TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA
METROPOLITANA DE CARACAS

Años 196º y 147º.-

EXPEDIENTE N°: 03-9210.-

PARTE DEMANDANTE:

APODERADOS JUDICIALES
DE LA PARTE DEMANDANTE:

PARTE DEMANDADA:

SUSANA CURBELO, mayor de edad, domiciliada en Acarigua Estado Portuguesa y titular de la Cédula de Identidad N°: V- 12.262.594.-

CARLOS EDUARDO ECHEGARAY YUSTIZ y JOSE EDUARDO GARCIA FIGUEROA, abogados en ejercicio, de este domicilio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Números: 66.387 y 73.229, respectivamente.-

MIRNA HERNANDEZ DE BERROETA, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N°: V- 1.577.209.

MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO.-

Comenzó la presente acción, por libelo de demanda, presentado por ante el Juzgado Distribuidor de Turno, por el Abogado CARLOS ECHEGARAY, en su carácter apoderado judicial de la ciudadana: SUSANA CURBELO, mediante el cual demanda por RESOLUCION DE CONTRATO, a la ciudadana: MIRNA HERNANDEZ DE BERROETA; correspondiéndole el conocimiento de la causa a éste Tribunal, previa la distribución correspondiente.-
Ahora bien, vistas las actas procésales que conforman este expediente, debe hacer las siguientes consideraciones:
PRIMERO: Este proceso se inició por demanda, que fue admitida en fecha 28 de Febrero del 2003, ordenando el emplazamiento de la demandada.-
En fecha 14 de Marzo del 2003, la representación judicial de la parte actora, otorgó poder apud-acta a la Abogada Jahanna Glorimar Ugas Maldonado.-
En fecha 1 de Marzo del 2003, la representación judicial de la parte actora, solicitó se decretara medida.-
En fecha 06 de Junio del 2003, el Tribunal negó la medida solicitada.-
En fecha 13 de Junio del 2003, En fecha 14 de Marzo del 2003, la representación judicial de la parte actora, apeló de la decisión que negó la medida.-
En fecha 25 de Junio del 2003, el Tribunal oyó la apelación en el efecto devolutivo.-
En la presente fecha, la Juez Suplente Especial Dra. RAHYZA PEÑA VILLAFRANCA, se avocó al conocimiento de la causa.-
Ahora bien, de las actas se evidencia que desde la fecha que la parte actora solicitó se decretara medida, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año de inactividad procesal, sin que la parte accionante impulse la citación de la parte demandada.-
SEGUNDO: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente:
“Artículo 267.- Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención. (...).”
De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber:
a) Un supuesto de hecho: El transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes; y,
b) Una consecuencia jurídica: La extinción de la instancia por obra de la perención.
Ahora bien, siendo que en este caso no se ha producido inactividad del Juez luego de vista la causa y toda vez que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es decir, debe concluirse que en este juicio ha operado la perención de la instancia, y así se declara expresamente. Es menester destacar que por disposición del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, el instituto procesal de la perención de la instancia es declarable aún de oficio. En efecto, textualmente establece la indicada norma adjetiva:
“Artículo 269.- La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del Artículo 267, es apelable libremente.”
TERCERO: Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. - Y ASÍ SE DECIDE.-
De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.
Regístrese, publíquese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los 17 días del mes de Julio de Dos Mil Seis (2006).- Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.-
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,

DRA. RAHYZA PEÑA VILLAFRANCA.
LA SECRETARIA,

Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI

En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las Diez y Cinco Minutos de la mañana (10:05 a.m).-
LA SECRETARIA,

Abog. LEOXELYS ELENA VENTURINI

EXP. N°: 03-9210.-
RPV/LEV/casu.-