TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, Sábado diecinueve (19) de Noviembre de 2011
200º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2011-003678
ASUNTO : IP11-P-2011-003678

AUTO MOTIVANDO MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD 256.1.-
En fecha (18.11.2011), se celebró Audiencia Oral de Presentación, con la presencia del Abog. PEDRO PRADO, en su carácter de Fiscal Auxiliar 13° del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, a lo cual expuso: “Presento antes este Tribunal al ciudadano ROUGER ANTONIO ROSALES SAEZ, por la presunta comisión del delito de OCULTACION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. Acto seguido se le concedió el derecho de palabra a la representación fiscal quien expuso: “presento y coloco a disposición de este juzgado al ciudadano ROUGER ANTONIO ROSALES SAEZ, por la presunta comisión del delito de OCULTACION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, en virtud de que el mismo fue aprehendido por funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 4, Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, quienes luego de realizarle inspección corporal al indiciado de actas, lograron incautarle UN (01) ENVOLTORIO DE MATERIAL SINTENTICO DE COLOR VERDE, CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE UN POLVO DE COLOR BLANCO, CON UN OLOR FUERTE Y PENETRANTE, PRESUNTAMENTE DE LA DROGA DENOMINADA COCAINA; razón por lo cual solicito se decrete para dicho imputado LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, prevista en el artículo 256 ordinal 1º del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que, si bien es cierto conforme a la droga incautada según el acta inspección arroja un peso de 03,92 gramos de sustancias que corresponde a COCAINA, lo cual constituye el delito imputado que amerita una medida privativa de libertad, no es menos cierto que al momento de la aprehensión este ciudadano manifestó ser consumidor lo que motivo a esta representaron del Ministerio Publico, solicitar que le fuese practicada la experticia IN VIVO para determinar condición y aun cuando no contando con la resulta de los examen en el departamento de toxicología del CICPC la experta Nervis Romero como detective del CICPC, mediante llamada telefónica realizada por esta representación manifestó que dicho examen se concluyo en que había presencia en las muestras de orina de cocaína y marihuana, es por lo que el Ministerio Publico a los fines de garantizar la resulta del proceso puesto que aun cuando poseemos las resultas no se ha determinado en esta etapa insipiente de que esta cantidad de sustancia sea considerada como una dosis personal para su consumo de conformidad con el único aparte del articulo 131 de la LOD, es por lo que se solicita que se decrete en contra de este ciudadano una medida cautelar de detención domiciliaria, con autorización para que se traslade al centro ambulatorio Simón Bolívar 2 a los fines de que se practiquen conforme al art. 141 de la ley de drogas las valuaciones medicas, psiquiatritas, psicológicas y toxicologiítas, así como la evaluación social resulta esta que permitirán verificar si nos encontramos en presencia de un ciudadano consumidor conforme al articulo 128 de la ley orgánica de drogas, se aplique el procedimiento ordinario, y se decrete la aprehensión en flagrancia, es todo. A continuación se coloca en presencia de la jueza el ciudadano: ROGUER ANTONIO ROSALES SAEZ de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 23.676.246, nacido en fecha 09/12/1992, de 18 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio: caletero, sector las margaritas, frente al liceo Rómulo gallegos, casa Nº 32, hijo de Xiomara Sáez y Robert Rosales, Quien manifestó: “ eso es mió yo soy consumidor, yo consumo desde los catorce, es todo. Se le da la palabra al Fiscal 13° quien expone: que tipo de droga consume? R: hierba. Algún otro tipo? R: marihuana. cuanto tiempo? R: desde los catorce. dime de tu tipo de consumo, en cuanto tiempo se consume la droga? R: en un día. dime tu consumo, en cuanto tiempo? R: dos diarios y si tengo mas me lo consumo. que edad tienes? R: 18 casi 19. donde fue la ultima vez consumistes? R: anteayer. como compras eso? R: a 100 bolos. Como la pides. ? R: con cebollas. cuanto vale la envoltura? R: 100 Bs. en la policía manifestó que era consumidor? R: si. dio consentimiento para que le hicieran los exámenes? R: si. Has estado retenido antes.? no, trabaja? R: si de caletero. tu vives en punto fijo? R: si, es todo.. La defensa privada toma la palabra y expone: desde que años consumes? R: 14. que tipo de sustancias? R: piedra y marihuana, perico. Tiempo para consumir? R: duro una sola nota nada más. Compras para