TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Coro, 10 de Febrero de 2011
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2011-000540
ASUNTO : IP01-P-2011-000540

RESOLUCIÓN Nº- PJ0042011000111.-

RESOLUCIÓN DECRETANDO MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a los artículos 173, 177, 246, 250 y 254 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de Privación Judicial Preventiva de Libertad emitida en fecha 05.02.11, en contra de los ciudadanos; LEVI ANTHONY BORREGO SALAS por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal y contra el ciudadano; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos; LUIS MUNELO, ELIAS JOSE QUINTERO, ELIAS RAFAEL QUINTERO y EL ESTADO VENEZOLANO. Igualmente ordenó la aplicación del procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal.

I
IDENTIFICACIÓN PLENA DE LOS IMPUTADOS
1.- BORREGO SALAS LEVI ANTHONY; Venezolano, mayor de edad, de 22 años, fecha de nacimiento , titular de la cédula de identidad V-, 18.957.418 residenciado en el sector La Cañada , casa sin numero , Coro estado falcón; grado de instrucción Primer año de bachillerato; Hijo de ROGELIO ANTONIO BORREGO AGUIRRE MELI BETRIZ SALAS, oficio comerciante ; teléfono: 0424-4359930.
2.-MEDINA MANZANO ELIAN DANIEL; Venezolano, mayor de edad, de 18 años, fecha de nacimiento 13-11-92 , titular de la cédula de identidad V- 20.932.941, residenciado en el barrio ZUMURUJAURE callejón San Luis, Casa s/n cerca de una Iglesia Evangélica, Coro estado falcón; grado de instrucción Primer año de bachillerato; Hijo de MARILUZ MANZANO y TONY ELIASER MEDINA; teléfono: 0424-6670007.

II
DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN
Verificada la presencia de las partes, la ciudadana Juez advierte sobre la naturaleza, importancia y significado del acto. Seguidamente se le concedió la palabra a la parte fiscal, “quien ratificó en toda y cada una de sus partes el escrito presentado por ante este Circuito Judicial Penal, narrando los hechos que dieron origen a su solicitud. Pidió se decrete en contra de los ciudadanos; LEVI ANTHONY BORREGO SALAS por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal y contra el ciudadano; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos; LUIS MUNELO, ELIAS JOSE QUINTERO, ELIAS RAFAEL QUINTERO y EL ESTADO VENEZOLANO, la Medida de Privación Privativa de Libertad por considerar llenos los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; igualmente solicito la aplicación del procedimiento ordinario previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.

Acto seguido se impuso a cada uno de los imputados por separado del precepto constitucional previsto en el artículo 49 ordinal 5º de la Constitución Bolivariana de Venezuela, concatenado con los artículos 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal que lo exime de declarar en causa penal que se siga en su contra, que puede declarar si lo desea en cuyo caso lo hará sin juramento y libre de todo tipo de coacción o apremio, o abstenerse de hacerlo sin que su negativa se tome como elemento en su contra, y que es la oportunidad que la ley les brinda para decir todo cuanto quiera para desvirtuar los hechos que le imputa el representante del Ministerio Público. Se le informó de la causa por la que se le sigue averiguación, con los artículos en que se funda, manifestando el imputado LEVI ANTHONY BORREGO SALAS querer declarar y expuso: “ Yo le pido al muchacho que me llevara a una farmacia cercana que viene por aquí , se para un taxi y nos paran nos dicen pongan las manos arribas, yo venia con el Elian y un policia para el taxi y nos dice que nos tiremos al piso sacan un bolso del carro y las tiran al piso , nos montan en una patrulla y nos nos dicen nada , que nos callaramos . La Defensa procede a preguntar si en el moento que la policia los detiene habian otras personas alrededor de ustedes. el imputado indica que si habian muchas personas al alrededor de ellos.Es todo”

