REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 6 de Agosto de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-O-2009-000012
ASUNTO : IP01-O-2009-000012
JUEZ PONENTE: ANTONIO ABAD RIVAS
Dio origen al presente asunto la acción de amparo constitucional interpuesto por los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE, mayor de edad, venezolana, titular de la C.I 4.659.999 y ANGEL E., CAGUAO BERMUDEZ, mayor de edad, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 11.765.492, ambos con domicilio en la calle Urdaneta, casa N° 40, del sector Las Piedras, Punto Fijo estado Falcón, actuando como “Defensores de Derechos Humanos”, por el deber que [les} impone el artículo 132 de la Nuestra Insigne Carta Magna y reglamentando [su] actuación más aún como peticionarios a tenor de lo establecido en el artículo 6 y 9 numeral 3, literales A y B de la RESOLUCIÓN A/RES/53/144 de fecha 08 de marzo del año de 1999. Denominada: Declaración sobre el Derecho y el Deber de los individuos, de los grupos e instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos”.
Ingreso que se efectuó al asunto el día 29 de junio de 2009 se dio cuenta en Sala, designándose Ponente al Juez quien con tal carácter suscribe.
En fecha 20 de julio de 2009 la Jueza Marlene Marín de Perozo se inhibió de conocer el asunto, librándose oficio al Juez Presidente de este Circuito Judicial Penal para la selección del suplente respectivo en fecha 30 de julio de 2009.
En fecha 31 de julio de 2009 se recibió oficio procedente de la Presidencia, donde participan que resultó seleccionado para integrar la Sala como Juez Suplente el Abogado JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CELIS, librándose la respectiva convocatoria, siendo convocado el 03 de agosto de 2009 y abocándose al conocimiento del presente asunto en esta misma fecha.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN DE AMPARO
La acción fue ejercida con base en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 38 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, contra el Juez del Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal extensión Punto Fijo, Abogado Kervin E. Villalobos M., basando sus pretensión en los siguientes alegatos:
Aseveran que el ciudadano ISAAC QUERALES se mantiene privado de manera arbitraria desde el origen de la causa signada con el numero IP11-P-2009-001016, de fecha 29-04-2009, donde en la audiencia de presentación se demostró según sus defensores privados, que las actuaciones están totalmente viciadas por los funcionarios del C.I.C.P.C. delegación Punto Fijo, y el Juez señalado de agraviante conociendo los mismos alegatos interpuestos por la defensa y con testigos, se ha adherido a la acusación del Fiscal, señalado los accionantes, que los funcionarios son los principales elementos criminógenos del país, pues con sus medidas de precalificación lo que generan es más delincuencia.
Aprecian que los jueces en aras de restablecer la situación jurídica infringida deben aplicar la norma “INTRINSECAMENTE DE MANERA FERREA”, para que se subsane la situación, pues al ciudadano ISAAC QUERALES se le vienen violando sus derechos fundamentales como son el derecho a la vida y el derecho a la salud, regulados constitucionalmente en los artículos 43 y 83, y a raíz de ello se violan los artículos 2, 7, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 44, 46, 49, 51, 257 y 335, relativos a que la Republica Bolivariana de Venezuela se constituye en un estado Democrático de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad y preeminencia de los Derechos Humanos, así como el respecto a la Constitución Nacional, a los derechos humanos, garantías y deberes como disposiciones generales, como el derecho a la libertad personal, respecto a la integridad física, la prohibición a tratos degradantes e inhumanos, la violación al debido proceso, como también no sacrificar la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, a una oportuna y adecuada respuesta, sin formalismo ni reposiciones inútiles.
Estiman que el Juez de la causa mantiene privado de su libertad al ciudadano ISAAC QUERALES en la “Zona II” de Punto Fijo, en condiciones tan críticas de salud, violándole el derecho a la vida, con la suerte de mantenerse vivo en tales condiciones, preguntándose los accionantes, bajo qué fundamento el Juez haya hecho caso omiso a todo escrito o petición interpuesto a favor de dicho ciudadano, con informes médicos que arrojan y demuestran lo grave del caso y de su situación tan grave en materia de salud, por lo que sus familiares temen por el deceso de ISAAC QUERALES, ya que clínicamente el ciudadano no puede seguir recluido en ese sitio, en esas condiciones muchísimas más graves de lo que se imaginan.
