TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 26 de Enero de 2006
195º y 146º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-S-2004-000719
ASUNTO : IP01-P-2004-000059

REVISIÓN DE MEDIDA CAUTELAR DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Visto el escrito de fecha 16 de diciembre 2005, impetrado por el ciudadano Abogado CRUZ ALEJANDRO GRATEROL ROQUE, en su condición de Defensor Privado del acusado ALBERTO JOSÉ POLANCO IZEA, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES, previstos y sancionados en el artículo 5 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos automotores y los artículos 278 y 417 ambos del Código Penal (vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos), en perjuicio de JOEL EDUARDO ROMERO LÓPEZ el cual le fuera puesto a la vista a esta Juzgadora en fecha 23 de enero de 2006 y, mediante el cual solicita de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad consagrada en el artículo 250 ejusdem que pesa contra dicho acusado, en razón a circunstancias humanitarias en razón a la situación actual del Internado Judicial de Coro por el peligro y situación de riesgo del mismo.

Este Tribunal para decidir observa:

Se observa que en fecha 08 de abril de 2004 la Fiscalía Segunda del Ministerio Público interpuso solicitud de medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del imputado supra citado por ante el Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal.

En fecha 08 de abril de 2003 se celebró por ante el Tribunal Primero de Control la respectiva audiencia de presentación, en dicha oportunidad se declaró con lugar la solicitud fiscal y se ordenó la reclusión del imputado al Internado Judicial de esta ciudad.
En fecha 07 de mayo de 2004 la Fiscalía Segunda del Ministerio Público presentó acusación en contra del acusado ALBERTO JOSÉ POLANCO IZEA por la comisión de los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES, previstos y sancionados en el artículo 05 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos automotores y los artículos 278 y 417 ambos del Código Penal (vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos), en perjuicio de JOEL EDUARDO ROMERO LÓPEZ.
En fecha 05 de agosto de 2004 se celebró la audiencia preliminar, siendo admitida totalmente la acusación fiscal presentada en contra del acusado antes mencionado, ordenando la apertura al juicio oral y público y la remisión de la causa a los Tribunales de Primera Instancia en funciones de juicio, a los fines de que las concurran en un plazo de cinco días por ante dichos Tribunales.
En fecha 16 de agosto del año 2004, se recibieron las presentes actuaciones por ante el Tribunal Primero en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal procedentes del Tribunal de control y, se ordenó la constitución del Tribunal Mixto con Escabinos y fijó el sorteo ordinario para el día 25 de agosto de 2004.
En fecha 04 de mayo de 2005, esta juzgadora en virtud de que en fecha 03 de Marzo de 2005, se dictó Resolución signada con el número 12-2005, dictada por el Presidente de éste Circuito Judicial Penal, mediante la cual se resolvió: 1) Redistribuir las sesenta y tres (63) causas que se encontraba en el Juzgado Primero de Juicio de forma equitativa entre los Juzgados Segundo y Tercero de Juicio de este Circuito Judicial Penal.

En tal sentido, se procedió a dar cumplimiento al mandato de la Supra citada Resolución.

Por tal motivo realizada la Redistribución de los asuntos pertenecientes al prenombrado Juzgado a través del Sistema Juris 2000, la presente causa le fue asignada al Juzgado Tercero de Juicio, la cual se recibió en fecha 04 de mayo de 2005 signada bajo la misma nomenclatura N°: IP01-P-2004-000059, seguida contra el ciudadano ALBERTO JOSÉ POLANCO IZEA, por los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES y, en virtud de que dicha causa fuera recibida por ante este Despacho, se procedió a la entrada respectiva. En consecuencia la Jueza Tercero de Juicio Abg. Belkis Romero se avocó al conocimiento de la misma y se ordenó la prosecución del proceso.

Así las cosas, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal dispone:

“Examen y Revisión. El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas...”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Ahora bien, estudiada como ha sido la necesidad de mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del acusado supra citado, a tenor de lo establecido en el artículo 264 de la norma adjetiva penal, en virtud de la solicitud presentada, lo cual constituye un derecho incuestionable del mismo, esta Juzgadora observa que la medida de privación judicial preventiva de libertad es una medida cautelar que sólo procede cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso y, no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, tal y como lo consagra el primer aparte del artículo 244 del Código Procesal Penal.

En tal sentido, es menester señalar que en fecha 08 de abril de enero de 2004 el Tribunal Primero de Control celebró la audiencia de presentación del detenido, decretando la privación judicial preventiva de libertad del mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 250, 251 y 252 ejusdem; considerando que se encontraban acreditados en las actas la existencia de unos hechos punibles que merecen pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentran evidentemente prescrita como son el ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES, previstos y sancionados en el artículo 5 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos automotores y el artículo 278 y 417 ambos del Código Penal (éstos últimos vigentes para la fecha en que ocurrieron los hechos), así como, elementos de convicción suficientes para estimar la autoría del referido acusado en la comisión de tales hechos punibles, y, el peligro de fuga determinado por la magnitud del daño causado y, la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso.

Aduce el Defensor Privado Abg. CRUZ GRATEROL ROQUE, en el presente caso no han variado las circunstancias que dieron lugar a la medida de coerción personal pero en razón a circunstancias humanitarias en razón a la situación actual del Internado Judicial de Coro por el peligro y situación de riesgo del mismo, señaló que es un derecho que le asiste al acusado el solicitar la revisión de la medida cautelar cuando así lo considere conveniente.

