REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Año: 198º y 149º PARTE ACTORA: BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL, Sociedad Mercantil inscrita por ante Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de enero de 2001, Bajo No. 17, Tomo 10-A-Pro. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LUIS ABRAHAM RIZEK RODRIGUEZ, Abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 10.061. PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA MARVEL, C.A., Sociedad Mercantil inscrita por ante Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 22 de enero de 1998, Bajo No. 40, Tomo 16-A-Sgdo. MOTIVO: EJECUCIÓN DE HIPOTECA. EXPEDIENTE Nº: 06-9015. - I – SINTESIS DEL PROCESO Se inició el presente juicio mediante libelo de demanda que introdujera la sociedad mercantil BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL, por el cual demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA a la sociedad mercantil CONSTRUCTORA MARVEL, C.A. Dicha demanda le tocó conocer a éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, luego de haber sido efectuado el sorteo correspondiente por ante el Juzgado Distribuidor de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; el cual procedió a su admisión en fecha 24 de noviembre de 2006, y en el mismo acto, ordenó practicar la intimación de la parte demandada, a fin de que comparezca y de contestación de la demanda. En fecha 24 de noviembre de 2006, este Juzgado decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre el bien inmueble propiedad de la parte demandada identificado en los autos. Habiéndose agotado el trámite referente a la citación personal de la parte demandada, sin poderse lograr la misma, la parte actora solicitó en fecha 1 de febrero de 2007, la intimación por carteles de la misma. Por auto de fecha 14 de febrero de 2007, este tribunal acordó la intimación por carteles de la parte demandada. En fecha 7 de junio de 2007, la parte demandada consignó escrito de convenimiento en la demanda. En fecha 20 de junio de 2007, este Tribunal se abstuvo de impartir homologación a la transacción consignada a los autos. En fecha 26 de junio de 2007, el apoderado judicial de la parte actora solicitó que se considere el decreto como con autoridad de cosa juzgada y se decrete la medida de embargo ejecutivo. Por auto de fecha 7 de agosto de 2007, este Tribunal decretó el embargo ejecutivo de conformidad con lo establecido en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil. - II – MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Vistas las actuaciones realizadas en el presente expediente este sentenciador procede a formular el cómputo de las mismas: De las actas del presente expediente se desprende, que en fecha 7 de junio de 2007, la parte demandada quedó debidamente intimada en el presente proceso. En virtud de lo anterior, debe considerarse como debidamente intimada a la parte demandada desde el 7 de junio de 2007, fecha en que se consignó en el expediente el escrito de convenimiento por parte del Director ejecutivo de la parte demandada. Ahora bien, al haber actuado en el expediente la sociedad mercantil demandada, ésta quedó debidamente intimada de conformidad con lo establecido en el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Desde el día 7 de junio de 2007, exclusive, comienza a contar el lapso para la oposición de la demandada. De autos se desprende que tales días fueron: 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19 y 20 de junio de 2007 para hacer oposición al derecho a cobrar, pagar, haber pagado las cantidades reclamadas. De autos se desprende que el día 20 de junio de 2007, venció el lapso para realizar la oposición a la demanda, no verificándose la misma en autos. Ahora bien, no habiéndose verificado el acto de oposición al decreto intimatorio este sentenciador pasa a realizar las siguientes consideraciones: Habida cuenta de las indicadas circunstancias, debe procederse a una breve revisión del artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, que literalmente dispone lo siguiente: “Artículo 662.- Si al cuarto día no acreditaren el deudor o el tercero haber pagado, se procederá al embargo del inmueble, y se continuará el procedimiento con arreglo a lo dispuesto en el Título IV, Libro Segundo de este Código, hasta que deba sacarse a remate el inmueble. En este estado se suspenderá el procedimiento si se hubiere formulado la oposición a que se refiere el artículo 663. Decidida la oposición, si ella fuera declarada sin lugar, se procederá al remate del inmueble previa la publicación de un cartel fijando el día y la hora para efectuarlo. El acreedor tiene derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva en la oposición, siempre que dé caución que llene los extremos del artículo 590, para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor o del tercero. El Juez será responsable si la caución que haya aceptado resultare después insuficiente.” De la simple lectura del anterior dispositivo legal se pueden apreciar los dos elementos constitutivos de la norma, a saber: a) Un supuesto de hecho: No formulación de la oposición a la demanda, dentro de los ocho días siguientes a su notificación personal practicada; y, b) Una consecuencia jurídica: La procedencia como en caso de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. La oposición a la demanda constituye el acto procesal mediante el cual la parte demandada ejerce su derecho constitucional a la defensa y admite o rechaza la pretensión del accionante. Como se puede apreciar, el derecho a la defensa lo ejerce la parte demandada, por primera vez en este tipo de procesos, con la oposición al decreto intimatorio. Sin embargo, el demandado, bien sea por rebeldía o por negligencia, puede no ejercer ese derecho, y negarse de esta manera a hacerse parte en juicio, lo que traería consigo, en virtud del derecho a la defensa que asiste a la demandada, la imposibilidad de reclamar eficazmente sus derechos. Lo anterior fue resuelto a través de la creación de la figura de la declaratoria de firmeza del decreto intimatorio, la cual esta prevista en nuestra legislación en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, el cual considera necesaria este Tribunal traer a colación. Esta figura se refiere a la posibilidad que existe de que el demandado, estando en contumacia, se niegue a oponerse al decreto intimatorio, para lo cual el legislador venezolano establece la sanción mencionada en el artículo supra citado, así como el embargo del inmueble objeto del litigio. Por lo antes dicho, es que para la oposición al decreto intimatorio existe una oportunidad preestablecida por la Ley Adjetiva que rija el proceso que se trate, y que de no hacerlo en esa oportunidad, correrá con la suerte del artículo 662 ibidem. Al considerar este Sentenciador, que la parte demandada quedó debidamente intimada en fecha 7 de junio de 2007, tal y como se evidencia de los autos que conforman el presente expediente; y por ende, comenzando a correr el lapso de 8 días para formular oposición al decreto intimatorio, lo cual no se produjo en este proceso. Con vista a estos requisitos, el Tribunal observa que el demandado, luego de quedar debidamente intimado para dar oposición al decreto intimatorio, no compareció a dar tal oposición al decreto intimatorio, quedando este como no realizado. Ahora bien, este Juzgador, considera que en este caso la parte demandada no realizó oposición al decreto intimatorio y siendo que los hechos sucedidos en este proceso guardan perfecta relación de identidad respecto del supuesto de hecho abstractamente consagrado en la norma anteriormente transcrita, necesariamente debe producirse la consecuencia jurídica establecida en el artículo 662 del Código de Procedimiento Civil, es decir, resulta imperativo concluir que en este juicio ha quedado firme el decreto intimatorio. Así se declara.- - III – DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara FIRME EL DECRETO INTIMATORIO dictado como consecuencia de la demanda por EJECUCIÓN DE HIPOTECA incoada por la sociedad mercantil BFC BANCO FONDO COMUN, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA MARVEL, C.A. Se condena en costas a la parte demandada, en virtud de lo contemplado en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese, Publíquese, Notifíquese. Déjese Copia Certificada de la presente decisión en la sede del Tribunal de conformidad con lo dispuesto en la parte in fine del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los ( ) días del mes de octubre de dos mil ocho (2008). EL JUEZ, LUIS HERRERA LA SECRETARIA, MARIA GABRIELA HERNANDEZ RUZ En la misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia siendo las________. LA SECRETARIA, LH/VyF. Exp. No. 06-9015.