Señalan que el Juez sindicado de agraviante mantiene posición contraria de derecho que carece de toda legalidad, ignorando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, e incurriendo en error inexcusable de derecho, en virtud de que según el artículo 334 eiusdem, todos los Jueces o Juezas de la República, en el ámbito de sus competencias están obligados a asegurar la integridad de la Constitución, debiendo prevalecer la Carta Magna sobre cualquier artículo u ordenanza que colide con ella, considerando que en el presente caso la responsabilidad recae toda sobre el Juez accionado, ya que no ha querido tomar ninguna medida que beneficie al agraviado y como daño irreparable sigue incurriendo en escalada de violaciones, dejándose llevar por unas actuaciones policiales totalmente viciadas y que deben ser nulas de toda nulidad por el vicio que arrastran desde el origen de la causa.
Consideran que a ISAAC QUERALES, se le violo el libre tránsito como se evidencia en causa, de transitar libremente sujetado a derecho conforme al artículo 50 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por el hecho “o la sana critica” de que este ciudadano es habitante de “esta comunidad” de donde es nativo.
Afirman que para nadie es un secreto que la mayoría de estos funcionarios del gobierno arremeten a diario contra habitantes del buen vivir en “esta localidad”, en general por abuso de autoridad y de sus investiduras incurren en sobornos, matraqueos, chantajes, haciendo uso de sus armas de reglamento y amenazan y dañan o desgracian familias enteras con esas medidas, arrastrando a personas como sucedió en este caso con el ciudadano ISAAC QUERALES, injustamente, como lo demostró su defensor en audiencia, que por el solo hecho de que para el momento este ciudadano venia saliendo de la Farmacia, pues estaba comprando los medicamentos que viene tomando para su control o chequeo de la enfermedad que padece, y para ese momento “para o aborda” un taxi, para que lo llevara hasta su casa, siendo en ese momento cuando son perseguidos por estos “inescrupulosos” funcionarios y allí empieza el calvario, con la salvedad de que no los pudieron matar, pues habían muchos testigos y, muchos no viven para contarlo.
Solicitan que se apliquen los correctivos o medidas necesarias sea desaplicada con urgencia la medida impuesta al ciudadano ISAAC QUERALES, por el derecho a la vida y por su condición crítica de salud, restaurando la constitucionalidad y su libertad, solicitando igualmente, se les entregue copia del “acta levantada en este Acto de inmediato”, y que el Tribunal de origen se inhiba del conocimiento del asunto al evidenciarse su forma parcializada y donde se le violan los derechos humanos al señalado ciudadano. Piden también que con urgencia se remitan las actuaciones “a otro Tribunal en Funciones de Primera Instancia en lo Penal. O a este Tribunal en funciones de Guardia”, evitando que se siga ocasionando más daño del que ha padecido el ciudadano ISAAC QUERALES desde que quedó privado de la libertad.
