REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO, DEL TRÁNSITO Y DEL TRABAJO. EXTENSIÓN PUNTO FIJO.
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO FALCÓN.
Punto Fijo, 23 de Febrero de 2012.
Años: 201° y 153°
Visto el libelo de demanda por CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, presentado por el ciudadano ESTEFANO RENIER PETRASCU BORGES, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, domiciliado en la ciudad de Caracas, Distrito Capital y aquí de tránsito, titular de la cédula de identidad No. V-19.205.117, inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 163.443, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la Empresa CARDON IV, S.A., domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, el 25 de Noviembre de 2005, bajo el No. 20, Tomo 1225-A, en contra de los ciudadanos RAIMUNDO SENIOR, ELVIA TRINA CURIEL DE LEAL, CAROL ANTONIO CURIEL, REGINO CHIRINOS, LUIS TEOFILO HOMES, MARIA LUISA CARIAS DE SENIOR, MIGUEL ANGEL SENIOR, JOSÉ ÁNGEL HERMOSO GALÁN, titular de las cédulas de identidad Nros. V-90.987, V-247.170, V-72.903, V-3.092.367, V-266.896, cédula desconocida, V-, cédula desconocida, V-75.582, y de los integrantes de la TERCERA COMUNIDAD DEL CARDÓN, ciudadanos FÉLIX JOSÉ SÁNCHEZ, RAFAEL RAMÓN ZAVALA MEDINA, CRISANTO FARIÑAS, MANUEL ESTEBAN MEDINA MEDINA, PEDRO FELIZ OSTEICOECHEA TROMPIZ, JUAN RAMÍREZ ROMERO, RAUL ANTONIO GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL MUJICA GALICIA, HIGINIO ANTONIO COLINA, ANTERO DE JESÚS PEREIRA BARRENO, JOSÉ RAFAEL MAVARES ODUBER, MELECIO MEDINA AVENTURA, BENITO PADILLA RUIZ, LINO ALFONSO QUESADA, JESÚS ANTONIO OCANTO YAGUA, QUINTERO LEAL POLICARPO, ANTONIO TREMONT COLINA, OSWALDO CHIRINOS COLINA, JOSÉ TOMAS SÁNCHEZ, ALBERTO SEGOVIA DUNO, MANUEL ÁNGEL MÉNDEZ, ANGEL PEÑA CACERES, TEODORA MORALES VELAZCO, PEDRO THELMO QUESADA, NOHEMI CRASTO CONTIN, BLAS ANTONIO DUNO, ANDRE RENE GALINIE CASTAGNE, PEDRO ROBERTO TREMONT, EUGENIO ALVARADO GARCÍA, RAMÓN ACOSTA DOMINGO, FÉLIX PADILLA VELAZCO, DAMASO PUENTE ARTUZA, GONZALO DE JESÚS ESCALANTE MÉNDEZ, PEDRO ALCANTARA VELASCO, MARIA JOSÉ MANZANARE, MARIA MATEA RAMÍREZ DE ESCALANTE, CARMEN ARCAYA DE GÓMEZ, MARIA MAGDALENA MEDINA, RAMÓN MEDINA, GARCÍA ANDRÉS, JULIA ARMANDA ZEA DE GONZÁLEZ, MARCOS DE LEÓN RODRÍGUEZ CUMARE, VÍCTOR MANUEL GARCÍA, SARA MARGARITA YAMARTE DE BRAMATO, GLADYS MEDINA LACLE, FASTINO VENTURA HENRIQUE, JULIA PALENCIA, JOSÉ VICENTE PRADO CALLEJA, MANUEL E. RUIZ, ANA LUISA CARRASQUERO, MARTÍN DÍAZ GONZÁLEZ, FLORENCIO GALICIA GALICIA, ABDIAS PROFETA PADILLA RUIZ, FELIPE NEREO GALICIA, MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ, LUCIA ARTEAGA SÁNCHEZ, JOSÉ MARTIMIANO GALICIA, F. GALICIA, EMEREGILDO ANTONIO PIÑA, JUAN NEREO VELASCO, CARMEN ROSA PELAYO DE ARCAYA, JOSÉ AURELIANO MEDINA, POMPEYO JOSÉ MARTÍNEZ GALICIA, SERGIO ANTONIO NOROÑO, CARMEN DE VELASCO, VÍCTOR SENON SARMIENTO PADILLA, NIEVES RAMONA MEDINA VENTURA, OLGA MARGARITA PELAYO DE COLINA, AURA SIMPLICIA PELAYO ARCAYA, RAFAEL RODRÍGUEZ GUANIPA, SILVIA MARIA ARCAYA DE PELAYO, TERESA JOSEFINA PELAYO DE ARCAYA, JOSEFINA BEATRIZ PELAYO DE AULAR, PETRA ANTONIA HERRERA DE MANZANARES, CASTULO MARTIN PIÑERO ARVELO, JESÚS