REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÀNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÒN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS. Caracas, Año 197° y 149º.- SE ABRE EL PRESENTE CUADERNO DE MEDIDAS: Analizados como han sido los recaudos presentados por el ciudadano ARGENIS RODRIGUEZ LIPORACI, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 55.625, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano FELIPE SANTIAGO GOMEZ CHACON, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V-2.814.134, y visto el pedimento cautelar formulado por el mismo en el presente proceso por DIVORCIO incoado por el referido ciudadano FELIPE SANTIAGO GOMEZ CHACON contra la ciudadana MARIA PASQUARIELLO STABILE, venezolana, mayor de edad, y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-11.227.596, este Tribunal con el fin de pronunciarse acerca de tal pedimento pasa hacer las siguientes consideraciones: - I - SOBRE LA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA ACTORA Como hechos constitutivos de la pretensión de la parte actora, se afirma en el libelo de demanda lo siguiente: 1) Que el ciudadano FELIPE SANTIAGO GOMEZ CHACON, contrajo matrimonio con la ciudadana MARIA PASQUARIELLO STABILE, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Autónomo Chacao del Estado Miranda, en fecha 29 de marzo de 1978, fijando su domicilio conyugal en la Urbanización La Trinidad, Sector Coracrevi, Calle Arichuna, Municipio Baruta del Estado Miranda, procreando durante dicha unión dos (02) hijos actualmente mayores de edad. 2) Que durante muchos años de unión conyugal, todo transcurría en forma normal y en total armonía, cumpliendo cada uno de los cónyuges con sus respectivas obligaciones conyugales, pero en los últimos cuatro (04) años, la cónyuge comenzó a presentar una conducta de agravios y vejámenes en el entorno social en el cual se desenvolvía la pareja, y asimismo dejo de cumplir con sus obligaciones conyúgales. 3) Que durante dicha unión adquirieron los siguientes bienes:  Un vehículo Marca: Toyota; Modelo: Camry; Color: Blanco; Placa: RAD97W; AÑO: 1994; Serial Motor: 5S0332451; Serial de Carrocería: SXV100180035; Tipo: Sedan; Uso: Particular.  Un apartamento distinguido con las siglas PF-A-12, DEL Edificio Puerto Francés, ubicado en la segunda etapa del Conjunto Residencial Aguasal, situado en el sector Aguasal, Higuerote, Municipio Bríon del Estado Miranda.  Una casa distinguida con el Nro. 1631, ubicado en la Calle Arichuna, Sector Coracrevi, Urbanización La Trinidad, Municipio Baruta del Estado Miranda. 4) La parte actora alega que por todo lo antes expuesto es que demanda en divorcio como en efecto lo hace a su cónyuge ciudadana MARIA PASQUARIELLO STABILE. - II - SOBRE LA PRETENSIÓN CAUTELAR DE LA ACTORA Solicita la parte actora en este proceso que sea decretada por este Tribunal medida cautelar de secuestro sobre los bienes adquiridos en la comunidad conyugal anteriormente descritos. - III - DE LOS RECAUDOS CONSIGNADOS JUNTO A LA DEMANDA A) Copia certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos FELIPE SANTIAGO GOMEZ CHACON y MARIA PASQUARIELLO STABILE, expedida por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Chacao del Estado Miranda. - IV - CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Luego de revisados los alegatos esgrimidos por la parte actora, este Juzgador pasa a resolver la solicitud que aquí se ventila en los siguientes términos: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece los dos requisitos de procedencia que en general exige el ordenamiento adjetivo para el decreto de todas las medidas preventivas, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y 2) la presunción grave que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora). En ese sentido, el mismo artículo 585 del Código de Procedimiento Civil no exige que el Decreto que acuerda o niega la pretensión cautelar deba ser motivado, lo cual ha sido confirmado tanto por los Tribunales Superiores como por nuestro máximo Tribunal de Justicia. Con base al criterio anteriormente expuesto, el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas efectuó las siguientes consideraciones: “(...) el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, no ordena al juez que motive el decreto que acuerda la medida preventiva, por lo que debe interpretarse que al Juzgador le basta con expresar en el decreto que según su criterio están llenos los requisitos que exige el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para que se decrete la medida. En el mismo sentido debe señalarse que tampoco en el artículo que regula el secuestro de bienes determinados, se exige el requisito de señalar expresamente en cuál de las causales se fundamenta la medida de secuestro decretada...” Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Casación Civil por sentencia de fecha 9 de diciembre de 1992 señaló lo siguiente: “Con vista de esas circunstancias, la Sala aprecia que, aun cuando mantiene su doctrina en el sentido de que tratándose de autos sobre medidas preventivas, no deben extremarse las exigencias de motivación al igual que para las sentencias definitivas de fondo, si tuvo lugar efectivamente en el caso una relevante omisión de razones como las que cita la formalización, indispensable en grado mínimo para evidenciar los prepuestos tomados en cuenta por el Juzgador en su decisión. Y ello hace procedente la denuncia como así lo declara la Sala.” Sin embargo, este Tribunal observa que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, y en virtud de ello las providencias cautelares sólo se confieren cuando exista en el expediente de la causa, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. En el caso de marras, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que en este estado y grado de la causa no existen elementos suficientes que demuestren in limine litis que exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco la presunción grave del derecho que se demanda. En ese sentido, y siendo que en este estado y grado del proceso no existen suficientes medios de prueba que permitan demostrar, que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco la presunción grave del derecho que se demanda, mal podría considerar este sentenciador procedente la cautelar solicitada. Al respecto, nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa por sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, con Ponencia del entonces Magistrado Carlos Escarrá Malavé ha señalado lo siguiente: “... Ha sido reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a la presencia de dos condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber, fumus boni iuris y periculum in mora. (...) ha señalado este Tribunal, la necesidad que tiene el recurrente de probar la irreparabilidad o dificultad de recuperación de los daños, para lo cual no son suficientes los simples alegatos genéricos, sino que es necesaria, además, la presencia en el expediente de pruebas sumatorias o de una argumentación fáctico jurídica consistente por parte del demandante...” En el caso que nos ocupa, de la revisión del material probatorio acompañado por la parte actora al libelo de la demanda, observa este Tribunal que no existe en este estado y grado del proceso elementos suficientes de prueba que permita demostrar que en este caso exista peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco se ha demostrado la presunción grave del derecho que se reclama. De suerte que en el caso sometido al conocimiento de este Tribunal, no se ha demostrado la satisfacción de los requisitos que obligatoriamente debe probar el solicitante de cualquier medida preventiva a los fines de que resulte procedente la correspondiente solicitud cautelar, y así se decide. En ese sentido, el Juez investido de ese poder cautelar general que le confiere la ley, deberá decretar dichas medidas atendiendo a su prudente arbitrio, con criterio de oportunidad y a la diversidad de circunstancias que presenta la vida, las cuales no se encuentran expresadas en la ley. En virtud de lo anteriormente expuesto, este Juzgador declara improcedente la medida cautelar de secuestro, toda vez que la solicitud de la misma en este estado y grado del proceso no llena los extremos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y así se declara.- - V - DECISIÓN Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA la solicitud cautelar planteada por la parte actora en el presente proceso. Y así se declara.- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ.- LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ.- Exp. F07-4760. LRHG/MGHR/Carla.