TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON

SENTENCIA DEFINITIVA: CAUSA: IP01-P-2009-0002610

Corresponde a este Tribunal de Control, emitir sentencia en la presente causa, seguida contra el acusado CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V-16.709.865 soltero, de ocupación comerciante, natural de Coro, domiciliado en Cumarebo, calle Guzman, casa N° 85, hijo de Dexa María Ramírez Y Carlos Alberto Chirinos, a quien este Tribunal lo sentenció a cumplir la pena de 3 y 6 meses de por la comisión del delito de Ocultamiento de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; a tal efecto, este Juzgado hace las siguientes consideraciones previas:

I
IDENTIFICACIÓN PLENA DEL ACUSADO

1.- CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V-16.709.865, soltero, de ocupación comerciante, natural de Coro, domiciliado en Cumarebo, calle Guzman, casa N° 85, hijo de Dexa María Ramírez Y Carlos Alberto Chirinos.

II
DE LOS HECHOS OBJETO DEL PROCESO

En la audiencia oral celebrada por este Juzgado Unipersonal de Control, el Ministerio Público representado por el abogado Delfín Marchan, en su condición de Fiscal 7º del Ministerio Público, ratificó el contenido de su acusación.

Los hechos contenidos en ella y por los que los acusados admitieron los hechos son los siguientes: “…El día 4 de agosto de 2009, siendo la 1:20 horas de la tarde, se constituye comisión policial integrada por los funcionarios Agentes JOSE PINEDA, HENDRY GONZÁLEZ, HELIAN SALAS, EMIRO SANCHEZ, ANDEMAR ACOSTA y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, haciéndose acompañar por los ciudadanos. LUIS MANUEL GUTIERREZ y ORANGEL MENCIAS VALLES; en un inmueble constituido por una vivienda construida en bahareque, pintada de color blanco, ubicado en: Calle Proyecto del sector Vista al mar de la Población de Cumarebo, Municipio Zamora del estado Falcón, con la finalidad de entrar y practicar Registro de dicho inmueble…en cuyo interior se encontraba el ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ…y al efectuarse el registro del inmueble, específicamente en el cubículo que funge como Habitación Principal, se localizó e incautó Un (1) Envase elaborado en material sintético de color blanco con tapa de rosca del mismo material y color con una etiqueta de color verde donde se puede leer entre otras la inscripción GINGO BILOBA contentivo en su interior de once (11) envoltorios de material sintético de color rojo y verde anudados en su extremo superior con hilo de color negro, los cuales contienen en su interior una sustancia constituida por polvo suelto de color blanco con olor fuerte y penetrante, todos estos al ser analizados químicamente resultaron ser COCAÍNA CLORHIDRATO CON UN PESO NETRO DE CINCUENTA Y TRES COMA TRES GRAMOS (53,3 grams) igualmente se le incautó al ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ en el bolsillo trasero derecho del pantalón que vestía para el momento la cantidad de VEINTICUATRO BOLÍVARES (bs 24,00)…”

Seguidamente el Representante Fiscal, expuso sucintamente los medios de pruebas en los que soportaba su acusación y los ofreció a los fines de demostrar la culpabilidad del sindicado, acusándolo formalmente del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Finalmente solicitó la admisión de la acusación y el enjuiciamiento oral y público del encartado así como el mantenimiento de la medida de privación judicial preventiva de libertad.

Acto seguido se les impuso al acusado de sus derechos contemplados en el artículo 125 del COPP, y se le informó que su declaración era un instrumento para su defensa por lo que se le impuso del contenido de los artículos 130 y 131 eiusdem, así como del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, manifestando no querer declarar.

Por su parte, la defensa solicitó que se le impusiera del procedimiento especial por admisión de los hechos, dado que el encartado le había informado su voluntad de someterse al referido procedimiento especial.