DAGOBERTOO PELAYO ARCAYA, AURELIANO ROMERO, VÍCTOR NICOLAS MEDINA FERNÁNDEZ, LUISA DE BRETT, AMELIA TREMONT, SATURNINO VASQUEZ GUILARTE, ERASMO MARCELINO VELAZCO, VICENTE P. SÁNCHEZ, P. ARENAS, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ SIVIRA, FELIPE REYES GALICIA, JULIO ZABALA PEÑA, JUANA AQUILINA ZAVALA, A. L. COLINA, ARMINDO ELISEO NAVEDA, SANTIADO RAFAEL PACHECO MATOS, ANTONIO EVARISTO ARCAYA FERNÁNDEZ, BLANCA CRISTIANA GALICIA DE ARCAYA, PEDRO CRISOLOGO PADILLA VELAZCO, NEREO GONZÁLEZ, JULIO RAFAEL SÁNCHEZ COLINA, FRANCISCO JOSÉ CHIRINOS NAVA, TOMAS RUIZ GONZÁLEZ, MONICO IBAÑEZ, PEDRO MANUEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, MARIA GALINIE DE PADILLA, ABDIAS PROFETA RUIZ, A. CRISANTO PADILLA, JUAN MATEO REYES GARCÍA, AGRIPINO VELASCO ACOSTA, GENEROSO CALLES, FRANCISCO LORES GÓMEZ, BERNARDO PADILLA VILLA, ECOLASTICO MEDINA, NATIVIDAD ALTAGRACIA PADILLA DE GARCÍA, ENCARNACIÓN TREMONT, R. TREMONT, MIGUEL JURADO PALMERA, ISAIAS BRACHO ROJAS, C. LÓPEZ, FAUSTINO GONZÁLEZ LÓPEZ, JESÚS PAZ D. EFFIT, ANGEL ALBERTO SMITH MADRIZ, MIGUEL ANTONIO AÑEZ IRAUSQUIN, CELESTINO RAFAEL PACHANO YANCEN, CIRILO SANGRONIS GUTIÉRREZ, ALVINO OSTEICOECHEA COLINA, {ANGEL EDUVIGIS BRETT, JUAN NEPOMUCENO PADILLA VELASCO, FERMIN ANTONIO PIÑA LÓPEZ, JOSÉ MERCEDES LÓPEZ, ACACIA MALARIE DE LÓPEZ, JOSÉ DEL CARMEN VENTURA, CARMEN OSTEICOECHEA DE VASQUEZ, FLORENCIA VELAZCO, VICTORIANO GOITIA, RAFAEL PADILLA, FRANCISCO LÓPEZ, LEONARDO VELAZCO, VICENTE PAUL, BLAS ANTONIO DUMO, FLORENCIO VELAZCO, VICTORIANO GOITIA, LEONARDO VELAZCO, VICENTE PAUL, PABLO ARENAS, SUCESIÓN DE BERNARDO MEDINA, FRANCISCO LÓPEZ, SARA MARGARITA JAMARTE PUENTE DE BRAMATO, JUAN REYES GARCÍA, SALVADOR LEMUS, CELESTINO RAFAEL PACHANO, JULIO SÁNCHEZ, EUSTACIO RUIZ, ESCOLÁSTICO MEDINA, FRANCISCO LORES, CRISANTO PADILLAS, SUCESIÓN DE PANTALEÓN GALICIA, JOSÉ ESTEBAN MEDINA, JUAN RAMÍREZ, SUCESIÓN DE DANIEL MARTÍNEZ, SUCESIÓN DE ANTONIO AÑEZ, EDUVIGES BRETT, AURELIANO MEDINA, CRISANTO PADILLA, FÉLIX PADILLA, BERNARDINO LORES, MARIA DEL CARMEN DE VELAZCO, HERMANOS DÍAZ, MIGUEL JURADO PALMERA, SUCESIÓN DE JOSÉ ELÍAS MEDINA, ANGEL JURADO, CARMEN VICTORIA LÓPEZ, ANTENO PEREIRA, SUCESIÓN VELAZCO, JUSTINIANO JAMANTE, ANTONIO MEDINA, FELIPE REYES GALICIA, PEDRO VELAZCO MARÍN, RAMÓN LORES, ANDRÉS GALINIE C., SATURNINO DE JESÚS, SUCESIÓN DE GABRIEL MÉNDEZ, TOMAS RUIZ, CARMEN ARCAYA DE GÓMEZ, JULIO LAVALA PIÑA, LAZARO RAMÓN FLORES, CESAR ACARIO, SUCESIÓN GONZÁLEZ, EUGENIO ALVARADO GARCÍA, FÉLIX JOSÉ SÁNCHEZ, ANTONIO EVARISTO ARCAYA FERNÁNDEZ, LINO SARMIENTO, JUAN PADILLA, SUCESIÓN DEL GENERAL RAMÓN PORFIRIO PELAYO, NERIO GONZÁLEZ, ANDRÉS GUTIÉRREZ DÍAZ, RAÚL A. GONZÁLEZ, ANTONIO TRENSONT, SUCESIÓN DE ANTONIO MARIA OCHOA, PEDRO THELMO QUESADA, JOSÉ MARTINIANO GALICIA, LEONERA GARCÍA, ALBERTO SEGOVIA, DOMINGO RAMÓN ACOSTA, SALVADOR CONTIN GONZÁLEZ, JOSÉ SALVADOR NARVAEZ, SUCESIÓN DE RAFAEL CANDELARIO QUESADA, MANUEL MEDINA, ANDRÉS GARCÍA, MARIA SALOME RUIZ DE PADILLA, ENIO ALVARADO GARCÍA, ENCARNACIÓN TREMONT, JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ, JOSÉ VALERIO PEMOTH, JULIA DE GONZÁLEZ, ERASMO MARCELINO VELAZCO, GONZALO ESCALANTE, RAMÍREZ MATHEUS, MARTINIANO SÁNCHEZ y SUCESIÓN DE PEDRO