TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO FALCON.
SANTA ANA DE CORO; 20 DE MAYO DE 2011.
AÑOS: 201º y 152º
EXPEDIENTE N°. 15.039-11.

DEMANDANTE: GLEINY BETZABETH GONZALEZ CABALLERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.557.384, con domicilio procesal en la Calle Cuartel Nro. 1, Quinta Urumaco entre Avenida Manaure y prolongación Manaure, de ésta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, en su condición de Apoderada Judicial de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 13 de Junio de 1.977, bajo el Nro. 1, Tomo 16-a, cuya transformación A Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de Septiembre de 1.997, bajo el Nro. 01, Tomo 16-A, Oficina de Registro en fecha 04 de Septiembre de 1.997, bajo el Nro. 63. Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía.

DEMANDADO: INVERSIONES DE OCCIDENTE C.A., inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25 de Abril de 1.997, bajo el Nro. 33, Tomo 3-A, domiciliada en la siguiente dirección carretera Falcón-Zulia, sector Kilómetro7, local S/N, de ésta ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, y al Ciudadano ALFONSO RAFAEL GALICIA, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.102.336, domiciliado en el sector Cruz Verde, vereda 01, sector 04, casa Nro. 10, de ésta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES POR VIA DE INTIMACION. (Sentencia Interlocutoria con fuerza definitiva).

Se inicia el presente juicio signado con el Nº 15.039-11, contentiva de la causa de COBRO DE BOLIVARES POR VIA DE INTIMACION, presentada por la Ciudadana GLEINY BETZABETH GONZALEZ CABALLERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.557.384, con domicilio procesal en la Calle Cuartel Nro. 1, Quinta Urumaco entre Avenida Manaure y prolongación Manaure, de ésta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, en su condición de Apoderada Judicial de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., identificada ut-supra, en contra de la sociedad mercantil INVERSIONES DE OCCIDENTE C.A., inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25 de Abril de 1.997, bajo el Nro. 33, Tomo 3-A, domiciliada en la siguiente dirección carretera Falcón-Zulia, sector Kilómetro7, local S/N, de ésta ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, y al Ciudadano ALFONSO RAFAEL GALICIA, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.102.336, domiciliado en el sector Cruz Verde, vereda 01, sector 04, casa Nro. 10, de ésta Ciudad de
+.Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón.
En fecha 16 de Febrero de 2011, por acto de distribución llevado a cabo por ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, se recibe la presente demanda s/n, correspondiendo a éste Tribunal conocer de la misma.
Por auto de fecha 21 de Febrero de 2011, se admite la presente demanda de COBRO DE BOLIVARES POR VIA DE INTIMACION, ordenándose la intimación de la parte demandada ya plenamente identificada, en la presente acción, para que comparezca por ante este Tribunal, a darse por citada dentro del termino de Diez (10) días de Despacho, en horas de de Despacho comprendidas de 8:30 a.m., a 3:30 p.m., contados a partir de que conste en auto la intimación de la parte demandada, para que pague a la demandante las sumas de dineros que se especifican en el auto de admisión de la presente demanda.
Ahora bien observa ésta Juzgadora en la actas procesales, que la demandante de autos desde el día 22 de Marzo de 2001, fecha ésta en que diligenció solicitando copias certificadas por secretaria hasta la presente fecha no ha impulsado la presente demanda.
En fecha 29 de Marzo de 2011, este Tribunal ordenó la expedición de las copias certificadas solicitadas en la presente acción.
Ahora bien, desde la preindicada fecha (29 de Marzo de 2011) hasta la presente fecha han transcurriendo más de treinta (30) días; y siendo que el Código de Procedimiento Civil en su artículo 267 ordinal 1° establece lo siguiente:
“Cuando transcurridos treinta días a constar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado”.