Seguidamente se le concede el derecho de palabra al imputado; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO quien expuso: “ yo venia de Cruz Verde de la casa de unos amigos y lo conozco de vista me dide que lo acompañara a una farmacia y aparece una motorisado y luego la policia itersecta a un taxi sacan unos bolsos y nos llevan en la patrulla y nos dicen que estamos caidos porque andabamos con el menor que ellos agarraron y llevavan unas escopetas en la patrulla. Es todo. ”
Acto seguido el Juez le concede la palabra a la Defensora Publica quien expone sus alegatos de defensa y manifiesta: “Me opongo a la solicitud de medida privativa de libertad por cuanto solo consta en el acta policiaL declaraciones de los denunciantes y no esta ningun testigo en este sentido no estan llenos lo estremos del articulo 252 del Código Orgánico Procesal Penal, de considerar la ciudadana jueza que si procede la privacion de libertdad de ordene un reconocimiento en reuda de individuos y que se le realice una entrevista al menor que fue presentado por el Tribunal de Lopna todo de conformidad ocn lo previsto en el artículo 8, 9 y 243 del Código Orgánico Procesal Penal”.Es todo”.
III
DECISION DEL TRIBUNAL
ESTE TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley previo a emitir los pronunciamientos a que haya lugar, realiza la siguiente consideración, consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia. En el presente caso, la detención de los ciudadanos: LEVI ANTHONY BORREGO SALAS y ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, fue efectuada por flagrancia, razón por la cual es lógico afirmar que la misma se realizo sin contravenir nuestro Texto Constitucional. En este sentido es necesario enfatizar que La flagrancia, es una de las excepciones establecidas a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV, que consagra “La libertad personal es inviolable; en consecuencia:
1.-Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti…”
Sobre la aprehensión por flagrancia como excepción a la regla general que es la libertad personal, es necesario destacar el criterio jurisprudencial consagrado por la Sala Constitucional la cual ha expresado en decisión emitida en Fecha 11 de Diciembre del 2001, N.- 2580 que:
“…La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 44, consagra la inviolabilidad del derecho a la libertad personal, estableciendo que la aprehensión de cualquier persona sólo puede obrar en virtud de dos condiciones, a saber, orden judicial o flagrancia…(Omissis)
… “La reciente reforma del Código Procesal Penal,… (Omisis) define flagrancia en su artículo 248, en términos idénticos a la normativa transcrita.
Observa la Sala que, según la norma anterior, la definición de flagrancia implica, en principio, cuatro (4) momentos o situaciones:

1. 1. Delito flagrante se considera aquel que se esté cometiendo en ese instante y alguien lo verificó en forma inmediata a través de sus sentidos.

La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito.
Es esa situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada, establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su perpetración (artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 3.558 Extraordinario del 14 de noviembre de 2001).
Ahora bien, existen delitos cuya ejecución se caracterizan por la simulación de situaciones, por lo oculto de las intenciones, por lo subrepticio de la actividad, y en estos casos la situación de flagrancia sólo se conoce mediante indicios que despiertan sospechas en el aprehensor del supuesto delincuente.

Si la sola sospecha permite aprehender al perseguido, como lo previene el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, y considerar la aprehensión de dicho sospechoso como legítima a pesar que no se le vio cometer el delito, con mayor razón la sola sospecha de que se está perpetrando un delito, califica de flagrante a la situación.

No debe causar confusión el que tal detención resulte errada, ya que no se cometía delito alguno. Ello originará responsabilidades en el aprehensor si causare daños al aprehendido, como producto de una actividad injustificable por quien calificó la flagrancia.