varios días? R: si para no salir de casa.. Donde vives? R: con mi tía y mi mama mi papa se murió, es todo. La juez pregunta, porque consumes? R: no se por la nota. usted le compra a alguien fijo? R: no a cualquiera se la compra, la gente me dice, y pasan en bicicleta, es todo. En este orden de ideas, se le concede la palabra a la Defensora Privada ABG. Juliana Cabos, a los fines de presentar los alegatos a favor de su Defendido quien expuso: “esta defensa técnica en virtud de la declaración de nuestro defendido toda vez que el mismo se determina como consumidor, solicitamos el procedimiento especial previsto en el articulo 141 de la ley especial, solicitamos una medida menos gravosa, es todo.” Así las cosas, oída la exposición realizada por el Fiscal del Ministerio Público, la Defensa Publica y el imputado, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCON, EXTENSION PUNTO FIJO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se evidencia del Acta Policial Nº 471-2011, de fecha 18.11.2011, suscrita por Funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 4, Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, donde dejan constancia del modo y lugar como presuntamente ocurrieron los hechos donde quedara aprehendido el imputado de actas, cuando siendo aproximadamente las (01:00) horas de la madrugada, encontrándose en labores de patrullaje permanentepor el Sector las Margaritas, calle 7, cuando avistaron a un sujeto, quien al notar la presencia de los funcionarios tomo actitud nerviosa, motivo por el cual los funcionarios actuantes procedieron a ubicar la presencia de un testigo, quedando el mismo identificado como Rouger Antonio Rosales Saez y de inmediato procedieron a solicitarle la identificación al sospechoso, quedando identificado como ROUGER ANTONIO ROSALES SAEZ y al realizarle una inspección corporal, conforme a lo establecido en el artículo 205 del C.O.P.P, logrando incautarle en el bolsillo derecho del pantalón UN (01) ENVOLTORIO DE MATERIAL SINTENTICO DE COLOR VERDE, CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE UN POLVO DE COLOR BLANCO, CON UN OLOR FUERTE Y PENETRANTE, PRESUNTAMENTE DE LA DROGA DENOMINADA COCAINA, CON UN PESO NETO TOTAL DE CUATRO COMA UN GRAMOS, tal y como se desprende de la referida acta; Acta de Registro de Cadena de Custodia Nº 471-2011, de fecha 18.11.2011, suscrita igualmente por suscrita por Funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 4, Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, en donde dejan constancia de la evidencia colectada como UN (01) ENVOLTORIO DE MATERIAL SINTENTICO DE COLOR VERDE, CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE UN POLVO DE COLOR BLANCO, CON UN OLOR FUERTE Y PENETRANTE, PRESUNTAMENTE DE LA DROGA DENOMINADA COCAINA, CON UN PESO NETO TOTAL DE CUATRO COMA UN GRAMOS; Acta Provisional de Identificación Provisional de la Sustancia incautada, de fecha 18.11.2011 suscrita por funcionarios adscritos al Comando Regional Nº 4, Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, mediante la cual dejan constancia de haber recibido como evidencia UN (01) ENVOLTORIO DE MATERIAL SINTENTICO DE COLOR VERDE, CONTENTIVO EN SU INTERIOR DE UN POLVO DE COLOR BLANCO, CON UN OLOR FUERTE Y PENETRANTE, PRESUNTAMENTE DE LA DROGA DENOMINADA COCAINA, CON UN PESO NETO TOTAL DE CUATRO COMA UN GRAMOS. Acta de Inspección de la Sustancia Incautada Nº 947, de fecha 18.11.2011, mediante la cual se constata que el peso bruto de la sustancia es de TRES COMA NOVENTA Y DOS (03,92) GRAMOS. De lo anterior se evidencia suficientes elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible, se desprenden del contenido de las actas, arriba señaladas y parcialmente trascritas, la pluralidad de indicios en contra del hoy imputado. SEGUNDO: Procede quien aquí decide a considerar que la medida a ser otorgada debe llenar ciertos requisitos como: "…siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado…" (Resaltado nuestro); y toda vez que el examen y revisión de las medidas cautelares debe estar estrechamente vinculada con los principios de la provisionalidad y temporalidad, que en su defecto expresa: "…las medidas de coerción personal se dictan en función de un proceso o están supeditadas a él, con el fin de asegurar un resultado o que éste no se vea frustrado (instrumentalizado); se modifican cuando cambian circunstancias en que se dictaron; cesan cuando el proceso concluye o se extingue de cualquier manera (provisionalidad); y están sujetas a un lapso, no pudiendo prolongarse de él aun cuando el proceso no haya concluido (temporalidad) (Resaltado nuestro). Estas notas explican que no pueda tomarse una medida cautelar de coerción personal antes del inicio de un proceso, salvo la excepción ya enunciada de la flagrancia; y que tales medidas estén sujetas permanentemente a la revisión para determinar si deben mantenerse, de acuerdo con el principio del rebus sie stantibus. A tales efectos nuestro sistema penal acusatorio como tal, a creado disposiciones generales para el cumplimiento y obligaciones tanto para el Ministerio Público como para los jueces, quienes deben de velar por que se cumplan, tales como lo expresado en los artículos 280. Objeto. Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. El Artículo 281. Alcance. El Ministerio Público en el curso de la investigación hará constar no sólo los hechos y circunstancias útiles para fundar la inculpación del imputado, sino también aquellos que sirvan para exculparle. En este último caso, está obligado a facilitar al imputado los datos que lo favorezcan y Artículo 282. Control judicial. A los jueces de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en este Código, en la Constitución de la República, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por la República; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones. En este sentido y como quiera esta Juzgadora luego de analizar todas y cada una se las actas que conforman la presente causa considera oportuno hacer un análisis concreto del caso en lo que se refiere a las Medidas de coerción personal, las cuales están consagradas en nuestra ley fundamental en su artículo 44 La Inviolabilidad de la Libertad Personal, estableciendo, en consecuencia, en su ordinal 1°; “…ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden de aprehensión, a menos que sea sorprendido in fraganti. En este caso será llevado ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso...”. (Resaltado nuestro). Asimismo tenemos que en Pactos aprobados por nuestro país, como el Segundo Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos” en cuyo artículo 9 Ordinal 1°, se consagra: “todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causales fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…”; igualmente la Convención Americana Sobre Derechos Humanos pacto de San José de Costa Rica”, establece: “…1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas…”. (Resaltado nuestro), y como quiera que en nuestra carta Magna en su artículo 49 se consagra el Debido Proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y, en consecuencia, de manera expresa en su ordinal 2°, estable como norma garantista la Presunción de Inocencia y el Principio del Juicio Previo y Debido Proceso, establecido en el artículo 1° Titulo Preliminar del Código Orgánico Procesal Penal, que expresa: “…nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado, sin dilaciones indebidas, ante el juez o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República…”, (Resaltado nuestro), y cuyo artículo 8, en el mismo Titulo, consagra la Presunción de Inocencia, en los siguientes términos: “cualquiera a quien se le impute la comisión de un hecho punible tiene derecho a que se le presuma inocente y a que se le trate como tal, mientras no se establezca su culpabilidad mediante sentencia firme”. Consagrada así mismo en los referidos Pactos en sus artículos 14, ordinal 2, y 8, ordinal 2, respectivamente. (Resaltado nuestro)

En este orden de ideas explica el Dr. FERNANDO M. FERNÁNDEZ, en su Manuel de Derecho Procesal Penal, que “… desde el punto de vista garantista, la presunción de inocencia es un principio sobre el cual se apoya el contrato social. En la medida en que los ciudadanos ceden al Estado la capacidad de monopolizar la violencia legal y administrar justicia, lo hacen sobre la base de que toda investigación penal recae sobre el Estado, quien deberá demostrar lo acusado mediante la formulación de argumentos que se apoyan en pruebas legalmente obtenidas. Por ello el acusado esta eximido de probar que es inocente. Esta tarea de probar la responsabilidad del acusado le corresponde al Ministerio Público. Las actuaciones de la defensa consisten en desvirtuar las pruebas presentadas por los fiscales”. De lo anterior se infiere el carácter restrictivo con que deben aplicarse las medidas cautelares, como respuesta al estado de inocencia de que goza el encausado, mientras no se dicte sentencia condenatoria en su contra. De este principio derivan también el fundamento, la finalidad y la naturaleza de la coerción personal del imputado: si este es inocente hasta que la sentencia firme lo declare culpable, claro, esta libertad sólo puede ser restringida a título de cautela, y no de pena anticipada a dicha jurisdicción, siempre y cuando se sospeche o presuma que es culpable y ello sea indispensable para asegurar la efectiva actuación de la ley penal y procesal”.

