TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON CON SEDE EN PUNTO FIJO
EXPEDIENTE Nº 9378

DEMANDANTE: FABRICA DE ENGRANAJES NACIONALES Y CONSTRUCCIONES S.A., (FAENA CONSTRUCCIONES S.A.)
DEMANDADO: MECANICA VENEZOLANA C.A., (MECAVENCA)
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACION
PERENCION DE LA INSTANCIA
Se inició la presente causa, recibida por distribución, en fecha cuatro (04) de Diciembre de 2008, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Barcelona, mediante oficio Nº 0790-1102, de fecha veinticinco (25) de Noviembre de 2008; contentivo del Juicio que por Cobro de Bolívares por Intimación, incoado por la empresa FABRICA DE ENGRANAJES NACIONALES Y CONSTRUCCIONES S.A., (FAENA CONSTRUCCIONES S.A.), domiciliado en Barcelona, Estado Anzoátegui, en la persona de su Apoderado Judicial Abogado Larry Aquias, inscrito en el IPSA bajo el Nº 63.374, en contra de la Empresa MECANICA VENEZOLANA, C.A., (MECAVENCA), Domiciliada en Punto fijo, Municipio Carirubana, estado Falcón.
En consecuencia, por las razones que anteceden; el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Barcelona, se declaro INCOMPETENTE por el TERRITORIO para conocer del Juicio, y declina la competencia a este Juzgado.
Posteriormente; en fecha dieciocho (18) de Diciembre de 2008, recayó auto del tribunal, mediante el cual este Juzgado se declaro COMPETENTE para conocer del presente procedimiento, conforme a lo establecido en el articulo 641 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo; se le dio entrada admitiendo la presente demanda; se ordeno Intimar a la Empresa Sociedad Mercantil MECANICA VENEZOLANA C.A., “MECAVENCA”, en la persona de su presidente ciudadano FERNANDO GUMERCINDO MOLINA GUTIERREZ, titular de la cedula de identidad Nº V-5.587.825, para que pague al demandante apercibido de ejecución, en el termino de diez (10) días de despacho contados a partir de que conste en autos la Intimación, para que pague al demandante la cantidad reclamada cuyo pago se intima.
En fecha catorce (14) de Enero de 2009, diligencio la Abogada Mary Ángel Carrión Rodríguez, con el carácter de autos, a los fines de consignar las copias simples del libelo de la demanda y auto de admisión, así como los emolumentos necesarios para la practica de la intimación ordenada. Asimismo; consigno los recaudos necesarios, a los fines de la apertura del Cuaderno de Medidas, de igual manera, solicito sea decretada la medida solicitada.
En fecha veintiséis (26) de enero de 2009, el Abogado Leonardo Pimentel, titular de la cedula de identidad V-10.613.231, inscrito en el IPSA bajo el Nº 59.037; solicito copias simples de la totalidad del expediente.
En fecha treinta (30) de Enero de 2009, recayó auto del Tribunal, mediante el cual se ordeno aperturar Cuaderno de Medidas.
En fecha seis (06) de Febrero de 2009, recayó auto del Tribunal, ordenando librar Boleta de Intimación.
En fecha cinco (05) de Marzo de 2009, recayó Sentencia Interlocutoria del Tribunal, mediante la cual se decreto Medida Preventiva de Embargo, sobre los bienes muebles propiedad de la empresa Sociedad Mercantil MECANICA VENEZOLANA C.A., (MECAVENCA), parte demandada en el presente juicio.
En fecha doce (12) de Marzo de 2009, diligencio el Alguacil del Tribunal, mediante la cual consigno oficio Nº 883-894, debidamente recibido por la ciudadana Maritza Ceballos, en su condición de Asistente del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana, con sede en Punta Cardón del Estado Falcón.
En fecha veintiuno (21) de Mayo de 2009, recayó auto del Tribunal, ordenando agregar al expediente las resultas de la Comisión conferida por este Juzgado, emanado del Juzgado Ejecutor de Medidas del Municipio Carirubana, con sede en Punta Cardón del Estado Falcón.
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
Sobre la Perención se ha pronunciado reiteradamente la Casación Venezolana, entre cuyas decisiones se citan las siguientes:
“La perención consiste en la extinción del proceso por el transcurso del tiempo previsto en la ley, sin que se hubiese verificado acto de procedimiento capaz de impulsar el curso del juicio.
Este instituto procesal encuentra justificación en el interés del estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar justicia; y por otra parte, en la necesidad de sancionar la conducta negligente de la parte, por el abandono de la instancia y su desinterés en la continuación del proceso. “
Establece el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su encabezamiento lo siguiente:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.”
Por su parte el artículo 269 ejusdem, señala:
“La perención se verificará de derecho y no es renunciable por las partes, puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declara, en cualquiera de los casos el artículo 267 es apelable libremente.”