También es necesario que la Sala apunte, que a pesar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal no lo contemple, el aprehensor -como prueba de la flagrancia- podrá requisar las armas e instrumentos con los cuales aparezca que se ha cometido el delito o que fueren conducentes a su esclarecimiento, tal como lo contemplaba el artículo 185 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, el cual era una sabia norma, ya que en muchos casos la sóla aprehensión de una persona no basta, si no puede vincularse a ésta con el delito que se dice se estaba cometiendo o acababa de cometerse; o si no puede justificarse la detención de quien se encontraba cerca del lugar de los hechos, si no se presentan las armas, instrumentos u objetos que de alguna manera hicieron presumir con fundamento al aprehensor, que el detenido es el delincuente.
2. Es también delito flagrante aquel que “acaba de cometerse”. En este caso, la ley no especifica qué significa que un delito “acabe de cometerse”. Es decir, no se determina si se refiere a un segundo, un minuto o más. En tal sentido, debe entenderse como un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito. Es decir, el delito se cometió, y de seguidas se percibió alguna situación que permitió hacer una relación inmediata entre el delito cometido y la persona que lo ejecutó. Sólo a manera de ejemplo, podría pensarse en un caso donde una persona oye un disparo, se asoma por la ventana, y observa a un individuo con el revólver en la mano al lado de un cadáver.
3. Una tercera situación o momento en que se considerará, según la ley, un delito como flagrante, es cuando el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público. En este sentido, lo que verifica la flagrancia es que acaecido el delito, el sospechoso huya, y tal huída da lugar a una persecución, objetivamente percibida, por parte de la autoridad policial, por la víctima o por el grupo de personas que se encontraban en el lugar de los hechos, o que se unieron a los perseguidores. Tal situación puede implicar una percepción indirecta de lo sucedido por parte de aquél que aprehende al sospechoso, o puede ser el resultado de la percepción directa de los hechos, lo que originó la persecución del sospechoso.
4. Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante, se produce cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor. En este caso, la determinación de la flagrancia no está relacionada con el momento inmediato posterior a la realización del delito, es decir, la flagrancia no se determina porque el delito “acabe de cometerse”, como sucede en la situación descrita en el punto 2. Esta situación no se refiere a una inmediatez en el tiempo entre el delito y la verificación del sospechoso, sino que puede que el delito no se haya acabado de cometer, en términos literales, pero que por las circunstancias que rodean al sospechoso, el cual se encuentra en el lugar o cerca del lugar donde se verificó el delito, y, esencialmente, por las armas, instrumentos u otros objetos materiales que visiblemente posee, es que el aprehensor puede establecer una relación perfecta entre el sospechoso y el delito cometido.”