Asi las cosas, considera esta Juzgadora que la Privación Judicial Preventiva de Libertad como bien lo manifestara la Representante Fiscal del Ministerio Publico, puede ser sustituida por una Medida menos gravosa, por cuanto si bien es cierto, se encuentra demostrado la presunta comisión del delito de materialización del hechos punible como lo es el delito de OCULTACION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, no es menos cierto, que los supuestos que motivan dicha Privación de Libertad pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el aludido imputado y en acatamiento al principio de afirmación de libertad y Presunción de Inocencia, establecido en los artículos 8° y 9° del Código Orgánico Procesal Penal. Por otra parte, se encuentra demostrado en actas que el hoy imputado tiene un lugar de residencia fija y una buena conducta, demostrando así arraigo en el país, con todo lo cual queda desvirtuado el peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, establecidos en los ordinales 3° y 4° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
En fuerza de lo expuesto y visto lo analizado de actas se considera ajustado a Derecho y Justicia de conformidad con lo previsto en el articulo 2, 49,y 257 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, DECLARAR CON LUGAR, la solicitud realizada por la Representación Fiscal y en consecuencia DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD de conformidad con lo previsto en el artículo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal en contra del imputado ROGUER ANTONIO ROSALES SAEZ de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 23.676.246, nacido en fecha 09/12/1992, de 18 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio: caletero, Sector Las Margaritas, frente al liceo Rómulo gallegos, casa Nº 32, hijo de Xiomara Sáez y Robert Rosales; estableciendo como lugar de residencia el siguiente: Sector Las Margaritas, frente al liceo Rómulo gallegos, casa Nº 32 y en consecuencia Se ordena Oficiar al Comandante de la Zona Policial Nº 02, a los fines de realizar labores de patrullaje permanenteen la dirección antes indicada. SEGUNDO: Solicito el ciudadano Fiscal del Ministerio Público, que la presente causa se ventilará por la vía del procedimiento ordinario. Al respecto, debe este Tribunal verificar que el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, le permite a los fiscales del Ministerio Público, la facultad de solicitar aun cuando la detención se realizará en flagrancia la continuación de las investigaciones por la vía del procedimiento ordinario, manifestando que le falta diligencias que practicar, por lo que este Juzgadora, considera que tal solicitud es procedente ya que es una facultad que así le ha sido concedida por la norma adjetiva penal en su artículo 373, “solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado, y la imposición de una medida de coerción personal,” como se desprende de esta norma, puede solicitar cualquiera de los dos procedimientos que considere pertinentes y por cuanto ha señalado el ciudadano Fiscal, que aún le faltan diligencias por practicar, es por lo que se declara CON LUGAR, la solicitud ya que con la investigación se debe llegar a la finalidad última del proceso y expresamente consagrada en los artículos 257 y 13 del Texto Fundamental y del cuerpo adjetivo penal patrio, como lo es la búsqueda de la verdad, este Tribunal, de conformidad con el artículo 373, último aparte del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los artículos 13, 280, 283 y 300 eiusdem, ordena se CONTINÚE LA INVESTIGACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO ORDINARIO. QUINTO: se decreta la APREHENSION EN FLAGRANCIA del ciudadano ROGUER ANTONIO ROSALES SAEZ titular de la Cédula de Identidad Nº 23.676.246, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión No. 1901 de fecha 01.12.2008, precisó: “...En el Código Orgánico Procesal Penal, la flagrancia está definida en el artículo 248, “se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que acaba de cometerse”. En principio, todo delito cuando se está cometiendo es flagrante, se está ejecutando actualmente, pero la condición de flagrante –a los efectos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal y del proceso penal- viene dada porque al instante en que se ejecuta, es percibido por alguien, quién puede actuar en la aprehensión o simplemente, formular la denuncia ante los órganos competentes o llamar a la fuerza pública para que lo capture. De