REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Control de Punto Fijo
Punto Fijo, Lunes Veintisiete (27) de Febrero de 2012.
201º y 153º

ASUNTO PRINCIPAL : IP11-P-2010-005689
ASUNTO : IP11-P-2010-005689

TEXTO INTEGRO DE SENTENCIA CONDENATORIA
POR ADMISION DE LOS HECHOS.-

Corresponde a este Tribunal motivar conforme a los artículos 173, 329 y 365 del Código Orgánico Procesal Penal, la decisión de Sentencia Condenatoria emitida en fecha 24.02.2012, en contra de los ciudadanos: LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, por la comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, y en cuanto al ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO, la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, de conformidad con lo establecido en el artículo 327del Código Orgánico Procesal Penal.

IDENTIFICACION DE LOS ACUSADOS:

JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO venezolano, mayor de edad, natural de , titular de la cédula de identidad N° 20212110 , nacido en fecha: 08-01-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio Andrés Eloy Blanco, calle Sarmiento, casa de dos plantas, entre Panamá y Perù, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Jorge Felix Naveda y Milagros Delgado

LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, venezolano, mayor de edad, natural de Punto Fijo estado Falcón, titular de la cédula de identidad N° 21157591, nacido en fecha: 24-05-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio industrial, calle01, casa s/n, al lado del liceo Rafael Sánchez López, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Virginia Trompiz y Henry Bastidas

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS
“En fecha 03 de Noviembre de 2010, siendo aproximadamente las 05:40 horas de la tarde funcionarios adscritos a la Policía del Municipio Carirurbana recibieron información que en el sector Parque Cajizal un ciudadano de nombre JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, había sido victima de un robo a mano armada, motivo por el cual se desplegó un dispositivo de seguridad por las adyacencias del ligar visualizando a dos sujetos con características similares a las aportadas al momento de la denuncia, incautándosele en su ropa intima UN ARMA DE FUEGO, TIPO REVOLVER, SIN MARCA VISIBLE, COLOR MARRON, DESPROVISTA DE BALAS y por su parte al ciudadano LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ le fue sustraído del bolsillo derecho una prenda tipo cadena de material de plata, un anillo de plata con una piedra de color negro y un teléfono celular color gris con negro, marca LG, modelo LG-MD6100; lo cual produjo que los funcionarios actuantes procedieran a su detención inmediata.-

ALEGATOS DE LA FISCALIA

Siendo la oportunidad procesal para efectuar la Audiencia Preliminar, el Tribunal concedió la palabra a la ciudadana Fiscal Sexta del Ministerio Público, ABOG. GRISETTE VIVIEN, para que expusiera los alegatos que dieron lugar a su acusación, quien expuso lo siguiente: “esta representación fiscal ratifica las acusaciones prerrentadadas en contra de los ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, por la comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, y en cuanto al ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO, la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, ratificando en todo y cada una de sus partes el escrito fiscal y solicitando se Admita Totalmente la Acusación, para lo cual ratificó el ofrecimiento de los medios de pruebas promovidos y que constan en el escrito acusatorio que corre inserto en la causa y que da por reproducido oralmente en este acto, de igual forma solicita que se mantenga la Privación Judicial Preventiva de Libertad.. Es todo.-..

Posteriormente el Tribunal impuso a los imputados de autos de las Garantías Constitucionales previstas en el artículo 49 ordinal 5° de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículo 130 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal y procede a interrogar a los mismos sobre su identidad y demás datos personales, quien dijo ser y llamarse : JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO venezolano, mayor de edad, natural de , titular de la cédula de identidad N° 20212110 , nacido en fecha: 08-01-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio Andrés Eloy Blanco, calle Sarmiento, casa de dos plantas, entre Panamá y Perù, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Jorge Felix Naveda y Milagros Delgado; quien expuso: “ADMITO LOS HECHOS POR EL CUAL ME ESTA ACUSANDO EL FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO”.


LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, venezolano, mayor de edad, natural de Punto Fijo estado Falcón, titular de la cédula de identidad N° 21157591, nacido en fecha: 24-05-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio industrial, calle01, casa s/n, al lado del liceo Rafael Sánchez López, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Virginia Trompiz y Henry Bastida; quien expuso: “ADMITO LOS HECHOS POR EL CUAL ME ESTA ACUSANDO EL FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO”.

ALEGATOS DE LA DEFENSA:
Acto seguido, le fue concedida la palabra a la Defensa Privada Abog. Héctor Medina, para que expusiera sus alegatos de defensa, manifestando lo siguiente: “…Oída la voluntad de mis defendidos de admitir los hechos solicito sean condenados de acuerdo al procedimiento especial de ley,…”.

DETERMINACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

Este Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Flacón, extensión Punto Fijo, una vez escuchados las exposiciones de las partes intervinientes en la Audiencia Oral Preliminar y muy especialmente a lo atinente a la Admisión de los Hechos objeto de la Acusación Fiscal, efectuada por los acusados ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ y JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI y luego que el Tribunal resolviera sobre lo establecido en el Articulo 330 del Código Orgánico Procesal Penal y de haber escuchado la narración de los hechos y la nueva tipificación del delito por parte del Ministerio Publico, así como, de haber leído la Acusación escrita presentada para tal fin, y considerar el Tribunal que la misma guarda relación con el tipo penal por el cual el Fiscal del Ministerio Publico, ha presentado la Acusación formal en el día de hoy, en contra del hoy Acusado, se ADMITE el escrito acusatorio presentado por la representación fiscal VI en contra de los ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, por la comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, y en cuanto al ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO, la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, toda vez que del conteniendo la Acusación se observa que la misma cumple con los requisitos establecidos en el Articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal y consecuencialmente, Admitir Totalmente las Pruebas ofrecidas por la Fiscal del Ministerio Publico toda vez, que las mismas se consideran útiles, necesarias y pertinentes; en virtud de que los acusados de actas han hecho uso del Procedimiento Especial de Admisión de Hechos, previsto en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se estiman acreditados los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Publico, con lo cual hace sus basamentos de los fundamentos de la imputación y los elementos de convicción que motivaron la referida acusación.-

FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO
El procedimiento por admisión de los hechos, es una de las formas de auto composición anticipada del proceso mediante el cual el legislador creo una manera especial con prescindencia del juicio Oral y Publico, y con la condena del imputado, que a pesar de no estar incluida dentro de las alternativas a la prosecución del proceso, contemplada en el capitulo III, titulo I, del libro primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, y los acuerdos preparatorios, cumple la misma función: Pone fin al proceso ( Sentencia sala constitucional ponente: Jesús Eduardo cabrera Romero, fecha 20-07-06, causa 05-1564, Sent. N 1419). Por vía jurisprudencial, de conformidad con la decisión Ut supra, se han establecidos los requisitos para que proceda la admisión de los hechos, de conformidad con el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber: el primero de ellos es la admisión por parte del Juez de control, de la acusación fiscal, en la Audiencia preliminar, y el segundo es la admisión por parte del acusado de los hechos objeto del presente proceso, los comprendidos dentro de la acusación y la solicitud de pena inmediata.
Ahora bien, oídos los alegatos de las partes intervinientes en la Audiencia Oral y Privada, y en razón de la Admisión de los Hechos efectuada por los acusados ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ y JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece textualmente, "…En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso de del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objetos del proceso y solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afecto y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio publico o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, el Juez solo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio...”.-(Destacado del Tribunal).
El procedimiento por Admisión de los Hechos, cuando el Acusado consiente en ello y reconozca su participación en el hecho que se le atribuye, en estos casos se prescinde del juicio, correspondiendo al Juez dictar inmediatamente la sentencia una vez admita la Acusación Fiscal. Esto puede conllevar a la imposición inmediata de la pena, y como beneficio para el Acusado por la aceptación de este procedimiento se dispone una rebaja de la pena desde un tercio a la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado.
En este orden de ideas, la Sala de Casación Penal en Sala Accidental, en fecha 26 de Febrero de 2003, Expediente No. 2000-1504, actuando como ponente el Magistrado el Doctor JULIO ELIAS MAYUADON GRAU, fija criterio del fin y propósito del legislador en relación a las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, y para lo cual enuncia lo siguiente, “…La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos. En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de la admisión de los hechos, la misma no puede entenderse como un atenuante e incluirla en el elenco de los atenuantes genéricos que traen como consecuencia, al momento de aplicar la pena, la utilización de las reglas contempladas en el artículo 37 en concordancia con el Artículo 6. numerales 1, 2 y 3 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores en concordancia con el Artículo 83 del Código Penal. Su naturaleza no puede ubicarse en el campo del derecho penal sustantivo y mucho menos confundirse con el régimen de las atenuantes; ya que éste instituto procesal apartándose del delito y de la personalidad del imputado se inserta en el mérito procesal del mismo, es decir, se concentra en el cumplimiento de los requisitos o formalidades establecidos en la Ley Procesal..”. (El destacado es del Tribunal).
En este sentido, los acusados LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ y JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI renuncian a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra el auto incriminación, su derecho a un juicio y su derecho a carearse con sus acusadores. La admisión de los hechos procede para cualquier conducta punible. Son requisitos para la admisión de los hechos los siguientes, debe ser voluntaria, dado que esta admisión supone una renuncia a derechos y garantías judiciales el imputado debe conocer el alcance de su aceptación y en consecuencia, debe voluntariamente renunciar a esos derechos. Expresa, ya que no cabe una tácita admisión de los hechos. La renuncia a cualquier derecho debe ser en todo caso expresa; más aún tomando en consideración que como consecuencia de tal admisión puede generarse para el imputado una sentencia condenatoria. Y por ende personal, no es posible que el imputado, a través de apoderado o representante pueda admitir los hechos, máxime cuando el acto de la audiencia preliminar supone la necesaria presencia del imputado.
El Tribunal, en razón de que la causa fue ordenada su tramitación por el Procedimiento Ordinario, donde se le Impuso en la Audiencia Preliminar a los ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ y JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, de las Medidas Alternativas de la Prosecución del Proceso, y el Procedimiento Especial por Admisión de Hechos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y lo establecido en el Ordinal 5° del Articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y de los Artículos 131 y 329 Código Orgánico Procesal Penal, donde los mismos de acuerdo con la facultad prevista en el Articulo 328 del Código Orgánico Procesal Penal admitieran los hechos que le imputa el Fiscal del Ministerio Público y aceptaron la responsabilidad penal de los delitos cometidos respectivamente, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 ejusdem y la Defensa Privada, ABOG. HECTOR MEDINA, conforme a lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito la aplicación inmediata de la pena aplicable a los delitos por los cuales fueran acusados cada uno de ellos, el Tribunal le concedió nuevamente al Fiscal del Ministerio Publico el derecho a la palabra, a los fines de que manifieste su opinión en relación a lo solicitado por la Defensa y lo manifestado por el acusado de autos, y el mismo dejo constancia que se encontraba totalmente de acuerdo con lo solicitado por las partes ya que lo solicitado cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley.
En este estado, de manera inmediata la Juzgadora que preside el tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón extensión Punto Fijo, oídos los alegatos de las partes intervinientes en la Audiencia Oral Preliminar, y en razón de la Admisión de los Hechos efectuada por el acusado de autos ASDRUBAL JOSE MONTERO CABRERA, una vez Admitida la Acusación presentada por el Ministerio Publico, por cuanto se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el Articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo previsto en el Articulo 330 ordinal 6 ejusdem, pasa de seguida a dar a conocer el dispositivo legal del fallo dictado por el Tribunal, en el cual Administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley CONDENA al acusado LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, venezolano, mayor de edad, natural de Punto Fijo estado Falcón, titular de la cédula de identidad N° 21157591, nacido en fecha: 24-05-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio industrial, calle01, casa s/n, al lado del liceo Rafael Sánchez López, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Virginia Trompiz y Henry Bastidas; por el delito de ROBO AGRABADO, previsto y sancionado en el artículo 458 Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKIM; y en cuanto al ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO venezolano, mayor de edad, natural de , titular de la cédula de identidad N° 20212110 , nacido en fecha: 08-01-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio Andrés Eloy Blanco, calle Sarmiento, casa de dos plantas, entre Panamá y Perù, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Jorge Felix Naveda y Milagros Delgado, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, conforme a lo solicitado de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Así se declara.-

