REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 12 de Noviembre de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2008-001940 ASUNTO : IP01-P-2008-001940 Corresponde a este tribunal emitir pronunciamiento judicial de conformidad con lo estipulado en el artículo 173 del Código Adjetivo Penal, en relación al escrito de Revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de libertad, solicitado por la Defensora Pública Primera, defensora de los ciudadanos WILLIAM MORALES y MIRIAN FREITES, luego de un análisis acucioso de las actas que conforman la presente causa, y previa las siguientes consideraciones: DEL ESCRITO DE SOLICITUD PLANTEADO La Defensora Pública Primera fundamenta su escrito de solicitud de revisión de medidas sobre la base del artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitando la revisión y revocación de la Medida de Privación Judicial Preventiva de la Libertad, y en su sustitución otorgarle la libertad plena o dictar una menos gravosa de las que este tribunal considere pertinente de las establecidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. MOTIVACIONES PARA DECIDIR Es menester señalar, que los Principios de Presunción de Inocencia y de Afirmación de la Libertad, consagrados en la constitución y la norma adjetiva penal, son de estricta observancia para los administradores de justicia, por considerar que las disposiciones que autorizan a privar o restringir la libertad y otros derechos de los acusados son de estricta aplicación excepcional, de hecho, la aplicación de una Medida Privativa Judicial Preventiva de Libertad, solo es procedente, en los casos y bajo las circunstancias que excepcionalmente autoriza la Ley. Otro aspecto importante a considerar es el contenido de las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de aplicación preferente sobre cualquier otra norma nacional, entre las cuales se encuentran los artículos 29 y 271, a saber: “Artículo 29. El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”. “Artículo 271. En ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de deslegitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros Estados y contra los derechos humanos. No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes. Asimismo, previa decisión judicial, serán confiscados los bienes provenientes de las actividades relacionadas con los delitos contra el patrimonio público o con el tráfico de estupefacientes. El procedimiento referente a los delitos mencionados será público, oral y breve, respetándose el debido proceso, estando facultada la autoridad judicial competente para dictar las medidas cautelares preventivas necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil”. (negrillas propias) En base a las normas arriba esbozadas y de conformidad con el criterio de la Sala de casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 359 de fecha 28-03-2000, mediante la cual se asienta el criterio de considerar a los “delitos de drogas” como de lesa humanidad, la sentencia in comento es del siguiente tenor: El hecho de que la novísima Constitución haya anatematizado esos delitos con su imprescriptibilidad y además con la incondicional extradición de los extranjeros que lo cometieren (pese a la negativa del cuarto aparte del artículo 6° del Código Penal y a que en algunos países castíganse tales delitos con la pena de muerte o con la cadena perpetua), se debe a que los conceptúa expresamente como delitos de lesa humanidad. La circunstancia de que la Constitución solamente haya incluido el tráfico de estupefacientes, no significa que el de psicotrópicos (LSD y "éxtasis", por ejemplo) no sea susceptible de la imprescriptibilidad e incondicional extradición comentada, ya que tal omisión involuntaria configura un tan evidente como simple error de forma, vacuo de contenido substancial. La misma Constitución suministra la regla a seguir en estas situaciones: "ARTÍCULO 257 DE LA CONSTITUCIÓN: El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por omisión de formalidades no esenciales.” (Resaltado de la Sala). En verdad, sí son delitos de lesa humanidad y por tanto de leso Derecho, ya que causan un gravísimo daño a la salud física y moral del pueblo, aparte de poner en peligro y afectar en realidad la seguridad social (por la violenta conducta que causa la ingestión o consumo de las substancias prohibidas) y hasta la seguridad del Estado mismo, ya que las inmensas sumas de dinero provenientes de esa industria criminal hacen detentar a ésta un poder tan espurio cuan poderoso que puede infiltrar las instituciones y producir un “narcoestado”: poco importa que sólo sea un Estado “puente”, o se crea o se finja creer que lo es, porque aun en ese caso se ha establecido que de allí se pasa siempre a estadios más lesivos: Estado “consumidor”, “productor” y “comercializador”. A sabiendas de que no es ortodoxo que una sentencia "justifique" la ley, ya que bastaría con invocarla; pero dadas las circunstancias y para únicamente hacer pedagógica referencia a los estragos de la cocaína en la salud física y moral Los planteamientos anteriores sirven de soporte para considerar, que en el asunto de marras, resulta improcedente sustituir la medida Judicial de Privación Preventiva de Libertad impuesta a los acusados anteriormente identificados, toda vez que constitucionalmente existe la imposibilidad de desvirtuar el alcance y sentido del artículo 250 de la norma adjetiva penal, una vez que dicha medida ha sido decretada; por ser considerados los delitos de “drogas” como un delito de lesa humanidad. Así se decide.- DISPOSITIVA En virtud de todas las consideraciones que anteceden, este Juzgado Tercero en Funciones de Control administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: SIN LUGAR la solicitud de revocación o sustitución por una medida menos gravosa, de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta a los acusados WILLIAM MORALES y MIRIAN FREITES, por considerar este Tribunal que constitucionalmente existe la imposibilidad para quienes estén enjuiciados por el delito “drogas” a obtener medidas cautelares sustitutivas de la medida de privación de libertad cuando la misma haya sido decretada. En consecuencia se mantiene la Medida impuesta a los acusados. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Cúmplase. LA JUEZA TERCERO DE CONTROL DRA. EVELYN PÉREZ LEMOINE LA SECRETARIA Abg. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2008-001940 ASUNTO : IP01-P-2008-001940 l