Este Tribunal con aplicación de dicha norma legal, y ratificado en sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 05 de Junio de 2007, considera procedente declarar la Perención de la Instancia en el presente procedimiento, y así se decide.
La doctrina señala que la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un tiempo determinado (anual, semestral, mensual), sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
El autor patrio Arístides Rengel-Romberg, en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo ll. Pág. 372-373, afirma lo siguiente:
“…Para que la perención se produzca, se requiere la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos del procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar el arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso……………”.
La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas entraña una renuncia a continuar la instancia (…) “.
Se tiene, pues, que la perención de la instancia es la figura que extingue el proceso en virtud de la inactividad de las partes prolongada por un cierto tiempo, y se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actividad omisiva de las partes y/o del Juez; y finalmente, una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año, o de un semestre o de treinta días.
Las mencionadas condiciones objetivas, subjetivas y temporales de la perención revelan que su fundamento está en que la inactividad de las partes entraña una renuncia a continuar la instancia y en la conveniencia de que el estado se libere de la obligación de proveer sobre la demanda, después de ese período de inactividad prolongada……….
En sentencia dictada por la Sala Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 05 de junio de 2007 con ponencia de la Magistrada Evelyn Marrero Ortiz en demanda interpuesta por el ciudadano Rogelio Espinoza en contra de la República Bolivariana de Venezuela estableció: Sobre el particular, esta Sala se pronunció mediante sentencia Nº 5481 de fecha 11 de agosto de 2005, estableciendo el lapso para retirar, publicar y consignar el cartel a que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos:
“Ahora bien, de la lectura de la norma contenida en el referido artículo 21 aparte undécimo -parte in fine- de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, constató la Sala que el legislador se limitó a establecer el lapso correspondiente para “consignar” la publicación en prensa del cartel, esto es tres (3) días (de despacho), sin precisar el lapso para que la parte actora cumpla con las otras obligaciones inherentes a dicha formalidad, cuales son, su retiro y efectiva publicación, determinación que resulta de particular importancia, pues al no especificarse la oportunidad para que se verifiquen tales exigencias, el proceso queda en suspenso a espera del cumplimiento por parte del recurrente del retiro y publicación del cartel, lo que podría perjudicar ostensiblemente los derechos de los terceros que se vean afectados por el acto cuya nulidad se solicite en el recurso contencioso administrativo de anulación, además de contravenir el principio de celeridad procesal y seguridad jurídica, cuya estricta observancia contribuye a ejecutar la obligación de este Máximo Tribunal de ser garante de la justicia y la tutela judicial efectiva.
Por tal razón, esta Sala, actuando como ente rector de la jurisdicción contencioso-administrativa, a fin de garantizar que el proceso contencioso administrativo se lleve a cabo de una forma expedita, clara y sin obstáculos innecesarios, en el cual se asegure el derecho a la defensa y debido proceso (artículo 49 del texto fundamental) de todos los administrados, así como el acceso a la justicia, y siendo que el Juez como director del proceso debe procurar la estabilidad de los juicios, considera la Sala en esta oportunidad, que se debe aplicar supletoriamente, por mandato del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, el lapso de treinta (30) días continuos previstos en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil que establece la figura de la perención breve, para que en los recursos contencioso administrativos de anulación, se cumpla con la obligación de retirar y publicar el cartel, al que se refiere el aparte undécimo del artículo 21 de la Ley que rige las funciones de este Máximo Tribunal.
En efecto, dicho lapso de treinta (30) días comenzará a contarse a partir de la fecha en que sea expedido el cartel, y será dentro del mismo que el recurrente deberá retirar y publicar (…) contando luego con tres (3) días de despacho siguientes a dicha publicación para su consignación en autos; de manera que cuando el recurrente no cumpla con la carga procesal aquí descrita procederá la declaratoria de desistimiento, la cual se verifica como una sanción para la parte actora en virtud de su inactividad en el procedimiento. Así se declara. (…)” (Resaltado de la Sala).
En atención a la jurisprudencia antes transcrita, el lapso para retirar y publicar el Edicto es de treinta (30) días continuos a partir de la fecha de expedición, lapso previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos contenciosos administrativos por remisión expresa del primer aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, disponiendo la parte de tres (3) días de despacho siguientes a la publicación para la consignación en el expediente de un ejemplar del periódico donde apareciere el referido Edicto.
Aplicando lo expuesto al caso de marras, es evidente que en fecha¬¬ 31 de Marzo de 2011, el Tribunal libra el Edito, pero es el caso que desde esa fecha el solicitante de autos no cumplió con la obligación de publicar el prenombrado Edicto en el lapso, incurriendo en lo establecido en el artículo 267 ordinal primero del Código de Procedimiento Civil y se debe declarar la perención y así se decide.
Por todo lo antes expuesto este Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, Impartiendo Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA:
• PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el Procedimiento de COBRO DE BOLIVARES POR VIA DE INTIMACION, seguido por GLEINY BETZABETH GONZALEZ CABALLERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.557.384, con domicilio procesal en la Calle Cuartel Nro. 1, Quinta Urumaco entre Avenida Manaure y prolongación Manaure, de ésta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, en su condición de Apoderada Judicial de BANESCO BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Caracas, originalmente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el día 13 de Junio de 1.977, bajo el Nro. 1, Tomo 16-a, cuya transformación A Banco Universal consta de documento inscrito en la citada Oficina de Registro en fecha 04 de Septiembre de 1.997, bajo el Nro. 01, Tomo 16-A, Oficina de Registro en fecha 04 de Septiembre de 1.997, bajo el Nro. 63. Tomo 70-A, el cual forma parte del expediente de la compañía en contra de la sociedad Mercantil “INVERSIONES DE OCCIDENTE C.A.”, inscrito en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 25 de Abril de 1.997, bajo el Nro. 33, Tomo 3-A, domiciliada en la siguiente dirección carretera Falcón-Zulia, sector Kilómetro7, local S/N, de ésta ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón, y al Ciudadano ALFONSO RAFAEL GALICIA, venezolano, mayor de edad, divorciado, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.102.336, domiciliado en el sector Cruz Verde, vereda 01, sector 04, casa Nro. 10, de ésta Ciudad de Santa Ana de Coro, Municipio Miranda del Estado Falcón.
• SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay Condenación en Costas.
• TERCERO: Se deja Copia Certificada en el archivo de este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 eiusdem.

PUBLIQUESE Y REGISTRESE.

Dado, Firmado, Sellado y Refrendado en Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en la Ciudad de Santa Ana de Coro, a los Veinte (20) días del Mes de Mayo de 2011. Años: 201º de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZ SUPLENTE ESPECIAL,
ABG. NELLY CASTRO GÓMEZ.
LA SECRETARIA TITULAR,
ABG. CECILIA HANSEN FANEITE,
NOTA: La anterior Decisión se dictó y publicó, a la hora de las 10:00 a.m., conforme a la Ley. Se dejo Copia Certificada en el archivo de este Tribunal. Conste. Coro. Fecha Ut-Supra.
LA SECRETARIA TITULAR,
ABG. CECILIA HANSEN FANEITE,