REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de Punto Fijo Punto Fijo, 3 de Marzo de 2008 197º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2008-000192 ASUNTO : IP11-P-2008-000192 AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD En fecha 08 de Febrero de 2008, se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa, en virtud del escrito presentado por la fiscalía Décima Quinta del Ministerio Publico, en contra del ciudadano SANDRO JAVIER SOTO GOMEZ, por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal vigente, en perjuicio del Ciudadano JOSE MANUEL EZQUERRA MORA. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de: Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita Una vez revisado por parte de este tribunal las actas procesales que componen el presente asunto penal ofrecido por la vindicta pública, sin duda se acredita la comisión de hechos punibles como lo son el de ROBO GENERICO, previstos y sancionado en el artículo 455 del Código Penal vigente. Los cuales son perseguibles de oficio y que evidentemente no se encuentran prescritos en virtud de su reciente data de conformidad con lo establecido el artículo 108 ejusdem. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho punible. Para ello se observa: Según acta policial presentada por el funcionario Ángel Gabriel Quesada Núñez, de la Zona Policial N°02 donde se dejo constancia de los hechos ocurridos el día 04 de Febrero del 2008 cuando los funcionarios Pedro Isea y Israel Aguilar se encontraban realizando labores de recorrido y patrullaje, recibieron una llamada de atención por parte de un Ciudadano de nombre Felix Mora, quien informo a los funcionarios de la aprehensión de un sujeto que había despojado de una bicicleta a un adolescente, los efectivos policiales se apersonaron en el lugar del hecho donde se encontraba el sujeto y prosiguieron a su detención, la victima rindió declaraciones a dichos funcionarios manifestando que el sujeto que tenían sometido le había despojado de su bicicleta que es propiedad de su primo Eliécer Parra, y el individuo le propino un fuerte golpe en el rostro, al momento que se desplazaba por la Avenida Raúl Leoni, una vez realizaba todas y cada una de las investigaciones y declaraciones echas por la victima, se logra reconocer que el vehiculo de tracción de sangre que conducía el Ciudadano al momento de ser aprehendido no era de su propiedad, sino del Joven Eliécer Parra, y que en ese momento conducía el Joven José Manuel Ezquerra, es por lo que se puso a orden de la Fiscalia Décima Quinta al Ciudadano Sandro Javier Soto Gómez por el Delito Contra las Personas y la propiedad (ROBO GENERICO) Actas de entrevista realizada al ciudadano ESQUERA MORA JOSE MANUEL, dueño de la bicicleta, al Ciudadano José Manuel Ezquerra quien conducía la bicicleta, Parra Richard Alejandro y Alberto Iriarte quienes acompañaban al joven al momento de ser despojado de su bicicleta, y del ciudadano Felix Libardo Mora tío de la victima dejaron constancia de todos los acontecimientos ocurridos, los cuales fueron contestes en afirmar que al momento de ser aprehendido el hoy imputado se encontraba en posición de la bicicleta que le había sido despojada al ciudadano Jose Manuel esquera momentos antes. Acta de Inspección tecnica de fecha 06 de Febrero de 2008, de una bicicleta marca GRECO, color verde y negro de Rin N°26 serial Nº SO77810484, con inscripción en los laterales izquierda y derecha, donde se puede leer, 26 MTB –Spedd, lo que acredita efectivamente la existencia de la misma. Ahora bien, de las actas procesales anteriormente mencionadas, las cuales concatenadas y relacionadas entre sí, configuran para quien aquí decide suficientes y fundados elementos de convicción para determinar que el ciudadano SANDRO JAVIER SOTO es autor o participe de los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Hechos estos que no lograron ser desvirtuados por la defensa durante la audiencia de presentación. