TSJ Regiones - Decisión

Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Sala de Juicio Nº 12 del Circuito de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 24 de marzo de 2008
197º y 149º

ASUNTO: AP51-V-2007-006400.

PARTE ACTORA: PRISCILA MORA PARRA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-13.013.905.
PARTE DEMANDADA: EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-8.709.258.
REPRESENTANTES JUDICIALES:
PARTE ACTORA: Abogado MERCEDES J. VARGAS V., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 35.096.
PARTE DEMANDADA: No constituyó representación alguna.
ASUNTO: Fijación de Obligación de Manutención.

Se da inicio a la presente solicitud de fijación de Manutención, mediante escrito presentado en fecha 13 de abril de 2007, por la ciudadana PRISCILA MORA PARRA, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-13.013.905, quien en nombre e interés de su hijo XXX, debidamente asistida por la Abogado MERCEDES J. VARGAS V., inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 35.096, en la cual expuso: que el padre de su hijo ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRERO, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-8.709.258, se limitó a mandar Bs. 100.000, 00 cada tres o cuatro meses y el mes de diciembre le envió Bs. 100.000, para el regalo de navidad del niño XXX. Que nunca colaboró para la matricula y mensualidad del colegio, ni mucho menos para los gastos de útiles y uniforme escolar, razón por la cual procedió a demandar por obligación de Manutención al ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ GUERRERO.
En fecha 17 de abril de 2007, este Tribunal admitió la presente demanda de Obligación de Manutención, y se acordó comisionar a un Tribunal Distribuidor de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, a los fines de practicar la citación de la parte accionada; por último se acordó oír la opinión del adolescente XXX, todo de conformidad a lo previsto en el artículo 80 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Folios del 12 al 16 del expediente.
En fecha 08 de febrero de 2008, se recibió comisión librada al Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, en la cual se logró la citación de la parte accionada. Folios del 21 al 37 del expediente.
En fecha 22 de febrero de 2.008, oportunidad fijada por este Tribunal a los fines de que se celebrara el acto conciliatorio entre las partes, el mismo no se realizó, se dejó constancia de la no comparecencia de las mismas. Asimismo, se dejó constancia que la parte accionada no contestó la presente demanda. Folio 40 del expediente.
Vencido el lapso probatorio, el Tribunal pasa a decir la presente controversia y para ello observa:
En el presente caso la ciudadana PRISCILA MORA PARRA, demanda por obligación de manutención al ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ, en beneficio del niño XXX. Asimismo, solicitó que se obligara al accionado a cancelar mensualmente a favor de su hijo por concepto de obligación de manutención, el equivalente a un salario mínimo, más dos sumas extras, una en el mes de agosto para gastos escolares y otra en el mes de diciembre como bonificación de fin de año.
El Tribunal pasa a analizar las pruebas aportadas en el presente juicio, previa las siguientes observaciones:
Por certeza de los documentos públicos que prueban la filiación del niño XXX, este Tribunal le da valor probatorio de conformidad a los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, a la copia simple que cursa en el folio 06 del expediente.
Ahora bien, este Tribunal observó que citado personalmente el accionado, éste no compareció, ni por sí, ni por medio de apoderado a dar contestación a la presente demanda, de lo cual se deduce que se configuró en su contra una presunción iuris tamtun de confesión ficta conforme a lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante , si nada probare que le favorezca. En este caso, vencido el lapso de promoción de pruebas sin que el demandado hubiese promovido alguna, el Tribunal procederá a sentenciar la causa, sin más dilación, dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de aquél lapso, atendiéndose a la confesión del demandado. En todo caso, a los fines de la apelación se dejará transcurrir íntegramente el mencionado lapso de ocho días si la sentencia fuere pronunciada antes de su vencimiento.”
De manera que, conforme a la transcrita disposición Legal, debe este Tribunal examinar sí además de la contumacia de la codemandada a dar contestación de la demanda en el lapso legal previsto para ello, el accionado el accionado en el lapso probatorio, probó algo que le favoreciera y si la petición contenida en la demanda es o no contraria a derecho, ya que la casación, en Sentencia de fecha 19 de junio de 1996, en el juicio de Maghglebe Landaeta Bermúdez contra la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, expreso:
“En el proceso cuando el demandado no comparece a dar contestación a la demanda, el artículo 362 establece en su contra la presunción iuris tantum de la confesión. Esta presunción admite la prueba limitada del demandado rebelde, aquello que enerve la acción de la parte actora, más no puede hacer uso de pruebas que recaigan sobre las excepciones que no opuso en la oportunidad legal de la contestación de la demanda.
Vencido el lapso de promoción de pruebas, sin que la parte demandada promueva alguna que le favorezca, la confesión queda ordenada por la Ley, no como presunción, sino como consecuencia legal, por haberse agotado la oportunidad de probanza, aún en contra de la confesión. Ya el Juzgador, no tiene por qué entrar a conocer si la acción es o no procedente, si son veraces o falsos los hechos y la trascendencia jurídica de los mismos, sino que constatado que la pretensión no está prohibida por la Ley, lo cual es un hecho negativo, debe decidir en atendiéndose a la confesión del demandado...
En el caso de confesión ficta, la doctrina de Sala ha establecido que si en los elementos probatorios aportados por la parte actora existe prueba en contrario a los hechos alegados en la demanda, debe declararse ésta sin lugar...”
