TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 17 de Enero de 2009
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2008-000002
ASUNTO: IP01-P-2008-000002

MIEMBROS DEL TRIBUNAL:

JUEZA PROFESIONAL: Abg. YANYS MATHEUS DE ACOSTA
SECRETARIO DE SALA: Abg. CARMEN RIVERO
PARTES INTERVINIENTES:

FISCAL CUARTO DEL MINISTERIO PÚBLICO: Abg. NEUCRATES LABARCA.
DEFENSOR PUBLICO : Abg. MOISES LA CONCHA
IMPUTADO: JUAN A CASTELLANOS
DELITO: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia en perjuicio de la ciudadana: SANCHEZ GONZALEZ TIBISAY.

Sentencia Interlocutoria que decide solicitud de imposición de Medidas de Seguridad y Protección de la victima.

I
OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede este Tribunal previa celebración de la audiencia Oral y estudio individualizado de las actuaciones y en cumplimiento de la obligación de decidir por parte de los jueces, según voces del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aunado a la competencia contenida en el artículo 6 y 64 del Código Orgánico Procesal Penal a explanar las motivaciones y razones de derecho por las cuales el tribunal estimó que concurren en el caso los presupuestos a los que se refiere el ordinal 8 del artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. A continuación se formulan las siguientes consideraciones:

El presente asunto se le sigue al procesado: JUAN ANTONIO CASTELLANOS venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia y solicita a este Despacho Jurisdiccional, se aplique las Medida de Coerción personal que garantice las resultas del proceso.

I
DE LA SOLICITUD FISCAL

En fecha 01 de Enero de 2009, el Fiscal Segundo del Ministerio Público del Estado Falcón, interpuso por intermedio de la oficina de Alguacilazgo escrito que correspondió por distribución el conocimiento a este Tribunal mediante el cual presenta y coloca a disposición de este Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, al ciudadano: JUAN ANTONIO CASTELLANOS, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia y solicita a este Despacho Judicial la imposición de Medidas de Coerción Personal que asegure las resultas del proceso, de conformidad con lo previsto en los ordinales 7 y 8 del artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia.

II
ENUNCIACION DEL HECHO O HECHOS QUE SE LE ATRIBUYEN

“En fecha 31 de Diciembre de 2008, siendo aproximadamente las 02:25 horas de la tarde, cuando los funcionarios adscritos al CICPC, reciben denuncia de parte de la ciudadana: SANCHEZ GONZALEZ TIBISAY (victima), quien manifestó lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 31 de diciembre el ciudadano de nombre Catellanos Juan, esposo de mi hermana Selma Castellanos, llega borracho a la casa ubicada en el sector Monte verde en la calle el tenis con calle Federación como a las 12:00 horas de la media noche, y yo reaccioné y le dije a mi hermana que hace ese señor en la casa si el firmo algo en la fiscalía que no podía entrar en la casa, fue entonces cuando el ciudadano comenzó a decir algunas cosas y mi hermana lo metió para el cuarto, se quedó tranquilo…omissis…Debido a esta situación conforme a lo previsto en el artículo 248 del COPP se procede a la aprehensión definitiva del ciudadano antes identificado, y dejaron identificado al ciudadano como queda escrito: JUAN ANTONIO CASTELLANOS venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b, siendo trasladado el procedimiento a la Dirección de Investigaciones Penales de la Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón y puesto a la disposición del Ministerio Público…”

