TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 29 de Octubre de 2009
199º y 150º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-004613
ASUNTO : IP11-P-2009-004613
AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LIBERTAD PLENA

Se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa, en relación al ciudadano JORGE ELIEZER POLO GARCIA, Colombiano, nacido en fecha: 22/02/1967, de 42 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº, no se lo sabe, numero de pasaporte 72.303.132, de oficio albañil, domiciliado en creolandia, calle bolívar, casa sin numero, diagonal a la central de taxi, Estado Falcón. DOUGLAS DARIO RIVERO TORRES, venezolano, natural de Churuguara, Estado Falcón, nacido en fecha: 07/01/1978, de 31 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº 41.801.786, de oficio albañil, domiciliado en creolandia, sector 4 de febrero, calle bolívar, casa sin numero, dos cuadras después del ambulatorio de creolandia, cerca de la calle de concreto, Estado Falcón, a quienes se le atribuye la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal Venezolano.

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público , podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

1°. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita y 2° Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión del hecho punible:

Cursa al folio dos (02) de la presente causa, ACTA DE INVESTIGACION PENAL de fecha 21 de Octubre de 2009, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana mediante la cual se dejó constancia que siendo aproximadamente las 2:00 de la mañana de ese día, encontrándose la comisión policial realizando labores de patrullaje en el casco central de la ciudad, por la calle Penínsular con avenida Bolívar de la ciudad de Punto Fijo, observaron a dos ciudadanos que caminaban rapidamente por la referida calle desolada, alzando en los brazos una caja grande de cartón, por lo que de inmediato se le dio la voz de alto, procediéndose a revisar la caja la cual contenía UN TELEVISOR, PLASMA LCD, DE 32 PULGADAS, MARCA ROYAL, MODELO RL-32R60, no presentando ninguna documentación relacionada con la procedencia del mismo por lo que se presumía que el mismo había sido robado o hurtado en las adyacencias del sitio, procediéndose a la aprehensión de los referidos ciudadanos

Los hechos anteriores, fueron calificados por el Ministerio Público como APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal venezolano, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita tomando en cuenta lo que dispone el artículo 108 del Código Penal venezolano.

Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”

No obstante, en el presente caso, se constata denuncia alguna en relación a que el presunto objeto incautado, provenga del delito de robo o hurto y siendo éste el presupuesto fáctico como verbo rector de la norma sustantiva, no se acredita la comisión de tal hecho punible; tampoco existe algún indicio de que los procesados hayan sustraído el objeto incautado de algún local de la zona, puesto que tampoco existe algún testimonio que así lo corrobore, siendo éste un elemento esencial para formar la convicción de este Tribunal en relación a la ocurrencia del hecho y por tal razón, no existiendo la suficiente acreditación de la comisión del hecho objeto de investigación, procede en consecuencia la libertad de los procesados sin restricciones; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:

Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante la privación ilegitima de libertad constatada, decreta la libertad plena del ciudadano, JORGE ELIEZER POLO GARCIA, Colombiano, nacido en fecha: 22/02/1967, de 42 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº, no se lo sabe, numero de pasaporte 72.303.132, de oficio albañil, domiciliado en creolandia, calle bolívar, casa sin numero, diagonal a la central de taxi, Estado Falcón y DOUGLAS DARIO RIVERO TORRES, venezolano, natural de Churuguara, Estado Falcón, nacido en fecha: 07/01/1978, de 31 años de edad, estado civil: casado, titular de la cédula de identidad Nº 41.801.786, de oficio albañil, domiciliado en creolandia, sector 4 de febrero, calle bolívar, casa sin numero, dos cuadras después del ambulatorio de creolandia, cerca de la calle de concreto, Estado Falcón, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de APROVECHAMIENTO DE COSAS PROVENIENTES DEL DELITO, previsto y sancionado en el artículo 470 del Código Penal venezolano. Se ordena el trámite del presente asunto por el procedimiento ordinario. Notifíquese el presente auto. Cúmplase.

Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control

Abg. Rita Cáceres
Secretaria