REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 20 de Septiembre de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-003857
ASUNTO : IP11-P-2009-003857
AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA MEDIDA DE
PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD
En fecha 20 de Septiembre de 2009, se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa que se instruye a los ciudadanos YUSMILA MARGARITA RAMOS PEROZO, portador de la cédula de identidad Nro. 8.702.115, de 44 años de edad, nacido en fecha 11-11-64, de profesión ama de casa, hijo de MARIA PEROZO Y ANTONIO RAMOS, domiciliado en, la BARRIO LIBERTADOR, CALLE DOMINGO HURTADO, PUNTO FIJO, ESTADO FALCÓN y DARWIN ALFONZO MADRIZ PEROZO, portador de la cédula de identidad Nro. 17.841.326, de 24 años de edad, nacido en fecha 23-08-85, de profesión CARNICERO, hijo de MIRIAM PEROZO Y HIPOLITO MADRID, domiciliado en, CREOLANDIA, CALLE DON BOSCO, CASA S/N, PUNTO FIJO, ESTADO FALCÓN, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN
Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público , podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
Artículo 250.Procedencia. El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor en la comisión de un hecho punible;
3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.
Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.
De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”
En el presente caso, consta en autos ACTA DE ASEGURAMIENTO de fecha 18 de Septiembre de 2009 suscrita por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Cientificas Penales y Criminalisticas mediante la cual hacen entrega para su resguardo la evidencia incautada a los procesados de autos, consistente en OCHO ENVOLTORIOS, CONFECCIONADOS EN MATERIAL SINTETICO DE COLOR VERDE, CONTENTIVOS DE UN POLVO BLANCO DE OLOR FUERTE Y PENETRANTE, PRESUMIBLEMENTE DROGA DENOMINADA COCAINA CON UN PESO BRUTO APROXIMADO DE 16.9 GRAMOS de lo cual se establece, sobre la base de las máximas de experiencia, que se está en presencia de un hecho punible, específicamente uno de los señalados en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.
Se desprende del ACTA POLICIAL de fecha 18 de Septiembre de 2009, que siendo aproximadamente las 8:30 horas de la noche, se constituyó la comisión policial a fin de practicar orden de allanamiento emitida por el Juzgado Tercero de Control de este mismo Circuito Judicial Penal en la residencia de los procesados de autos en la cual con la presencia de los testigos se incautó varias evidencias de interés criminalisticos, así como la cantidad de ocho (08) envoltorios contentivos de una sustancia presumiblemente COCAINA con un peso bruto de 16.9 gramos, lo cual adminiculado al ACTA DE ASEGURAMIENTO de la misma fecha, se establece las características y la forma como se encontraba dispuesta la sustancia incautada.
De lo anteriormente analizado se establece que existen fundados y serios elementos de convicción que establecen una presunción de que el imputado de marras es el autor o participe del hecho que le atribuye el Ministerio Público, toda vez que se acredita del acta policial que el precitado ciudadano fue aprehendido de manera flagrante con la sustancia señalada en su poder, circunstancia ésta que lo individualiza como autor del hecho que se investiga.
El artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “…se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En el presente caso, los imputados de autos fueron aprehendidos con la sustancia ilícita en su residencia, resaltando el hecho de que el procedimiento de aprehensión e incautación de la sustancia ilícita, fue presenciado por los testigos JIMENEZ AÑEZ EDUARDO JOSE, GUANIPA NUÑEZ ELIER ANTONIO NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO GREGORIO y ACOSTA LEONEL RAFAEL, cuyas actas de entrevista rielan a los folios 18 y 25, de la presente causa, lo cual corrobora y genera credibilidad sobre lo actuado.
De todo lo anteriormente expuesto, se establece una fundada presunción de que el imputado de autos es autor o participe del hecho que les atribuye el Ministerio Público; y por consiguiente, se encuentran acreditados suficientemente las exigencias del ordinal 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
3° Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.
En el presente caso, el Tribunal da por acreditado el peligro de fuga, tomando en cuenta la pena que podría llegar a imponerse; en efecto el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que prevé que “el que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho a diez años,
Si fuere un distribuidor de una cantidad menor a las previstas o de aquellos que transportan estas sustancias dentro de su cuerpo, la pena será de cuatro a seis años de prisión.
Por otro lado, debe señalarse el criterio sostenido por la Sala Constitucional en de nuestro máximo Tribunal en cuanto a que los delitos de droga han sido clasificados como delitos de lesa humanidad y por tal razón están exceptuados, para el caso de que proceda la privación de libertad, de beneficios o medidas cautelares sustitutivas de libertad.
En atención a todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal concluye que se acreditan en el presente caso, las exigencias de la normativa adjetiva penal, que hacen procedente el decreto de las Medidas de coerción personal solicitadas por la vindicta pública en contra de los imputados de autos; y así se decide.
DISPOSITIVA
Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:
Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano YUSMILA MARGARITA RAMOS PEROZO, portador de la cédula de identidad Nro. 8.702.115, de 44 años de edad, nacido en fecha 11-11-64, de profesión ama de casa, hijo de MARIA PEROZO Y ANTONIO RAMOS, domiciliado en, la BARRIO LIBERTADOR, CALLE DOMINGO HURTADO, PUNTO FIJO, ESTADO FALCÓN y DARWIN ALFONZO MADRIZ PEROZO, portador de la cédula de identidad Nro. 17.841.326, de 24 años de edad, nacido en fecha 23-08-85, de profesión CARNICERO, hijo de MIRIAM PEROZO Y HIPOLITO MADRID, domiciliado en, CREOLANDIA, CALLE DON BOSCO, CASA S/N, PUNTO FIJO, ESTADO FALCÓN, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Conforme al artículo 66 de la Ley especial se ordenó el aseguramiento de las evidencias incautadas. Se libró la correspondiente Boleta de Privación Judicial de Libertad. Se notificó en sala la presente decisión. Cúmplase.
Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control
Abg. Jamil Richani
Secretario
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