TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen y del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón
Santa Ana de Coro, trece de octubre de dos mil once
201º y 152º

ASUNTO: IP21-O-2011-000014
QUERELLANTE: JHONY JOSE COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 16.198.163.
ABOGADA DE LA PARTE QUERELLANTE: ARAMELY ATACHO ARCAYA, Procuradora de Juicio de Trabajadores, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 108.453.
PARTE QUERELLADA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL).
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.

Revisado el escrito contentivo de la ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, que fuera incoada por el ciudadano JHONY JOSE COLINA, de quien se indica es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 16.198.163, representado por la Procuradora de Juicio de Trabajadores, abogada ARAMELY ATACHO ARCAYA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 108.453, de este domicilio; en contra de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), organismo adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL, con sede en la calle Mapararí, en las instalaciones del INCES, sector 5 de julio, de esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón; alegando como causa el despido injustificado y arbitrario por parte de la querellada, que se produjo en fecha 29 de diciembre del año 2010, el cual según dice contraría el espíritu, propósito y razón del decreto de inamovilidad emitido por el ciudadano Presidente de la República. En fecha 10 de octubre del año 2011, se da por recibida por el tribunal la solicitud para su revisión sobre su admisibilidad.

DE LA COMPETENCIA

Considerando la competencia como el conjunto de normas que determinan la atribución de un asunto concreto a un órgano jurisdiccional específico, y siguiendo el criterio sustentado por la SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, mediante sentencia dictada en fecha 20 de enero de 2000, caso Emery Mata Millán, expediente No. 00-002; y sentencia de fecha 08 de diciembre de 2000, caso Yoslena Chanchamine Bastardo, expediente No. 00-0779; mediante los cuales se estableció la distribución de competencias para el conocimiento de las acciones de amparo que se introdujeran ante los tribunales de la República y ante las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia; este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO TANTO PARA EL REGIMEN NUEVO COMO PARA EL REGIMEN TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, como órgano jurisdiccional de primera instancia con competencia laboral y con sede en esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón, se considera prima facie competente para el conocimiento de la acción intentada, producto de la denuncia de la presunta violación de derechos constitucionales de naturaleza laboral, ello de conformidad con la doctrina supra mencionada, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal Laboral; en consecuencia se declara competente para conocer y sustanciar la querella intentada. Así se decide.

DE LA ADMISIBILIDAD

Se observa de lo alegado por el querellante en su escrito:
1.- Que en fecha 17 de enero del año 2011, el hoy querellante JHONY JOSE COLINA, antes identificado; solicitó un procedimiento de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, en contra de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), alegando haber sido despedido en forma injustificada y arbitrariamente, en fecha 29 de diciembre de 2010, a pesar de estar amparado por la inamovilidad decretada por el ciudadano Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, sin haber recibido pago alguno desde esa fecha en la cual se produjo el despido.
2.- Que en fecha 28 de abril de 2011, la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón, emitió Providencia Administrativa distinguida con el No. 049-2011, mediante la cual ordenaba a su empleador el Reenganche y el pago de sus Salarios Caídos.
3.- Que en ejecución voluntaria y forzosa de la Providencia Administrativa con el No. 049-2011, se realizó el traslado en esta ciudad a la sede de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), en la calle Mapararí, en las instalaciones del INCES, sector 5 de julio, de esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón; para que procediera a su Reengancharlo y al Pago de los Salarios ordenados por la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad, pero que el patrono pretendiendo burlar los derechos constitucionales y legales, se ha negado rotundamente a cumplir con el referido mandato administrativo, situación que originó la apertura del Procedimiento de Sanción.
4.- Que con esa negativa de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), a Reengancharlo a su puesto de trabajo, así como a pagarle los Salarios Caídos ordenados en la providencia, se le están violentando sus derechos constitucionales al trabajo y a la seguridad social en el trabajo, previstos en los artículos 75, 87, 89, 91, 93, y 131, de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, así como los artículos 23, 24, 454 y 456 de la Ley Orgánica del Trabajo.
5.- Que la acción debe ser admitida porque hasta la fecha de presentación de la querella no ha cesado la violación de los Derechos fundamentales conculcados, al derecho a un salario justo y a la estabilidad laboral, como resultado del desacato a la orden de Reenganche y Pago de Salarios Caídos, situación que es reparable.
6.- Que existe una oportuna y temporánea interposición de la acción de amparo, toda vez que la vía administrativa ha quedado agotada con los procedimientos de multa y la imposición de las sanciones al presunto infractor, por lo que se agotaron las gestiones para hacer efectiva la ejecución de lo ordenado en la Providencia Administrativa, lo que hace procedente la Acción de Amparo intentada, como un mecanismo extraordinario recurrible en sede jurisdiccional.
7.- Que no existe otro medio procesal especial o extraordinario breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional inmediata solicitada, por lo que se encuentran cumplidos todos los requisitos formales de admisibilidad.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Una vez recibida la solicitud contentiva del Recurso de Amparo Constitucional, se procedió a su examen exhaustivo con el objeto de verificar sí con los hechos aquí denunciados, efectivamente se le han conculcado los derechos constitucionales denunciados por el querellante, toda vez que ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, que la acción de amparo esta reservada para restituir situaciones jurídicas que provengan directamente de violaciones de derechos y garantías constitucionales, más no sobre hechos o violaciones de preceptos de rango legal o sublegal, a menos que constituyan una causa directa de violación de garantías constitucionales, y que no tengan una medio idóneo a la resolución del planteamiento; ello es así porque de lo contrario el amparo perdería su importancia como remedio procesal extraordinario y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.

