TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 10 de Abril de 2010
199º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2010-000287
ASUNTO : IP11-P-2010-000287

I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

Juez Presidente: Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo.
Fiscal: Abg. Jose Leonardo Cesarino Fiscal XVI del Ministerio Público del Estado Falcón.

Acusado: JESUS ANTONIO ANDRADE MONTOLLA, venezolano, natural de Punto Fijo Estado Falcón, nacido en fecha 24/4/1982, de 26 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.386.864, estado civil casado, ocupación u oficio latonero pintor, residenciado en Las Mercedes, manzana 25, casa 453, casa de color mandarina, a dos casas de la bodega de IIMI.

Victima: Mery Guadalupe Rodríguez.

Delito: VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre los derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

II
HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Cursa al folio uno (01) de la presente causa, acta de denuncia de fecha 06 de Febrero de 2010, interpuesta por la ciudadana MARY GUADALUPE BLANCO RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. 11.769.118, y expuso que el imputado quien es su esposo la había agredido fisicamente.

Los hechos anteriores, fueron calificados por el Ministerio Público como VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de Violencia, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita tomando en cuenta lo que dispone el artículo 108 del Código Penal venezolano.

III
ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA CALIFICACIÓN FISCAL

La Fiscalía Décima Sexta del Ministerio Público del Estado Falcón solicitó el enjuiciamiento del acusado por el delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre los derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ofreciendo los medios de prueba para el juicio oral y público.

De la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:

1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y;
6. la solicitud de enjuiciamiento del imputado.

En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Copp, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad.
Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura –falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos – vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado..” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional)

En el presente caso, acreditados como se encuentran todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal admite en su totalidad la presente acusación en todos y cada de los términos en los que fue propuesta; y así se decide.

V
ODEN DE APERTURA A JUICIO ORAL Y PUBLICO

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando conforme a lo previsto en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO al ciudadano JESUS ANTONIO ANDRADE MONTOLLA, venezolano, natural de Punto Fijo Estado Falcón, nacido en fecha 24/4/1982, de 26 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº 15.386.864, estado civil casado, ocupación u oficio latonero pintor, residenciado en Las Mercedes, manzana 25, casa 453, casa de color mandarina, a dos casas de la bodega de IIMI, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre los derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en perjuicio de MERY GAUDALUPE RODRIGUEZ.

Conforme a lo previsto en el artículo 330.9 del Código Orgánico Procesal Penal, se admiten todas y cada una de las pruebas ofertadas por el Ministerio Público y por la defensa, en virtud de que las mismas son necesarias, lícitas y pertinentes para el juicio oral y público.

Se emplaza a las partes para que concurran en un plazo común de cinco (05) días por ante el tribunal de Juicio respectivo.

El Juez Presidente,
Abg. Kervin E. Villalobos M.

La Secretaria,
Abg. Rita Cáceres