TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Ejecución de Sentencia y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón

Santa Ana de Coro, 27 de mayo de 2.008
197º y 148º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2006-002322

Compete a este Tribunal de conformidad con los artículos 479, 495 y 498, del Código Orgánico Procesal Penal, decidir respecto a la solicitud de suspensión condicional de la ejecución de la pena solicitada por los sentenciados LUIS MANUEL AMAYA PEROZO, Venezolano, mayor de edad, de 23 años de edad, obrero, natural y residenciado en el sector Antiguo Aeropuerto, sector 7, vereda 23, casa número 40, Punto Fijo, estado Falcón y titular de la cédula de identidad V-16.755.378, y ADRIAN RAFAEL NARANJO BERMUDEZ, Venezolano, mayor de edad, de 21 años, obrero, residenciado en Caja de Agua, calle Acueducto, casa número 147, Punto Fijo, estado Falcón y titular de la cédula V-18.449.568, quienes fueron sentenciados a cumplir la pena de tres (3) años de prisión, por la comisión del delito de Contrabando, previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrabando.

Presentada la solicitud el Tribunal procedió a imponer a los penados de los requisitos exigidos por la norma adjetiva penal para la procedencia del beneficio post condena de suspensión condicional de la ejecución de la pena a los fines de que consignara los requisitos que de su parte deben constar, y, a su vez recopilar los demás recaudos que el tribunal debe propulsar.

Estando dentro del lapso de ley conforme al artículo 498 del Código Orgánico Procesal Penal, se colocó el expediente a la vista del juez quien con tal carácter suscribe la presente decisión, la cual se explana previa las siguientes consideraciones:

Establece el artículo 494 del Código Adjetivo Penal, lo siguiente:

“Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena. Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar al Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá:

1. Que el penado no sea reincidente, según certificado expedido por el Ministerio del Interior y Justicia;
2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años;
3. Que el penado se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado de prueba;
4. Que presente oferta de trabajo; y
5. Que no haya sido admitida en su contra, acusación por la comisión de un nuevo delito; o no le haya sido revocada cualquier formula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad.

Si el penado hubiere sido condenado mediante la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años, no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
De la norma comentada se evidencia un concurso de requisitos que el penado debe cumplir a los fines de la concesión del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero, adicionalmente el legislador adjetivo penal Patrio condiciona su otorgamiento en el caso de aquellas personas sentenciadas por el procedimiento especial de admisión de los hechos, a que no hayan sido condenados a más de tres (3) años de prisión.

En el caso de marras los penados LUIS MANUEL AMAYA PEROZO y, ADRIAN RAFAEL NARANJO BERMUDEZ fueron sentenciado a cumplir la pena de tres (3) años de prisión, por la comisión del delito de Contrabando, de modo que se concluye que dicha limitante no le es aplicable puesto que la pena es menor a la prevista por el legislador como motivo de negativa del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Ya entrando en la verificación del cumplimiento de los requisitos para la procedencia del beneficio solicitado observa esta instancia judicial que:

Corre inserto a los folios 75 y 92 del expediente certificado de antecedentes penales emanado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones del Interior y Justicia, en cuyo documento el funcionario que la suscribe deja constancia que los sentenciados no poseen antecedentes penales previos a la comisión del delito por el que fueron declarados culpables penalmente.

De los folios 144 al folio 147 (Luis Manuel Amaya Perozo) y 150 al 153 (Adrián Rafael Bermudez Naranjo) del expediente riela informe psicosocial practicado a los penados de autos, que consistió en la evaluación social, psicológica y revisión y análisis del expediente personal concluyendo los profesionales de la sociología y psicología que los sentenciados reúnen los requisitos y condiciones para optar al beneficio solicitado poseyendo entre otros, autocrítica, capacidad de tolerancia a las frustraciones, afectividad sana y control de impulsos, mínimo nivel de peligrosidad, concluyendo así en opinión favorable a la concesión del beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Corre inserto al folio 148 constancia de trabajo correspondiente al reo Luis Manuel Amaya Perozo, siendo verificada por la Unidad de Tratamiento y Apoyo al Sistema Penitenciario del estado Falcón, de ella se desprende que el sentenciado labora en la Panadería y Pastelería “El Castelo de Luis” y se desempeña como despachador.

Corre inserto al folio 154 constancia de trabajo correspondiente al reo Adrián Naranjo, siendo verificada por la Unidad de Tratamiento y Apoyo al Sistema Penitenciario del estado Falcón, de ella se desprende que el sentenciado labora en la empresa comercial “Inversiones Yuor Car’s C.A”, y se desempeña como depositario.

Se evidencia igualmente que los penados no son reincidentes y tampoco se tiene evidencia que haya cometido un nuevo delito o que se le haya revocado alguna medida alternativa de cumplimiento de pena, lo cual se compadece lógicamente con el certificado de antecedentes penales ya discutido.

Finalmente, se observa al folio 142, que los penados concurrieron ante la sala de audiencia de este Despacho Judicial y se comprometieron a cumplir con las condiciones y obligaciones que le imponga el Tribunal en el caso del otorgamiento del beneficio post condena.

Así las cosas y cumplido como han sido los extremos del artículo 494 del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente y ajustado a derecho es otorgar a los penados LUIS MANUEL AMAYA PEROZO y, ADRIAN RAFAEL NARANJO BERMUDEZ, el beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 495 eiusdem, fija el plazo de DOS (2) AÑOS, de régimen de prueba y les impone las siguientes obligaciones.

1) Presentarse ante el Tribunal y ante el Delegado de Prueba cada treinta (30) días.
2) Presentar al Tribunal cada tres (3) meses constancia de trabajo debidamente actualizada.
3) No cambiar de residencia ni de trabajo sin autorización expresa del tribunal a cuyos efectos y de ser el caso deberá informar oportunamente a este Despacho Judicial a los fines de la opinión de rigor.
4) No incurrir nuevamente en la comisión de algún tipo delictual.
5) No comercializar, adquirir, negociar, traspasar, etc, bienes cuya procedencia lícita no puedan ser verificados.
6) Las demás que les imponga el Delegado de Prueba.

De conformidad con el artículo 496 del Código Orgánico Procesal Penal, se les designa una (o) de las (os) Delegadas (os) de Prueba adscritas (os) a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario quien será la (el) encargada (o) de supervisar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los penados mediante la presente decisión, debiendo presentar dicho (a) funcionario (a) los informes a los que se refiere el último aparte del citado artículo. Y así se decide.
DISPOSITIVA
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro, otorga el beneficio de SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, a los sentenciados LUIS MANUEL AMAYA PEROZO y, ADRIAN RAFAEL NARANJO BERMUDEZ, identificados ampliamente al inicio del fallo, quienes fueron condenados a tres (3) años de prisión por el delito de Contrabando, previsto en el artículo 2 de la Ley de Contrabando, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 494, 495 y 498 del Código Orgánico Procesal Penal. Fija el plazo de DOS (2) AÑOS de régimen de prueba y les impone las obligaciones señaladas en la parte motiva de la decisión.

Regístrese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a las partes. Cítese a los penados para imponerlo de la decisión. Líbrese oficio a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario anexo copia certificada de la decisión y al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia.
EL JUEZ,

JUAN CARLOS PALENCIA GUEVARA
LA SECRETARIA,

JULIMED AÑEZ