Ahora bien, en tal sentido es deber de quien aquí decide analizar los fundamentos de hecho y de derecho presentados por el solicitante a objeto de que se le otorgue al acusado la sustitución de la medida cautelar por una menos gravosa.

La Privación Preventiva de Libertad debe considerarse en atención al Principio de Proporcionalidad y limitación de la misma, por cuanto así lo dispuso el Legislador al plasmar lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal; en efecto, la privación de libertad sólo procede en atención a la gravedad del delito, tomándose en cuenta las circunstancias que rodean los hechos ocurridos y la pena probable aplicable; por otra parte tenemos que, la privación preventiva de libertad como medida de coerción personal no podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos; lo que quiere decir, que en dos (2) años sino ha concluido el proceso y esa persona en consecuencia no ha sido sentenciada recibirá automáticamente su libertad a menos que el Fiscal del Ministerio Público haya solicitado la prórroga de dicha medida cautelar la cual no podrá exceder de la pena mínima exigida para el delito, siempre y cuando la solicitud sea motivada y fundamentada en hechos graves.

Es así como el Legislador dispuso en nuestro Código Orgánico Procesal Penal algunos lineamientos para la procedencia de la medida de Privación Preventiva de Libertad consagrados en el artículo 250; los cuales, en el caso de marras, se hace necesarios, para quien aquí decide, analizar:

El numeral 1 del artículo 250 ejusdem establece:

1.- “...Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentre evidentemente prescrita...”

En el caso que nos ocupa y, siendo fundamento de la decisión tomada por el Juzgado Primero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, luego de realizar la correspondiente audiencia de presentación del detenido, se acreditó la existencia de unos hechos punibles que merecen pena privativa de libertad y cuyas acciones no se encuentran evidentemente prescritas como lo son los delitos de ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES, previstos y sancionados en el artículo 5 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos automotores y los artículos 278 y 417 ambos del Código Penal venezolano (éstos últimos vigentes para la fecha en que ocurrieron los hechos).

2.- “...Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible...”

Siendo que en el caso en estudio, fueron considerados por el Juzgado Primero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal, las actas contentivas en la presente causa, las cuales indujeron a ese Despacho a presumir la autoría del imputado en los hechos punibles imputados.

3.- “...Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación...”

A todo evento, en el caso in comento se consideró el peligro de fuga determinado por la magnitud del daño causado, así como, la pena que podría llegar a imponerse en concordancia con lo consagrado en el ordinales 2º y 3º del artículo 251 y en relación con el artículo 252 ambos del Código Procesal Penal.

En tal sentido, es menester señalar que en el presente caso estamos en presencia de un presunto ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO y, LESIONES PERSONALES ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 5 de la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos automotores y los artículos 278 y 417 ambos del Código Penal venezolano; donde se prevé para el primero de los ilícitos mencionados como pena a imponer OCHO (08) a DIECISÉIS (16) años de presidio aunado al hecho de que se le imputan al acusado la presunta comisión de tres delitos; razón por la cual se considera necesario tomar en cuenta la pena que podría llegar a imponerse, asimismo, en este supuesto es importante igualmente analizar lo dispuesto en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, en efecto se considera que el delito mencionado no se subsume en el supuesto de la norma del mencionado artículo 253 el cual impone una limitante en la imposición de la medida de privación preventiva de libertad.

En referencia al contenido del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, nuestro Legislador estableció como requisitos que deben ser tomados en cuenta al momento de imponer o mantener una medida cautelar de privación preventiva de libertad, los contenidos en los numerales dos y tres de dicha normativa, como son la pena que podría llegar a imponerse en el caso y la magnitud del daño causado, requisitos éstos que ya fueron debidamente analizados por esta Juzgadora.

En atención a este último supuesto, en el caso en estudio, la pena que podría llegar a imponerse supera los cinco años, y la presentación por parte del Ministerio Público del escrito formal de acusación, otorga una expectativa de enjuiciamiento del acusado, considera quien aquí decide, que no es procedente la solicitud presentada por la defensa en virtud de que no han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la medida cautelar que pesa en contra del acusado y, encontrándose fijada la audiencia oral y pública para el 09 de febrero de 2006 y, a los fines de garantizar los fines del proceso, se declara sin lugar la solicitud interpuesta por la defensa y en consecuencia se ordena mantener la medida cautelar decretada contra el ciudadano ALBERTO JOSÉ POLANCO IZEA. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

Por los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, pasa a emitir el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se revisa la medida cautelar de privación judicial preventiva de libertad que pesa en contra del ciudadano ALBERTO JOSÉ POLANCO IZEA, quien es venezolano, mayor de edad, soltero, residenciado en el Barrio Cruz Verde, calle Tito Salas, casa N° 49, titular de la cédula de identidad N° 17.630.758, acusado en la causa signada bajo el N° IP01-P-2004-000059; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de solicitud interpuesta por el Abogado CRUZ ALEJANDRO GRATEROL. SEGUNDO: SE DECLARA SIN LUGAR dicha solicitud de imponer al acusado supra citado de una medida cautelar menos gravosa, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal y se ordena mantener la medida actual.

Publíquese, regístrese, diarícese. Notifíquese a las partes de la presente decisión.
LA JUEZA TERCERO DE JUICIO,

ABG. BELKIS ROMERO DE TORREALBA.

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ.
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-S-2004-000719
ASUNTO : IP01-P-2004-000059