Del análisis realizado a la doctrina jurisprudencial antes citada, concatenándola con el caso in comento al establecer en el Acta Policial de fecha 03 de Febrero del 2.011, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía de Falcón donde se describen las circunstancias de modo lugar y tiempo que originaron la aprehensión inserta a los folios ocho (08) y nueve (09), los cuales entre otras cosas exponen:“ avisto a tres (03) ciudadanos aun por identificar huyendo en veloz carrera en sentido Este-Este, observando a simple vista que uno de ellos llevaba colgado un bolso entre sus hombros y estos al observar la presencia de la comisión policial, frenan bruscamente con intención de retornar en sentido opuesto, acto seguido de conformidad a lo establecido en el articulo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana referido a la identificación policial, aplicando las medidas de seguridad referentes al caso, les ordeno a viva voz se arrojaran al pavimento en posición cubito dorsal colocando sus manos en un lugar visible, solicitando apoyo de inmediato vía radiofónica a todos los integrantes de la unidad motorizadas y radio patrulleras se avocaran al sitio del procedimiento apersonándose a los pocos minutos el CABO PRIMERO YOSELIS CAMPOS a bordo de la unidad Motorizada sin siglas, en donde antes de proceder a la inspección se les advierte a estas personas acerca de la sospecha levantada por los mismos, interrogándolos si poseían algún objeto o evidencia de interés criminalistico que guarde relación con algún delito y de ser afirmativo sus respuestas exhibiesen las mismas, negándose tales personas a poseer o ocultar algún objeto, procediendo de conformidad a lo establecido en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal referido a la inspección de persona arrojando el siguiente resultado: EL PRIMERO:…(Omissis) quedo identificado como BORREGO SALAS LEVI ANTHONY…(Omissis) se le colecta en el bolsillo derecho ubicado en la parte delantera de la bermuda que vestía, dos (02) equipos de telefonía celular el primero marca Motorilla, color gris con negro, serial del teléfono MSN:F32NHA2L2Z con su respectiva batería serial Nº SNN 5749ª y su chip Nº 895804320003603589, el segundo marca Huawei, color negro con azul, serial teléfono S/N: BOA9MB10A2903175, con su respectiva batería serial Nº BAAA924XC3808389, continuando con la inspección se le colecta adherido al hombro un bolso elaborado en material sintético (tela) color rojo, provisto de asas, en el cual se orienta el logo del Municipio Miranda y una inscripción que se lee Tu eres el Municipio! Miranda Social, contentivo de los siguientes objetos: 1RO. UN arma de fuego, tipo escopeta recortada, calibre 12, marca Covavenca, empuñadura de pasta color negro, pavón niquelado, modelo VP-764, serial: 51156, acondicionado para aprovisionar un solo cartucho, contentivo de un cartucho calibre 12; 2DO. Un (01) equipo de telefonía celular marca Nokia, modelo 1315, color gris con negro, serial del teléfono ESN. 037/06674853 con su respectiva batería serial Nº N403M1TQ17974, 3RO. Tres (03) carteras para caballeros, elaboradas en material sintético (cuero), dos (02) de color negra y una de color marrón, en donde todas las carteras poseen varios documentos, en donde en una cartera se encontraba una cedula de identidad laminada a nombre de QUINTERO RODRIGUEZ ELIAS JOSE C.I:15.915.543, FN: 22-02-1983, una carta medica expedida por la federación Medica Venezolana a nombre de ELIA QUINTERO y una tarjeta de debito emitido por el Banesco, serial 6012 8860 4951 2515, en la segunda cartera se ubica un carnet plasmado a nombre de QUINTERO HERNANDEZ ELIAS y la tercera cartera se ubica una copia de cedula de identidad laminada a nombre de MUNELO GUTIEREZ LUIS ALFONSO CI: 11.477.937. EL SEGUNDO: (Omissis) quedo identificado como: MEDINA MANZANO ELIAN DANIEL… (Omissis), se le colecta adherido al cinto derecho un arma de fuego de fabricación artesanal, tipo chopo, con apariencia de revolver, empuñadura de madera, acondicionado para aprovisionar un cartucho, contentivo de un cartucho calibre 38 marca Chavin punta chata. EL TERCERO: (Omissis) quedo identificado como MOLINA MOLINA RAFAREL DE JESUS (Omissis) no se le colecta ninguna sustancia u objeto de interés criminalistico….(Omissis) lo que se subsume sin lugar a dudas en los numerales 2º y 3º de la citada jurisprudencia al establecer: …2. Es también delito flagrante aquel que “acaba de cometerse”. En este caso, la ley no especifica qué significa que un delito “acabe de cometerse”. Es decir, no se determina si se refiere a un segundo, un minuto o más. En tal sentido, debe entenderse como un momento inmediatamente posterior a aquel en que se llevó a cabo el delito… (Omissis) y el 4º Una última situación o circunstancia para considerar que el delito es flagrante, se produce cuando se sorprenda a una persona a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde ocurrió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir, con fundamento, que él es el autor.”…(Omisis) por lo que se constata que la detención de los referidos ciudadanos se realizo bajo la flagrancia, bajo la excepción a la regla general establecida en el Art. 44-1 CRBV

