TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 11 de Mayo de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-001107
ASUNTO : IP11-P-2009-001107

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDAN MEDIDAS CAUTELARES
SUSTITUTIVAS DE LA PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD

En fecha 09 de Mayo de 2009, se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa, en relación al ciudadano DANIEL BENITO SANCHEZ BARRIOS, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 11.067.490, de 36 años de edad, nacido en fecha 03-07-72 , de estado civil Soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en Urb. Creolandia, callejón Los Angeles, cerca de la cancha de Creolandia, habitaciones Cadafito, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES previsto en el artículo 413 del Código Penal venezolano vigente, en perjuicio del ciudadano JESUS ORLANDO RAMOS.

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN

Los hechos que dieron origen a la presente solicitud, se desprenden del acta policial de fecha 08 de Mayo de 2009, suscrita por los funcionarios DGDO. ROBERTH HERNANDEZ y el AGENTE JHOAN GARCIA, de la cual se desprende que es ese día siendo aproximadamente las 10:45 horas de la noche, encontrándose de comisión de servicio se presentó una ciudadana nerviosa, informándoles que en las residencias CADAFITO ubicada en el callejón Los Angeles de Creolandia, justo detrás del Módulo Policial, un ciudadano se encontraba agrediendo a su hijo, por lo que de inmediato se constituyó una comisión policial en el sitio indicado, en donde al llegar, observaron a un ciudadano de contextura delgada que sangraba profusamente por la nariz, y manifestó que un ciudadano de contextura normal y de piel un poco oscura, el cual señalaba con su mano, lo había agredido fisicamente sin causa alguna, procediéndose a su aprehensión.

En base a estos hechos la Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado Falcón solicitó la imposición de las medidas cautelares sustitutivas de libertad en contra de la procesada de autos, conforme a lo previsto en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Del análisis de los hechos antes descritos, aunado al INFORME MEDICO emanando de la Emergencia del Hospital Dr. Rafael Calles Sierra, suscrito por la médico Cirujano ESLEEN SARKIS, se establece la comisión de un hecho punible, que dado a sus características coincide con el tipo penal descrito en el artículo 413 del Código Penal venezolano, esto es, el delito de LESIONES, toda vez que la victima sufrió TRAUMATISMO CONTUSO DE NARIZ.

Aunado a lo anterior, se establece una presunción fundada que el imputado de autos es el autor del hecho que le atribuye el Ministerio Püblico, tomando en cuenta que el precitado ciudadano fue aprehendida a poco de haberse cometido el hecho, siendo señalada por la víctima como el agresor al momento de practicarse su de detención, todo lo cual indica, que dicha aprehensión se produjo de manera flagrante, tal y como lo dispone el artículo 248 del Copp, que establece:

Artículo 248. “Para los efectos de este capitulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la victima o por el clamor publico, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió…”

Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”

En el presente caso, del estudio de las actas que contienen la presente causa penal, que se instruye en contra del procesado DANIEL SANCHEZ BARRIOS, este Tribunal considera que concurre la acreditación de los requisitos señalados en el artículo 250 del Copp, que hacen procedente la aplicación de la medida de coerción personal solicitada por el ministerio Público en contra de la precitada imputada.

Constatado como ha sido por este Tribunal, la acreditación de los presupuestos fácticos que hacen procedente la medida solicitada por la vindicta pública, este Tribunal, conforme a lo dispuesto en el artículo 250 y 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, le impone a la imputada la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante la sede de este Tribunal.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:

Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 256 ordinales 3° del Código Orgánico Procesal Penal, decreta la medida Cautelares Sustitutivas de Libertad al ciudadano DANIEL BENITO SANCHEZ BARRIOS, de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad N° 11.067.490, de 36 años de edad, nacido en fecha 03-07-72 , de estado civil Soltero, de profesión u oficio Obrero, residenciado en Urb. Creolandia, callejón Los Angeles, cerca de la cancha de Creolandia, habitaciones Cadafito, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de LESIONES PERSONALES MENOS GRAVES previsto en el artículo 413 del Código Penal venezolano vigente, en perjuicio del ciudadano JESUS ORLANDO RAMOS, consistente dicha medida en la obligación de presentarse cada 30 días por ante este Tribunal. Se ordena la tramitación del procedimiento ordinario. Líbrense los oficios respectivos. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía de Origen. Cúmplase.

Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control

Abg. Yolitza Bracho.
Secretaria