III

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y ALEGATOS DE LAS PARTES

En Santa Ana de Coro del Estado Falcón, el día de hoy Dos de Enero de dos mil Nueve, siendo las 12:20 de la mañana, se constituyó en la Sala de Audiencias N° 9 el Tribunal Cuarto Penal de Control de Coro, a cargo de la Abogada Abg. Yanys Matheus, a fin de que tenga lugar la audiencia de Presentación Oral; solicitada por la Fiscalía 2ta del Ministerio Público contra el Imputado: JUAN ANTONIO CASTELLANOS PEÑA por la presunta comisión del delito de Violencia Física, acto seguido la Ciudadana Juez solicita a la secretaria verifique la presencia de las partes, dejándose constancia de la presencia, del Fiscal Segundo del Ministerio Público del Estado Falcón, Abogado Neucrates Labarca, el Imputado Juan Antonio Castellanos Peña y el Defensor Publico, Abogado Moisés La Concha. Verificada la presencia de las partes, la ciudadana Jueza advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. Seguidamente se le concedió la palabra a la parte fiscal, quien ratificó la solicitud presentada por ante el Tribunal y solicita Medidas Cautelares de Seguridad establecidas en el 92 de la Ley Orgánica sobre el derechos de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, para el ciudadano antes señalado; por la presunta comisión del delito de Violencia Física. Seguidamente la ciudadana Juez de conformidad con lo establecido en el Artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal, explicó al imputado los hechos que se le imputan, advirtiéndole que podía abstenerse de declarar sin que su silencio lo perjudique, y que la audiencia continuará aunque no declare y en caso de consentirlo a no hacerlo bajo juramento, libre de apremio y coacción, imponiéndole del Precepto Constitucional consagrado en el Ordinal 5to del Artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explicándole que su declaración es un medio defensa y por consiguiente tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las imputaciones hechas por la parte fiscal. Manifestando el imputado que: No quería declarar. Quedando identificado como JUAN ANTONIO CASTELLANOS venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b. Seguidamente se le concedió la palabra a la defensa quien expuso sus alegatos de defensa y manifiesta además que se adhiere a la solicitud fiscal. Seguidamente la juez oídas las exposiciones de las partes; la declaración del imputado y revisada las actuaciones que conforman la presente causa, Resuelve: En nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley. PRIMERO: analizadas las actuaciones observa ésta juzgadora que en las mismas existen suficientes elementos de convicción, por lo tanto se declara con lugar la solicitud fiscal por encontrarse llenos los extremos previstos en el articulo 92 de Ley especial y se impone al ciudadano JUAN ANTONIO CASTELLANOS PEÑA plenamente identificado las dos condiciones establecidas en el articulo 92 de la ley especial en su ordinal 8 consistentes en Prohibición de acercarse a la victima. Líbrese la correspondiente Boleta de libertad. Se motivara por auto separado. Quedan notificadas las partes de la presente decisión, concluyendo a las 11:30 de la mañana de este mismo día. Es todo. Terminó y conforme firman.

IV
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Corresponde a este tribunal motivar conforme a los artículos 173 y 177 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión judicial dictada en fecha 2 de Enero de 2009, mediante la cual acordó imponerle al imputado. ANTONIO JOSE ARGUELLE venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 16.942.651, de 26 años, de profesión Obrero, domiciliado en la Urbanización las Eugenia, cuarta etapa, casa S/n, (racho), cerca de la escuela, medida cautelar sustitutiva de libertad de conformidad con el artículo 92.8 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que consistirá en Prohibición de acercarse a la victima ello por la presunta comisión del delito de: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, se dispuso a favor de la víctima medida de Seguridad y Protección conforme al artículo 87 de la Ley de Violencia de Género, esto es, la prohibición para el imputado de ejercer por si mismo o por terceras personas cualquier acto de intimidación, acoso o persecución. Finalmente, se ordenó la aplicación del procedimiento especial previsto en la norma en el artículo 94.

Al respecto se observa y se considera lo siguiente:
Analizadas las actas procesales que conforman el expediente se evidencia que el Ministerio Público imputó al ciudadano José Alexander Lugo García, la comisión de los delitos de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, con ocasión a unos hechos ocurridos en fecha 31-12-08 y que fueron expuestos por la ciudadana: SANCHEZ GONZALEZ TIBISAY (victima), quien manifestó lo siguiente: “…Resulta que el día de hoy 31 de diciembre el ciudadano de nombre Catellanos Juan, esposo de mi hermana Selma Castellanos, llega borracho a la casa ubicada en el sector Monte verde en la calle el tenis con calle Federación como a las 12:00 horas de la media noche, y yo reaccioné y le dije a mi hermana que hace ese señor en la casa si el firmo algo en la fiscalía que no podía entrar en la casa, fue entonces cuando el ciudadano comenzó a decir algunas cosas y mi hermana lo metió para el cuarto, se quedó tranquilo…omissis…Debido a esta situación conforme a lo previsto en el artículo 248 del COPP se procede a la aprehensión definitiva del ciudadano antes identificado, y dejaron identificado al ciudadano como queda escrito: JUAN ANTONIO CASTELLANOS venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b, siendo trasladado el procedimiento a la Dirección de Investigaciones Penales de la Fuerzas Armadas Policiales del Estado Falcón y puesto a la disposición del Ministerio Público…”

