TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 10 de Agosto de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2009-002423
ASUNTO : IP01-P-2009-002423

AUTO ACORDANDO LIBERTAD E IMPOSICIÓN DE MEDIDA CAUTELAR A TENOR DE LO PREVISTO EN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Vista el escrito interpuesto por la Abg. ISABEL MONSALVE DE LILO, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal actuando en representación del ciudadano CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18155276, obrero, hijo de Rafael Antonio Irausquin y Judith del Valle Ramos, nacido en fecha 14/06/1986, soltero residenciado en Calle Ayacucho, casa sin número de color verde, sector El Cerro, frente a una alcantarilla en el Municipio Los Taques del estado Falcón, en el presente asunto penal por la presunta comisión de los delitos de TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores y ROGO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal, ambos en grado de Cooperador en perjuicio del ciudadano ALBERTO JOSE PEREIRA CARRASQUERO, mediante el cual requiere de este Tribunal la LIBERTAD a favor de su representado a tenor de lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en ocasión a que se cumplieron los DOS AÑOS de reclusión sin que el Ministerio Público haya presentado solicitud de prórroga y sin que se haya celebrado hasta la presente fecha el juicio oral y público.

Este tribunal Segundo de Juicio a los fines de emitir un pronunciamiento sobre la solicitud realizada hace las siguientes consideraciones:

En fecha 26 de julio de 2007 el Fiscal Sexto (e) del Ministerio Público del estado Falcón solicitó al Tribunal de Guardia de Control del Circuito Judicial Penal extensión Punto Fijo, la imposición de una medida de privación judicial de libertad contra el ciudadano CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS por la presunta comisión del delito de Robo Agravado, de conformidad con lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal.

En fecha 26 de julio de 2007, el Tribunal Primero de Control del Circuito judicial Penal extensión Punto Fijo del estado Falcón, decretó la privación judicial de libertad al referido ciudadano, ordenando su reclusión.

En fecha 24 de agosto de 2007 el Fiscal Sexto del Ministerio Público presentó ante el Tribunal Primero de Control del Circuito judicial Penal extensión Punto Fijo del estado Falcón, escrito de Acusación Penal contra el ciudadano CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS por la presunta comisión de los delitos de TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores y ROGO GENERICO, previsto en el artículo 455 del Código Penal, ambos en grado de Cooperador en perjuicio del ciudadano ALBERTO JOSE PEREIRA CARRASQUERO.

En fecha 13 de mayo de 2008 el Tribunal Primero de Control del Circuito judicial Penal extensión Punto Fijo del estado Falcón, celebró Audiencia Preliminar en la cual se admitió totalmente la Acusación interpuesta por el Ministerio Público, por considerar que se encontraban llenos los extremos de ley. Igualmente se ordenó la apertura al Juicio Oral y Público, ordenando remitir la causa a los Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio con respecto al ciudadano acusado CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS.

En fecha 04 de junio de 2008 se recibió la presente causa penal ante el Tribunal de Juicio extensión Punto Fijo del estado Falcón, ordenándose fijar el Juicio oral y público para el día 15 de julio de 2008 a las 09:00 am., observando esta Juzgadora de los autos, hasta la presente fecha el Fiscal Sexto del Ministerio Público del estado Falcón no presentó solicitud de prórroga luego de transcurrido los dos años desde la detención del acusado CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS.

En fecha 15 de julio de 2008 no se celebró el juicio por cuanto no se había constituido el Tribunal Mixto con Escabinos, se fijó la audiencia oral y pública para constituir el Tribunal Mixto para el 02/10/08.

En fecha 02 de octubre de 2008 no se celebró la audiencia oral y pública para constituir el Tribunal Mixto para el 02/10/08 el Tribunal Primero de Juicio difirió la audiencia oral y pública de recusaciones, inhibiciones y excusas para el día 10 de noviembre de 2008 por falta de traslado del acusado.

En fecha 10/11/08 el Tribunal Primero de Juicio difirió la audiencia oral y pública de recusaciones, inhibiciones y excusas en virtud de la incomparecencia de los ciudadanos escabinos seleccionados y fijó sorteo extraordinario para 15/12/08.

En fecha 15/12/08 el Tribunal Primero de Juicio no se celebró el sorteo extraordinario por problemas técnicos en la base de datos y lo fijó nuevamente para el día 05/02/2009.

En fecha 05/02/09 se realizó el sorteo extraordinario de escabinos y se acuerda el acto de instrucción de escabinos a las 24/03/09 y depuración del Tribunal.

En fecha 24/03/09 se acordó diferir la audiencia oral y pública de depuración para el día 15 de mayo de 2009, por falta de escabinos.

