REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN CORO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Control
Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 28 de Agosto de 2006
196º y 147º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2006-001542
ASUNTO : IP01-P-2006-001542
Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento con respecto a la solicitud de Imposición de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad incoada por el Fiscal Quinto del Ministerio Público del Estado Falcón, Abg. JOEL RUIZ GARCIA, en contra del ciudadano ERNAY RAFAEL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 31 último aparte de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. En tal sentido se proceden a realizar las siguientes consideraciones:
Con ocasión del Escrito de Presentación incoado por el Fiscal Quinto Auxiliar del Ministerio Público del Estado Falcón, se acordó fijar la Audiencia Oral respectiva, la cual se llevó a cabo en el día de hoy 28-08-2006 a la 12:30 de la tarde.
En tal sentido, el Ministerio Público por intermedio del Fiscal Séptimo Auxiliar Abg. Carlos Lugo, revisadas las actuaciones que conforman el asunto, cambio la calificación en sala, así como la solicitud presentada por ante este Tribunal, solicitando le imponga Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad al ciudadano ERNAY RAFAEL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
Por su parte la defensa del referido imputado, ejercida en este acto por la ABG. YRENE TREMONT, Defensora Público Tercero Penal, solicitó la libertad plena de su defendido, manifestando que no se dio cumplimiento con lo establecido en el artículo 115 de la Ley especial, toda vez que no se evidencia la correspondiente acta de aseguramiento y mucho menos se indica el pesaje de la presunta sustancia, de igual forma el registro de cadena de custodia, no se indica el nombre de los funcionarios, por lo que no se puede comparar que el funcionario que entrega la evidencia es el mismo que actuó en la aprehensión, así mismo no consta el Número de Cedula de Identidad del Testigo, no estando identificado plenamente, lo cual vulnera el Derecho de Defensa.
Luego de analizadas todas y cada una de las actas que conforman el presente asunto, y escuchadas las exposiciones de las partes intervinientes en la Audiencia Oral respectiva, este Juzgado observa que la solicitud de Imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad incoada por el Fiscal Séptimo Auxiliar del Ministerio Público del Estado Falcón, es totalmente viable en el mundo del derecho.
El sentido, propósito y razón de las Medidas Cautelares Sustitutivas lo encontramos en el dispositivo legal que aparece inmerso en el Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. En tal sentido, debemos determinar si efectivamente los supuestos que motivarían el dictamen de la privación judicial preventiva de libertad (ver Artículo 250 del COPP) están configurados en la causa puesta a nuestra consideración, y siendo ello así, pasaremos a estimar si dichos parámetros los podemos sustituir satisfactoriamente con la aplicación de una medida menos gravosa.
Quiere decir esto, que si efectivamente aparecen acreditados los requisitos de procedibilidad previsto en los distintos numerales que conforman el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, pero a su vez constatamos que los mismos pueden procesalmente verse razonablemente satisfechos con la aplicación de una Medida Menos Gravosa, estaremos en la obligación de concederle al Imputado respectivo, cualesquiera de aquellas estatuidas en el Artículo 256 ejusdem.
Ahora bien, luego de realizar un estudio minucioso del presente asunto, se observa que efectivamente aparece acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena corporal y cuya acción penal para perseguirlo no se encuentra evidentemente prescrita, precalificado por el Ministerio Público como POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
Tal postura la asumimos al verificar el contenido del Acta Policial de fecha 26-08-06 suscrita por funcionarios adscritos a la Comisaría Policial N° 03 de Polifalcón, donde se dejan constancia las circunstancias de modo, tiempo y lugar, bajo las cuales se suscitaron los hechos que culminaron con la detención flagrante del imputado; y de la planilla de Control de Evidencia de fecha 26-08-06, donde dejan constancia de lo incautado, la cual cumple para esta Juzgadora con los requisitos de Ley, por cuanto la misma esta debidamente suscrita por los funcionarios que entrega y recibe, quienes en todo caso el que entrega debe integrar la comisión que participo en el procedimiento, pero no necesariamente tiene que ser los funcionarios que practicaron la aprehensión del ciudadano Ernay Hernández, y que suscribieron el acta policial.
Por otra parte, de los citados elementos de convicción podemos asimismo estimar que el Imputado de autos ciudadano ERNAY RAFAEL HERNANDEZ, es autor o ha participado en el hecho punible precalificado por el Ministerio Público como POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Así mismo, en relación al tercer supuesto, también se puede determinar que existe Peligro de Fuga o de obstaculización por parte del Imputado con la comisión del aludido delito.
En consecuencia de lo anterior, este Tribunal considera estima, que se cumplen los supuestos a los que hace mención el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en sus tres numerales, pero que en esta Fase de Investigación que recién inicia, esta Juzgadora considera que tales parámetros pueden verse satisfechos con la aplicación de las Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, establecidas en los distintos numerales del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, razón por la cual, esta Juzgadora procede a imponerle al ciudadano ERNAY RAFAEL HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, Natural de Puerto Cabello Estado Carabobo, nacido en fecha 13-11-85, titular de la Cédula de identidad Nro 25.009.819, hijo de Leopoldo Rafael Hernández y Leonor del Valle Velásquez, estado civil Soltero, grado de instrucción 1° grado de Educación Básica, de Oficio Obrero, y domiciliado en la población de Tucacas, Barrio Izate, calle La Manga, casa S/N, después del modulo policial, frente al taller de Lancha. Tucacas, Estado Falcón, la Medida Cautelar prevista en el ordinal 3° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, referidas a la presentación periódica cada QUINCE (15) DIAS por ante la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Y así se decide.
Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón con sede en Coro, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley RESUELVE: DECLARAR CON LUGAR la solicitud de Imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad presentada por el Fiscal Séptimo Auxiliar del Ministerio Público del Estado Falcón e Impone al ciudadano ERNAY RAFAEL HERNANDEZ, por la presunta comisión del delito POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, Medida Cautelar prevista en el ordinal 3° del Artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Se declara Sin Lugar la solicitud de la defensa, por cuanto se encuentra llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena que la presente Investigación se siga tramitando conforme a las disposiciones atinentes al Procedimiento Ordinario y la remisión de la causa a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público en su oportunidad legal.
Publíquese y regístrese la presente decisión.
LA JUEZ QUINTO DE CONTROL
ABG. JENNY OVIOL RIVERO
LA SECRETARIA
ABG. JUANITA SANCHEZ RODRIGUEZ