TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 21 de Agosto de de 2012
202º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2012-002323
ASUNTO : IP01-P-2012-002323

AUTO DECLARANDO SIN LUGAR SOLICITUD DE REVISION DE MEDIDA

Visto escrito presentado por el Profesional del Derecho ROMER ANGEL LEAL DURAN, en su carácter de Defensor Privado del Ciudadano JOSÉ ALEJANDRO VEGA ANDARA, venezolano, mayor de edad, cedula de identidad Nº 11.312.911 de nacimiento 30-04-1973, de 39 años de edad, residenciado, en Calle Guiria, Quinta Risal, Urbanización el Cafetal, Municipio Baruta Caracas. Y la de Falcón: Calle Rafael Ariscoser, Quinta Maritere, Urbanización la Concordia, Coro, 0426-811.5429 0268-2539748, mediante el cual solicita el Examen y la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad; conforme a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal así mismo propone las medidas establecidas en los numerales 1, 3 u 8 eiusdem.

las siguientes consideraciones:

Consta en actas que al imputado JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA le fue decretado Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en fecha 17 de Junio de 2012 por este Juzgado, por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En fecha 26 de Junio de 2012, se Publica el Auto Motivado de la Audiencia de Presentación en la cual se decretó la Medida de privación Judicial Preventiva de Libertad al Ciudadano JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En Fecha 01 de Agosto DE 2012, El Ministerio Público Presenta escrito de Acto Conclusivo donde acusa al Ciudadano JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y solicita para la Ciudadana MARIA ALEXANDRA GARCIA, la imposición de una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad.

En Fecha 02 de Agosto de 2012, este Tribunal le da entrada al Acto Conclusivo presentado por el Ministerio Publico y fija Audiencia Preliminar para el día 30 DE AGOSTO DE 2012, A LAS 02:00 DE LA TARDE.

En fecha 03 de Agosto de 2012, este Tribunal mediante auto otorga el Decaimiento de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en consecuencia la Libertad sin restricciones de la ciudadana MARIA ALEXANDRA GARCIA. En virtud de que vencido la prorroga el Ministerio Público no presentó acusación en su contra.

Ahora bien; en relación a la Solicitud realizada por la defensa Técnica El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente:

“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otra menos gravosa”

En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.

Excepcionalmente, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar al juez de control, una prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de coerción personal que se encuentren próximas a su vencimiento, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el fiscal o el querellante. En este supuesto, el juez de control deberá convocar al imputado y a las partes a una audiencia oral, a los fines de decidir, debiendo tener en cuenta, a objeto de establecer el tiempo de la prórroga, el principio de proporcionalidad.”

El Presente artículo contiene dos instituciones distintas pero íntimamente relacionadas como lo son por una parte la Revisión de Medida Cautelar de Prisión Provisional a solicitud del Imputado, la cual puede ser solicitada por el interesado en cualquier momento mientras la medida se mantenga y por otra parte el examen de la medida de oficio por el Juez (a), como obligación que la ley le impone realizar inexcusablemente cada tres meses, mientras la medida de prisión dure.

En relación a esta norma ha señalado la jurisprudencia que la revisión de las medidas de coerción personal, es un mecanismo de defensa que procede en la etapa de juicio oral, para obtener, en caso de que sea procedente, la libertad plena del acusado o bien su libertad bajo una condición… (Sent. 474 – 14-03-07 Sala Constitucional Carmen Zuleta Merchán).

El Juez puede negar la solicitud de sustitución de la Medida Privativa de Libertad, cuando considere que no han cambiado las circunstancias que ameritaron que fuera procedente… (Sent. 499 – 21-03-07 Sala Constitucional Jesús Eduardo Cabrera Romero).

Aunado a ello, en el caso in comento, mi deber como representante de la justicia de velar por el cumplimiento de las normas constitucionales y sancionar con la debida Objetividad del caso, los delitos tipificados por la ley; según lo establecido en el articulo 29 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela; sin querer con todo esto, derogar la Presunción de Inocencia, sino que dado a los delitos por los cuales, el ciudadano JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA, es procesado es por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, delito éste, considerado el mismo por nuestra legislación como de Lesa Humanidad y ratificado por Nuestro máximo Tribunal cuando en Sentencia Vinculante Nº 875 de fecha 26-06-2012 ha reiterado:

“Ahora bien, ciertamente la Sala ha catalogado el delito de tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en forma genérica, como en sus distintas modalidades, como lo consideró la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, como de lesa humanidad –ver sentencias números 1712/01, 1776/01 y 1114/06, entre otras- y por disposición propia del constituyente, no gozarán de beneficios que conlleven a su impunidad, conforme lo establece el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual no hace distinción entre procesados y penados por esos tipos penales, por lo que se entiende, que deben afrontar el proceso, en sus distintas fases, incluyendo la fase de ejecución, privados de libertad; así como tampoco hace distinción entre los tipos de beneficios que les está negado aplicar a los jueces a quienes se encuentren incursos en este supuesto, pues de su contexto se desprende que abarca tanto los previstos dentro del proceso de juzgamiento como los establecidos en la fase de ejecución. Así se indica en el único aparte de dicha normativa constitucional, cuando establece:

“Artículo 29:
(…)
Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”

De manera que, precisa la Sala distinguir entre los beneficios que pueden ser dictados dentro de las tres primeras fase del proceso penal –investigativa, preliminar y de juicio- llamados procesales, y aquellos que pueden ser dictados en la fase de ejecución, llamados postprocesales, entendiéndose por los primeros todos aquellos que, aun cuando son restrictivos a la libertad, se consideran como menos gravosos a la privación de libertad, y que al otorgarse mejoran, considerablemente, la condición actual del procesado objeto de esta medida, encontrándose dentro de éstos las medidas cautelares que sustituyen a las de privación de libertad, y por los segundos, aquéllos que se dictan en la fase de ejecución, una vez que, sometido el encartado a un juicio previo, ha emanado del mismo una sentencia condenatoria definitivamente firme, encontrándose dentro de aquéllos la suspensión condicional de la suspensión de la pena, las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras, entendiéndose que operan como beneficio, toda vez, que mejoran la situación del penado.

Ello así las restricciones que establece el constituyente para optar a los beneficios, tanto procesales como postprocesales, con respecto a ciertos delitos, responden a un interés legítimo de salvaguarda del interés social, contraponiéndolo al interés particular del contraventor, por lo que debe entenderse, no atentan contra el principio de progresividad de los derechos humanos, sino que intentan mantener el equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos.

Así pues, cuando el constituyente estableció la limitación para optar a los beneficios que puedan conllevar a la impunidad, en los casos de delitos de lesa humanidad, así como en los de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra, no distinguió entre las dos categorías mencionadas anteriormente, entendiéndose, entonces que esta excepción opera en ambos casos, tanto en el otorgamiento de beneficios procesales como en el de los beneficios postprocesales. Ello es así, porque una de las fases en el cumplimiento de la pena es de carácter retributivo, entendiéndose por tal, la “finalidad de la pena, que trata de corresponder con el mal señalado en la ley al causado por el delincuente” (Manuel Osorio: Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales, Editorial Heliasta, 1999, p. 881).

En ese mismo sentido se ha orientado la jurisprudencia pacífica de este Alto Tribunal, la cual se ha mantenido en el tiempo, como puede observarse en las sentencias números 1.485/2002, 1.654/2005, 2.507/2005, 3.421/2005, 147/2006, 1.114/ 2006, 2.175/2007, entre otras, las cuales fueron ratificadas en sentencias recientes, como las números 1.874/2008, 128/ 2009 y 90/2012, dirigidas a ratificar la imposibilidad de conceder beneficio alguno a los delitos que atentan contra la salud física y moral del colectivo, como es el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, en todas sus modalidades, por lo que se precisa, que a estos tipos penales no le es aplicable ninguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena, ni algún otro beneficio de los establecidos en el Capítulo Tres del Libro Quinto, referido a la ejecución de la pena, del Código Orgánico Procesal Penal, ni a la suspensión condicional de la pena prevista en el artículo 60 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, -aplicable ratione temporis en el presente caso- y en el 177 de la vigente Ley Orgánica de Drogas, que es un beneficio que se concede en la fase de ejecución del proceso penal, y que sí puede proceder en los casos del delito de posesión ilícita, previsto en el artículo 34 eiusdem, -ver sentencia de esta Sala número 2.175/2007, caso: “Jairo José Silva Gil”- y, actualmente, en el artículo 153 de la vigente Ley Orgánica de Drogas, el cual no tiene contemplado dicha limitante.

Como bien establece la norma Constitucional y las reiteradas Jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia ut supra citadas, que en los delitos de Trafico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (DROGAS) en todas sus modalidades, no procede el otorgamiento de beneficios, en el presente caso nos encontramos en la presunta Comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considerando esta Juzgadora que es improcedente decretar una Revisión de Medida Sustitutiva a la privación Judicial Preventiva de Libertad, en virtud de lo antes expuesto y que hasta el presente no han variado las Circunstancias por la cual se decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad al Ciudadano JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA, en su oportunidad y así se decide.-

En consecuencia, este Tribunal Quinto de Control en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley RESUELVE: UNICO: SIN LUGAR, la solicitud hecha por el Profesional del Derecho ANGEL LEAL DURAN, y estima necesario el mantener la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada en su oportunidad al Ciudadano JOSE ALEJANDRO VEGA ANDARA, a quien se le instruye la presente causa por la presunta comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS EN LA MODALIDAD OCULTACIÓN AGRAVADA, tipo penal previsto y sancionado en el segundo aparte del artículo 149 del la Ley Orgánica de Drogas en concordancia con lo establecido en el ordinal 10 del artículo 163 eiusdem e INTIMIDACIÓN A TESTIGOS Y FUNCIONARIOS, tipo penal previsto y sancionado en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los fines de lograr dar fiel cumplimiento y determinar la búsqueda de la verdad, de conformidad con el articulo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y por lo precedentemente expuesto; Cúmplase. Publíquese, regístrese y notifíquense a las partes de la presente decisión.-

ABG. MARIALBI ORDÓÑEZ
JUEZA QUINTA DE CONTROL

ABG. VÍCTOR ACOSTA
EL SECRETARIO

RESOLUCIÓN Nº PJ0052011000278