Arguyen que la pretensión demanda el restablecimiento de las garantías y de derechos constitucionales infringidos, que frente al procedo deben se iguales para todos conforme al artículo 21 de Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “…no es susceptible de ser considerado o valorado según el sujeto que lo demande para su efectivo ejercicio como corresponde así a todos los habitantes tutelados por la misma Ley Orgánica de AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES”, es decir, que los derechos y garantías constitucionales no pueden estar sujetos o depender de la opinión de ninguno de los administradores de justicia, por cual escapan de su férula y se colocan de tal modo independientes e infinitamente iguales, que pueden ser invocadas o socorridas por ellos mismos para su aplicación al amparo de la tutela Judicial efectiva, no admite grado de interpretación ni de aplicación tampoco, son claras y expresas, tanto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Recalcan que el derecho a la vida y su garantía no es discutible, no admite controversia, debe ser así, al igual que el derecho a la libertad, por ser netamente derecho humano y de identidad universal, únicos e indivisibles, sin grado de tratamiento judicial por la forma en como se enuncian en el preámbulo Constitucional; universales e indivisibles, ya que como humanos no se alcanzaría abordarlas para hacer de estos derechos y garantías objeto de cautiverios, ni tampoco de ningún modo fraccionarlas, degradarlas, disminuirlas, como para hacer desaparecerla; en definitiva, tal como lo acentúan los artículos 02, 19 del texto constitucional el cual aluden, la preeminencia sobre los derechos a la vida, salud, la libertad, y que actúa cono el escudo de su armadura a objeto de impedir todo daño alo que es necesario y así lo enfatiza el contenido del artículo 19 de la Constitución de la República, al consagrar con el carácter de interdependencia, irrenunciabilidad e indivisibilidad de los derechos humanos y como garantía tienen en el estatuto constitucional y, que a los fines de la sede constitucional que se estatuye para el amparo constitucional, para su comprensión o entendibilidad, desarrollo y aplicación, esto se halla ordenado en los artículos 1, 4, 14, 26, 30, 42, entre otras de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Manifiestan que el Derecho Humano no es entendible, escapa a toda discusión y su respeto garantía constituye el fundamento mas grande de toda sociedad.
Finalmente interponen medida de Amparo Constitucional, según lo previsto en la Constitución y las leyes y llenado los requisitos exigidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo, por el derecho a la vida de Isaac Querales.
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA
Conforme se extrae de los argumentos expuestos por los accionantes, la presente acción de amparo ha sido incoada contra actuaciones del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Segundo de Control de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal en el proceso principal seguido contra el ciudadano ISAAC QUERALES, motivo por el cual esta Corte de Apelaciones es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
La presente acción de amparo constitucional fue intentada contra actuaciones del Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Segundo de Control de la Extensión Punto Fijo de este Circuito Judicial Penal, ejercida por los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE y ÁNGEL E, CAGUAO BERMÚDEZ, sin asistencia de Abogado, quienes manifiestan actuar como defensores de Derechos Humanos y en representación del ciudadano ISAAC QUERALES, denunciando la violación de los derechos a la vida y a la salud consagrado en los artículos 43 y 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto lo mantiene privado de su libertad y de una manera arbitraria, desde la audiencia de presentación, donde se demostró, según sus defensores que se trataba de actuaciones viciadas por los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Delegación Punto Fijo, no tomando en consideración todos los argumentos de sus Defensores, adhiriéndose el Juez a la acusación del Ministerio Público, violentándole además otros artículos de la Carta Magna, como los previstos en los artículos 2, 7, 19, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 44, 46, 49, 51, 257 y 335.
Como punto previo debe esta Sala pronunciarse respecto de la falta de legitimación de los mencionados ciudadanos que actuaron en representación del ciudadano Isaac Querales para interponer la presente acción de amparo ante esta Corte de Apelaciones, para lo cual observa:
La presente acción de amparo constitucional fue suscrita por los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE y ÁNGEL E, CAGUAO BERMÚDEZ, quienes manifiestan actuar en sus condiciones de Defensores de Derechos Humanos, conforme al deber que les impone el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a favor del ciudadano ISAAC QUERALES, y la legitimación activa en materia de amparo constitucional, le corresponde, conforme a doctrina reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a quien se afirma agraviado en sus derechos constitucionales y, en el presente caso, el supuesto agraviado no otorgó un mandato o poder que permitiera que los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE y ÁNGEL E, CAGUAO BERMÚDEZ, ejercieran su representación de manera efectiva y válida en el presente procedimiento de amparo constitucional.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 1894 del 27 de octubre de 2006, (caso: Cleveland Indians Baseball Company) dictaminó:
“Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Destacado de la Sala).
En el caso que se analiza los accionantes en amparo manifiestan actuar como defensores de Derechos Humanos, sin indicar ni probar ante esta Sala la cualidad que se atribuyen ni consignaron poder o mandato que los autorice a accionar en nombre y representación del presunto quejoso, de lo que se desprende que carecían de representación necesaria para actuar en nombre del precitado ciudadano en el presente juicio. Así se declara.
