REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL EXTENSIÓN PUNTO FIJO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 29 de Junio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2009-004044
ASUNTO : IP11-P-2009-004044

SENTENCIA POR ADMISIÓN DE LOS HECHOS

IDENTIFICACION DE LAS PARTES
JUEZA 3º DE CONTROL: ABG. ELDA LORENA VALECILLOS MONTILLA
FISCAL 15° DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABG. MARIA EUGENIA DUGARTE
IMPUTADO (S): NACYL JOHAN CASTILLO LUGO Y JHOAN HUMBERTO CASTILLO PETIT
DEFENSOR (A): ABG. LUIS MARTINEZ
SECRETARIO DE SALA: ABG. LUIS RIVERO
VICTIMA: RAFAEL GUIÑAN
DELITO: HURTO CALIFICADO, delito estipulado en el artículo 453 ordinal 3º del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL GUIÑAN.

II
HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Se inició la presente causa en contra del procesado por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, delito estipulado en el artículo 453 ordinal 3º del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL GUIÑAN, en virtud de los siguientes hechos, “el día 28 de septiembre de 2009, siendo las tres horas de la tarde cuando realizaban labores de patrullaje por Judibana, cuando reciben llamada telefónica por parte de un ciudadano informando que dos (02) personas desconocidas a bordo de un vehiculo malibu de color verde, habían efectuado un robo a una vivienda ubicado en el sector la vencedora de jadacaquiva, y al parecer los mismos salieron con dirección al Municipio los Taques, por lo que le informe a los funcionarios Cabo Segundo FRANLLY URDANETA, y Cabo Primero LUIS CASTRO, que se trasladaran hasta el sector las auras en donde instalaron un Punto de Control, informándome dichos ciudadanos al cabo de diez minutos el referido vehiculo evadió el Punto de Control al pasar a toda velocidad por el referido sector, y que los mismos iban con dirección hacia Punto Fijo, por lo que rápidamente procedí a instalar un Punto de Control a la altura de la Curva el Taparo en el sentido los Taques- Punto Fijo, cuando observo venir el vehiculo en cuestión a toda velocidad, quien maniobro de forma peligrosa poniendo en peligro mi integridad, ya que dicho vehiculo se me encimo, por lo que tuve que saltar hacia la isla, por lo que procedieron a instalar otro punto de control Móvil en la entrada de Judibana, en donde igualmente el vehiculo en cuestión evadió la referida alcabala, poniendo igualmente en peligro la integridad del efectivo policial, iniciándose así una persecución del mencionado vehiculo, hasta ser interceptados en la avenida Táchira con Avenida Pumarrosa, a quienes se les dio la voz de alto y con las medidas de seguridad del caso procedieron, a realizarle inspección corporal amparados en el articulo 205 del Código Orgánico Procesal Penal, no logrando incautar ningún objeto de interés criminalisticos, prosiguiendo a realizar una inspección al vehiculo, donde se lograron incautar los siguientes objetos: en la maletera del carro, UN CILINDRO DE MATERIAL METAUCO BOMBONA DE GAS DE COLOR AMARILLA DE LA MARCA CECOFAL, UN PAQUETE DE TIRROS CONTENTIVO DE VEINTE (20) UNIDADES, DOS (02) MADARRIAS, TRES (03) PICOS, CINCO (05) GUANTES DE TRABAJAR CONSTRUCCION, UNA (01) CHICORA, UN (01) NIVEL, UN ARMA BLANCA TIPO MACHETE; en el asiento trasero se encontraba SEIS SILLAS PLASTICAS DE COLOR AZUL, MARCA CARTAGENA, UN JUEGO DE OLLAS DE ALUMINIO DE SEIS (06) PIEZAS, UN (01) TELEVISOR, MARCA PANASONIC DE 14 PULGADAS DE COLOR NEGRO, UN (01) TELEVISOR, MARCA DAEWO DE 14 PULGADAS DE COLOR NEGRO, de los cuales no poseían ninguna documentación que amparara la propiedad de los objetos, por lo que se procedió a la detención de los ciudadanos y su posterior traslado para la sede del comando junto con los objetos incautados, estando presentes en el comando se presento el ciudadano RAFAEL TOMAS GUIÑAN HERNANDEZ, quien identifico los objetos como de su propiedad, quedando los ciudadanos a la orden de esta representación fiscal.