allí que, la condición de flagrancia venga dada por las circunstancias de que alguien (una persona) pueda captar la ejecución del delito, bien porque lo presencia, o porque acabando de cometerse, el sospechoso (a quien así denomina el Código Orgánico Procesal Penal ni siquiera es imputado), se encuentra aún en el lugar del suceso, en actitud tal que quien observa la comisión del hecho necesariamente forma una relación de causalidad entre el delito y el presunto delincuente. Asimismo, la flagrancia está ligada a la persona que presencia la comisión del hecho, quien así se convierte en medio de prueba del delito y su autoría, sin que por ello sea necesaria, en principio, cualquier otra probanza de lo acontecido. El delito es de tal evidencia para quien lo aprehendió que, salvo en ciertas excepciones, no requiere otra prueba del mismo. Se trata de una presencia inmediata y directa, la cual es necesaria que exista por igual tanto en la autoría como en las circunstancias que se perciben in situ del hecho. Lo que clasifica de flagrante a un delito, es la captación del mismo que se comete o acaba de cometerse y será dicho conocimiento el que al llevarse al proceso, básicamente probará el cuerpo del delito y su autoría, razón por la cual, el citado artículo 373 prevé que “(s)i el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado, y remitirá las actuaciones al tribunal unipersonal, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los diez a quince días siguientes”. (Cursivas del Tribunal). CUARTO: Se declara SIN LUGAR la solicitud de la defensa privada, en cuanto a la aplicación del procedimiento por consumo previsto en el artículo 141de la Ley Especial que rige la materia, toda vez que, si bien es cierto el hoy imputado ha manifestado ser consumidor de sustancias ilícitas, lo cual se avala con el examen in vivo a que hiciera referencia en su exposición, no es menos cierto que el Legislador Patrio, estableció de manera indirecta lo que seria considerado como una dosis para el consumo de un ciudadano, estableciendo en el caso de la Cocaína dos (02) gramos de la misma, toda vez, que al ser sorprendido un ciudadano con un pesaje superior a esta se enmarcaría en el tipo penal previsto y sancionado en el articulo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Droga. No obstante, este tribunal considera que los presentes hechos ameritan ser investigados, en virtud de que lo alegado por la defensa constituye lo que la jurisprudencia ha denominado un alegato controvertido ya que se encuentra en franca contraposición con la tesis fiscal, lo cual se traduce en que amerita un debate probatorio, por lo que mientras se agota la fase investigativa, se considera proporcional la medida de coerción personal dictada de conformidad con lo establecido en el articulo 244 de nuestro código adjetivo penal. En ese sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia N° 1296, dictada en fecha 09-07-04, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, dejó sentado que: “El proceso penal oral tiene -según el propio Código Orgánico Procesal Penal- una fase preparatoria, donde el Ministerio Público por si o con el auxilio de la autoridad policial, investiga la verdad y recoge los elementos de convicción (pruebas) que permiten fundar la acusación fiscal y la defensa del imputado (artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal). En esta fase, el Ministerio Público practica las diligencias tendientes a investigar (actuaciones criminalísticas) y a hacer constar la comisión de un hecho punible de acción pública, así como la responsabilidad de los autores y demás partícipes... Antes de que existan uno o varios imputados definidos, el Ministerio Público y los órganos de investigación bajo su dirección pueden realizar su labor criminalística, la obtención de informaciones, y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración del delito…” (Cursiva Nuestra). Por su parte, la doctrina patria al comentar el objeto y alcance de esta fase del proceso penal, refiere que: “La fase preparatoria cumple con una función primordial pues en ella se manejarán los elementos indispensables y necesarios que permitirán la fundamentación de la imputación, y la determinación de la culpabilidad del sospechoso, con base en las fuentes de pruebas recabadas e incluso realizadas como anticipada y preconstituida… omissis…El Ministerio Público oficia en busca de la verdad, que es la finalidad del proceso penal, es por ello, que como órgano de dirección de la policía de investigaciones penales deberá el fiscal ante cada uno de los aspectos de la investigación medir el grado de probabilidad de culpabilidad que tenga el imputado, partiendo del conjunto de elementos probatorios recabados y resultantes del proceso investigatorio, parte integrante de esta fase preparatoria…” (Cursiva nuestra) (Rivera Morales, Rodrigo. “Código Orgánico Procesal Penal”.1° Edición. Barquisimeto. Librería Rincón. 