REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON. SANTA ANA DE CORO, 25 DE JULIO DE 2008. AÑOS: 197° y 149° EXPEDIENTE N°. 14423-08. DEMANDANTE: GLEINY GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-15.557.384, de este domicilio, actuando con el carácter de Endosatario al Cobro de la ciudadana IDANIA PIÑA. DEMANDADO: LUIS LA CRUZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la Urbanización El Isiro, Calle San Luís Casa N° 33, de esta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN. Este Tribunal de una revisión efectuada a las actas procesales observa lo siguiente: Por auto de fecha 03 de Marzo de 2008, se inicia el expediente N° 14423-08, con el escrito de la demanda de COBRO DE BOLIBARES POR INTIMACIÓN, ordenándose la intimación a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 647 ejusdem, para que pagará o se opusiera al Decreto Intimatorio, dentro del lapso que le fue establecido, facultándose suficientemente al Alguacil de este Despacho, para que practicará dicha Intimación. En fecha 29 de Abril de 2008, el alguacil de este Tribunal consignó el Recibo de Intimación, en virtud de que no pudo localizar a la parte demandada. En fecha 11 de Junio de 2008, la parte demandante, mediante la cual solicita al Tribunal se pronuncie y provea de acuerdo al artículo 650 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 12 de Junio de 2008, el Tribunal ordenó librar el Cartel de intimación, entregándosele a la parte interesada para su debida publicación por el Diario “NUEVO DÍA”. Ahora bien observa esta Juzgadora en las actas procesales, desde la fecha 09 de Junio de 2008, en que fue admitida la presente demanda, mediante la cual se ordenó citar a la parte demandada, y hasta la presente fecha no consta en las actas procesales haber cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada; evidenciándose claramente que desde el 09 de Junio de 2008, hasta la presente fecha han transcurrido mas de Treinta (30) días. La doctrina señala que la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un tiempo determinado (anual, semestral, mensual), sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. El autor patrio Arístides Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente: “…Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso…………………………………. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia (…) “ Se tiene, pues, que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días. Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entraña una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada………………………………………………….. En sentencia dictada por la Sala Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 05 de junio de 2007 con ponencia de la Magistrado Evelyn Marrero Ortiz en demanda interpuesta por el ciudadano Rogelio Espinoza en contra de la República Bolivariana de Venezuela estableció: Sobre el particular, esta Sala se pronunció mediante sentencia Nº 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, estableciendo el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel a que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos: “Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva. Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel, al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal. En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar (…) contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara. (…)” (Resaltado de la Sala). En atención a la jurisprudencia antes transcrita, el lapso para retirar y publicar el cartel de emplazamiento es de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de expedición, lapso previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, disponiendo la parte de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación para la consignación en el expediente de un ejemplar del periódico donde apareciere el referido Cartel …………………………” Aplicando lo expuesto al caso de marras, es evidente que en fecha¬¬ 12 de Junio de 2008, el Tribunal libra el Cartel de Intimación del demandado de autos, pero desde esa fecha el demandante no ha cumplido con la obligación de cumplir con la publicación de dicho cartel de Intimación, transcurriendo mas de treinta días, sin que el mismo cumpla con las exigencias del contenido en el artículo 267 ordinal primero del Código de Procedimiento Civil y se debe declarar la perención y así se decide. Por todo lo antes expuesto este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, Impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el Procedimiento de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, presentada por el Abogado OSWALDO JESÚS MADRIZ ROBERTY, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano JOSEPH SADALLAH DERGRAM AKRA, en Contra de la ciudadana ALEJANDRA NAIR CURVELO GONZÁLEZ. De conformidad con lo establecido en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay Condenación en Costas. Se deja Copia Certificada en el archivo de este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 eiusdem. PUBLIQUESE Y REGISTRESE. Dado, Firmado, Sellado y Refrendado en Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la Ciudad de Santa Ana de Coro, a los Veinticinco (25) días del mes de Julio de 2008. Años: 197° de la Independencia y 149° de la Federación. LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL, ABG. NELLY JOSEFINA CASTRO GÓMEZ. LA SECRETARIA SUPLENTE, ABG. MIGGLENIS CAROLINA ORTIZ EGURROLA. NOTA: La anterior Decisión se dictó y publicó, a la hora de las 2:50 a.m., conforme a la Ley. Se dejo Copia Certificada en el archivo de este Tribunal. Conste. Coro. Fecha Ut-Supra. LA SECRETARIA SUPLENTE, ABG. MIGGLENIS CAROLINA ORTIZ EUGURROLA. ABG/NJCG/MCOE/ajpc. EXP. N° 14423-08.