III
ADMISIÓN DE LA ACUSACIÓN Y LA CALIFICACIÓN FISCAL

La Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público del Estado Falcón solicitó el enjuiciamiento del acusado por el delito de HURTO CALIFICADO, delito estipulado en el artículo 453 ordinal 3º del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL GUIÑAN, ofreciendo los medios de prueba para el juicio oral y público.

De la revisión de las actuaciones, específicamente del escrito acusatorio, se observa que el Ministerio Público cumplió con los requisitos de forma y de fondo señalados en el artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es:
1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor.
2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado;
3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan;
4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables;
5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentaran en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad y;
6. la solicitud de enjuiciamiento del imputado.
En relación a ello, ha señalado la Sala Constitucional del máximo Tribunal de la República lo siguiente: “…a tenor de lo preceptuado en el artículo 326 del Copp, cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado, presentará la acusación ante el Tribunal del control, la cual deberá contener, entre otros, los requisitos siguientes: una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan y el ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad.
Los señalados requisitos a juicio de esta Sala, son los que le van a permitir al Juez de control, controlar la apertura del juicio oral contenida en la acusación, esto es, determinar si concurren o no los presupuestos para la celebración del juicio oral y público, toda vez que de ésta emergen fundamentos serios para el enjuiciamiento del imputado. Ese control fundamental además de relacionarse con la validez de la acusación, la cual podría verse comprometida tanto por vicios de su estructura –falta de descripción circunstanciada del hecho punible- como por la inexistencia o invalidez de los actos – vicios en la declaración del imputado- también lo está con la congruencia entre los hechos contenidos en la acusación y los intimados en la declaración del imputado...” (Sentencia Nro. 1156 de fecha 22-06-07, Sala Constitucional)

En el presente caso, acreditados como se encuentran todos y cada uno de los requisitos señalados en el precitado artículo 326 del Código Orgánico Procesal Penal como presupuestos fácticos de admisibilidad del escrito acusatorio, y siendo la oportunidad procesal idónea para efectuar un pronunciamiento en cuanto a su admisibilidad, es por lo que este Tribunal ADMITE en su totalidad las acusaciones presentadas por el Ministerio Publico, en todos y cada de los términos en los que fue propuesta; y así se decide.

IV
DE LA ADMISIÓN DE LOS HECHOS

En el presente caso, luego del pronunciamiento del Tribunal en relación a la admisibilidad de la acusación propuesta por el Ministerio Público, se impuso a los procesados de autos en relación a la oportunidad procesal de la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando el acusado su disposición y voluntad libre e incondicional de reconocer su culpabilidad en los hechos que le atribuye el Ministerio Público; por tal razón se procedió conforme a lo dispuesto en la precitada norma adjetiva.

La norma rectora que rige el procedimiento por admisión de los hechos es el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone lo siguiente:

“…en la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. Éste podrá admitir los hechos objeto del proceso y solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la pena…”
Ha dicho la Sala Constitucional de nuestro máximo tribunal, en relación a la figura del procedimiento por admisión de los hechos lo siguiente: “…el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal establece la llamada declaración de culpabilidad y pretende consagrar en forma acorde con el principio de oportunidad que la inspira, una ventaja, un beneficio para el imputado que reconociendo su autoría en los hechos, le ahorra al estado tiempo y dinero al no intervenir en un juicio al cual, quien admite los hechos, renuncia. De igual forma, se observa que el procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal mediante la cual el legislador creó una manera especial de terminación anticipada del proceso, con prescindencia del juicio oral y público y con la condena del imputado, poniendo fin al proceso…”
“…la admisión de los hechos supone una renuncia voluntaria al derecho a un juicio, principio garantizado no sólo por el Código Orgánico Procesal Penal sino por instrumentos internacionales ratificados por la República; y al mismo tiempo, tal admisión evita al estado el desarrollo de un proceso judicial que siempre resultará costoso…”(Sala Constitucional Sentencia Nro. 242 de fecha 15-02-07).

