TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
Caracas, 17 de enero de 2012
201º y 152º

ASUNTO: AH1C-X-2012-000010
PARTE ACTORA: BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., Sociedad Mercantil domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia, cuya última modificación estatutaria fue inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 29 de noviembre de 2002, bajo los números 79 y 80, tomo 51-A,.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: JUAN KORODY, OLIMAR MENDEZ MUÑOZ, LUIS EDUARDO CASTILLO y JULIO TORRES, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los el Nros. 112.054, 86.504, 112.131 y 114.257, respectivamente.

PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil SERVICIOS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA ANÓNIMA (M.O.A.L.C.A.), domiciliada en la Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 24 de febrero de 1986, bajo el número 40, tomo 2-A, modificada a su denominación actual, según Acta de Asamblea Extraordinaria, inserta por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia el 01 de noviembre de 1990, bajo el número 40, tomo 3-A, modificados sus Estatutos Sociales, según documento inserto por ante el nombrado Registro Mercantil, el 16 de mayo de 2002, bajo el número 44, tomo 21-A, debidamente representada por los ciudadanos ENDER DE JESUS CARDOZO SÁNCHEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Zulia, Municipio Maracaibo, parroquia Cecilio Acosta Barrio La Pastora Maracaibo, calle 96, 55-48 y titular de la cédula de identidad número V-4.532.157 y LUIS ENRIQUE RINCON FUENMAYOR, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Zulia, Municipio Maracaibo, parroquia Cacique Mara, Residencia Visoca, Barrio San José Torre Antonieta PH2 y titular de la cédula de identidad número V-4.540.846.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: no consta en autos apoderado judicial alguno.

MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION), Pronunciamiento sobre Medida Cautelar.

Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a la medida cautelar solicitada por la parte actora en el escrito libelar, quien la solicitó en los siguientes términos:
“...Solicitamos se decrete medida de embargo sobre bienes que se encuentre en posesión o que sean propiedad de los demandados solidarios…...”

II
Planteada en los términos antes expuestos la petición cautelar interpuesta por la accionante, procede este Tribunal a pronunciarse respecto a la misma, con base a las siguientes consideraciones:
El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Subrayado del Tribunal).

De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora.
Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente:
“Artículo 601: Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...”

Conforme a las normas antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y el fumus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos.
En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas.

Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte accionante y así se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se declara.
III
En virtud de los razonamientos expuestos y con fundamento a lo establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, actuando en el juicio que por Cobro de Bolívares (intimación) sigue la sociedad mercantil BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL C.A., contra SERVICIOS Y MANTENIMIENTO COMPAÑÍA ANÓNIMA (M.O.A.L.C.A.), debidamente representada por los ciudadanos ENDER DE JESUS CARDOZO SÁNCHEZ, y LUIS ENRIQUE RINCON FUENMAYOR, ha decidido:
PRIMERO: decreta MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON TREINTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 14.793.640,37), suma esta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal en un veinte por ciento (20%) las cuales ascienden a la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE CENTIMOS (Bs. 1.344.876,39). En caso de que dicha medida recayese sobre sumas líquidas de dinero, la misma deberá ser practicada hasta por la cantidad de OCHO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs.8.069.258,38), la cual corresponde a la suma líquida demandada más las costas supra señaladas.-
SEGUNDO: A los fines de la práctica de la medida, se comisiona amplia y suficientemente al Juzgado Distribuidor de Municipio Ejecutor de Medidas Preventivas y Ejecutivas del Área Metropolitana de Caracas. Provéase lo conducente.
No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En Caracas, 17 de Enero del 2012.- Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
LA JUEZ,
Dra. BELLA DAYANA SEVILLA JIMENEZ. LA SECRETARIA,
Abg. SONIA CARRIZO.

En esta misma fecha, siendo las 12:06 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia.
LA SECRETARIA,
Abg. SONIA CARRIZO

Exp Nº AH1C-X-2012-000010
BDSJ/SC/adp-03