TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

SENTENCIA DEFINITIVA: CAUSA: IP01-P-2009-0002517

Corresponde a este Tribunal de Control, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra de los acusados (as): VERONICA DEL CARMEN MEDINA, ALEXANDER RAMON GONZALEZ y CARLOS JAVIER NAVARRO, a quienes este Tribunal los sentenció a cumplir la pena de 3 años de prisión, 3 años y 6 meses de prisión y 9 meses de prisión, respectivamente, por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, a los dos primeros todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I
IDENTIFICACIÓN PLENA DE LOS (AS) ACUSADOS (AS)

1.- VERONICA EUFENIA DEL CARMEN ACOSTA MEDINA, cédula de identidad N° V-20.213.446, soltera, oficio del hogar, hija de Gloria Medina y Pedro Acosta, domicilio: calle Iturbe con Buchivacoa y Aurora, casa N° 32-25 de color anaranjada, Coro, estado Falcón, teléfono: 04246300733, fecha de nacimiento 9/7/1990.

2.- ALEXANDER RAMÓN GONZALEZ MEDINA, cédula de identidad V- 10.701.106, de 40 años de edad, fecha de nacimiento: 15/6/1969, domiciliado en calle Iturbe con Buchivacoa y Aurora, casa N° 32-25 de color anaranjada, Coro, estado Falcón, teléfono: 04241346905, hijo de José Inocencio González y Gloria Esther Medina, de ocupación mecánico.

3.- CARLOS JAVIER NAVARRO HERNANDEZ, cédula de identidad N° V- 21.668.088, fecha de nacimiento: 25/1/1991, edad 18 años, soltero, de ocupación: comerciante, hijo de Anil Xiomara Hernández Eleazar Navarro, con domicilio en la calle Iturbe con Buchivacoa y Aurora, casa N° 32-25 de color anaranjada, Coro, estado Falcón, teléfono: 0268-4041754

II
DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

En la audiencia oral celebrada por este Juzgado Unipersonal de Control, el Ministerio Público representado por el abogado Delfín Marchan, en su condición de Fiscal 7º del Ministerio Público, ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos contenidos en ella y por los que los acusados admitieron los hechos son los siguientes: “…En fecha 22 de julio del año 2009, siendo aproximadamente las 11:50 horas de la mañana, encontrándose los Funcionarios Agente de Investigaciones Manuel alfonso, Inspector Joel Albarran, Sub. Inspector Jovanny González y los Agentes José Pineda, Emiro Sñanchez, Henry González, Helian Salas y Andemar Acosta, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub Delegación Coro, Estado (sic) Falcón, en labores de Investigación ordenados por la Superioridad, por la Calle Iturbe, entre calle Buchivacoa y Calle Aurora de esta ciudad, cuando avistaron a un ciudadano en actitud nerviosa, razón por la cual procedieron a darle la voz de alto, procediendo de forma apresurada a ingresar a una residencia y al mismo tiempo manifestando una alerta dirigida a una ciudadana quien se encontraba en el interior de un taller dedicado a la reparación de vehículos tipo moto, el cual está contiguo a la vivienda, procediendo los funcionarios a interceptar al ciudadano que ingresó al inmueble quien quedó identificado como CARLOS JAVIER NAVARRO HERNÁNDEZ…a quien le incautaron en el bolsillo derecho delantero del pantalón que vestía para ese momento, un envoltorio de regular tamaño…resultó ser Droga de la denominada Cocaina Clorhidrato con un peso neto de 1 gr, continuando con la revisión de las personas presentes en el lugar procedieron con otro ciudadano que quedó identificado como ALEXANDER RAMÓN GONZÁLEZ MEDINA, a quien no le fue encontrado ningún tipo de evidencia de interés Criminalístico no Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…como VERÓNICA EUFEMIA ACOSTA MEDINA, seguidamente los funcionarios procedieron a efectuar una inspección Técnica al taller, donde observaron una caja metálica de color beige claro que funciona como caja fuerte, por lo que le solicitaron a la ciudadana que la caja era de su propiedad y de su hermano de nombre Alexander González, por lo que le solicitaron que abriera la caja para observar lo que contenía, a lo cual la ciudadana identificada se negó verificando los funcionarios que en la parte posterior de la caja tenía cuatro orificios por donde se podía ver el interior de la misma, donde observaron varios envoltorios de regular tamaño, tipo cebollita, procediendo los ciudadanos a abrir la caja con una herramienta del taller, verificando lo siguiente: un envoltorio de color transparente tipo cebollita de color marrón pequeño, los cuales al ser analizados químicamente resultó ser las muestras 1-2-4 droga denominada Cocaína Clorhidrato y Base con un peso neto total de 13,2 gramos…”

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad del sindicado, acusándolo formalmente del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y en relación al ciudadano Carlos Javier Navarro, el delito de Posesión Ilícita de Estupefacientes, previsto en el artículo 34 eiusdem.

Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público de los encartados así como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad para Alexander González Medina y Verónica Medina Acosta y la medida cautelar de libertad para Carlos Javier Navarro.

Acto seguido se les impuso a los acusados (as) de sus derechos contemplados en el artículo 125 del COPP, y se les informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 130 y 131 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando no querer declarar.

Por su parte, la defensa solicitó que se le impusiera del procedimiento especial por admisión de los hechos, dado que los encartados le habían informado su voluntad de someterse al referido procedimiento especial.

Seguidamente el Tribunal previamente a concederle el derecho de palabra a los acusados y de imponerlos de las fórmulas alternativas de prosecución del proceso penal y del procedimiento especial por admisión de los hechos, procedió a Admitir con fundamento en los artículos 329 y 330 del COPP, en relación con el artículo 326 eiusdem, la acusación Fiscal en virtud de haber ofrecido fundamentos serios para el enjuiciamiento oral y público de los ciudadanos (as) VERONICA DEL CARMEN MEDINA, ALEXANDER RAMON GONZALEZ y CARLOS JAVIER NAVARRO, en consecuencia se admitieron por útiles, pertinentes y necesarios todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía en su demanda penal.

Seguidamente el Tribunal una vez que admitió totalmente la acusación Fiscal procedió a imponer al acusado de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se les explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 376 del COPP, indicándoles de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a él como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra a cada uno por separado y expusieron: “ADMITÓ VOLUNTARIAMENTE, LOS HECHOS Y SOLICITO SE ME IMPONGA LA CONDENA CORRESPONDIENTE POR EL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, ASIMISMO SOLICITO LA REMISIÓN DE LA CAUSA AL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN”

III
HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

Que en fecha 22 de julio del año 2009, siendo aproximadamente las 11:50 horas de la mañana, una comisión de funcionarios integrada por Agente de Investigaciones Manuel alfonso, Inspector Joel Albarran, Sub. Inspector Jovanny González y los Agentes José Pineda, Emiro Sñanchez, Henry González, Helian Salas y Andemar Acosta, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas Sub Delegación Coro, estado Falcón, estando en labores de Investigación ordenados por la Superioridad, por la Calle Iturbe, entre calle Buchivacoa y Calle Aurora de esta ciudad, cuando avistaron a un ciudadano en actitud nerviosa, razón por la cual procedieron a darle la voz de alto, procediendo de forma apresurada a ingresar a una residencia y al mismo tiempo manifestando una alerta dirigida a una ciudadana quien se encontraba en el interior de un taller dedicado a la reparación de vehículos tipo moto, el cual está contiguo a la vivienda, procediendo los funcionarios a interceptar al ciudadano que ingresó al inmueble quien quedó identificado como CARLOS JAVIER NAVARRO HERNÁNDE, a quien le incautaron en el bolsillo derecho delantero del pantalón que vestía para ese momento, un envoltorio de regular tamaño, que resultó ser Droga de la denominada Cocaina Clorhidrato con un peso neto de 1 gr y continuando con la revisión de las personas presentes en el lugar procedieron con otro ciudadano que quedó identificado como ALEXANDER RAMÓN GONZÁLEZ MEDINA, a quien no le fue encontrado ningún tipo de evidencia de interés Criminalístico no Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y a la ciudadana VERÓNICA EUFEMIA ACOSTA MEDINA, seguidamente los funcionarios procedieron a efectuar una inspección Técnica al taller, donde observaron una caja metálica de color beige claro que funciona como caja fuerte, por lo que le solicitaron a la ciudadana que la caja era de su propiedad y de su hermano de nombre Alexander González, por lo que le solicitaron que abriera la caja para observar lo que contenía, a lo cual la ciudadana identificada se negó verificando los funcionarios que en la parte posterior de la caja tenía cuatro orificios por donde se podía ver el interior de la misma, donde observaron varios envoltorios de regular tamaño, tipo cebollita, procediendo los ciudadanos a abrir la caja con una herramienta del taller, verificando lo siguiente: un envoltorio de color transparente tipo cebollita de color marrón pequeño, los cuales al ser analizados químicamente resultó ser droga denominada Cocaína Clorhidrato y Base con un peso neto total de 13,2 gramos”

IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 376 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:
“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.
Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.
Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.
Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.
Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que los (as) imputado (as) admitieron sus participaciones y responsabilidades en el delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y el ciudadano Carlos Javier Navarro, en el delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el cálculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerles la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer a los (as) acusado (as) Verónica Acosta Medina y Alexander Ramón González Medina, por el delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece para ese delito una pena que va desde los 6 años a 8 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 7 años de prisión.