En tal sentido, la mencionada Sala, en sentencia del 19 de julio de 2000 (caso: Rubén Darío Guerra), interpretó el contenido del artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al disponer:
“De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción. Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra –si la acción se interpone personalmente- el que el actor esté representado o asistido por abogado.
Conforme al artículo 16 eiusdem, la acción de amparo puede interponerse por vía telegráfica y ratificada personalmente por el accionante, sin exigencia alguna de asistencia o representación de abogado.
Lo que es necesario, es que quien intente la acción sea identificado por el Tribunal que conocerá del amparo, en otras palabras: que exista certeza legal de la autoría del escrito o declaración donde se solicita el amparo, lo que se logra con la identificación que el Secretario del Tribunal hará de los querellantes, cuando el amparo se presente escrito u oral, o con la ratificación personal ante el Tribunal del amparo telegráfico. Es más, considera la Sala, que un amparo en caso de suma urgencia, para impedir una caducidad (por ejemplo), puede ser enviado mediante un disquette u otro instrumento de procesamiento mediante máquinas y hasta por un sistema de facsímil (fax), siempre que el autor acepte de inmediato la autoría de lo impreso y transcrito, teniéndose con carácter retroactivo interpuesto el amparo, una vez ratificado por el accionante.
Ahora bien, si el amparo va a interponerse mediante apoderado, éste si deberá ser un abogado en ejercicio, ya que se trata de comparecer por otro en juicio, lo que es función exclusiva de los abogados, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Abogados.
El acceso a la acción de amparo debe ser tal, debido a la necesidad de mantener y hacer efectiva la cobertura constitucional, que la interposición de la acción, a juicio de esta Sala, puede ser realizada por quien alegue ser víctima de la infracción constitucional, así no tenga el libre ejercicio de sus derechos, y que luego de recibido y puesto en funcionamiento el trámite procesal, se llame a quien represente o complemente la capacidad del accionante para que la ratifique.
Consecuencia de lo expuesto, es que el accionante de amparo no requiere la asistencia o representación de abogados para intentar la acción, motivo por el cual esta Sala disiente de la doctrina del fallo consultado.
Advierte esta Sala, que si bien es cierto que para incoar la acción de amparo no se necesita de la asistencia o representación de abogados, no es menos cierto que para los actos del proceso, quien no es abogado debe al menos estar asistido por un profesional del derecho, y ante la constatación de que el accionante que no es abogado, presentó su escrito sin asistencia o representación de abogados, de ser admitido el amparo y precaviendo que el supuesto agraviado no concurriere a la audiencia constitucional o a otros actos del proceso asistido por profesionales del derecho, al admitir el amparo el Tribunal que lo conoce debe ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, para que en razón de los numerales 1 y 3 del artículo 281 de la vigente Constitución, si el accionante se negare a nombrar abogado, lo asista en los aspectos técnicos de la defensa de sus intereses. Cuando se trate de menores, que se encuentren en la situación señalada en este fallo, los Tribunales que conocen el amparo notificaron a los órganos de asistencia jurídica del menor, conforme a la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente.
Cuando el supuesto agraviante comparezca a la audiencia constitucional sin la asistencia o representación de abogado, en aras a la celeridad procesal que informe el proceso de amparo, el Tribunal nombrará en el mismo auto un abogado asistente, y solo a falta de éste, se le permitirá la defensa personal, sin profesional del derecho que lo asesore”. (Resaltado de este fallo).
Obsérvese que en el caso que se analiza se denuncia la vulneración de los derechos constitucionales a la salud y a la vida, que resguardan los artículos 43 y 83 de la Carta Magna, lo que evidencia que no se está en presencia de un amparo a la libertad y seguridad personales, casos en los cuales sí se permite que el agraviado o cualquier persona puedan interponerlo, por escrito o verbalmente, incluso, sin asistencia de Abogados.
