REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS.- Caracas, de Junio de 2008 198° y 149° Visto el libelo de la demanda y los recaudos presentados, este Tribunal a los fines de pronunciarse acerca de su admisión observa: Alega el ciudadano JORGE DA ROCHA CIPRIANO, de nacionalidad portuguesa, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº E- 81.885.779, asistido por el abogado HOMER ALEXANDER RODRIGUEZ NAVAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 32.775, que es propietario del siguiente vehículo automotor: Marca: Chevrolet, modelo: C.10, color: beige, clase: camioneta, tipo: Pick-Up, placas: 997ADR, serial de carrocería: CCD14AV204400, serial de motor: CAV204400; que desde el 23 de Noviembre del año 2006 hizo entrega de dicho vehículo en calidad de guarda custodia y estacionamiento a la sociedad mercantil ESTACIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES CORRECA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 12-04-1999, bajo el Nº 38, Tomo 82-A-Sgdo, expediente Nº 600728; que al momento de retirar su vehículo el mismo no se encontró en ningún sitio del referido estacionamiento sin obtener respuesta alguna por parte de sus administradores; que procedió a interponer la respectiva denuncia por ante la Sub-Delegación El Valle del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (C.I.C.P.C). Por tal razón procede a demandar a la sociedad mercantil ESTACIONAMIENTO SERVICIOS GENERALES CORRECA, C.A., en la persona de los ciudadanos HUMBERTO JOSE CORREIA DE JESUS y LEONARDO GREGORIO CORREIA ABREU, titulares de las cédulas de identidad Nros: 6.965.129 y 6.856.434, en su carácter de Directores; y, a éstos mismos en su propio nombre y representación, por DAÑOS Y PERJUICIOS Y COBRO DE BOLIVARES, estimando la demanda en la suma de Bs. F. 40.020,00. Dicho lo anterior, es menester señalar lo establecido en la Resolución Nº 2006-00038 de fecha 14 de Junio del 2006, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, la cual en sus artículos 1 y 5 prevén lo siguiente: “Artículo 1: Se tramitarán por el procedimiento oral las causas a que se refiere el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil,… siempre que el interés principal de la demanda no exceda en bolívares, al equivalente a dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 U.T.). (Negrilla, cursiva y subrayado del Tribunal). “Artículo 5: Corresponderá a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de las Circunscripciones Judiciales del Área Metropolitana de Caracas y del Estado Zulia, respectivamente, el conocimiento de las causas cuya cuantía sea superior a las dos mil novecientas noventa y nueve unidades tributarias (2.999 U.T.).” (Negrilla, cursiva y subrayado del Tribunal). Adicionalmente, la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal, en uso de las facultades orientadoras relacionadas con su competencia, estableció que: “…La competencia por la cuantía a la cual hace referencia el artículo 1 de la Resolución, sólo comprende a aquellas causas que deban ser tramitadas por el procedimiento oral previsto en el artículo 859 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: 1º LAS QUE VERSEN SOBRE DERECHOS DE CRÉDITO U OBLIGACIONES PATRIMONIALES QUE NO TENGAN UN PROCEDIMIENTO ESPECIAL CONTENCIOSO PREVISTO EN LA PARTE PRIMERA DEL LIBRO CUARTO DE ESTE CÓDIGO…”. (Negrilla, cursiva y subrayado original). De lo establecido por la Sala Civil se infiere, que aquellos casos que versen sobre derechos de crédito u obligaciones patrimoniales que no tengan previsto un procedimiento especial y cuya cuantía no exceda de 2.999 U.T., -lo que implica la suma de Bs. F. 137.954,00, equivalente al cambio de unidad tributaria, la cual actualmente se encuentra en Bs. F. 46,00, han de tramitarse por el procedimiento oral ante los Tribunales de Municipio. Verificado que el valor de la demanda en la presente causa es la suma de Bs. F. 40.020; y, no habiendo invocado la parte actora un procedimiento especial para tramitar el presente asunto, resulta impretermitible para quien decide, declararse incompetente por la cuantía y declinar la competencia ante un Juzgado de Municipio de esta Circunscripción Judicial. Así se establece. Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara que es INCOMPETENTE POR LA CUANTIA para conocer de la presente demanda, resultando competentes los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial, ordenándose la remisión del expediente una vez vencido el lapso consagrado en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, al Distribuidor de Municipio a fin de que previo el sorteo de ley, designe el tribunal que ha de conocer la presente causa. Publíquese, regístrese y déjese copia, en el copiador de sentencias llevado por el Tribunal. Dada, firmada, y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los días del mes de junio de 2008. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación La Juez. Dra. María Rosa Martínez C. La Secretaria. Norka Cobis Ramírez. En la misma fecha de hoy, -06-2008, previo el anuncio de ley, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.). La Secretaria. Exp. No. 45589