PENA APLICABLE

En relación al planteamiento expuesto por la defensa, en cuanto a que este Tribunal Primero en Funciones de Control proceda a dictar Sentencia conforme al procedimiento de Admisión de los Hechos, de conformidad con lo previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, y verificado como ha sido en este acto la admisión de los hechos efectuada por parte de los acusados de autos, este tribunal la DECLARA CON LUGAR, en los siguientes términos: Teniendo presente la solicitud de la aplicación del procedimiento por ADMISIÓN DE LOS HECHOS, solicitada por la Defensa y por el acusado: LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, por la comisión del delito ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el Artículo 458 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, la cual se determina de la siguiente manera: la pena a imponerle al ciudadano esta comprendido entre de DIEZ (10) A DIECISIETE (17) AÑOS DE PRISION, siendo lo procedente la aplicación del Articulo 37 del Código Penal Vigente, donde se señala que debe aplicarse el termino medio, siendo el termino medio de TRECE (13) AÑOS Y SIEIS (06) MESES DE PRISION, las cual al serle aplicada la norma prevista en el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta como pena a imponer de: DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÒN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL. Ahora bien, en contra del ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, la cual se determina de la siguiente manera: la pena a imponerle al ciudadano esta comprendido entre de TRES (03) A CINCO (05) AÑOS DE PRISION, siendo lo procedente la aplicación del Articulo 37 del Código Penal Vigente, donde se señala que debe aplicarse el termino medio, siendo el termino medio de CUATRO (04) AÑOS DE PRISION, las cual al serle aplicada la norma prevista en el articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, resulta como pena a imponer de: DOS (02) AÑOS DE PRISIÒN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL.
Tomando en consideración que los acusados han Admitido los Hechos por los cuales el Ministerio Publico los ha Acusado, para lo cual la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también se ha pronunciado sobre el principio de la proporcionalidad, “…En sentencia de ésta Sala Penal de fecha 22 de Febrero del 2002, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, se consideró violado el principio de la proporcionalidad y en consecuencia se anuló la sentencia modificando la penalidad a favor del reo. En la argumentación de la ponencia queda bien claro que la proporcionalidad en la aplicación de las penas no es un principio que siempre va a operar a favor del reo, sino que es el principio que va a regir para obtener la “debida sanción legal”, aplicando la pena adecuada al daño social ocasionado por el delito cometido. Esta Sala Penal coincide con la citada jurisprudencia en sus afirmaciones: “Dar a cada quién lo suyo o lo que corresponde, quiere decir, según su mérito o demérito. En la Justicia es una condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad. Hay que pesar todas las circunstancias y por eso se simboliza la Justicia con una balanza. Ésta implica –en términos de Justicia- ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas. Éstas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un crimen. La impunidad es injusticia, pues no da al criminal el castigo que le corresponde. La impunidad es de los injustos mas graves que puede haber, no sólo por el hecho en sí de quedar sin el merecido castigo aquel que lesionó el derecho de una persona y de la colectividad, sino por evidenciar falta de voluntad para ejecutar la ley de quienes han sido honrados con la trascendental misión de hacer Justicia y preservar los derechos más esenciales de los coasociados. El principio de la discrecionalidad, por otra parte, le da al Juez la potestad para hacer las rebajas de penas, estableciendo los términos entre los cuales el juzgador debe usar su discrecionalidad. Efectivamente el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (en su versión original y en sus dos reformas) establece un término de rebaja de pena por admisión de los hechos que en el caso de delitos no violentos va desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse; y para los delitos donde haya habido violencia (como es el caso de autos) la rebaja de pena por aplicación del instituto procesal señalado es hasta un tercio, lo cual significa, en este último caso que la discrecionalidad del Juez tiene un límite máximo hasta un tercio dándole potestad para rebajar la pena de lo mínimo hasta el tercio de la pena que ha debido aplicarse...”. . ASI SE DECIDE.
SEGUNDO: No se condena a los acusados de auto en costas, en virtud del principio de gratuidad de la Justicia, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; por lo que se absuelven del pago de costas procesales de las referidas en el artículo 34 ejusdem en relación a los artículos 265, 266 numeral 1 y 267 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE DECIDE.