Ahora bien, oídas y escuchadas las exposiciones y solicitudes de las partes, se observa que existe concurrencia de los requisitos requeridos por la norma procesal en el presente caso, al encontrarse acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, y que no se encuentra evidentemente prescrito, como lo es el delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, cuya acción penal no está evidentemente prescrita. Asimismo, se evidencia fundados elementos de convicción para estimar que los imputados han sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible atribuido por el representante del Ministerio Público; así mismo surgen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que los imputados han sido autor o partícipe en la comisión del hecho punible que le imputa el Ministerio Público, todo lo cual se puede verificar en las actas que el Ministerio Público presenta ante este Juzgado de Control, tales como se desprende en: 1.- Orden de Inicio de Investigación de fecha 04-02-2011 inserto al folio tres (02); 2.- Acta de entrevista realizada al ciudadano; ELIAS JOSE QUINTERO, de fecha 03-01-2011 realizada ante funcionarios adscritos a la Policía de Falcón inserta al folio cinco (05) y su vuelto; 3.- Acta de entrevista realizada al ciudadano; ELIAS RAFAEL QUINTERO, de fecha 03-01-2011 realizada ante funcionarios adscritos a la Policía de Falcón inserta al folio seis (06) y su vuelto;4.- Acta de entrevista realizada al ciudadano; LUIS ALFONSO MUNELO GTIERREZ, de fecha 03-01-2011 realizada ante funcionarios adscritos a la Policía de Falcón inserta al folio siete (07) y su vuelto; 5.- ACTA POLICIAL de fecha 03 de Febrero del 2.011, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía de Falcón donde se describen las circunstancias de modo lugar y tiempo que originaron la aprehensión inserta a los folios ocho (08) y nueve (09); 6.- Acta de Derechos de los Imputados LEVI ANTHONY BORREGO SALAS y ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO inserto a los folios diez (10) y once (11); 7.-Registro de Cadena de Custodia de Evidencia Física de fecha 03-02-2011 inserta a los folios doce (12), trece (13) y catorce (14).

Ahora bien considera esta Juzgadora que de las actuaciones mencionadas, existen suficientes elementos de convicción que hacen presumir que los ciudadanos: LEVI ANTHONY BORREGO SALAS y ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, son autores o partícipes del hecho punible que les fue imputado por el Ministerio Público, de lo que se acredita la comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal adicionándole el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal al ciudadano LEVI ANTHONY BORREGO SALAS; existe la presunción que los referidos imputados son autores o partícipe del hecho punible que le fue imputado por el Ministerio Público, ya que, según las actuaciones presentadas ante este Tribunal por parte del Ministerio Publico evidencian en su conjunto fundados elementos de convicción para estimar que los hoy imputados pudieran estar incurso en la comisión del delito ya citado; y con fundamento en los principios de Estado de Libertad y de Proporcionalidad establecidos en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal. En relación al hecho punible que le están siendo imputado, implicaría una pena privativa de libertad de mas de (10) diez años de prisión; circunstancias estas que hacen presumir muy razonablemente el peligro de fuga o obstaculización de la verdad respecto a la investigación en este proceso judicial, todo lo cual conforma los tres ordinales constitutivos del artículo 250, así como los artículos 251 y 252 ambos del Código Orgánico Procesal Penal venezolano vigente.
En cuanto a lo manifestado por la defensa en cuanto a la falta de testigos al momento de la aprehensión siendo las 2 de la tarde no se justifica que no haya testigos, por lo que solicita la libertad plena de sus defendidos; es preciso destacar lo dispuesto en sentencia emitida por la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, en fecha 28-09-2009 bajo el numero: Nº- 347-2009 al manifestar:
“…Asimismo, debe igualmente señalarse que resulta un desacierto la estimación de la recurrente referido a que sólo se contaba con el dicho del único funcionario, es decir el acta policial, para privar a sus defendidos. En tal sentido, cabe destacar que a los efectos de la medidas de coerción personal impuestas, hablamos de elementos y no de medios de prueba –concepto este último al que hace referencia la citada doctrina, con la cual se niega la posibilidad de condenar en juicio oral y público a un procesado con la sola declaración de los funcionarios policiales- para establecer la responsabilidad penal. ( subrayado del tribunal).

