa esta Alzada que el Código Orgánico Procesal Penal impone en el artículo 87 a los funcionarios judiciales la obligación de inhibirse del conocimiento de una causa cuando les sean aplicables cualesquiera de las causales de recusación, sin esperar a que se les recuse y que contra la inhibición planteada no procederá recuso alguno. Pues bien, en el caso objeto de estudio el Juez Inhibido consideró que se encontraba incurso en la causal de Inhibición prevista en el ordinal 8° del artículo 86 y, sin esperar a que se le recusara, procedió a inhibirse del conocimiento de la misma, precisamente por tener lazos de amistad y los derivados del ejercicio profesional junto con el Abogado que en la presente causa detenta la cualidad de Defensor Privado del imputado, por lo cual era forzoso e improcedente que conociera de la misma, como Juez Titular de esta Corte de Apelaciones. Asimismo, cabe destacar que aunque el funcionario inhibido no promovió los elementos probatorios que demuestran su afirmación en las actas procesales, acoge esta Jueza Presidente el valor probatorio producido por la presunción juris tantum de veracidad que dimana de sus dichos como funcionario público, referentes a los supuestos de hecho que encuadran en la causal de inhibición alegada, que no podría juzgar, en virtud de los hechos precisos señalados, de manera autónoma e independiente, así como de acogerse a la notoriedad judicial que en el Archivo de este Circuito Judicial Penal consta, en cuanto a las múltiples causas en las cuales se ha inhibido el Abogado Rangel Montes por actuar en los procesos el Abogado César Curiel, las cuales han sido declaradas con lugar por esta Presidencia. En este sentido, ha establecido el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Penal, el criterio de la inhibición presunta, en el sentido que la inhibición debe ser fundamentada por el funcionario que pretenda sujetarse a ella y en tal sentido ha expuesto: …no es que la sola invocación de la causal genérica valga por sí misma y deba producir una decisión favorable a la inhibición: ésta debe basarse en determinados hechos, encuadrados en las causales específicas o en la genérica. Para que unos hechos sean determinados, deben estar circunstanciados: cuándo, dónde, cómo, etc. Esto no quiere decir que se deban completar las categorías aristotélicas “quis”, “quid”, “ubi”, “quare”, “quoties”, “quomodo”, “cuando” (quién, qué hizo, dónde, por qué, cuántas veces, de qué manera, cuándo), sino que la inhibición no debe plantearse sobre la base de ambigüedades o hechos vagos y por ende discutibles y hasta eventualmente discutidos. Es verdad que la doctrina y la jurisprudencia han establecido la presunción de que la manifestación del juez inhibido es verdadera; pero esa presunción es “juris tantum” y admite prueba en contrario. Así que la inhibición deberá pormenorizar el hecho que la motive. Sólo así podrá ser declarada con lugar. De lo contrario, la sentencia no se bastará a sí misma y no motivará la decisión favorable a la inhibición. El deber fundamental de todo juez es decidir. Y el instituto de la inhibición únicamente funciona como una excepción. Si se declararan con lugar inhibiciones infundadas porque se basaron en hechos indemostrados, se relajaría la disciplina procesal y se propiciaría el entrabamiento procesal. En efecto, sobre la base de que una inhibición inmotivada se declarara con lugar, podría haber una serie interminable de inhibiciones vacuas o infundamentadas. Conforme a este criterio, verificó esta sentenciadora que el Juez Rangel Montes fundamentó de manera debida los motivos y razonamientos de su separación del conocimiento de la causa IP01-R-2005—000089, por lo que dio cumplimiento al deber de expresar el por qué de las circunstancias que alega. Desde esta perspectiva, importante relacionar el criterio de la mencionada Sala del Tribunal Supremo de Justicia, cuando en la misma sentencia comentada estableció: Constituye una injusticia el someter a los procesados a un juicio parcializado y aunque es verdad que los hechos que alegó para inhibirse no están caracterizados, basta con que reconozca no sentirse imparcial y debe operar aquella presunción contra la cual no existe prueba que la enerve: no es que se presumen como ciertos los hechos descritos por el inhibido para explicar con su indisposición, sino que se presume como cierta su expresión de parcialización y por el motivo que sea. Expresión con la que el Magistrado ha cumplido su deber de no juzgar al sentir su ánimo predispuesto (Exp. AA30-P-2001-0578) DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, conforme a lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en concordancia con el artículo 96 del Código Orgánico Procesal Penal, esta Jueza de la Corte de Apelaciones, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la Inhibición planteada por el Juez de esta Corte de Apelaciones RANGEL MONTES CHIRINOS, en el asunto penal seguido contra el ciudadano FRANKLIN ADAUL HERNÁNDEZ, N° IP01-R-2005-000089. Se ordena a la Secretaría de esta Corte de Apelaciones que el presente cuaderno separado sea agregado a la causa principal seguida contra el mencionado ciudadano. Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, a los 28 días del mes de Septiembre de 2005. 195° de la Independencia y 146° de la Federación. POR LA CORTE DE APELACIONES GLENDA OVIEDO RANGEL JUEZA PRESIDENTE ANA MARÍA PETIT GARCÉS Secretaria En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria