REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Coro, 13 de Octubre de 2009 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2008-001205 ASUNTO: IP01-P-2008-001205 SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA QUE DECIDE EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA JUEZ: ABG. YANYS MATHEUS DE ACOSTA Corresponde a este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, emitir pronunciamiento en relación a la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en el asunto IP01-P-2008-001205, instruido en contra del ciudadano Bernardo Ollarves, sin más identificación en las actas, por la presunta comisión del delito de Lesiones, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal Venezolano vigente para la fecha de la presunta comisión del hecho, en perjuicio del ciudadano José Luís Acosta Márquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad 6.983.627, residenciado en la Población de Churuguara, sector La Sabana, calle independencia, casa 66 del estado Falcón. Ahora bien, procede este Tribunal a emitir pronunciamiento, tomando en consideración los siguientes postulados. I FUNDAMENTOS DE HECHO De las actas que conforman el presente asunto se desprende que se dio inicio a la investigación en virtud de la denuncia interpuesta en fecha por el ciudadano José Luís Acosta Márquez, quien entre otras cosas manifestó que denunciaba al ciudadano Bernardo Ollarves, en virtud de que el mismo lo agredió con un cuchillo. En fecha 26 de junio de 2001, el Ministerio Público aperturó la investigación, ordenando la práctica de todas las diligencias útiles y necesarias para el esclarecimiento del hecho. II FUNDAMENTOS DE DERECHO El Ministerio Público señaló que el hecho encuadra dentro del tipo Penal de Lesiones, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal Venezolano vigente para la fecha de la presunta comisión del hecho cuya acción penal prescribe por un lapso de tres años, a tenor de lo establecido en el artículo 108.5 del Código Penal; siendo que desde la fecha de la comisión del hecho hasta la presente fecha ha transcurrido más del tiempo establecido por el legislador para que opere la prescripción; motivo por el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 318.3 del Código Orgánico Procesal Penal, procedió a solicitar el sobreseimiento del asunto. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR De la revisión de la solicitud de sobreseimiento efectuada por la representación Fiscal, se logró apreciar que la misma encuentra fundamento jurídico en el ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal, motivo por el cual, estima este Tribunal traer a colación la norma indicada en los siguientes términos: …Artículo 318. Sobreseimiento. El sobreseimiento procede cuando: 3. La acción se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada… Esta jurisdicente considera necesario dejar plasmado la importancia que ha adquirido la institución de la Prescripción con la entrada en vigencia del Código orgánico procesal penal y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La misma se centra en lo que es el actual esquema que se le asignó al estado Venezolano en el artículo 2 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, como el estado democrático, social, de Derecho y de justicia, valores que han inspirado que los Derechos fundamentales de los ciudadanos hayan adquirido una dimensión especial. Democrático, porque es atinente a la dignidad humana, ya que se da la oportunidad al perseguido a decidir por voluntad propia si se somete a una persecución penal, con todas las garantías constitucionales, o decida que se concluya el proceso poniéndole punto final a la persecución, sin dilaciones indebidas; social, porque la actuación del estado está justificada y legitimada para proteger a la sociedad de los delitos, poniéndole límites a ese Estado social, el cual funciona como una garantía del individuo, porque es el interés estatal la que debe mantener viva la facultad de pensar y que esa facultad no traspase los límites de la necesidad social en la persecución penal: De derecho, todo lo relacionado con la institución de la prescripción, encuentra justificación constitucional y legal, en el principio de seguridad jurídica, al derecho fundamental del debido proceso, concerniente a un proceso de un plazo razonable y la tutela judicial efectiva. (Tomado de la Doctrina Penal Vinculante y Criterios ya asentados por el mas alto Tribunal de la República). La Prescripción de la acción penal, comprende la derogación de la potestad punitiva estatal, por el paso del tiempo, como forma legal de limitar el poder del Estado, aunque por supuesto esto genere efectos procesales importantes, entre los cuales está el hacer operativo el derecho fundamental de que el proceso penal sea definido dentro de un plazo razonable, expedito, es decir sin dilaciones indebidas, todo lo cual guarda relación con los principios que tiene asignado el derecho Penal en un estado Democrático y social de Derecho. Es por ello que la prescripción debe ser entendida como una sanción para el estado, y, a la vez, como un reconocimiento a favor del imputado que el proceso que se le apertura sólo puede ser existir durante un plazo razonable, que debe legal, o sea, el derecho que tiene a desprenderse el estado de sopécha que importa la acusación de haber cometido delito, mediante una sentencia que establezca de una vez por todas, su situación frente a la ley penal. Tenemos entonces que la prescripción es un límite del derecho subjetivo del estado al castigo. En consecuencia, si el plazo ha transcurrido por razones imputables a los entes de persecución del estado y no al perseguido, es inoportuno, por ser ilegal, mantener vivo el ejercicio de esa facultad pública. Motivos razonados de derecho por los cuales se impone la juez la obligación que al observar que la acción penal ha prescrito, así debe declararse de antemano, porque resulta inoficioso emprender un proceso y someter al investigado a un juicio sesgado ya de antemano de garantías procésales y constitucionales, entonces se deduce que la institución de la prescripción constituye una mas de las garantías constitucionales. Y así se decide.- Se deja constancia que el Tribunal estimó no convocar a la audiencia prevista en el artículo 323 del COPP, para comprobar la procedencia de la solicitud presentada por el Ministerio Público, ya que la misma emerge de los autos encontrándose ajustada a derecho, por tratarse de un delito que en el transcurso del tiempo ya ha prescrito. Y así también se decide. DISPOSITIVA Con fundamento en las consideraciones previas, este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, con sede en la ciudad de Santa Ana de Coro, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que la Ley le confiere, declara: Con Lugar la solicitud de sobreseimiento interpuesta por la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Falcón, en el asunto IP01-P-2008-001205, instruido en contra del ciudadano Bernardo Ollarves, sin más identificación en las actas, por la presunta comisión del delito de Lesiones, previsto y sancionado en el artículo 415 del Código Penal Venezolano vigente para la fecha de la presunta comisión del hecho, en perjuicio del ciudadano José Luís Acosta Márquez, todo de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase. ABG. YANYS MATHEUS DE ACOSTA JUEZ PRIMERO DE CONTROL ABG. BRENDA OVIOL LA SECRETARIA ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2008-001205 RESOLUCION Nº: PJ00112009000651 FECHA: 13/10/2009