REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Penal de Control de Punto Fijo Punto Fijo, 27 de Enero de 2010 199º y 150º ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-004560 ASUNTO : IP11-P-2009-004560 I IDENTIFICACION DE LAS PARTES Juez Presidente: Abg. Kervin E. Villalobos M. Juzgado Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo. Fiscal: Abg. Carlos Colmenares Fiscal XV del Ministerio Público del Estado Falcón. Acusado: WLADIMIR ARGENIS GARZON ZAMBRANO, venezolano, natural de Barquisimeto, nacido en fecha 1/09/1982, de 27 años de edad, Titular de la Cédula de Identidad No. 17.860.567, de estado civil Soltero, profesión u oficio vendedor de comida, hijo de Carmen Lucia Zambrano y Gustavo Garzón, residenciado en barrio libertados, sector las casitas, en una residencia, no se sabe el numero, por el puesto policial, estado Falcón. Victima: Carlos Alexis Caldera Flores. Delito: Robo Agravado y porte ilícito de arma de Blanca de previsto y sancionado en el artículo 458 y 277 del Código Penal. II HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN Se evidencia del ACTA POLICIAL de fecha 18 de Octubre de 2009, suscrita por funcionarios adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, de la cual se desprende que siendo aproximadamente las 12:45 horas de la tarde de ese día encontrándose de patrullaje en vehículo militar por el sector Domingo Hurtado del Municipio Los Taques, lograron la aprehensión del imputado de autos quien minutos antes portando un arma blanca tipo cuchillo despojó al ciudadano CARLOS ALEXIS CALDERA FLORES de su teléfono celular marca NOKIA y un MP4, así como dinero en efectivo. En efecto, la versión policial fue corroborada por la propia víctima según lo expuesto en el ACTA DE DENUNCIA de fecha 18 de Octubre de 2009, inserta al folio siete (07) de la presente causa, de la cual se desprende la declaración del ciudadano CARLOS ALEXIS CALDERA FLORES, portador de la cédula de identidad Nro. 19.155.586, quien señaló: “en el día de hoy 18 de Octubre del presente año, como a las 9 de la mañana, salí de clases y me disponía a ir para mi casa, tomé la auto buseta y me bajé en la parada del elevado de las margaritas y crucé la autopista para tomar un camino más cercano para llegar a mi casa, cuando de repente sentí a una persona detrás de mi que me dijo no te muevas y me entregas todo lo que tengas, sentí que me tenía puesta algo como una navaja o un cuchillo en la parte baja de la espalda, yo estaba escuchando música con mi MP4 y tenía mi teléfono marca NOKIA dentro del bolsillo de mi pantalón, el se llevó mi teléfono, el MP4 y sacó la plata que tenía en mi cartera y la tiró al suelo, luego me dijo que no lo mirara hasta que él se fuera, yo lo mire y el tenía una chaqueta de color negra y una bermuda” III ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA CALIFICACIÓN FISCAL La Fiscalía Sexta del Ministerio Público del Estado Falcón solicitó el enjuiciamiento de los acusados por el delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE BLANCA, previsto y sancionado en el artículo 458 y 277 todos del Código Penal venezolano, ofreciendo los medios de prueba para el juicio oral y público. De la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor. 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y; 6. la solicitud de enjuiciamiento del imputado. Por otro lado, se constata que existe congruencia entre los hechos y la calificación jurídica aportada por el Ministerio Público en el referido escrito acusatorio. En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Copp, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad. Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura –falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos – vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado..” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional) En el presente caso, acreditados como se encuentran todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal admite en su totalidad la presente acusación en todos y cada de los términos en los que fue propuesta, conforme a lo señalado en el artículo 330 ejusdem; y así se decide. IV DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS La norma rectora que rige el procedimiento por admisión de los hechos es el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente: “…en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Éste podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la pena…” Ha dicho la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal, en relación a la figura del procedimiento por admisión de los hechos lo siguiente: “…el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al estado tiempo y dinero al no intervenir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso…” “…la admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso…”(Sala Constitucional Sentencia Nro. 242 de fecha 15-02-07). En el caso subjudice, el acusado WLADIMIR ARQUIZ GARZAN ZAMBRANO, al ser impuestos de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, manifestaron en forma libre, espontánea, sin juramento y sin coacción alguna su disposición de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, se procedió a imponerse la pena respectiva de la siguiente manera: El artículo 458 del Código penal venezolano establece lo siguiente: “cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiere estado manifiestamente armada, o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábito religioso o de otra manera disfrazadas, o si, en fin, se hubiere cometido por medio de un ataque a la libertad individual, la pena de prisión será por tiempo de diez a diecisiete años; sin perjuicio a la persona o personas acusadas de la pena correspondiente al delito de porte ilícito de armas” El artículo 277 del Código Penal venezolano, establece: “El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de prisión de tres a cinco años. Siendo así y tomando los extremos de la pena señalada para el delito objeto de la presente controversia, tenemos que el término medio de la pena a aplicar por el delito de robo agravado es de trece (13) años y seis (06) meses, según lo dispuesto en el artículo 37 ejusdem, la cual se aplica en su límite inferior, más un (01) año de prisión por el delito porte ilícito de arma de blanca luego de efectuada la conversión a la que se refiere el artículo 88 ejusdem, resultando una pena definitiva aplicable de ONCE (11) AÑOS, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA BLANCA, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal venezolano. Debe señalarse que verificada la admisión de los hechos efectuada por los acusados de autos y por aplicación del artículo 376 del Copp que contempla una rebaja de un tercio a la mitad de la pena a imponer, en el presente caso se procedió a rebajar un tercio de la pena respecto al delito de Robo Agravado y una rebaja de la mitad, en relación al delito de Porte Ilicito de Arma de blanca, resultando en definitiva una pena a imponer antes señalada en la presente sentencia. Habida cuenta que la pena impuesta supera el límite legal que establece la presunción legal del peligro de fuga, y sobre la base de que no han variado los presupuestos fácticos del artículo 250 del Copp, este Tribunal resuelve mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad. V DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, resuelve: Unico: actuando conforme a lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal CONDENA al ciudadano WLADIMIR ARQUIZ GARZAN ZAMBRANO, identificado en autos, a cumplir la pena de de ONCE (11) AÑOS DE PRISION, por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO y PORTE ILICITO DE ARMA DE BLANCA, previsto en el artículo 458 ejusdem, en perjuicio del ciudadano CARLOS ALEXIS CALDERA FLORES. Se exonera al acusado del pago de las costas del proceso, toda vez que se han acogido al procedimiento por admisión de los hechos y le han suprimido al Estado venezolano la realización de un juicio oral y público, conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal. Se fija como fecha provisional de culminación de la presente condena el día 26 de Enero de de 2021, sin perjuicio del cómputo de pena que por mandato de la norma adjetiva debe efectuar el Juez de Ejecución respectivo. Se ordena la publicación de la presente sentencia condenatoria, a los veintisiete (27) días del mes de Enero de 2010, en la sede de este Tribunal Segundo de Control de Primera Instancia Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo. El Juez Presidente, Abg. Kervin E. Villalobos M. La secretaria, Abg. Rita Cáceres.