REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 7 de Septiembre de 2010
200º y 151º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2007-004346
ASUNTO : IP01-P-2007-004346
AUTO ACORDANDO PRÓRROGA DEL 313 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL
DE LA AUDIENCIA ORAL
Siendo las 10:30 horas de la mañana, del día de hoy, 07 de Septiembre de 2010, se encontraba fijada la oportunidad por este Tribunal Primero de Control de este Circuito Judicial Penal a cargo del ciudadano Abg. Edwin Montilla, para celebrar AUDIENCIA PARA RESOLVER SOLICITUD DE PLAZO PRUDENCIAL escrito consignado por la Defensa Publica Segunda, en representación del ciudadano: ANDRES SEGUNDO GONZALEZ GUTIERREZ. Se anuncia la presencia del Juez en la Sala, quien instruye a la secretaria para que verifique la presencia de las partes, a tal efecto, se deja constancia que se encuentran presentes el Fiscal Cuarto del Ministerio Público Abg. Lando Amado, la Defensora Pública Segunda Abg. Florangel Figueroa, la víctima ciudadana Lisleydy Coromoto Acurero Piña y el imputado de autos Andrés Segundo González Gutiérrez. Acto seguido, el ciudadano Juez explicó a los presentes la naturaleza y el objeto de la presente audiencia. Seguidamente, procede a otorgar el derecho de palabra a la Defensora Público Segunda Abg. Florangel Figueroa, quien ratifico escrito de solicitud consignado en fecha 01/12/2009, mediante el cual solicita se le fije un Plazo Prudencial al representante del Ministerio Público a fin de que presente el correspondiente Acto Conclusivo, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Culminada la intervención de la defensa, se le otorga el derecho de palabra a la representante del Ministerio Público en la persona del Abg. Lando Amado, quien expuso: “Solicito se le conceda a esta representación fiscal un lapso de Cuarenta y Cinco días a fin de consignar el respectivo acto conclusivo”. Posteriormente interviene la defensa y expuso no me opongo a la solicitud del Ministerio Público. Seguidamente el Tribunal pasó a resolver las peticiones de la siguiente manera: Este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley Resuelve: Acuerda fijar un lapso de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CONTINUOS, al representante de la Fiscalia Cuarta del Ministerio Público a fin de que presente el correspondiente Acto conclusivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal…”
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
El Tribunal oídas las exposiciones pasa a resolver la solicitud de prórroga, de conformidad con lo previsto en el artículo 313 del código orgánico procesal penal, en base a las siguientes consideraciones:
Efectivamente, como una de las consecuencias del principio de afirmación de libertad, así como del derecho constitucional a la seguridad jurídica, el Código Orgánico Procesal Penal; prevé un periodo de duración de la fase preparatoria dentro del cual, una vez hecha la individualización de la persona o personas investigadas, el Ministerio Público como titular de la acción penal, estará obligado a poner un finiquito a la fase preparatoria que se dirige contra ésta, mediante la presentación de un acto conclusivo, como lo puede ser la acusación, el archivo, o el sobreseimiento.
En tal sentido, el encabezado del artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé un lapso de seis meses para la conclusión de la investigación, una vez que ha sido hecha la individualización del imputado o imputada. La razón de dicho espacio de tiempo, obedece a la necesidad natural de evitar que la persona o personas, sobre la cual recaiga una individualización durante la fase preparatoria; esté sujeta a una investigación penal indefinida, cuya conclusión quede supeditada a la voluntad del ente titular de la acción penal. Por ello, y precisamente en atención a establecer un equilibrio entre el carácter acusatorio que rige nuestro proceso penal, así como el derecho del imputado de no estar sometido a una investigación de manera indefinida, es que el legislador ha previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, unos plazos iniciales y una eventual prorroga para poner fin a la fase preparatoria del proceso penal.
En este orden de ideas, el mencionado artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone:
Artículo 313. Duración. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera.
Pasados seis meses desde la individualización del imputado, éste podrá requerir al juez de control la fijación de un plazo prudencial, no menor de treinta días, ni mayor de ciento veinte días para la conclusión de la investigación.