En cuanto al ciudadano Carlos Javier Navarro, se le atribuye el delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que establece una pena que va desde 1 año a 2 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 1 año y 6 meses de prisión.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio. (Subrayado del Tribunal)

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian una serie de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla donde establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1.- En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.
2.- En los delitos contra el patrimonio público, y
3.- En los delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (hoy Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuya pena exceda en su límite superior a la pena de 8 años de prisión.

Es claro decir, que a partir de aquellos 7 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hecho, que es de 1/3 a ½ dado que el delito atribuido a los encartados no excede en su límite máximo de la pena de 8 años de prisión.

En el caso de marras, quien aquí decide procede a la atenuación de la pena normalmente aplicable llevándola a su límite inferior, esto es, a la pena de 6 años de prisión, en relación a la ciudadana VERÓNICA ACOSTA MEDINA, ello porque la imputada es y era menor de 21 años de edad al momento de cometer el delito, siéndole aplicable el atenuante previsto en el ordinal 1º del artículo 74 del Código Penal.

Establecida la pena de 6 años de prisión como partida para la imposición de la pena definitiva por aplicación del procedimiento especial por admisión de los hechos estima esta instancia judicial que la rebaja a la cual se hacen acreedora es de ½ de la pena, es decir, la mitad y ella es aplicable de acuerdo a los establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que la pena establecida para el delito por el que fueron acusados los imputados no excede en su límite superior de 8 años de prisión.

Así las cosas, lo procedente y ajustado a derecho es CONDENAR a la ciudadana VERÓNICA ACOSTA MEDINA, a cumplir la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Y así se decide.

En relación al ciudadano ALEXANDER RAMÓN GONZÁLEZ MEDINA, la pena a imponer es de TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, partiendo de la pena normalmente aplicable al delito imputado, vale decir, 7 años de prisión y aplicándole a su favor la rebaja ½ de la pena, es decir, la mitad y ella es aplicable de acuerdo a los establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que la pena establecida para el delito por el que fueron acusados los imputados no excede en su límite superior de 8 años de prisión, quedando la pena definitiva a imponerle en TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN.

En cuanto al Ciudadano CARLOS JAVIER NAVARRO, la pena aplicable normalmente por el delito de Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es de 1 año y 6 meses de prisión, y aplicándole a su favor la rebaja ½ de la pena, es decir, la mitad y ella es aplicable de acuerdo a los establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que la pena establecida para el delito por el que el que fue acusado el imputado no excede en su límite superior de 8 años de prisión, quedando la pena definitiva a imponerle en NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

Conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena en relación a los ciudadanos VERONICA DEL CARMEN MEDINA, ALEXANDER RAMON GONZALEZ el 22 de Julio de 2012, tomando en cuenta el tiempo que han permanecido detenidos. No se fija fecha de culminación de la pena en cuanto al ciudadano Carlos Javier Navarro, por encontrarse en libertad bajo medida cautelar sustitutiva de libertad.

Se mantienen en estado de privación de libertad los primeros dos nombrados y al tercero bajo la medida cautelar de libertad que viene disfrutando, ello con fundamento a la presente sentencia condenatoria, aún y cuando fue solicitado por la defensa la imposición a favor de los sentenciados de una medida cautelar menos gravosa, explicando el Tribunal que no es aplicable la imposición de medidas cautelares de libertad toda vez que quedó destruida la presunción de inocencia y por lo tanto los beneficios procesales son improcedentes bajo el fundamento de la presente sentencia condenatoria y por aplicación del Texto Constitucional, por lo tanto deben aspirar en su fase respectiva a los beneficios post condena conforme a la norma adjetiva penal quedando el Tribunal de Ejecución bajo la competencia de decidir lo pertinente. Y así se decide.

V
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 4º en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 367 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 376 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN a la ciudadana VERÓNICA ACOSTA MEDIDNA, y a TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, al ciudadano ALEXANDER GONZÁLEZ ACOSTA, por la comisión del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. CONDENA al ciudadano CARLOS JAVIER NAVARRO HERNÁNDEZ, a cumplir la pena de NUEVE (9) MESES DE PRISIÓN, por el delito de Posesión Ilícita de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena el 22 de Julio de 2012, de acuerdo a lo expuesto en la motiva de la decisión. Quinto: Se mantiene la privación de libertad de los dos primeros acusados y en libertad al tercero, ello con fundamento a la presente sentencia condenatoria. Sexto: Ordena la confiscación de los bienes descritos en el acta de reconocimiento legal 350 de fecha 22 de julio de 2.009, los cuales habían sido previamente incautados, ello conforme al artículo 66 de la Ley Especial de Drogas.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase el expediente de forma inmediata al Tribunal de Ejecución una vez quede definitivamente firme la sentencia.

Dada, firmada y sellada en el Juzgado 4º de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 9 días del mes de diciembre de dos mil nueve (2009). Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

EL JUEZ,

JUAN CARLOS PALENCIA GUEVARA

LA SECRETARIA,

CARYSBEL BARRIENTOS

Resolución Nº PJ04-2009-000649