En fecha 28 de mayo de 2009 el Tribunal Primero de Juicio extensión Punto Fijo, le da entrada nuevamente a la causa procedente del Tribunal Quinto Itinerante de Juicio del Circuito Judicial Penal extensión Punto Fijo.

En fecha 02 de junio de 2009 la Jueza Primera de Juicio, Abogada Morela Ferrer Barbosa se inhibe del conocimiento de la presente causa, remitiéndose en su totalidad para otro Tribunal de Juicio.

En fecha 08 de junio de 2009 el Tribunal Segundo de Juicio extensión Punto Fijo, le da entrada nuevamente a la causa procedente del Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal extensión Punto Fijo, en virtud de la inhibición de la Jueza Primera de Juicio y la Jueza Segunda de Juicio se inhibió del conocimiento de la presente causa en fecha 26 de junio de 2009.

En fecha 16 de julio de 2009 fue recibida la presente causa por ante este Despacho y sorteo extraordinario para el día para el día 11 de agosto de 2009 a las 02:00 de la tarde.

Sobre la base de la antes expuesto y con relación a la aplicación del principio de proporcionalidad, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha ilustrado lo siguiente:

“…una vez que se verifique el transcurso de un lapso superior al establecido como máximo…el juez está obligado a declarar el decaimiento de la medida privativa de la libertad, debido al mandato expreso contenido en el citado artículo 244 de la ley procesal penal, a fin de evitar que una medida que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima al vulnerar un derecho de rango constitucional…debe aclararse que lo anterior no impide que, de ser necesario para garantizar la finalidad del proceso, el juez deba, simultáneamente, decretar una medida cautelar sustitutiva, para evitar que renazca el peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad…si bien toda medida, sea coercitiva sea cautelar sustitutiva, cesa al transcurrir dos (2) años sin que hubiese celebrado juicio y el o los imputados, en principio, quedan automáticamente en libertad…” (Sentencia de fecha 28AGO2003, expediente Nº 03-0051).

Este criterio fue ratificado en la sentencia de fecha 20-OCT-2004, exp. 04-0952, donde se asentó:
“…El legislador, en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, estableció como límite máximo de toda medida de coerción personal, independientemente de su naturaleza, la duración de dos (2) años, puesto que era un lapso suficiente para la tramitación del proceso. Una vez transcurrido ese lapso, decae automáticamente la medida de privación judicial preventiva de libertad, sin embargo, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al imputado o al acusado a alguna otra medida, que, en todo caso, debe ser menos gravosa…En este sentido, cabe destacar que corresponde al juez que está conociendo de la causa, hacer cumplir la citada norma, por cuanto la legislación adjetiva le atribuye el rol del director del proceso, de modo que “cuando, la Constitución, en su condición de norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, le exige que sea el principal garante de la actuación circunstanciada de la ley y de sus propios mandatos normativos, le está imponiendo el deber constitucional de hacer valer, permanentemente, los principios asociados al valor justicia, indistintamente del proceso de que se trate, de la jerarquía del juez o de la competencia que le ha conferido expresamente el ordenamiento” (Sentencia nº 2278 de esta Sala, del 16 de noviembre de 2001, caso: Jairo Cipriano Rodríguez Moreno).

No obstante el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando esta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de dos años, si se tratare de varios delitos se tomara en cuenta la pena mínima del delito mas grave.
Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, el ministerio publico o el Querellante podrán solicitar al tribunal que este conociendo de la causa, una prorroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado y cuando fueren varios los delitos impuestos se tomara en cuenta la pena mínima prevista para el delito mas grave.
Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusados o sus defensores.
Estas circunstancias deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el Querellante.
En este Supuesto si la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, el tribunal que este conociendo de la causa deberá convocar al imputado o acusado y a las partes a una audiencia oral a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de prorroga, el principio de proporcionalidad.”