Seguidamente el Tribunal previamente a concederle el derecho de palabra al acusado y de imponerlo de las fórmulas alternativas de prosecución del proceso penal y del procedimiento especial por admisión de los hechos, procedió a Admitir con fundamento en los artículos 329 y 330 del COPP, en relación con el artículo 326 eiusdem, la acusación Fiscal en virtud de haber ofrecido fundamentos serios para el enjuiciamiento oral y público del ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad V-16.709.865, soltero, de ocupación comerciante, natural de Coro, domiciliado en Cumarebo, calle Guzman, casa N° 85, hijo de Dexa María Ramírez Y Carlos Alberto Chirinos, en consecuencia se admitieron por útiles, pertinentes y necesarios todas las pruebas ofrecidas por la Fiscalía en su demanda penal. De igual manera se declaró sin lugar la nulidad invocada por la defensa en razón de que la orden de allanamiento no expresaba el cuerpo de investigación o la identificación de los funcionarios que practicarían la orden de allanamiento; en este sentido se explicó como motivo de denegación de la nulidad que sien era cierto que la orden de allanamiento no expresaba tal dato, no era menos cierto que el asunto penal de investigación que se aperturó con relación a la orden de allanamiento otorgado, su decisión expone en sus fundamentos y en todo su contenido que el registro lo efectuarían funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, y se lee de la redacción de la orden propiamente tal que ese dato se omitió tanto es así que la conexión de ideas en su redacción no se corresponde armónica y coherentemente dado que ese dato se omitió, pero de modo alguno este presupuesto o carencia pudiera viciar la orden de allanamiento, máxime cuando se lee del acta policial que los funcionarios actuantes se presentaron ante el imputado y se identificaron para posteriormente leerle el contenido de la orden de allanamiento, cuestión o hecho que es confirmado y corroborado por los testigos del procedimiento. En relación a un ùltimo planteamiento de la defensa cuestionó la inspección 1269 con la inspección 9700060419 y la experticia química, pero no explicó cual era el motivo de su disentimiento, por lo cual el Tribunal está impedido de resolver la invocación por no expresarse las razones y motivos del cuestionamiento o tacha de nulidad.

Seguidamente el Tribunal una vez que admitió totalmente la acusación Fiscal procedió a imponer al acusado de las medidas alternativas de prosecución del proceso penal, a saber, Principio de Oportunidad, Acuerdos Reparatorios y Suspensión Condicional del Proceso, aún y cuando es claro que dichas medidas no proceden respecto al delito imputado. También se les explicó detalladamente del procedimiento especial por admisión de hechos, previsto en el artículo 376 del COPP, indicándoles de manera detallada y clara en que consistía y los beneficios que procuraban tanto a él como al Estado. Se le concedió el derecho de palabra a cada uno por separado y expusieron: “ADMITÓ VOLUNTARIAMENTE, LOS HECHOS Y SOLICITO SE ME IMPONGA LA CONDENA CORRESPONDIENTE POR EL DELITO DE OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, ASIMISMO SOLICITO LA REMISIÓN DE LA CAUSA AL TRIBUNAL DE EJECUCIÓN”

III
HECHOS QUE QUEDAN ACREDITADOS

Basado en la admisión de los hechos efectuada por el acusado quien asumió plenamente la responsabilidad de los hechos, el Tribunal cumpliendo con su función sentenciadora y los requisitos de la sentencia conforme al contenido del artículo 364.3 del COPP, estima acreditados los hechos que el Ministerio Público planteó como objeto del debate en su escrito de acusación, esto es que:

El día 4 de agosto de 2009, siendo la 1:20 horas de la tarde, se constituye comisión policial integrada por los funcionarios Agentes JOSE PINEDA, HENDRY GONZÁLEZ, HELIAN SALAS, EMIRO SANCHEZ, ANDEMAR ACOSTA y DARWIN DAVALILLO, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, haciéndose acompañar por los ciudadanos. LUIS MANUEL GUTIERREZ y ORANGEL MENCIAS VALLES; en un inmueble constituido por una vivienda construida en bahareque, pintada de color blanco, ubicado en: Calle Proyecto del sector Vista al mar de la Población de Cumarebo, Municipio Zamora del estado Falcón, con la finalidad de entrar y practicar Registro de dicho inmueble…en cuyo interior se encontraba el ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ y al efectuarse el registro del inmueble, específicamente en el cubículo que funge como Habitación Principal, se localizó e incautó Un (1) Envase elaborado en material sintético de color blanco con tapa de rosca del mismo material y color con una etiqueta de color verde donde se puede leer entre otras la inscripción GINGO BILOBA contentivo en su interior de once (11) envoltorios de material sintético de color rojo y verde anudados en su extremo superior con hilo de color negro, los cuales contienen en su interior una sustancia constituida por polvo suelto de color blanco con olor fuerte y penetrante, todos estos al ser analizados químicamente resultaron ser COCAÍNA CLORHIDRATO CON UN PESO NETRO DE CINCUENTA Y TRES COMA TRES GRAMOS (53,3 grams) igualmente se le incautó al ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ en el bolsillo trasero derecho del pantalón que vestía para el momento la cantidad de VEINTICUATRO BOLÍVARES (bs 24,00).

IV
FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

La institución de la admisión de hecho se encuentra contemplada en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal y fundamentalmente es un mecanismo de auto composición procesal tendiente a la conclusión anticipada del procedimiento penal producto del reconocimiento voluntario que el acusado expresa respecto a su participación y culpabilidad en los hechos que el Estado por intermedio del Ministerio Público le imputa. Tal reconocimiento que contribuye a la efectiva tutela de los derechos de las victimas, la ciudadanía en general y del propio Estado conlleva a un conjunto de beneficio, entre los cuales está, la celeridad judicial lo cual comporta además de una pronta Justicia y el ejercicio efectivo del ius puniendi por parte del Estado, igualmente conlleva a una recompensa para el acusado que ha reconocido su culpabilidad y responsabilidad en el delito de manera anticipada, es precisamente, la formula prevista en el artículo 376 del COPP, la admisión de los hechos, que prevé una rebaja especial que va desde 1/3 a 1/2 de la pena que por el delito cometido normalmente se le aplicaría, según sea el caso, a la luz del encabezamiento de dicho artículo y su primer aparte, es decir, tomando en cuenta las circunstancias del caso, el bien jurídico afectado y el daño social causado. Pero, en el caso que los hechos se subsuman en los presupuestos del primer aparte de dicho artículo el juez sólo podrá rebajar 1/3 de la pena.

