REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS 198° y 149° PARTE DEMANDANTE: FLY SEA TRANSPORT, S.R.L. Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Camera di Commercio en la ciudad de Milano de la República de Italia bajo el Nº 0314999 R.E.A. 1123068. APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: LORENZO TOVAR y EDGAR ANGULO ALBORNOZ, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 91.003 y 25.622 respectivamente. PARTE DEMANDADA: NOVOPEN C.A., Sociedad Mercantil inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital en el Registro Mercantil IV, en fecha 10 de enero del 2000 , bajo el Nº 39, Tomo A-1. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES.- Se inició el presente juicio por demanda presentada el 27-7-2004, ante el distribuidor de turno, admitiéndose en fecha 23-8-2004, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de su intimación, más 5 días como término de la distancia, pagasen, acreditasen haber pagado o formulasen oposición de las cantidades demandadas. En fecha 4-4-2005 se abrió el cuaderno de medidas, pronunciándose en la misma fecha respecto a la solicitud de embargo provisional, exigiéndose a la parte actora constituir fianza o garantía suficiente hasta cubrir la cantidad demandada. Cursa a los autos diligencia suscrita por el Alguacil de este tribunal en fecha 1-8-2005, en la que informa haberse trasladado en varias oportunidades a intimar al ciudadano Andrea Rafaeli Careglio, en su carácter de director de la Empresa demandada, siendo imposible su intimación. De conformidad con las facultades conferidas a este Tribunal por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, este despacho procede de oficio a hacer el siguiente pronunciamiento: La figura de la perención es una institución procesal en virtud de la cual opera la extinción de la instancia por inactividad del proceso durante el lapso establecido por el legislador. La Doctrina ha señalado que la perención es una de las formas anormales de la terminación del proceso. Al Estado no le interesa mantener indefinidamente los juicios, pues ello perturba la paz social, jurídica y económica de la colectividad. El ilustre maestro Arístides Rengel Romberg ha señalado que: “La perención de la instancia es una figura que extingue el proceso, no ya por un acto de parte, sino por la inactividad de las partes durante un cierto tiempo”. Etimológicamente, la palabra perención viene del vocablo latino perimire perention, que significa extinguir, e instancia de instare, que resulta de la composición in y el verbo stare, por lo que técnicamente se definiría como el aniquilamiento de la instancia por la inacción o inercia en el proceso, mediante un tiempo determinado por la ley, que debe ser voluntaria. Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido nuestro Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente: “…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer”. En nuestra ley procesal, la perención se encuentra regulada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual prevé: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. En el caso de autos, observa quien suscribe que desde el día 1-8-2005, fecha en la cual el Alguacil dejó constancia de no haber logrado la intimación del demandado y hasta la presente fecha, no existe ningún acto de procedimiento realizado por la parte actora, dirigido a intimar al demandado y proseguir el proceso, lo que evidencia que en el presente juicio ha transcurrido más de un año sin que la parte actora haya realizado ningún acto de procedimiento, incumpliendo sus obligaciones de impulsar el proceso, todo lo cual es traducido en inactividad procesal dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el supra transcrito artículo 267 del Código Adjetivo, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ( ) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008). Años 198° de la Independencia y 149° de la Federación. La Juez. María Rosa Martínez C. La Secretaria. Norka Cobis Ramírez. En la misma fecha de hoy /9/2008 siendo las 2:30 p.m., previo el anuncio de ley, se registró y publicó la anterior decisión. La Secretaria Exp. 40774