Por ello, en el caso que se analiza, importa referir la doctrina que ha sostenido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 14/05/2008, N° 803, en la que ratifica la sentencia N° 102, del 6 de febrero de 2001, esta Sala afirmó lo siguiente:
“...en cuanto a lo que atañe a la naturaleza jurídica del juicio de amparo, y a su teleología, que la falta de legitimación debe ser considerada como una causal de inadmisibilidad que afecta el ejercicio de la acción, pudiendo ser declarada de oficio in limine litis por el sentenciador, con la finalidad de evitar el dispendio de actividad jurisdiccional, lo cual se encuentra en consonancia con el fin último de la institución del amparo constitucional y con los preceptos generales que orientan su concepción, como son la celeridad, la economía procesal y la urgencia, a fin de evitar dilaciones inútiles...”.
Asimismo, en esta misma sentencia la Sala, al analizar la legitimación para la interposición de la acción de amparo constitucional, ratificó las siguientes doctrinas jurisprudenciales:
En sentencia N° 94, del 15 de marzo de 2000, la Sala expresó:
“...Desde la perspectiva de la acción de amparo, la legitimación para proponerla la tiene la persona directamente afectada por la vulneración de derechos o garantías constitucionales. Otra cosa no puede deducirse del artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Garantías y Derechos Constitucionales, cuando expresa que el propósito del amparo es “... que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella...”. Lo cual sólo interesa, necesariamente, a quien ha sido afectado por los eventos que han causado la violación...”.
En la decisión N° 332, del 14 de marzo de 2001, la Sala estableció que:
“... [en] los procesos de amparo es necesario que el accionante afirme la ocurrencia de varias circunstancias:
1) La existencia de una situación jurídica que le sea propia y en la cual se encuentra.
2) La infracción de derechos y garantías constitucionales que corresponden al accionante.
3) El autor de la transgresión.
4) La lesión que las violaciones constitucionales puedan causar o causaron al querellante en su situación jurídica...”.
Por su parte, en el veredicto N° 1807, del 28 de septiembre de 2001, la Sala sostuvo que:
“...el amparo constitucional como medio de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, está limitado sólo a casos en los que sean violados a los peticionarios, en forma directa e inmediata, derechos subjetivos de rango constitucional, para cuyo restablecimiento no existan vías procesales ordinarias, eficaces e idóneas. En consecuencia, sólo procede cuando el accionante, es decir, el sujeto activo de la pretensión tenga aptitud para ser parte del proceso de acuerdo a la relación que exista entre éste y los hechos constitutivos de la lesión aducida.
De acuerdo a lo anterior, la legitimación para ejercer la acción de amparo constitucional, sólo la tiene aquél que se vea lesionado o amenazado con la violación de sus derechos o garantías constitucionales...”.
Al respecto, en el fallo N° 2.177, del 12 de septiembre de 2002, la Sala señaló lo siguiente:
“...El fundamento de las indicadas decisiones parte de que la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no los que tengan un simple interés en que la misma sea procedente, salvo, cuando se trate de un hábeas corpus, en donde la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona, que actúe en nombre del afectado, o cuando se trate de personas colectivas e intereses difusos conforme lo dispone el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el artículo 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales...”.
En consecuencia, esta Sala declara inadmisible in limine litis la presente acción de amparo constitucional, incoada por los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE y ÁNGEL E. CAGUAO BERMÚDEZ, actuando presuntamente como Defensores de Derechos Humanos, a favor del ciudadano ISAAC QUERALES.
DISPOSITIVA
En suma de todo lo antes expuesto esta Corte de Apelaciones Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA: INADMISIBLE IN LIMINE LITIS la acción de Amparo Constitucional interpuesta a favor del ciudadano ISAAC QUERALES, por los ciudadanos DINORA MIREYA GUERRERO VERDE y ÁNGEL E, CAGUAO BERMÚDEZ, quienes manifiestan actuar en sus condiciones de Defensores de Derechos Humanos, por falta de legitimación. Notifíquese. Líbrense boletas de notificación.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones, a los 06 días del mes de agosto de 2009.
GLENDA ZULAY OVIEDO RANGEL
JUEZA PRESIDENTE
ANTONIO ABAD RIVAS JOSE ALBERTO GONZALEZ CELIS
JUEZ TEMPORAL Y PONENTE JUEZ SUPLENTE
MAYSBEL MARTÍNEZ GARCÍA
SECRETARIA
En la misma fecha se cumplió lo ordenado.
La Secretaria
Resolución Nº IG012009000489
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