Para la fijación de este plazo, dentro de las veinticuatro horas de recibida la solicitud, el juez o jueza deberá fijar una audiencia a realizarse dentro de los diez días siguientes. Para oír al Ministerio Público, al imputado o imputada y su defensa, debiendo tomar en consideración la magnitud del daño causado, la complejidad de la investigación, y cualquier otra circunstancia que a su juicio permita alcanzar la finalidad del proceso.
Quedan excluidas de la aplicación de esta norma, las causas que se refieran a la investigación de delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.
La no comparecencia del imputado o imputada o su defensor o defensora no suspende el acto.
De la inteligencia de la norma se desprende palmariamente el derecho que le asiste al imputado o imputada, de solicitar por ante el Juez o jueza de Control respectivo, la fijación de un plazo prudencial para que el Ministerio Público concluya la investigación y presente el acto conclusivo a que hubiera lugar, en aquellas causas, donde individualizado el imputado o imputada, se haya superado los 6 meses de duración, sin concluir la investigación y no se trate de investigaciones iniciadas por delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos.
Respecto a estos requisitos, se observa que la investigación seguida en contra del imputad ANDRÉS SEGUNDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, no se adelanta por la comisión de los delitos en los que la propia ley, excluya la aplicación del plazo prudencial para la conclusión de la investigación, es decir, al imputado de autos no se le investiga por delitos de lesa humanidad, contra la cosa pública, en materia de derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico y delitos conexos; sino por un delito previsto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo es, el de Violencia Física, razón por la cual puede perfectamente hacer uso por si, o por intermedio de su defensor, del derecho que le otorga el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.
Asimismo, aprecia este Juzgador, que en la presente causa ha transcurrido más de los seis meses desde la fecha de individualización del imputado, pues el Ministerio Público, en fecha 02 de noviembre de 2010, decretó en contra del mencionado imputado las medidas cautelares prevista en el numeral 8 del artículo 92 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; situación esta que no fue negada por el Ministerio Público, siendo que desde dicha fecha, al día que se dicta la presente resolución, ha transcurrido sobradamente los seis meses que establece la ley; de manera tal, que se encuentran satisfechos los requisitos atinentes a la individualización del imputado, la duración de la presente fase preparatoria, y la viabilidad de la presente solicitud dada la naturaleza del delito imputado.
Se observa asimismo, que otro de los requisitos para la fijación del plazo prudencial, lo constituye la obligación del Juez o Jueza, de oír previamente al Ministerio Público, al imputado y a su defensa, para luego atendiendo a la magnitud del daño causado por el delito imputado, la complejidad de la investigación y cualquier otra circunstancia que a juicio del Tribunal permita alcanzar las finalidades del proceso a luz del artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, la verdad de los hechos por intermedio de las vías jurídicas y la justicia en la aplicación del derecho; le permita decidir, sobre el tiempo de prórroga a otorgar para la conclusión de la investigación, el cual conforme a la ley no puede ser menor de 30 días ni mayor de 120 días,
En el presente caso, dicho requerimiento, fue igualmente cumplido, pues se contó con la presencia de la representación del Ministerio Público, el imputado su defensa y la víctima.
Finalmente, verificados como han sido los requisitos ut supra expuestos, este Tribunal, estima que lo ajustado a derecho es declarar CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Penal FLORANGEL FIGUEROA, a favor del imputado ANDRÉS SEGUNDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, mediante la cual solicitó la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la presente investigación seguida en su y la del coimputado Oscar José Gómez; y en consecuencia SE FIJA EL LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS para que el Ministerio Público culmine la investigación y presente el acto conclusivo que a bien considere, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: CON LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública Penal FLORANGEL FIGUEROA, a favor del imputado ANDRÉS SEGUNDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, mediante la cual solicitó la fijación de un plazo prudencial para la conclusión de la presente investigación seguida en su y la del coimputado Oscar José Gómez; y en consecuencia SE FIJA EL LAPSO DE SESENTA (60) DÍAS para que el Ministerio Público culmine la investigación y presente el acto conclusivo que a bien considere, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, déjese copia de la presente decisión, remítanse las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público, en la oportunidad legal correspondiente.
EL JUEZ PRIMERO DE CONTROL
ABG. EDWIN MONTILLA CASTIBLANCO
LA SECRETARIA
KARINA GONZÁLEZ MONTENEGRO
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