Así lo ha dejado sentado la Sala Constitucional en sentencia No. 733, de fecha 27 de abril de 2007, cuando expresó:

“En este orden de ideas, se insiste que la acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad…”
En el caso sub lite denuncia el querellante la violación de los artículos 75, 87, 89, 91, y 93 de la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; por cuanto la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), antes identificada, el día 29 de diciembre de 2010, lo despidió arbitraria e injustificadamente, y por tal motivo ocurrió ante la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad de Santa Ana de Coro e inició un procedimiento de Reenganche y Salarios Caídos; que con fecha 28 de abril de 2011, la Inspectoría del Trabajo emitió la Providencia Administrativa distinguida con el No. 049-2011, mediante la cual ordenaba al empleador el Reenganche y el Pago de los Salarios Caídos debidos al trabajador, por cuanto gozaba de la inamovilidad prevista en el Decreto Presidencial No. 7.154, de fecha 01 de enero de 2009, prorrogado por el Decreto Presidencial 7.914, publicado en Gaceta Oficial No. 39.575, de fecha 16 de diciembre del año 2010, el cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2011.
Consta de las copias certificadas de las actas procesales de fecha 27 de julio del año 2011, consignadas con la querella de amparo, concretamente del Acta de Visita de Inspección (folio 35), del Acta Circunstanciada (folio 25), y la Agravante a la Propuesta de Sanción (folio 34), levantadas por la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón; que la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), no dio cumplimiento voluntario ni forzoso a la Providencia administrativa No. 049-2011, dictada por la inspectoría, lo que dio origen a la Procedimiento de Sanción seguido por la Sala de Sanciones de la citada Inspectoría del Trabajo.
Con fecha 30 de junio de 2011, la Inspectoría del Trabajo de esta ciudad, dictó la Providencia Administrativa No. 250-2011, con motivo de la Propuesta de Sanción por desacato de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), imponiéndole una multa como consecuencia de la violación a las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo y de Seguridad Social.
Por manera que analizada como ha sido la solicitud con los recaudos que conforma las actas procesales del expediente, este juzgador de forma preliminar constata que el accionante alega la vulneración del derecho al trabajo, como consecuencia del despido, que la autoridad administrativa del trabajo de esta ciudad lo determinó como injustificado, tal como se observa de la citada Providencia Administrativa No. 049-2011, que ordena a la patronal el Reenganche y el pago de los Salarios Caídos al trabajador; y que la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), se ha negado a dar cumplimiento al mandato administrativo; situación que originó la apertura del Procedimiento de Sanción que culminó con la multa.
Ahora bien, de los hechos planteados se infiere que, ni la Providencia Administrativa ni la multa impuesta a la hoy querellada, han sido medios efectivos para lograr la satisfacción de la pretensión del querellante, ya que desde el pasado mes de mayo, oportunidad que el ente administrativo del trabajo realizó la ejecución forzosa de la aludida Providencia Administrativa, hasta la postulación de esta Acción de Amparo Constitucional, no se ha logrado resolver la situación laboral infringida al trabajador, para que pueda producir su sustento y el de la familia como un hecho social y con ello preservarle sus Derechos Constitucionales; los hechos narrados hacen presumir la posible existencia de violaciones que involucran los derechos constitucionales del querellante consagrados en los artículos 87, 89 y 93 de la CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, como principios fundamentales que inspiran el ordenamiento jurídico, lo cual hace necesario el resguardo constitucional de las actividades laborales, y por ende, considerar admisible la acción de Amparo Constitucional propuesta. En este mismo orden de ideas, del examen de la querella intentada se observa que no se encuentra incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y cumple con los requisitos referidos en el artículo 18 eiusdem; en consecuencia, el tribunal considera procedente su admisión cuanto ha lugar en derecho, actuando en sede constitucional. Así se decide.