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Respecto a este último ordinal, es conveniente resaltar que tales peligros, es decir, de peligro de fuga o de obstaculización no deben ser concurrentes, basta la existencia o demostración de uno de ellos para satisfacer el mencionado ordinal, sin embargo en el presente caso los delito que les ha sido imputado es un delito grave, y en cuanto al robo agravado, este ha sido calificado por la Jurisprudencia patria, así como la más calificada doctrina Nacional, como pluriofensivo, ya que lesiona un conjunto de derechos o bienes jurídicos tutelados como lo es, la propiedad, la libertad personal y la vida misma, tal y como lo ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia reiterada del 24-11-04 y ratificada en sentencia 34 del 20-01-06 cuando estableció lo siguiente: “EL ROBO, por la pluralidad de bienes jurídicos protegidos, es un delito complejo. Además de la propiedad, con la ejecución de un ROBO se puede atacar bienes de heterogénea naturaleza como la libertad, la integridad física o la vida...”. Recientemente sostuvo la Sala en sentencia 227, expediente 1687 del 17-2-06, lo siguiente: “...Con relación al robo, debe señalarse que el mismo constituye un delito pluriofensivo, toda vez que afecta a una multitud de bienes jurídicos penales, tales como la libertad y la propiedad...”. Por otra parte, y en relación a la pena que establece el tipo delictual de Robo Agravado, es de 10 a 17 años de prisión, pena esta que el de quantum elevado. Establecido lo anterior no cabe duda de la gravedad de uno de los hechos imputado a el ciudadano hoy imputado. Aunado al hecho que el ciudadano se encuentra requerido por dos Tribunal de la República, y que al momento de identificarse siempre mantuvo un nombre y una cedula de identidad que no le corresponde. Ahondando un poco mas sobre el peligro de fuga la Sala Constitucional, estableció en sentencia de fecha 15 de mayo de 2001, lo siguiente; “...es potestad exclusiva del juez determinar cuando existe la presunción razonable del peligro de fuga...se trata de una apreciación discrecional que dependerá en todo caso de la ponderación de las circunstancias del caso concreto en los autos...” (Ponencia Dr. Antonio García García Exp. 01-0380). Por otro lado en cuanto a la obstaculización, considera quien aquí decide que es igualmente presumible que los imputados podrían obstaculizar la búsqueda de la verdad influyendo sobre sus victimas, y los posibles testigos, para que estos no acudan a los órganos de investigaciones penales o a los Tribunal cuando sea procedente su llamado, comportándose de manera desleal y poniendo en peligro la investigación y en fin la imposición de las sanciones necesarias a los culpables de los hechos delictivos, de allí pues que se refuerza más la necesidad de asegurar el proceso judicial con la medida de privación de libertad. Y así se decide. En atención a todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal concluye que se acreditan en el presente caso, las exigencias de la normativa adjetiva penal, que hacen procedente el decreto de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado de autos; y así se decide. En atención a todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal concluye que se acreditan en el presente caso, las exigencias de la normativa adjetiva penal, que hacen procedente el decreto de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del imputado de autos; y así se decide. DISPOSITIVA Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve: UNICO DECRETA LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad con lo establecido en los Artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano SANDRO JAVIER SOTO GOMEZ de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 16.756.298, de Veintidós (22) años de edad, nacido en fecha 02-10-1985, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Albañil, Hijo de Dolores Gómez y Víctor Soto, natural de Los Taques y residenciado en Sector Bella Vista, Calle Del Este, Casa N° 8, cerca de un Auto parabrisas. Punto Fijo, Estado Falcón, por la presunta comisión del delito de por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en el artículo 455 del Código Penal Venezolano. Asimismo se decreta el Procedimiento Ordinario según el Artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 051818 de fecha 23 de Octubre de 2007. Remítase el presente asunto a la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público en su oportunidad procesal correspondiente. Líbrese las correspondientes Boletas de notificación a las partes de la publicación de la presente resolución. Regístrese, Publíquese y Cúmplase con lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE CONTROL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, a los tres (03) días del mes de Marzo de 2008. Años 197° de la Independencia y 149° de la Federación. El Juez Segundo de Control El Secretario Abg. Víctor Molina Valdez Abg. Dayana Rovira. .