REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Santa Ana de Coro, 10 de Noviembre de 2010 200º y 151º ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2009-003843 ASUNTO : IJ01-P-2010-001257 AUTO AUTORIZANDO CAMBIO DEL SITIO DE RECLUSIÓN Corresponde a este tribunal emitir pronunciamiento judicial; con respecto a solicitud de de traslado voluntario ínter penal del penado MARCOS ANTONIO ESPINOZA CAICEDO, Venezolano, mayor de edad, de 33 años, nació en Coro el 30 de Julio de 1976, soltero, chofer, residenciado en el barrio El Mirador, calle 4, casa numero 6-03, y Cédula de Identidad V-12.209.776, en el Estado Táchira; actualmente recluido en el Internado Judicial del Estado Falcón; no sin antes realizar las siguientes consideraciones: DE LA SOLICITUD DE TRASLADO La solicitud de traslado interpenal es planteada, verbalmente por el penado en la audiencia de imposición de ejecutoriedad de sentencia realizada en fecha 8 de noviembre del 2010, en donde manifiesta su voluntad de ser trasladado a la Cárcel Nacional de Sabaneta, en Maracaibo, Estado Zulia, en virtud de que es en esa ciudad donde el penado tiene su apoyo familiar. CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO De la revisión de la causa se evidencia que el penado MARCOS ANTONIO ESPINOZA CAICEDO, titular de la Cédula de Identidad V-12.209.776, fue condenado por el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 10 de mayo del 2010, a cumplir la Pena de Ocho (8) Años de Prisión, por la comisión del delito Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de Ocultamiento previsto en el articulo 31 de la ley contra el Trafico Ilícito y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se observa entonces, que el sitio de residencia aportado por el penado durante el devenir del proceso es precisamente la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, lo cual coincide con lo señalado por el penado en la referida audiencia, como el lugar donde el mismo posee apoyo familiar. Apoyo familiar este, determinante para que a un individuo penado se le facilite su reinserción a la sociedad, que es uno de los propósitos de la aplicación de la pena. A tal efecto señala, en el numeral 2 del artículo de la Ley de Régimen Penitenciario, lo siguiente: “La reinserción social del penado constituye el objetivo fundamental del periodo de cumplimiento de la pena. Durante el periodo de cumplimiento de la pena deberán respetarse estrictamente todos los derechos inherente a la persona humana consagrada en la Constitución y leyes nacionales, tratados, convenios, internacionales suscritos por la Republica, así como los derivados de sus particulares condición de condenado. Los tribunales de ejecución ampararán a todo penado en el goce y ejercicio de los derechos individuales, colectivos y difusos que le corresponda de conformidad con las leyes”. De igual modo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo 272, establece: “El Estado garantiza un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, sitios de estudio, deporte y recreación, y funcionarán bajo la dirección de penitenciariítas profesionales con credenciales académicas universitarias, y se regirá por una administración descentralizada a cargo de los gobierno a estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a una a modalidades de privatización. En general se preferirá en el ellos el régimen abierto, y el carácter de colonias agrícolas penitenciaria. En todo caso, la formula de cumplimiento de penas no privativas de la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria. El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post-penitenciaria que posibilite la reinserción social del interno y propiciar la creación de un ente con carácter autónomo y personal exclusivamente técnicos.” Así; se desprende que constituye un deber del Estado garantizar un sistema penitenciario mediante el cual se le pueda asegurar al penado su rehabilitación y se les garanticen sus derechos humanos. Sistema de reinserción social este, que requiere como uno de los factores determinantes el apoyo familiar, pues es a través de la institución familiar la que le puede proporcionar los valores sociales, espirituales, morales imprescindibles para la resocialización primaria del penado y en consecuencia, colaborará para un justa rehabilitación; por lo que este juzgado considera fundamental que el penado se incorpore a este proceso de reinserción social, de ser posible en el sitio donde se encuentra su grupo familiar. De manera, que dado que a los jueces de Ejecución deben velar por el cumplimiento del Régimen Penitenciario, el respeto y la estricta observancia de todos los derechos inherentes a la persona humana consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, leyes nacionales, tratados, convenios y acuerdos suscritos por la República, así como los derivados de su particular condición de condenado; es por lo que considera esta Juzgadora que lo procedente es Acordar el TRASLADO del penado MARCOS ANTONIO ESPINOZA CAICEDO, titular de la Cédula de Identidad V-12.209.776, desde el Internado Judicial del Estado Falcón, hasta el Centro Penitenciario de Santa Ana, en el Estado Táchira. Y ASI SE DECIDE DISPOSITIVA En virtud de los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal Segundo de Ejecución de Penas y Medidas del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela, DECLARA: Con lugar el traslado del penado MARCOS ANTONIO ESPINOZA CAICEDO, titular de la Cédula de Identidad V-12.209.776, condenado por el Juzgado Tercero de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 10 de mayo del 2010, a cumplir la Pena de Ocho (8) Años de Prisión, por la comisión del delito Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en la modalidad de Ocultamiento previsto en el articulo 31 de la ley contra el Trafico Ilícito y Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas; desde el Internado Judicial del Estado Falcón, hasta el Centro Penitenciario de Santa Ana, en el Estado Táchira. Ofíciese a la Dirección General de Custodia y Rehabilitación de Recluso. LA JUEZA SEGUNDA DE EJECUCION DRA. EVELYN PEREZ LEMOINE EL SECRETARIO ABG. VICTOR ACOSTA ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2009-003843 ASUNTO : IJ01-P-2010-001257