Así las cosas, visto que en el presente asunto seguido contra el acusado CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS, se ha excedido el lapso de dos años privado judicialmente de la libertad sin que se haya celebrado el Juicio oral y público y exista sentencia definitivamente firme en la presente causa, conforme a la facultad que le otorga el ordenamiento jurídico al Juez para resolver sobre tal circunstancia, de oficio o a petición de parte interesada, y siendo que los diferimientos de la audiencia oral y pública no se deben tácticas dilatorias del acusado ni de su Defensa Técnica, lo procedente y ajustado a derecho es decretar el decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta al ciudadano CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18155276, obrero, hijo de Rafael Antonio Irausquin y Judith del Valle Ramos, nacido en fecha 14/06/1986, soltero residenciado en Calle Ayacucho, casa sin número de color verde, sector El Cerro, frente a una alcantarilla en el Municipio Los Taques del estado Falcón, actualmente recluido en el Internado Judicial de esta ciudad, con fundamento en el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la Jurisprudencia Venezolana, en el sentido de haber transcurrido los dos (2) años previstos en dicha norma, sin que exista una sentencia definitivamente firme, estimando esta jurisdicente que a los fines de garantizar las resultas del proceso y evitar que la justicia quede irrealizable, con fundamento al artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, ultima ratio a la que debe ceñirse la función jurisdiccional, se considera conveniente, procedente y ajustado a derecho, imponerle al acusado la medida cautelar sustitutiva prevista en el artículo 256 ordinales 3º y 6° eiusdem, consistentes en la presentación cada quince (15) días ante la oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y la prohibición de acercarse a la víctima ALBERTO JOSE PEREIRA CARRASQUERO, debido a que los motivos que dieron lugar a la imposición de la medida de coerción personal de privación de libertad, cuales son, un hecho punible merecedor de sanción penal, cuya acción no se encuentra prescrita, fundados elementos de convicción para presumir que el acusado ha sido lo autor o participe de su comisión, lo cual dimana de la investigación preliminar llevada por la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, y una presunción razonable concerniente al peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad, por cuanto pueda influir a los testigos, víctimas, o expertos para que informen falsamente o se comporte de manera desleal o reticente, o inducir a otros a realizar eso comportamientos, la cual así se presume en virtud de las circunstancias del caso en concreto y de la pena que podría llegar a imponerse ante el evento de quedar comprobada en el debate la culpabilidad del sindicado de autos.

Como consecuencia de la imposición de esta medida y a los fines de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 260 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena el traslado del acusado desde el sitio donde cumple con la Medida Privativa de Libertad hasta la sala de Audiencias de este Tribunal, a fin de imponerlo de la decisión dictada y tomarle declaración únicamente respecto de la obligación que asume ante este Tribunal de dar cumplimiento al régimen de presentación impuesto, de prohibición de acercarse a la víctima y, de suministrar a este despacho judicial su dirección y domicilio donde puedan practicarse su citación y notificaciones. Asimismo, se le deberá imponer de las circunstancias legales previstas en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal como causales de revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de libertad. Igualmente se ordena fijar el juicio oral y público por auto separado. Y así se decide.-

DISPOSITIVA

En consecuencia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en función de Juicio de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón, Decreta: PRIMERO: Con lugar la solicitud interpuesta por la Abg. ISABEL MONSALVE DE LILO, en su condición de Defensora Pública Cuarta Penal actuando en representación del ciudadano acusado CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS. SEGUNDO: El decaimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el acusado CARLOS RAFAEL IRAUSQUIN RAMOS, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 18155276, obrero, hijo de Rafael Antonio Irausquin y Judith del Valle Ramos, nacido en fecha 14/06/1986, soltero residenciado en Calle Ayacucho, casa sin número de color verde, sector El Cerro, frente a una alcantarilla en el Municipio Los Taques del estado Falcón, con fundamento en el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la Jurisprudencia Penal Venezolana, en el sentido de haber transcurrido los dos (2) años previstos en dicha norma, a los fines de garantizar la finalidad del proceso, se le imponen las medidas cautelares sustitutivas de libertad previstas en el artículo 256 ordinales 3º y 6° eiusdem, consistentes en la presentación cada quince (15) días ante la oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal y la prohibición de acercarse a la víctima ALBERTO JOSE PEREIRA CARRASQUERO, se ordena librar oficio a la oficina de Alguacilazgo a los fines que sea incluido en el registro de presentaciones llevado por esa oficina. En consecuencia, se ordena el traslado del acusado desde el Internado Judicial de Santa Ana de Coro, sitio donde cumple con la Medida Privativa de Libertad hasta la sala de Audiencias de este Tribunal, para esta misma fecha, a fin de imponerlo de la decisión dictada. Asimismo, se le deberá imponer de las circunstancias legales previstas en el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal como causales de revocatoria de las medidas cautelares sustitutivas de la privación judicial preventiva de libertad. Y así se decide. Líbrese orden de traslado. Líbrese boleta de Libertad. Cúmplase.-

Publíquese, regístrese, notifíquese, ordénese el traslado del acusado a los fines de imponerlo de la presente resolución.

JUEZA SEGUNDA DE JUICIO
ABG. BELKIS ROMERO DE TORREALBA

LA SECRETARIA
ABG. JENY BARBERA RODRIGUEZ

RESOLUCIÓN N° PJ0072009000054.-