La violencia física según lo establecido en el artículo 15 de la Ley, es aquella acción u omisión dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer, tales como lesiones externas, internas, heridas, hematomas etc., cuya acreditación por mandato del artículo 35 puede ser por cualquier certificado médico expedido por profesionales de la salud bien en ejercicio público o privado. Es decir, en esta fase bastaría cualquier documento o certificado médico que así lo demuestre al Juez a los efectos de la configuración (en principio del tipo penal relativo a la Violencia Física), al efecto consta al folio 07 del expediente Informe de Experticia Medico Legal, practicada por la Dra. Tayde Nava, Experto Profesional II, adscrito al CICPC, en la cual dejan constancia de la siguiente conclusión: “…Lesiones producidas por objeto contundente, sana por el lapso de 10días, bajo asistencia médica, privada de sus ocupaciones, carácter leve, no deja secuelas…”
El Tribunal vista y analizadas las actuaciones es del criterio que conforme a los principios de Estado de Libertad, Afirmación de la Libertad y Proporcionalidad, contenidos en los artículos 243, 9 y 244, respectivamente, y a los efectos de salvaguardar la finalidad del proceso que es la búsqueda de la verdad a través de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho, dado que no es un delito grave, que la sanción probable a imponer no es de gran monta y la magnitud del daño se hace procedente la imposición de las dos condiciones establecidas en el articulo 92 de la ley Especial en su ordinal 8 consistente en la Prohibición de acercarse a la victima, la cual es procedente por mandato expreso del artículo 253 de la norma adjetiva penal. Igualmente se hace procedente decretar a favor de la víctima medida de Seguridad y Protección conforme al artículo 87 ordinal 3º de la Ley de Violencia de Género, esto es, la prohibición para el imputado de ejercer por si mismo o por terceras personas cualquier acto de intimidación, acoso o persecución sobre la víctima.
Se ordena la aplicación de las reglas del procedimiento especial contenido en la sección sexta del capítulo IX de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiguientemente la remisión de las actuaciones a la Fiscalía 2° del Ministerio Público. Y así se ordena.

DISPOSITIVA
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Cuarto de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Decreta en contra del imputado: JUAN ANTONIO CASTELLANOS, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 4.108.624, de 19 años, de profesión Docente, estado civil casado, domiciliado en el Sector Monte Verde, calle el Tenis con calle Federación casa N° 40-b, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de: Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia y solicita a este Despacho Judicial la imposición de Medidas de Coerción Personal que asegure las resultas del proceso, de conformidad con lo previsto en los ordinales 7 y 8 del artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho a la Mujer a una Vida Libre de Violencia, la imposición de las dos condiciones establecidas en el articulo 92 de la ley Especial en su ordinal 8 consistente en la Prohibición de acercarse a la victima, la cual es procedente por mandato expreso del artículo 253 de la norma adjetiva penal. Igualmente se hace procedente decretar a favor de la víctima medida de Seguridad y Protección conforme al artículo 87 ordinal 3º de la Ley de Violencia de Género, esto es, la prohibición para el imputado de ejercer por si mismo o por terceras personas cualquier acto de intimidación, acoso o persecución sobre la víctima. SEGUNDO: Se ordena la aplicación de las reglas del procedimiento especial contenido en la sección sexta del capítulo IX de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiguientemente la remisión de las actuaciones a la Fiscalía 4° del Ministerio Público.

Regístrese, Publíquese, Notifíquese y remítase el expediente al Ministerio Público.

LA JUEZA CUARTA DE CONTROL,

Mag.Cs. YANYS C. MATHEUS DE ACOSTA.

LA SECRETARIA,

ABG. DANIELA GONZALEZ.

ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2008-000002
RESOLUCION N°: PJ0042009000004