DECISION DE ESTADO

Este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO, TANTO PARA EL REGIMEN NUEVO COMO PARA EL REGIMEN TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCON, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, DECLARA: PRIMERO: ADMISIBLE EL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL, incoado por el ciudadano JHONY JOSE COLINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 16.198.163, de este mismo domicilio, representado por la Procuradora de Juicio de Trabajadores, abogada ARAMELY ATACHO ARCAYA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 108.453; en contra de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), con sede en Santa Ana de Coro del Estado Falcón.
A tal efecto se ordena:
a) Sustanciar y decidir la presente causa mediante expediente IP21-O-2011-000014.
b) La notificación de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL PODER COMUNAL (FUNDACOMUNAL), por medio del Director del presunto ente agraviante, ciudadano DELMAR GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, y/o por medio su representante legal; para que de contestación al recurso de Amparo Constitucional en la Audiencia Oral y Pública, que tendrá lugar a las diez de la mañana (10:00 a.m.), del tercer (3er) día hábil siguiente, contado a partir del día de la certificación de la Secretaría, dejando constancia en el expediente, de haberse cumplido la práctica de la última notificación acordada en esta decisión.
c) La notificación mediante boleta a la ciudadana FISCAL VIGESIMO SEGUNDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, con sede en esta ciudad de Santa Ana de Coro del Estado Falcón, a quien se ordena librar oficio y se anexará a la boleta en cuestión, para que comparezca a la Audiencia Oral y Pública, que tendrá lugar el día y hora fijada, cumplido como sea la última notificación acordada en esta decisión, para exponer los alegatos que a bien tenga en defensa de la vindicta pública.
d) La Notificación mediante boleta al Defensor del Pueblo.
e) La Notificación mediante boleta al Procurador General de la República.
Líbrense las boletas correspondientes con copia certificada del recurso de Amparo y del presente auto, para la comparecencia a la Audiencia Pública Constitucional. Déjese constancia en el expediente de todo lo actuado.

Finalmente se ordena a la Secretaría del Circuito Judicial Laboral se libren las boletas indicada y los oficios correspondientes, dándole exacto cumplimiento a lo aquí ordenado y con preferencia a cualquier otro asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21, numeral 1, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, OFICIESE.

Dada sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO, TANTO DE NUEVO RÉGIMEN COMO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN, con sede en Santa Ana de Coro, a los trece (13) días del mes de octubre de dos mil once (2011). Años 201º de la Independencia y 152º de la Federación.

EL JUEZ DE JUICIO

ABG. DANILO CHIRINO DIAZ

LA SECRETARIA

ABG. ADRIANA MENDOZA.

Nota: La anterior decisión se dictó y publicó en fecha 13 de octubre de 2011. Se dejó copia certificada de la decisión para el archivo del tribunal. Coro. Fecha Señalada.

LA SECRETARIA

ABG. ADRIANA MENDOZA