REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON Santa Ana de Coro, veinticuatro (24) de Mayo de 2.010 Años; 200° y 151º EXPEDIENTE Nº 14.908-10 DEMANDANTE: VARGAS GARCÍA MELVIS DE LAS MERCEDES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.711.625, domiciliado en la ciudad de Valencia Estado Carabobo. APODERADO JUDICIAL: GLADYS GARCÍA TIRADO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 116.266. DEMANDADO: ALVAREZ COROBO LEIDA MARGARITA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.837.094. MOTIVO: Divorcio 185 del Código Civil, ordinal 2º En fecha siete (07) de enero de 2.010, se admite la presente demanda, ordenando emplazar a la demandante mediante compulsa para que comparezca al primer día de despacho siguiente pasados que sean cuarenta y cinco (45) días continuos se lleve a cabo el primer acto conciliatorio, más un (01) otorgado de término de distancia en razón del domicilio de la demandada, y pasados que sean cuarenta y cinco (45) días continuos luego de celebrado el primer acto conciliatorio se llevará a cabo el segundo acto conciliatorio. Y una vez celebrados ambos, se llevará a cabo el quinto (5to) día siguiente el acto de contestación de la demanda. Así como la notificación del Fiscal Octavo del Ministerio Público del Estado Falcón, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 y 132 del Código de Procedimiento Civil. En fecha veintiuno (21) de enero de 2.010, la apoderada judicial de la parte actora mediante diligencia consigna las copias simples necesarias a los fines de librar la respectiva notificación del Fiscal Octavo del Ministerio Público y a la demandada. En fecha veintidós (22) de enero de 2.010, el Tribunal por medio de auto ordena librar las respectiva compulsa de citación de la parte demandada, con su respectivo despacho de citación al Juzgado del Municipio Mauroa de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a los fines de la práctica de la citación de la demandada. En fecha seis (06) de abril de 2.010, el Tribunal mediante auto ordena agregar a los autos las resultas de la comisión conferida al Juzgado del Municipio Mauroa de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón. En fecha doce (12) de mayo de 2010, el Tribunal mediante auto acuerda librar la respectiva boleta de notificación a la Fiscal Octavo del Ministerio Público del Estado Falcón. En fecha catorce (14) de mayo de 2.010, el Alguacil de este Despacho consignó la boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal Octavo del Ministerio Público. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, es criterio de esta Juzgadora, que el fundamento de la perención obedece al abandono de las partes en la prosecución del juicio, lo que se atribuye al hecho objetivo de inactividad procesal durante un tiempo previamente establecido en el Código de Procedimiento Civil. En el caso que nos ocupa, se evidencia que desde el siete (07) de enero de 2.010, hasta la presente fecha veinticuatro (24) de mayo de 2.010, han transcurrido un total de ciento veintisiete (127) días, sin que las partes hubiese ejecutado ningún acto de procedimiento, sufriendo un abandono por falta de impulso procesal del actor; lo cual es castigado por el Legislador con la perención de la instancia, tal y como está establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil dispone que: “(…) Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado. 2º Cuando transcurridos treinta (30) días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado; 3º Cuando dentro del término de seis (06) meses constados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la Ley les impone para proseguirla. (…)”. La doctrina señala que la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un tiempo determinado (anual, semestral, mensual), sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. En tal sentido, el autor Arístides Rengel-Romberg, en su obra sobre Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente: “(...) Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso. La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez; y finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia. (...)” De lo ut supra transcrito se desprende que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, que está referida a la inactividad, se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días. Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entraña una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada. Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, con Sede en Coro, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: DECLARA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, primer aparte. SEGUNDO: No hay especial Condenación en Costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: De conformidad con lo previsto en el artículo 248 ejusdem, déjese copia certificada de la decisión en el archivo de este Tribunal. La Juez Suplente Especial Abog. Nelly Castro Gómez La Secretaria Abog. Cecilia Hansen Faneite Nota: La anterior decisión, se dictó en su fecha, siendo las 10:28 a.m., dejándose Copia Certificada de la misma para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Conste. Coro. Fecha Ut-Supra.- La Secretaria Abog. Cecilia Hansen Faneite NCG/CHF/Mapf.