En el caso subjudice, el acusado al ser impuesto de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, manifestó en forma libre, espontánea, sin juramento y sin coacción alguna su disposición de acogerse al procedimiento por admisión de los hechos, por lo cual, se procedió a imponerse la pena respectiva de la siguiente manera:

El artículo 453 del Código Penal, establece lo siguiente: “La pena de prisión para el delito de hurto será de cuatro años a ocho años en los casos siguientes:
3.- Si no viviendo bajo el mismo techo que el hurtado, el culpable ha cometido el delito de noche o en alguna casas u otro ligar destinado a la habitación….”

Siendo así y tomando los extremos de la pena señalada de los delitos objeto de la presente controversia, la sumatoria de la penas una vez aplicado el artículo 37 del Código Penal, es SEIS (6) AÑOS DE PRISION.
Verificada la admisión de los hechos efectuada por el acusado de autos y por aplicación del artículo 376 del Copp que contempla una rebaja de un tercio a la mitad de la pena a imponer, se procede a rebajar un tercio de la misma, tomando en cuenta que el delito por el cual se condena en el presente caso, resultando en definitiva una pena a imponer de TRES (3) AÑOS DE PRISION mas las accesorias de ley, la cual cumplirá el acusado en el establecimiento penitenciario que a bien disponga el Juez de Ejecución respectivo una vez firme la presente sentencia.

V
DISPOSITIVA
Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando conforme a lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal CONDENA a los ciudadanos NACYL JOHAN CASTLLO LUGO, venezolano, nacido en fecha: 10-10-1983, de 35 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-18.449.376, de Estado Civil: soltero, Grado de Instrucción: cuarto Año de Bachillerato, domiciliado sector Tropicana, calle nueva granada, casa Nº 27, telf: 0414 6976951, al lado de un taller de latonería y pintura, de Profesión u Oficio: mecánico, hijo de Ana Lugo y de Francisco Castillo y JOHAN HUMBERTO CASTILLO PETIT, venezolano, nacido en fecha: 31-03-1981, de 28 años de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V.-15.807.247, de Estado Civil: soltero, Grado de Instrucción: tercer Año de Bachillerato, domiciliado sector Tropicana, calle don bosco detrás de pepsicola, casa Nº 112, Telf. 0414 6095662, de Profesión u Oficio: refrigeración, hijo de Noel Castillo y de Gloria Rodríguez, a cumplir la pena de de TRES (3) AÑOS DE PRISION mas las accesorias de ley, por la comisión del delito de HURTO CALIFICADO, delito estipulado en el artículo 453 ordinal 3º del Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano RAFAEL GUIÑAN.

Se mantiene la MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD impuesta a los imputados NACYL JOHAN CASTILLO LUGO Y JHOAN HUMBERTO CASTILLO PETIT, con presentaciones cada 30 días.

Se exonera al acusado del pago de las costas del proceso, toda vez que se acogió al procedimiento por admisión de los hechos y le ha suprimido al Estado venezolano la realización de un juicio oral y público.

Se fija como fecha provisional de culminación de la presente condena el día 29 de junio del año 2014 sin perjuicio del cómputo de pena que por mandato de la norma adjetiva debe efectuar el Juez de Ejecución respectivo.

Se ordena la publicación de la presente sentencia condenatoria, a los veintinueve (29) días del mes de Junio del año 2011, en la sede de este Tribunal Tercero de Primera Instancia Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón Extensión Punto Fijo.

Juez Tercero de Control,
Abg. Elda Lorena Valecillos M.-


Abg. Luis Rivero
Secretario.-