TERCERO: Se establece como fecha aproximada del cumplimiento de la pena impuesta para el ciudadano LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, 03.11.2020; y para el ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, 03.11.2012.- ASI SE DECIDE

CUARTO: Por último, encontrándose a juicio de esta juzgadora aún llenos los extremos de ley previsto en el artículo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que hasta la presente fecha no han variado las circunstancias que dieron motivo a dicha Privación Judicial Preventivo de Libertad, considera procedente y ajustado MANTENER la Privación Judicial Preventiva de la Libertad; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, e igualmente, se acuerda mantener como centro de reclusión para el ciudadano LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, en el Internado Judicial de Santa Ana de Coro.-. ASI SE DECIDE

DISPOSITIVA

Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO PRIMERO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO FALCÒN EXTENSIÒN PUNTO FIJO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONDENA a los ciudadanos LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, venezolano, mayor de edad, natural de Punto Fijo estado Falcón, titular de la cédula de identidad N° 21157591, nacido en fecha: 24-05-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio industrial, calle01, casa s/n, al lado del liceo Rafael Sánchez López, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Virginia Trompiz y Henry Bastidas; por estar incurso en el delito de ROBO AGRABADO, previsto y sancionado en el artículo 458 Código Penal Venezolano, en perjuicio del ciudadano JAVIER ROBERTO GIMENO EL SOKI, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÒN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL y al ciudadano JORGE EDUARDO NAVEDA DELGADO venezolano, mayor de edad, natural de , titular de la cédula de identidad N° 20212110 , nacido en fecha: 08-01-92, de 18 años de edad, estado civil: soltero, de oficio estudiante, domiciliado en el barrio Andrés Eloy Blanco, calle Sarmiento, casa de dos plantas, entre Panamá y Perù, de Punto Fijo, estado Falcòn, hijo de Jorge Felix Naveda y Milagros Delgado, por la comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el articulo 277 del Código Penal, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS DE PRISIÒN, MAS LAS ACCESORIAS DE LEY, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 16 DEL CÓDIGO PENAL.- Se acuerda mantener la Medida Cautelar de Privación Judicial Preventiva de la Libertad impuesta al acusado LEORBIS DAVID BASTIDAS TROMPIZ, en fecha 05.11.2010, debiendo el Juez en funciones de Ejecución imponerlo de las obligaciones que a bien considere, de conformidad con lo previsto en el articulo 479 del Código Orgánico Procesal Penal. Se elaboró la respectiva compulsa de archivo, de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en la Sala de este Juzgado Primero en función de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Falcón extensión Punto Fijo, a los veintisiete (27) días del mes de Febrero del 2.012; regístrese y notifíquese a las partes de la presente decisión.-----------------------------
LA JUEZ PRIMERO DE CONTROL. EXTENSIÒN PUNTO FIJO.

ABG. CLAUDIA RENATA BRACHO PÈREZ
LA SECRETARIA

ABG. MARIELVYS SANCHEZ