Sobre esta novísima Institución -La Admisión de los hechos- el Tribunal Supremo de Justicia se ha pronunciado de manera reiterada y entre las sentencias más recientes encontramos la número 78 del 25 de enero de 2006, expediente 2228 con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta Merchan, (sala Constitucional) igualmente y más reciente en sentencia del 23 de mayo de 2006, sentencia 1106, expediente 1422, expresó lo siguiente:
“De acuerdo con la norma reseñada, el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público, que, a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso previstas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal (como lo son el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios), cumple la misma función, es decir, pone fin al proceso, toda vez que se trata de una “negociación procesal” que asume voluntariamente el acusado, con el objeto de terminar la causa penal.
Se trata, además, de un mecanismo establecido en el Texto Penal Adjetivo que le permite al acusado obtener una rebaja de pena, cuando declara en forma anticipada su culpabilidad, lo que trae como consecuencia un ahorro económico para el Estado, en virtud de que se evita la celebración del juicio oral y público, el cual, por su propia naturaleza, contiene una serie de gastos de índole pecuniario. Permite, igualmente, la obtención de una justicia expedita, la cual es originada por la propia voluntad del acusado, al aceptar los hechos que le son atribuidos, estando ello en concordancia con la tutela judicial efectiva establecida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, del análisis del señalado artículo 376 se coligen los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, el primero de ellos, es la admisión por parte del juez de control, en la audiencia preliminar, de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuando se trate del procedimiento ordinario, o en el caso del procedimiento abreviado -delitos flagrantes-. El segundo de dichos requisitos es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del proceso -los comprendidos dentro de la acusación- y la solicitud de la imposición inmediata de la pena.
Así pues, respecto a la oportunidad para realizar la admisión de los hechos se debe distinguir del tipo de proceso que se trate, pues en el procedimiento ordinario, regulado por las normas contenidas en el Libro Segundo del Código Orgánico Procesal Penal, el acusado sólo podrá admitir los hechos objeto del proceso en la audiencia preliminar y una vez que el juez de control haya admitido la acusación presentada en su contra por el Ministerio Público; y en el caso del procedimiento abreviado -Título II del Libro Tercero- la admisión de los hechos sólo procederá en la audiencia del juicio oral, una vez presentada la acusación por el Ministerio Público y antes que el juez de juicio unipersonal haya dado inicio al debate.
Por tanto, no puede el acusado admitir los hechos en otras oportunidades, ya que esa circunstancia sería contradictoria con la naturaleza propia de la intención del legislador procesal penal, que se basó en la figura del “plea guilty”, tomada del derecho anglosajón, que permite la declaración de culpabilidad anticipada, ahorrándole al Estado tiempo y dinero, para invertirlos en otros juicios.
Así pues, dicha institución procesal está acorde con el derecho de toda persona a obtener una tutela judicial efectiva, pero necesariamente esa posibilidad de ofrecimiento al acusado de culminar anticipadamente el proceso, debe hacerse dentro de los parámetros y exigencias establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Además, cabe resaltar el procedimiento de admisión de los hechos no es contrario, en la forma como se encuentra contemplada en el Código Orgánico Procesal Penal, al derecho constitucional que tiene el imputado –como parte del debido proceso- de reconocer, en forma voluntaria, su culpabilidad dentro del proceso penal. La institución de la admisión de los hechos, simplemente es una oportunidad que se le ofrece al imputado, con un beneficio para su persona, para que reconozca voluntariamente su responsabilidad del hecho que le es imputado, lo que no quiere decir que, en el caso que no lo haga en ese instante, pueda declarar posteriormente y aceptar su participación o coparticipación del hecho que le es atribuido. Pero en este último caso, su declaración de la aceptación de la culpabilidad no le trae beneficio procesal alguno, por haber precluido la oportunidad para hacerlo, la cual es, el procedimiento ordinario, en la audiencia preliminar, y en el procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes de iniciarse el debate oral y público.
Asimismo, el derecho al debido proceso, y el consecuente derecho a la defensa, en plenitud, no se encuentran mermados por la figura de la admisión de los hechos, toda vez que al imputado que se le ofrece la oportunidad de concluir el proceso de acuerdo con su declaración de reconocimiento, previamente tuvo la oportunidad, durante el iter procesal, ya sea ordinario o abreviado, de alegar todo aquello que lo beneficie y que pueda desvirtuar la imputación fiscal (alegar excepciones de forma y de fondo, ser oído, ofrecer medios de pruebas, interponer recursos ordinarios, ser notificado de los “cargos” por los cuales se le investiga, entre otros mecanismos de defensa)….”

Hechas previamente las consideraciones de derecho respecto a la Admisión de los Hechos, se observa que el imputado admitió sus participación y responsabilidad en el delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito, en consecuencia, será a partir de dicho tipo penal que habrá de hacerse el cálculo de la pena para aplicarle la rebaja especial por admisión de hechos y finalmente imponerles la pena que deberá cumplir.

En relación a la pena que se le debe imponer al acusado por el delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, establece para ese delito una pena que va desde los 6 años a 8 años de prisión, cuyo término medio en aplicación de la dosimetría penal establecida en el artículo 37 eiusdem, es 7 años de prisión.