En tal sentido, la Dra. María Trinidad Silva de Vilela, en su artículo titulado “Debido Proceso y Medidas de Coerción Personal”, publicado en las Décimas Jornadas de Derecho Procesal Penal, expresa:

“… Lo requerido son elementos de convicción y no pruebas. Respecto a estos requisitos, es menester hacer unas precisiones. La primera, es lo que exige el legislador para dictar una medida privativa de libertad o cautelar sustitutiva durante el proceso, son elementos de convicción acerca de la comisión de un delito y la participación del imputado en ese hecho punible, en ningún caso se trata de pruebas concluyentes, ello en razón de que en el proceso no existen pruebas hasta que se producen en el debate durante la etapa de juicio, en forma oral, pública y controladas por las partes. En las etapas investigativa e intermedia del proceso, solo estamos en presencia de elementos de convicción extraídos de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público, que si bien no tienen el valor para fundamentar una sentencia, sin embargo tienen la suficiente fuerza para apoyar los actos conclusivos de la etapa investigativa o preliminar del proceso y para fundar cualquier otra decisión de las que legalmente pueden dictarse antes de establecer el fallo definitivo… De forma que, no es necesaria la prueba de estás circunstancias ello es improcedente porque en esta etapa no hay pruebas, exigirlas es un contrasentido y admitirlas es atentar contra dos principios que rigen el proceso penal venezolano, básicamente porque los elementos obtenidos durante la investigación no han sido sometidos al debido control de las partes en el proceso y si bien estas aspiran a convertirlos en pruebas durante el debate en la fase de juicio, aún no han adquirido ese carácter. “Se trata pues, indefinitiva de actos que introducen los hechos en el proceso y contribuyen a formar en el juez el juicio de probabilidad.”…” (Año 2007, Pág. (s) 204 y 205) (Negritas y cursivas de la Sala).
Por lo que al estar referido el criterio jurisprudencial a aspecto ulterior (sentencia condena) y el presente caso al inicio de una investigación penal el criterio argumentado por la recurrente no se ajusta a los supuestos de hechos considerados.
En el alegato esgrimido por la recurrente, relativo a que no se encuentran llenos los extremos de los ordinales 2° y 3° del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal; estima esta Sala, que tal denuncia debe ser desestimada, en primer lugar, por cuanto contrariamente al contenido de la presente denuncia, en actas si existen una serie de diligencias y actuaciones preliminares de las cuales –a diferencia de lo expuesto por la recurrente-, se puede extraer una serie de elementos de convicción que permiten soportar la medida de privación judicial preventiva de libertad impuesta; tales como el acta policial de fecha 19 de Agosto de 2009 suscrita por funcionarios adscritos a la comisaría Puma Sur 1 de la Policía Regional del Estado Zulia, Acta de denuncia verbal realizada por la ciudadana YASMELYS PIRELA; Acta de Inspección Técnica del Sitio de fecha 19/08/2009; y en segundo lugar, dada la consideración que el presente proceso, se encuentra en las actuaciones preliminares de su primera fase, esto es, la preparatoria; ello implica que las mismas requieren acompañarse de un conjunto de diligencias adicionales que deben practicarse a posteriori durante esta primera fase; ello con la finalidad de determinar con certeza y precisión las circunstancias bajo las cuales se presume se cometió el delito, así como la individualización y responsabilidad de sus posibles autores o partícipes, actividades las cuales, sólo podrán tener lugar mediante la práctica de un conjunto de actuaciones propias de la pesquisa, que por mandato legal están orientadas a tal finalidad.
El artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, al delimitar el objetivo de la fase preparatoria, expresamente dispone: “Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado”.

Por lo antes expuesto lo procedente en derecho es declarar sin lugar la Oposición planteada por la defensa por cuanto esta juzgadora considera que no hubo violación del Articulo 44 de la Constitución Bolivariana de Venezuela ni de la norma contenida en el artículo 205 del Código Orgánico Procesal Penal. Así mismo es preciso destacar la disposición contenida en el articulo 202 del Código Orgánico Procesal penal la cual expresa hace referencia a las practica de Inspecciones realizadas tanto por los funcionarios policiales como por el Ministerio Publico, con fundamento a lo anteriormente expuesto se constata que el procedimiento policial fue practicado en cumplimiento con los derechos y garantías consagrados en los artículos 26, 44 y 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela por lo que se declara sin lugar la solicitud de libertad plena solicitada por la defensa de autos.

