TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, 26 de Septiembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2011-000050
ASUNTO : IP11-P-2011-000050

AUTO NEGANDO LA REVISION Y EL EXAMEN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD
Corresponde a este Tribunal de Primera Instancia en lo Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, en funciones Segundo de Control, resolver la solicitud de revisión de medida interpuesta por el profesional del Derecho Abg. Samuel Medina, inscrito en el lnpreabogado bajo el Nº 152.820 actuando como defensor privado del ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA imputado en el asunto penal signado con el Nº IP11-P-2011-000050, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO, previsto y sancionado en los artículos 455 del Código Penal Venezolano, cometido en perjuicio del ciudadano GARCIA SALAZAR JEAN CARLOS, quien en su escrito de solicitud de revisión de medida entre otras cosas Expone: “…Solicito de conformidad con el artículo 264 de la Ley Adjetiva Penal vigente, el examen y revisión de la medida cautelar decretada en su debida oportunidad a mi defendido, consistente en la Medida Preventiva de Privación de Libertad, todo esto en virtud de que han variado las circunstancias que originaron el decreto de dicha medida… Aunado a lo anterior cuando esta defensa cotejaba el número de cédula de identidad No. V- 17310.799, de quien se señala como víctima, con la página oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) se determinó que dicho número, según se desprende de dicha página del Poder Electoral, no corresponde al ciudadano JEAN CARLOS GARCIA SALAZAR (víctima) sino a la ciudadana INGRID NOHELIA BRACHO CHIQUITO, domiciliada en el Municipio Falcón, Estado Falcón, lo arrojado determina que la identificación de la víctima es incierta, desvirtuando de este modo que exista peligro de obstaculización…”.
En virtud de lo solicitado, este Tribunal haciendo uso de la facultad revisora que le confiere el Art. 264 del Código Orgánico Procesal Penal, procede a revisar minuciosamente el presente asunto, a fin de poder decidir fundadamente la petición realizada por el abogado defensor y examinar prudentemente la necesidad o no del mantenimiento de la extrema medida de coerción personal (privativa) decretada en fecha 09 de enero de 2011, teniendo como norte para ello, los mas elementales principios constitucionales y legales rectores de nuestro ordenamiento jurídico constitucional y procesal penal que nos rige en este nuevo sistema acusatorio. A tales efectos este tribunal previa revisión minuciosa del asunto, pudo verificar lo siguiente:
- En fecha 09 de enero de 2011, previa solicitud Fiscal impone MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el Artículo 250 y 251 252 del Código Orgánico Procesal Penal al ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA, por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y Sancionado en el artículo 455 del Código Penal.
-. En fecha 11 de enero de 2011, se publico auto motivado, mediante el cual se le impuso Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA, por la presunta comisión de los delitos supra señalados.
- En fecha 23 de febrero de 2011, se recibe del fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público Abg. Carlos colmenares escrito acusatorio constante de 10 folios útiles en contra del ciudadano Gustavo Adolfo Machado Castañeda por el delito de Robo Genérico previsto y Sancionado en el artículo 455 del Código Penal.
No obstante, las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente al desarrollo y resultas del proceso que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacerse ilusoria la ejecución de la sentencia. Sin embargo, a esta finalidad instrumental de las Medidas de Coerción Personal, deben acoplarse los principios de proporcionalidad, y afirmación de libertad; según los cuales en el primero de los casos – proporcionalidad -, la medida de coerción personal impuesta, debe ser equitativamente igual a la magnitud del daño que causa el delito, la probable sanción a imponer, o al término menor de la pena que prevé el respectivo delito, todo ello a los fines de no convertir una medida cautelar preventiva en una pena anticipada; y en el segundo de los referidos principios -afirmación de libertad-, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye una medida de carácter excepcional, sólo aplicable en los casos expresamente autorizados por la ley. De allí, que en atención a estos dos principios, el Código Adjetivo Penal en su artículo 264 ha establecido el instituto del examen y revisión de las medidas, disponiendo: “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. Ahora bien, el examen y revisión de las medidas, en el marco del vigente proceso penal, tiene por objeto, permitirle a los procesados por delitos, acudir, según el caso, ante el juez competente, a los fines de solicitarle la revisión y cambio de la medida inicialmente impuesta, bien sea porque la misma resulta desproporcionada con el hecho imputado objeto del proceso; o bien porque los motivos que se tomaron en cuenta para decretar la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, ya no existen al momento de la solicitud o han variado de modo tal que permiten la imposición de una medida menos gravosa. De manera tal, que verificados que sean estos supuestos, el órgano jurisdiccional competente pueda proceder a revocar o sustituir la medida privativa de libertad por otra menos gravosa. Tales lineamientos que se exigen para la procedencia de estas solicitudes de revisión, han sido el producto de la práctica forense, la doctrina y los lineamientos jurisprudenciales, quienes admiten la revisión de la medida impuesta frente a eventuales variaciones de las circunstancias que dieron origen al decreto de la primera medida.
Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 2426 de fecha 27/11/2001, mediante criterio vinculante precisó, con ocasión al instituto de la revisión, lo siguiente: “…Respecto de la revisión de la situación del imputado, lee esta Sala que el Código Orgánico Procesal Penal ha previsto de forma clara la posibilidad de revisar y examinar las medidas cautelares en el artículo 264 (que corresponde al artículo 273 anterior a la Reforma del instrumento), el cual prescribe que “El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente.” Así mismo, dispone la prenombrada norma que “En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”. Ahora, se entiende que esta previsión regula exactamente dos supuestos: a) El irrestricto derecho del imputado a obtener un pronunciamiento judicial respecto de la necesidad de sostener o mantener la medida precautelativa de la que ha sido objeto con anterioridad, esto es, de incoar el examen de la vigencia de los supuestos de la medida; b) La obligación para el juez de examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares, de oficio, cada tres meses y “cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas”, obligación que, de acuerdo al principio pro libertatis, debe entenderse que consagra la posibilidad de sustituir y aun de revocar la medida precautelativa en cualquier momento en que los supuestos que la fundan hayan cesado de manera alguna, absoluta o parcialmente…”. Asimismo, en decisión Nro. 2736 de fecha 17 de octubre de 2003, precisó: “... Así pues, una vez que adquiere el carácter de firme la decisión privativa de libertad, hecho que puede suceder igualmente cuando no se interpuso el recurso de apelación, es cuando puede acudirse, en el proceso penal, al recurso de revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, para que el tribunal de primera instancia, ya sea de control o de juicio, pueda analizar, en virtud de esa solicitud, si los motivos que tomó en cuenta para privar la libertad no se encuentran vigentes o si bien el principio de proporcionalidad de la medida de coerción personal, contemplado en el artículo 244 eiusdem, ha sido vulnerado, para que, en caso de ser confirmados esos supuestos, pueda proceder a revocar o sustituir la medida privativa de libertad... ”.
Ahora bien, en el presente caso, observa esta instancia que el contenido de las actuaciones que integran la presente causa, se establecen y determinan cuales son las razones, en virtud de las cuales se decreto la medida de privación judicial preventiva de libertad que pesa sobre el imputados de marras, conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Igualmente, observa quien aquí decide que en atención a la gravedad del delito; y en virtud de la pena que pudiera llegar a imponérsele en el presente caso y al daño presuntamente causado; es por lo que quien aquí decide considera proporcional y suficiente la medida decretada para asegurar la finalidad del proceso y por cuanto no han variado las circunstancias que inicialmente fueron consideradas para decretar la medida de privación judicial preventiva de libertad al ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA.
Igualmente, atendiendo a lo manifestado por la defensa del ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA en cuanto a la inexistencia de una víctima, es necesario que una vez llevada a cabo la audiencia preliminar, se proceda a verificar si los datos aportados por la víctima se corresponden a un error de tipeo o a la inexistencia de la misma, y procederá conforme a lo establecido en el artículo 43 y 120 numeral 7°del Código Orgánico Procesal Penal, en cuanto al derecho de la víctima a ser oída, aún cuando no hubiere intervenido en el proceso. En consecuencia, esta Juzgadora al sopesar las circunstancias sin apartarse de los principios de presunción de inocencia y de afirmación de libertad de los que se encuentra amparado el investigado de autos en este proceso penal decide conforme a lo dispuesto en el artículo 55 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, a objeto de garantizar los intereses que pudieran verse trastocados a la víctima
Consideraciones en atención a las cuales este Tribunal, estima que lo ajustado a derecho, es declarar SIN LUGAR la solicitud de revisión y sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, peticionada por el profesional del derecho Abg. Samuel Medina, actuando en su carácter de defensor privado del imputado GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA, plenamente identificado en autos; y en consecuencia se MANTIENE la medida de coerción personal impuesta al mencionado imputado. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control numero 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, Extensión Punto Fijo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide: DECLARA SIN LUGAR la Solicitud de Revisión de la Medida Privativa de Libertad, interpuesta por el Abg. Samuel Medina, actuando con el carácter de defensor privado del ciudadano GUSTAVO ADOLFO MACHADO CASTAÑEDA, plenamente identificado en autos; y en consecuencia se mantiene la MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD decretada por éste Tribunal, por la presunta comisión del delito de ROBO GENERICO previsto y Sancionado en el artículo 455 del Código Penal Y ASÍ SE DECIDE. Publíquese y regístrese la presente decisión, notifíquese al solicitante. Cúmplase.
La Juez Segundo de Control.
Abg. EVALINA RIVAS
El Secretario
Abg. GREGORY COELLO
En esta misma se cumplió con lo ordenado
Causa Nº IP11-P-2011-00050