GIL LÓPEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-709.058, V-700.178, V-707.229, V-708.263, V-707.930, V-710.424, V-707.317, V-734.055, V-710.912, V-717.440, V-740.843, V-715.090, V-710.480, V-709.623, V-714.896, V-711.142, V-713.521, V-700.761, V-711.103, V-714.575, V-714.532, V-112.717, V-703.930, V-710.619, V-709.806, V-710.290, V-1.429.201, V-705.869, V-717.588, V-719.021, V-727.718, V-722.513, V-1.625.656, V-1.415.604, V-707.945, V-191.832, V-704.508, V-1.421.563, V-705.974, V-704.683, V-1.421.938, V-734.243, V-712.178, V-2.857.223, V-737.020, V-717.052, V-1.427.226, V-705.864, V-702.012, V-722.794, V-722.468, V-709.154, V-711.023, V-723.689, V-701.118, V-711.105, sin cédula, V-709.150, V-1.429.183, V-708.269, V-1.414.686, V-721.922, V-1.410.081, V-710.350, V-2.861.834, V-108.830, V-1.421.298, V-1.427.319, V-1.413.819, V-707.432, V-1.960.241, V-2.367.185, V-1.422.663, V-725.847, V-1.418.374, V-709.526, V-1.417.177, V-725.688, V-718.208, sin cédula, V-708.228, V-710.389, V-1.712.159, V-722.299, V-708.082, V-725.409, V-707.177, V-2.355.244, V-735.881, V-740.483, V-1.970.646, V-709.622, V-1.413.024, V-711.459, V-709.313, V-711.106, V-3.391.376, V-702.176, V-711.225, V-701.474, sin cédula, V-711.023, sin cédula, V-713.880, V-718.372, V-1.411.634, V-708.221, V-725.277, V-709.176, V-1.421.153, sin cédula, V-71.531, V-38.892, V-712.547, V-113.513, V-100.436, V-28.476, V-705.318, V-383.667, V-710.412, V-713.507, V-707.340, V-718.753, V-702.426, V-2.855.081, el resto de demandados no tienen cédula de identidad, el Tribunal para proveer al respecto observa: Establece el artículo 17 de la mencionada ley, lo siguiente: “Cuando las servidumbres a que se refiere el artículo anterior, hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, las personas autorizadas celebrarán con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse el avenimiento, las personas interesadas podrán ocurrir al Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para que autorice el comienzo de los trabajos…”, desprendiéndose de esta norma que antes de ocurrir al Tribunal para que este autorice el comienzo de los trabajos, las personas interesadas deberán celebrar contratos con los propietarios de los terrenos privados, y en caso de no lograrse el avenimiento es que puede ocurrirse al órgano jurisdiccional. Entendiendo este juzgador, que para que pueda ocurrirse al órgano jurisdiccional deben agotarse las gestiones para celebrar los contratos con los propietarios, y además, presentar con la demanda la prueba de que se realizaron esas gestiones y que el avenimiento no fue posible. En el caso que nos ocupa se encuentra que la parte demandante indica que “ha tratado de ubicar el paradero de dichos propietarios o titulares por otros medios tales como Internet, redes sociales y personas de gran trayectoria en la zona de Cardón IV o que habiten en la región desde hace más cuarenta (40) años aproximadamente. En ese sentido, considerando que en los terrenos a ser afectados no habita ninguna persona, ni existen construcciones actuales o cultivos de ningún tipo, el proceso de emprender una comunicación con los ciudadanos mencionados, o su herederos, ya que por lo bajo de los números de cédulas y la antigüedad de los documentos en los que se refieren sus derechos, es probable que muchas de estas personas hayan fallecido, ha sido de gran dificultad para la empresa”.
