TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 11 de Abril de 2010
199º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2010-000575
ASUNTO : IP11-P-2010-000575

AUTO MEDIANTE EL CUAL SE ACUERDA LA MEDIDA DE
PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD

En fecha 29 de Marzo de 2010, se efectuó la audiencia oral de presentación de detenido en la presente causa que se instruye al ciudadano MARCOS LEONARDO GUANIPA MOLINA, portador de la cédula de identidad Nro. 9.520.078, de 41 años de edad, nacido en fecha 03-08-68, de profesión COMERCIANTE, hijo de AMALIA BOLIVAR Y MARCOS GUANIPA, domiciliado en, MORUY, SECTOR TIERRA BLANCA, ENTRADA DEL CERRO SANTA ANA, ESTADO FALCÓN, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

CIRCUNSTANCIAS DE HECHO Y DE DERECHO QUE
MOTIVAN LA PRESENTE DECISIÓN

Conforme a lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público , podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:

Artículo 250.Procedencia. El Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita.

2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor en la comisión de un hecho punible;

3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso en particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

Ha dicho la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro. 1423 del 12-07-07 lo siguiente: “…la garantía procesal del estado de libertad deviene de la inviolabilidad del derecho a la libertad personal. De allí, que toda persona a quien se le impute la participación en un hecho punible tiene derecho a permanecer en libertad durante el proceso, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez en cada caso.

Dichas excepciones nacen de la necesidad del aseguramiento del imputado durante el proceso penal, siempre y cuando se satisfagan las exigencias contenidas en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Dichas exigencias constituyen el fundamento del derecho que tiene el Estado de perseguir y solicitar medidas cautelares contra el imputado.

De allí que las medidas de coerción personal sólo pueden ser decretadas con arreglo a la citada disposición y mediante resolución judicial fundada…”

El hecho objeto de la presente investigación se originó en fecha 27 de Marzo de 2010, la cual según el ACTA POLICIAL suscrita por los funcionarios adscritos a la Zona Policial Nro. 07, momentos cuando se encontraban realizando un dispositivo de seguridad ciudadana, aproximadamente a las 7:30 horas de la noche, en la jurisdicción de la Población de Moruy, se recibió llamado vía radiofónica mediante la cual se informaba que un ciudadano quien vestía pantalón jeans de color gris y un sueter a rayas de colores verde, rojo y blanco, se encontraba presuntamente vendiendo sustancias estupefacientes frente a la parrilera denominada La Hija de Moruy, vía Buena Vista, por lo cual la comisión policial se dirigió hasta el sitio y visualizaron a un sujeto con las caracteristicas similares por lo cual se produjo una inspección personal incautando en su poder CINCO (05) ENVOLTORIOS DE MATERIAL SINTETICO DE COLOR NEGRO TIPO CEBOLLITA, ANUDADOS EN SU PARTE SUPERIOR CON HILO PARA COSER DE COLOR NEGRO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA LA CUAL AL TACTO PARECIA SER POLVO, CON OLOR FUERTE Y PENETRANTE PARECIDO A LA COCAINA; DOS (02) ENVOLTORIOS DE MATERIAL SINTETICO DE COLOR NEGRO TIPO CEBOLLITA, ANUDADOS EN SU PARTE SUPERIOR CON MATERIAL SINTETICO DE COLOR ROSADO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA LA CUAL AL TACTO PARECIA SER POLVO CON OLOR FUERTE Y PENETRANTE PARECIDO AL DE UNA SUSTANCIA ILICITA COCAINA; DOS (02) ENVOLTORIOS DE MATERIAL SINTETICO DE COLOR AMARILLO TIPO CEBOLLITA, ANUDADOS EN SU PARTE SUPERIOR CON HILO PARA COSER DE COLOR BLANCO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE UNA SUSTANCIA PRSUNTAMENTE COCAINA; UN (01) ENVOLTORIO DE MATERIAL SINTETICO DE COLOR AMARILLO TIPO CEBOLLITA, ANUDADOS EN SU PARTE SUPERIOR CON HILO PARA COSER DE COLOR NEGRO, CONTENTIVOS EN SU INTERIOR DE PRESUNTA COCAINA PARA UN TOTAL DE DIEZ (10) ENVOLTORIOS, evidencia ésta que está descrita en el ACTA DE ASEGURAMIENTO levantada por los funcionarios aprehensores y de la cual se desprende que la sustancia incautada asciende a un peso aproximado de CINCO (5) GRAMOS de presunta COCAINA de lo cual se establece, sobre la base de las máximas de experiencia, que se está en presencia de un hecho punible, específicamente uno de los señalados en la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

