TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON
CON SEDE EN PUNTO FIJO.
EXPEDIENTE Nº 9657
DEMANDANTE: MARIANNA SUAREZ LAGIOGIA y LUIS MIGUEL SUAREZ LAGIOGIA
DEMANDADO: CONSORCIO DIGITAL C.A.
MOTIVO: DAÑO MORAL
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON CARÁCTER DEFINITIVA –
PERENCION DE LA INSTANCIA BREVE.

En fecha veintitrés (23) de noviembre de 2010, se inició la presente causa mediante demanda de Daño Moral, incoada por los Ciudadanos Manuel Alejandro Parra Delgado, Guadalupe de los Angeles Sánchez Martínez, en su carácter de apoderados de los ciudadanos Marianna Suárez Lagiogia y Luis Miguel Suárez Lagiogia, en contra de la empresa CONSORCIO DIGITAL, C.A.; fundamentando dicha acción en los hechos narrados en el libelo de la demanda.
En fecha dos (02) de diciembre de 2010, recayó auto del Tribunal admitiendo la presente demanda.
En fecha siete (07) de diciembre de 2010, diligenció el Abogado Manuel Alejandro Parra, en su carácter de autos, solicitando copias simples del libelo de la demanda y auto de admisión a los fines de que se tramite la notificación al demandado.
En fecha diez (10) de enero de 2011, diligenció el Abog. Manuel Alejandro Parra, con el carácter de autos, consignando copias para la notificación del demandado.
En fecha once (11) de enero de 2011, recayó auto del Tribunal librando compulsa al demandado.
En fecha catorce (14) de enero de 2011, el ciudadano alguacil de este Tribunal consignó recibo de citación debidamente firmado y recibido por el Ciudadano Wilmer Testa, sub gerente de la Empresa Digital.
En fecha diecinueve (19) de enero de 2011, recayó auto del Tribunal reponiendo la causa al estado de admisión.
En fecha tres (03) de febrero de 2011, diligenció el Abog. Manuel A. Parra, acreditado en autos, consignando copias a los fines de practicar la citación al demandado.
En fecha siete (07) de febrero de 2011, recayó auto del Tribunal ordenando librar compulsa.
En fecha quince (15) de febrero de 2011, el ciudadano alguacil de este Tribunal consignó recibo de citación con su respectiva compulsa ya que no pudo localizar al ciudadano Roberto Carlos González, presidente de la empresa demandada.
I
PARTE MOTIVA
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que desde el quince (15) de febrero de 2011, fecha en la cual el ciudadano alguacil de este Tribunal consignó recibo de citación con sus recaudos, ya que no pudo localizar al representante de la empresa demandada; la parte demandante no ha impulsado la causa; discurriendo el tiempo, es decir, más de treinta (30) días, con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
Ahora bien, considera necesario este Juzgador citar el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, el cual regula los requisitos para la declaratoria de la perención breve de la instancia, y el cual prevé:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.
La perención de la instancia la previó el legislador como una sanción muy grave, la cual está condicionada a que el demandante no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley.
Del contenido de la norma parcialmente transcrita dimana con meridiana claridad, que el supuesto de procedencia de la figura procesal en análisis, está configurado por dos requisitos de carácter concurrentes, a saber: La inactividad de las partes, en este caso la demandante y el transcurso de treinta (30) días contados a partir de la admisión de la demanda; por lo que con la sola verificación de los requisitos anteriormente aludidos procede de pleno derecho tal declaratoria.
En este mismo orden de ideas, en la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 6 de julio de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. Carlos Oberto Vélez, Exp. Nº AA20-C-2001-000436, referida a la perención breve, que estableció que tienen plena vigencia las obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, se dejó sentado que dentro de los treinta (30) días siguientes a la admisión de la demanda el actor debe hacer constar en las actas procesales sus actuaciones tendentes a lograr la citación del demandado, en el sentido de procurar los medios y recursos necesarios al Alguacil para el logro de la misma, así como el de dar impulso al proceso, so pena de extinguirse la instancia. En efecto, en dicho fallo se dispuso:
“(…) Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser de estricta y oportuna satisfechas por los demandantes dentro de los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un lugar que diste de más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación…”
En el caso bajo estudio, en criterio de quien sentencia la perención breve solamente puede verificarse por incumplimiento de las obligaciones que le impone la ley a la parte demandante para que se practique la citación de los demandados, tal y como lo dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y en perfecta armonía con la jurisprudencia citada, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la admisión de la demanda. Así, el ordinal 1° del artículo 267 citado expresamente preceptúa que también se extingue la instancia:
“Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiera cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”
Es decir, que se refiere estrictamente al cumplimiento de las obligaciones que permitan agotar en primer término la citación personal de la demandada, por lo cual decretar la perención breve en un momento procesal distinto a los treinta días siguientes a la admisión de la demanda, tal y como aconteció en la presente causa. Y ASÍ SE DECLARA.
Ahora bien, evidencia este jurisdicente que la parte actora a partir del auto del 15 de Febrero del 2011, fecha en la cual el ciudadano alguacil de este Tribunal consignó compulsa con sus recaudos, la parte demandante no ha impulsado la causa, discurriendo así más de treinta (30) días.
En atención a lo expuesto, de conformidad con la norma adjetiva y jurisprudencia citadas en este fallo, SE DETERMINA QUE EN EL PRESENTE ASUNTO SE VERIFICÓ LA PERENCIÓN BREVE a que se refiere el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECLARA.

DECISION
En mérito de los fundamentos expuestos, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA PERIMIDA LA INSTANCIA, en el juicio de DAÑO MORAL, interpuesta por el Abogado Manuel Alejandro Parra, en su carácter de Apoderada Judicial de los ciudadanos MARIANA SUAREZ LAGIOGIA y LUIS MANUEL SUAREZ LAGIOGIA, en contra del CONSORCIO DIGITAL, C.A; en la persona de su presidente Ciudadano ROBERTO CARLOS GONZALEZ LOYO, de conformidad con lo establecido en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 ejusdem.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada del presente fallo en el archivo del Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón con sede en Punto Fijo, a los veintitrés días del mes de marzo de dos mil once (2011). Años: 200° de la Independencia y 152° de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abog. Esgardo Bracho Guanipa. El Secretario,

Abog. Víctor Hugo Peña B
En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las 9:30 a.m., se registró bajo el Nº 042 del libro de sentencias. Conste.
El Secretario,

Abog. Víctor Hugo Peña