Es de hacer notar que si bien toda persona inculpada de la comisión de un delito tiene derecho a que se presuma legalmente su inocencia, y a que se le trate como inocente mientras no se establezca su culpabilidad, no es menos cierto que el ordenamiento procesal penal venezolano admite por estrictas razones de orden procesal la limitación de algunos derechos del imputado cuando ello resulte imprescindible para asegurar los fines de la ley penal y proceso penal como es el caso de autos, es así como nuestra ley fundamental en su artículo 44 que establece la Inviolabilidad de la Libertad Personal, dispone en consecuencia en su ordinal 1°; “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden de aprehensión, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…”, (subrayado y negritas nuestras), recalcando también, que la limitación a la libertad no constituye en todo caso una lesión a la presunción de inocencia; en tal virtud, por considerarse ajustado a Derecho y a Justicia, conforme los artículos 2, 26, 44 y 257 todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tal solicitud, razón por la cual es procedente en derecho en el caso que nos ocupa, declarar con lugar la solicitud fiscal y en consecuencia imponer la medida cautelar de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con lo previsto en el artículo 250, en concordancia con el artículo 251, numerales 2 y 3, todos del texto adjetivo penal, tomando las circunstancias de este caso, tales como la exposición del ciudadano fiscal, de los imputados y de su defensor para ordenar la apertura de la investigación en contra del mismo, por lo que se declara sin lugar el requerimiento de la defensa de autos este Tribunal DECLARA CON LUGAR lo solicitado por el Ministerio Público con relación a la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL DE LIBERTAD de los imputados: LEVI ANTHONY BORREGO SALAS por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal y contra el ciudadano; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos; LUIS MUNELO, ELIAS JOSE QUINTERO, ELIAS RAFAEL QUINTERO y EL ESTADO VENEZOLANO, por llenarse los extremos de los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo se Declara Sin Lugar la Oposición planteada por la Defensa en la presente causa por no ser procedente en derecho, ya que, de comprobarse fehacientemente la imputación formulada en contra del imputado de autos, estaríamos en presencia de la posibilidad de llegar a imponer penas superiores a los diez (10) años de Prisión. Por último se le recuerda a las partes que esta etapa de procedimiento penal es de la llamada fase de investigación, correspondiéndole, tanto al Ministerio Publico como a la Defensa velar por el cabal cumplimiento de la misma, en búsqueda de la verdad procesal. Se Decreta el seguimiento de la presente causa por el Procedimiento Ordinario, de conformidad a lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia Se ordena la aplicación del Procedimiento Ordinario, al considerar este Tribunal que el Representante del Ministerio Público, tiene el deber ineludible de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y a esa finalidad debe atenerse en todas sus actuaciones, y constatando este Juzgado de Control que se requiere la práctica de diversas diligencias tendentes al total esclarecimiento de los hechos expuestos en esta audiencia por las partes, es de advertir a las partes, que nos encontramos en la fase de investigación y respetando la igualdad de las partes y el debido proceso, los actores del mismo deberán realizar la búsqueda de la verdad y colectar los elementos que culpen o exculpen según sea el caso, a los fines de asegurarle al hoy imputado de autos y que permitan fundar cualquiera de los actos conclusivos por parte del Ministerio Publico. A tales efectos nuestro sistema penal Acusatorio como tal, ha creados disposiciones generales para el cumplimiento y obligaciones tanto para el Ministerio Publico como para los jueces, quienes deben de velar porque se cumplan, tal como lo ha expresado en el articulo 280. Objeto (transcribir) 281. Alcance. (transcribir) y el Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones situación que constata que debido a que nos