2008. p.p: 300, 301 y 303). Siendo igualmente, preciso señalar, que nos encontramos en una fase incipiente del proceso, en la cual, la precalificación jurídica atribuida a los hechos por parte del Ministerio Público, resulta ser provisional, hasta tanto se concluya con la fase de investigación en contra de los imputados. De igual forma, se hace necesario a esta juzgadora recordar el alcance de la norma prevista en el artículo 281 del Código Orgánico Procesal Penal, al delimitar el objetivo de la fase preparatoria, expresamente dispone: “Esta fase tendrá por objeto la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado…”. Las anteriores actuaciones, practicadas como diligencias primarias de investigación, permiten establecer a quien aquí resuelve, la existencia de elementos de convicción a través de los cuales se presume la autoría o participación del ciudadano ROUGER ANTONIO ROSALES SAEZ, por la presunta comisión del delito de OCULTACION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, motivo por el cual procede a declararse SIN LUGAR la solicitud de la defensa. QUINTO: Se le autoriza la salida del domicilio al ciudadano ROGUER ANTNIO ROSALES SAEZ para que se traslade en un lapso de Ocho (08) días al centro ambulatorio Simón Bolívar Nº 2 a los fines de que se practique conforme al articulo 141 de la Ley de Drogas las valuaciones medicas, psiquiatritas, psicológicas y toxicologiítas, así como la evaluación social, resultas estas que permitirán verificar si nos encontramos en presencia de un ciudadano consumidor conforme al articulo 128 de la ley orgánica de drogas.- ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÓN EXTENSION PUNTO FIJO, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud del Ministerio Público de proseguir la Causa por la Vía del Procedimiento Ordinario, ya que todavía hay diligencias por practicar, de conformidad con el artículo 373 en relación con el artículo 280, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la solicitud de la representación fiscal y la defensa y en consecuencia se decreta la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1° del articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente en ARRESTO DOMICILIARIO, a favor del imputado: ROGUER ANTONIO ROSALES SAEZ de nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad Nº 23.676.246, nacido en fecha 09/12/1992, de 18 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio: caletero, Sector Las Margaritas, frente al liceo Rómulo gallegos, casa Nº 32, hijo de Xiomara Sáez y Robert Rosales; estableciendo como lugar de residencia el siguiente: Sector Las Margaritas, frente al liceo Rómulo gallegos, casa Nº 32, y en consecuencia Se ordena Oficiar al Comandante de la Zona Policial Nº 02, a los fines de realizar labores de patrullaje permanente en la dirección antes indicada, por la presunta comisión del delito de OCULTACION ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, cometido en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO. TERCERO: Se decreta la aprehensión en flagrancia. TERCERO: Se le autoriza la salida del domicilio al ciudadano ROGUER ANTNIO ROSALES SAEZ para que se traslade en un lapso de Ocho (08) días al centro ambulatorio Simón Bolívar Nº 2 a los fines de que se practique conforme al articulo 141 de la Ley de Drogas las valuaciones medicas, psiquiatritas, psicológicas y toxicologiítas, así como la evaluación social, resultas estas que permitirán verificar si nos encontramos en presencia de un ciudadano consumidor conforme al articulo 128 de la ley orgánica de drogas.- Quedaron notificadas las partes de la publicación del presente auto motivado. Remítase a la Fiscalia 13 en el lapso legal correspondiente. Dada, firmada y sellada en Punto Fijo, a los diecinueve (19) días del mes de Noviembre de dos mil once (2011), en el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón.----------------------------------------------------------------------------------------- LA JUEZ PRIMERA DE CONTROL EXTENSION PUNTO FIJO.
ABG. CLAUDIA RENATA BRACHO PÉREZ
LA SECRETARIA

ABOG. HAYDY PEÑA