Trasladadas las anteriores consideraciones en el caso de autos, observa esta Sentenciadora que la parte demandada, no dio contestación a la demandan y durante el lapso probatorio no presento prueba alguna que le favoreciera para desvirtuar los alegatos de la accionante. Asimismo se observó que la presente acción no es contraria a derecho, y que los elementos probatorios aportados por la parte actora no existen pruebas en contrario a los hechos alegados en la demanda, que impida que la misma sea declarada con lugar, por lo que la declaratoria de la confesión ficta en el presente caso resulta procedente. Y así se declara.
Seguidamente, analizadas las pruebas evacuadas, este Tribunal observa:
La Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente prevé en el Titulo IV Capitulo VI un procedimiento especial único para resolver los asuntos relativos a los alimentos, el cual tiene derivados que son recogidos por disposiciones agrupadas en la parte sustantiva de la institución como son la fijación, revisión y el cumplimiento de la obligación alimentaria (hoy Obligación de Manutención) de acuerdo a la pretensión de quien la reclama y siempre que se den los supuestos legales correspondientes en cada caso.-
Para fijar el monto de la obligación alimentaría, el Juez debe guiarse por el dispositivo de los artículos 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. Siendo que la obligación de manutención es un deber compartido entre ambos padres, nuestro cuadro normativo ha previsto que cuando los hijos se encuentran bajo la guarda de uno solo de ellos, el Juez fijará el monto que deba pagar el otro progenitor para coadyuvar a la manutención y desarrollo integral de los mismos. Ahora, como quiera que el niño XXX, viven con su madre, es necesario fijar el monto de obligación de manutención acorde con la capacidad económica del ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ MORA.
Esta obligación corresponde a ambos padres en la medida de sus capacidades; en el presente caso, las necesidades del niño XXX, quedó demostradas que por su edad y su condición física que lo incapacita para proveérselas por sí mismo, requiriendo de la ayuda de sus progenitores. La madre, de conformidad a lo establecido en el artículo 282 del Código Civil, en concordancia con el artículo 366 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, está obligada conjuntamente con el padre a contribuir con los gastos de manutención; pero la madre con el sólo hecho de la convivencia con el niño de autos, está contribuyendo en gran parte con los gastos de éste. Así se declara.
En relación a la capacidad económica del ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ MORA, este Tribunal observó que en autos consta que el mismo labore actualmente en una empresa o institución que le permita devengar un ingreso fijo mensual. Sin embargo, esta Sentenciadora considera que éste ciudadano debe concienciar la responsabilidad económica que tiene en cuanto a la manutención de su hijo y debe esforzarse en garantizar el derecho de alimento del mismo. Así se declara.
Este Tribunal del análisis de las pruebas se evidenció que el niño XXX, tienen necesidades y derecho de desarrollarse de manera integral, a lo que el padre está obligado a proporcionárselo de acuerdo a su capacidad económica y bajo esas directrices, el Tribunal determinó el quantum alimentario, a favor del niño XXX, de conformidad a lo establecido en el artículo 369 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente. En consecuencia, esta demanda debe prosperar. Así se decide.
En merito de las anteriores consideraciones, esta Juez Unipersonal No. XII, de la Sala de Juicio del Tribunal de protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial de Área Metropolitana de Caracas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda de Obligación de Manutención, incoada por la ciudadana PRISCILA MORA PARRA, a favor de su hijo XXX, en contra del ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ, en consecuencia se fija como obligación de manutención que debe suministrar el ciudadano EDGAR FRANCISCO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad No. V-8.709.258, a su hijo XXX, el equivalente al 50 % del Salario Mínimo Urbano, es decir, la cantidad de Trescientos Siete Bolívares Fuertes con Cuarenta Céntimos (Bs. F. 307, 40), tomando como base el salario mínimo el cual para la fecha es de Seiscientos Catorce Mil Setecientos Noventa Bolívares Con Cero Céntimos (Bs. 614.790, 00), según Decreto No. 5.318, formulado por el ejecutivo nacional, publicado en Gaceta Oficial No. 38.674, de fecha 02 de mayo de 2007, que para los efectos de la Obligación de Manutención, deberá ser ésta la determinante de la misma. Este monto alimentario deberá ajustarse en forma automática anualmente, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada en los índices del Banco Central de Venezuela, pero siempre dentro de los parámetros establecidos, es decir las necesidades de los adolescentes y la capacidad económica del obligado. Igualmente se establece dos (2) bonificaciones, una el mes de septiembre por concepto de bono escolar y otra el mes de diciembre como bonificación especial de fin de año, equivalentes cada una a la cuota alimentaria, es decir la cantidad de Trescientos Siete Bolívares Fuertes con Cuarenta Céntimos (Bs. F. 307, 40). Las cantidades fijadas por concepto de obligación de alimento deberán ser depositadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en partidas quincenales, cada una por la mitad del equivalente a la obligación fijada, en una cuenta de ahorro que este Tribunal ordenará aperturar en el Banco Industrial de Venezuela a nombre del niño XXX. Así se decide.
La fijación de la obligación de alimentos en salarios mínimos, tiene por objeto servir de referencia para el cálculo del monto alimentario, en forma que sea de todos conocida, tal como lo expresa la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en su Exposición de Motivo, sin que ello signifique que si aumenta el salario mínimo, aumente también la cuota alimentaria; y así se decide.
PUBLIQUESE y REGISTRESE:
Dada y sellada en la Sala de despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Juez Unipersonal No. XII. Caracas, a los 24 días del mes de marzo de 2008. Años 197° y 149°.
La Juez
Sara E. Guardia Soto.
La Secretaria
Adriana Mireles.

La presente sentencia se publicó y registró en la misma fecha, siendo las 10:55 a.m.
La Secretaria
Adriana Mireles.