encontramos en una fase de investigación la cual a tenor de los artículo 280 y 281 del Código Orgánico Procesal Penal, tiene por objeto la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la de Fiscal y a defensa del Imputado, siendo su alcance igualmente que el Ministerio Público debe hacer constar no solo los hechos y circunstancias útiles, para fundar a inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparlo es por lo que tal diligencia de investigación puede practicarse perfectamente en el decurso de dicha fase de investigación, es por lo que quien aquí decide considera que lo procedente es que se continúe la investigación por la vía del Procedimiento Ordinario, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 en relación con los artículos 280 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. En la presente causa de conformidad a lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Se ordena la reclusión de los ciudadanos; LEVI ANTHONY BORREGO SALAS y ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, en el Internado Judicial de Coro.
IV
PARTE DISPOSITIVA
ESTE TRIBUNAL CUARTO DE CONTROL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA PRIMERO: Se Decreta la Aprehensión en flagrancia de los ciudadanos; LEVI ANTHONY BORREGO SALAS por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal y contra el ciudadano; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos; LUIS MUNELO, ELIAS JOSE QUINTERO, ELIAS RAFAEL QUINTERO y EL ESTADO VENEZOLANO; de conformidad con lo establecido en el articulo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta la Medida Privativa de Libertad de conformidad a lo previsto en los artículos 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal a los ciudadanos; 1.- LEVI ANTHONY BORREGO SALAS; Venezolano, mayor de edad, de 22 años, fecha de nacimiento , titular de la cédula de identidad V-, 18.957.418 residenciado en el sector La Cañada , casa sin numero , Coro estado falcón; grado de instrucción Primer año de bachillerato; Hijo de ROGELIO ANTONIO BORREGO AGUIRRE MELI BETRIZ SALAS, oficio comerciante ; teléfono: 0424-4359930; por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal y el delito de OCULTAMIENTO DE ARMA DE FUEGO previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal y contra el ciudadano; ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO; Venezolano, mayor de edad, de 18 años, fecha de nacimiento 13-11-92 , titular de la cédula de identidad V- 20.932.941, residenciado en el barrio ZUMURUJAURE callejón San Luis, Casa s/n cerca de una Iglesia Evangélica, Coro estado falcón; grado de instrucción Primer año de bachillerato; Hijo de MARILUZ MANZANO y TONY ELIASER MEDINA; teléfono: 0424-6670007; por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO de conformidad con el artículo 458 del Código Penal en perjuicio de los ciudadanos; LUIS MUNELO, ELIAS JOSE QUINTERO, ELIAS RAFAEL QUINTERO y EL ESTADO VENEZOLANO. TERCERO: Se declara Sin lugar la Oposición invocada por la defensa de autos, por no ser procedente en derecho. CUARTO: Se acuerda la aplicación de las reglas del procedimiento ordinario de conformidad con el artículo 280 y 283 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTA: Se fija la realización de la Rueda de Reconocimiento solicitada por la Defensora Publica para el día 11-02-2011 a las 01:00 de la tarde SEXTA: Se ordena la reclusión de los ciudadanos; LEVI ANTHONY BORREGO SALAS y ELIAN DANIEL MEDINA MANZANO, en el Internado Judicial de Coro. SEPTIMA: Se ordena la remisión de la presente causa a la Vigésima Primera del Ministerio Público del Estado Falcón, una vez transcurrido el lapso legal correspondientes a los fines de continuar con el procedimiento previsto en la Ley especial que rige la materia.

Publíquese, regístrese, diarícese. Notifíquese a las partes de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. Remítase con oficio.-

LA JUEZA CUARTO DE CONTROL
ABG. MARY CARMEN PARRA INCINOZA

LA SECRETARIA

ABG. YORGELIS CASTILLO.-

En la misma fecha se dio cumplimiento con lo ordenado, quedando registrada la decisión bajo el Nº PJ0042011000111.-

LA SECRETARIA.

ABOG. YORGELIS CASTILLO.-

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