De lo anteriormente analizado se establece que existen fundados y serios elementos de convicción que establecen una presunción de que el imputado de marras es el autor o participe del hecho que le atribuye el Ministerio Público, toda vez que se acredita del acta policial que el precitado ciudadano fue aprehendido de manera flagrante con la sustancia señalada en su poder, circunstancia ésta que lo individualiza como autor del hecho que se investiga.

El artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “…se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.

En el presente caso, el imputado de autos fue aprehendido con la sustancia ilícita en su poder, resaltando el hecho de que si bien, no hubo testigos que presenciaran el procedimiento policial debe señalarse que el mismo se efectuó en horas de la noche, lo cual dificulta en virtud de la peligrosidad de la zona, la ubicación de alguna persona que pudiera servir de testigo en dicho procedimiento.

En relación a ello, debe señalarse adicionalmente, que habiéndose efectuado el presente procedimiento en flagrancia, es aplicable el criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 747 de fecha 05 de Mayo de 2005, en la cual ha señalado entre otras cosas, que en caso de delitos flagrantes, el funcionario policial está autorizado a impedir la comisión o la continuación de una conducta típicamente antijurídica, prescindiendo para ello, si fuere necesario, de una orden judicial o de la presencia de testigos.

De todo lo anteriormente expuesto, se establece una fundada presunción de que el imputado de autos es autor o participe del hecho que les atribuye el Ministerio Público; y por consiguiente, se encuentran acreditados suficientemente las exigencias del ordinal 2° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

3° Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación.

En el presente caso, el Tribunal da por acreditado el peligro de fuga, tomando en cuenta la pena que podría llegar a imponerse; en efecto el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que prevé que “el que ilícitamente trafique, distribuya, oculte, transporte por cualquier medio, almacene, realice actividades de corretaje con las sustancias o sus materias primas, precursores, solventes y productos químicos esenciales desviados, a que se refiere esta Ley, aun en la modalidad de desecho, para la producción de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, será penado con prisión de ocho a diez años,

Si fuere un distribuidor de una cantidad menor a las previstas o de aquellos que transportan estas sustancias dentro de su cuerpo, la pena será de cuatro a seis años de prisión.

Por otro lado, debe señalarse el criterio sostenido por la Sala Constitucional en de nuestro máximo Tribunal en cuanto a que los delitos de droga han sido clasificados como delitos de lesa humanidad y por tal razón están exceptuados, para el caso de que proceda la privación de libertad, de beneficios o medidas cautelares sustitutivas de libertad.

En atención a todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal concluye que se acreditan en el presente caso, las exigencias de la normativa adjetiva penal, que hacen procedente el decreto de las Medidas de coerción personal solicitadas por la vindicta pública en contra de los imputados de autos; y así se decide.

DISPOSITIVA

Por todo lo antes expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Resuelve:

Único: Conforme a lo dispuesto en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano MARCOS LEONARDO GUANIPA MOLINA, portador de la cédula de identidad Nro. 9.520.078, de 41 años de edad, nacido en fecha 03-08-68, de profesión COMERCIANTE, hijo de AMALIA BOLIVAR Y MARCOS GUANIPA, domiciliado en, MORUY, SECTOR TIERRA BLANCA, ENTRADA DEL CERRO SANTA ANA, ESTADO FALCÓN, por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se libró la correspondiente Boleta de Privación Judicial de Libertad. El presente auto quedó notificado en la sala de Audiencia. Cúmplase.

Abg. Kervin E. Villalobos M.
Juez Títular Segundo de Control

Abg. Rita Caceres.
Secretaria