A partir de allí, entonces se aplicaría el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece:

“Solicitud. En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos, el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.

Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio público o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, el juez sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio. (Subrayado del Tribunal)

De la inteligencia de la norma antes transcrita se evidencian una serie de circunstancias que merecen ser analizadas a los efectos de imponer adecuadamente la pena que el acusado deberá cumplir. Así observamos que el legislador adjetivo penal en la parte in fine del encabezamiento autoriza al juez de la causa a rebajar la pena aplicable desde un tercio a la mitad atendiendo todas las circunstancias, el bien jurídico afectado y el daño social causado, lo que exige independientemente de la rebaja una motivación adecuada al caso en concreto.

Sin embargo, observamos que el primer aparte trae una excepción a aquella regla donde establece que sólo podrá rebajarse la pena en 1/3 en los siguientes casos:

1.- En delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas.
2.- En los delitos contra el patrimonio público, y
3.- En los delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (hoy Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), cuya pena exceda en su límite superior a la pena de 8 años de prisión.

Es claro decir, que a partir de aquellos 7 años de prisión procedería la rebaja que por concepto le corresponde por la admisión de hecho, que es de 1/3 a ½ dado que el delito atribuido a los encartados no excede en su límite máximo de la pena de 8 años de prisión.

En el caso de marras, quien aquí decide procede a imponerle la pena de TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, partiendo de la pena normalmente aplicable al delito imputado, vale decir, 7 años de prisión y aplicándole a su favor la rebaja ½ de la pena, es decir, la mitad y ella es aplicable de acuerdo a los establecido en el Código Orgánico Procesal Penal, puesto que la pena establecida para el delito por el que fue acusado el imputado no excede en su límite superior de 8 años de prisión, quedando la pena definitiva a imponerle en TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN.

Igualmente se le condenada a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Y así se decide.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Y así se decide.

Conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena para el 4 de febrero de 2.013.

Se mantienen en estado de privación de libertad ello con fundamento a la presente sentencia condenatoria y se ordena la confiscación del dinero de conformidad con el artículo 66 de la Ley Especial de Drogas. Y así se decide.

V
DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal 4º en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en los artículos 367 del Código Orgánico Procesal Penal, en armonía con el artículo 376 eiusdem, resuelve: Primero: CONDENA a TRES (3) AÑOS y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, al ciudadano CARLOS ALBERTO CHIRINOS RAMÍREZ, por la comisión del delito de Ocultamiento Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto en el segundo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, todo conforme al procedimiento especial por admisión de los hechos previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Segundo: Se le condena a cumplir las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal vigente. Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, se exime del pago de las costas procesales contempladas en el artículo 267 eiusdem, en virtud del principio de la gratuidad de la justicia consagrado en el artículo 254 de la Constitución Nacional. Cuarto: Conforme al artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal, se fija provisionalmente la fecha de culminación de la condena el 4 de Febrero de 2.013, de acuerdo a lo expuesto en la motiva de la decisión. Quinto: Se mantiene la privación de libertad ello con fundamento a la presente sentencia condenatoria. Sexto: Ordena la confiscación del dinero descrito en el acta de policía que había sido previamente incautado, ello conforme al artículo 66 de la Ley Especial de Drogas.

Regístrese, déjese copia, inclúyase en diario. Remítase el expediente de forma inmediata al Tribunal de Ejecución una vez quede definitivamente firme la sentencia.

Dada, firmada y sellada en el Juzgado 4º de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón. En Coro a los 2 días del mes de febrero de dos mil diez. Años 199° de la Independencia y 150° de la Federación.

EL JUEZ,

JUAN CARLOS PALENCIA GUEVARA

LA SECRETARIA,

CARYSBEL BARRIENTOS

Resolución Nº PJ04-2010-00052