Esta norma incorpora importantes cambios respecto de la perención. En primer lugar, el legislador precisa que la perención se interrumpe por un acto de procedimiento de parte; en segundo lugar, crea una serie de perenciones breves; y en tercer lugar, dispone que después de vista la causa no opera la perención.
La Sala Civil dejó sentado en decisión de fecha 11 de noviembre de 1998, lo siguiente:
“Nuestro Código de Procedimiento Civil utiliza el término instancia en dos sentidos diferentes. Como solicitud, petición o impulso, cuando alguna disposición exige que el Juez proceda a instancia de parte.
Como proceso judicial de conocimiento, desde que se inicia con la demanda, hasta la sentencia definitiva de fondo. En tal sentido habla el Código de jueces de instancia, o juez de primera o segunda instancia.
En relación con el significado del vocablo, expresa Carnelutti:
‘…la palabra demanda se reserva para significar el acto compuesto que resulta de combinar la instancia con la apelación, la voz más adecuada para designar el acto cuya noción he intentado esbozar es instancia; la prefiero a solicitud, porque expresa mejor el concepto de estímulo, y casi diríamos de impulso, a hacer.”
En la disposición del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el término instancia es utilizado como impulso. El proceso se inicia a impulso de parte, y este impulso perime en los supuestos de esta disposición legal, provocando su extinción.
Ahora bien, otro aspecto de importancia que fue determinado en la jurisprudencia tanto de la Sala de Casación Civil, como de la Sala Político Administrativa, es que no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, ambas Salas han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.
En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos.
En sentencia, de fecha aún más reciente, la misma Sala de Casación Civil expresó:
“…En relación a la perención de la instancia, la Sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio Luis Antonio Rojas Mora y otros contra Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones, estableció el siguiente criterio:
Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.
En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al juez. (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, 23 de Julio de 2003- Exp. Nº AA20-C-2001-000914.)
De modo pues que no existe ningún género de dudas, la ÚNICA ACTIVIDAD capaz de evitar la perención, SON LAS ACTUACIONES DE IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente.
Revisadas las actas procesales se observa que desde el día seis (06) de Febrero de 2009, fecha en la cual el Tribunal acordó Librar Boleta de Intimación, conforme a lo solicitado por la Abogada Mary Ángel Carrión, en diligencia de fecha catorce (14) de Enero de 2009, se evidencia, que ha transcurrido mas de un año; sin que las partes realizaran alguna actuación en los autos, por lo que al no existir ninguno de los actos de procedimientos de impulso válidos, para continuar la causa y por ende para interrumpir la perención anual, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe declararla de oficio por falta de impulso procesal en el presente juicio, como así se hará saber de forma clara, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo. Y ASÍ SE DECIDE.
En merito de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana y Por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Se declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA de la causa; presentada por el Abogado Larry Aquias, en su carácter de Apoderado Judicial de la empresa FABRICA DE ENGRANAJES NACIONALES Y CONSTRUCCIONES S.A., (FAENA CONSTRUCCIONES S.A.), por INTIMACION; en contra de la Sociedad Mercantil MECANICA VENEZOLANA C.A., (MECAVENCA), todos identificados Up Supra.
SEGUNDO: Se declara la EXTINCION DEL PROCESO de la presente causa.
TERCERO: No hay condena en costas de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se ordena notificar al demandante de la presente decisión de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese.
Déjese copia certificada del presente fallo en el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada, en la sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con sede en Punto Fijo, a los veintiséis (26) días del mes de Julio de 2010. Años: 200º y 151º.
El Juez Provisorio,

Abog. ESGARDO BRACHO GUANIPA.
El Secretario,

Abog. Víctor Hugo Peña B.
Nota: La anterior sentencia fue publicada en su fecha, siendo las 9:00 a.m., previo el anuncio de Ley y registrada bajo el Nº 145, fecha up supra. Conste.
El Secretario,

EB/VP/Rba.- Abog. Víctor Hugo Peña B.