La necesidad de que el interesado demuestre al tribunal que ha realizado las gestiones necesarias para celebrar los contratos con los propietarios de los terrenos privados, donde solicita se constituya servidumbre, viene dada por el hecho de que al ocurrirse al órgano jurisdiccional competente, éste deberá autorizar el comienzo de los trabajos, implicando esta decisión que, por principios básicos, de que quien alega debe probar (artículo 506 del Código de Procedimiento y artículo 1354 del Código Civil), el juez, cuando dicta una decisión de esta naturaleza debe haber comprobado previamente que se han cumplido los extremos establecidos en la ley, con la finalidad de asegurar las garantías de igualdad entre las partes, el derecho a la defensa y a la propiedad, que tienen en nuestro ordenamiento jurídico rango constitucional.
Como ha quedado expuesto, la parte demandante indica que ha realizado gestiones para ubicar a los propietarios demandados por medios tales como: Internet, redes sociales y de personas de gran trayectoria en la zona, sin que exista prueba de tales actuaciones; considerando quien aquí juzga, que sin descartar los medios electrónicos de última generación y que la técnica moderna nos ofrece, que afirma el demandante que ha utilizado, existe el medio tradicional y efectivo de la prensa escrita cuya prueba es mucho más accesible y fácil de aportar a los fines de dejar probado los extremos exigidos en la Ley para poder acudir a la vía jurisdiccional, del cual pudo haberse valido el solicitante.
Si bien en el presente caso, se constata que el artículo 4 de la mencionada Ley, dispone: “Las actividades a las cuales se refiere esta Ley, así como las obras que su manejo requiera, se declaran de utilidad pública”, y que el comienzo de los trabajos indicados en el libelo de la demanda, y que se le solicita al tribunal que autorice, se requieren con urgencia, lo cual contribuiría de manera inmediata al desarrollo de un complejo industrial con repercusiones automáticas en la generación del empleo y demás actividades económicas complementarias; ello no es patente para que se obvien los demás requisitos legales que conforman nuestro ordenamiento jurídico, como lo es la obligación de cumplir los requisitos previos para acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la constitución de la servidumbre indicada en la Ley en cuestión, así como la prueba del cumplimiento de esos extremos.
Establece el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, que: “Presentada la demanda, el Tribunal admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos.”. Con respecto a este artículo, el autor Ricardo Henríquez La Roche, expresa: “Cuando la inadmisibilidad, no sea evidente, la prudencia aconseja al juez permitir que sea el demandado quien suscite la cuestión previa correspondiente, para luego resolver con vista al debate sustanciado. Con mayor razón cuando concierne al orden privado (vgr., falta de interés procesal del demandante), o cuando la inadmisibilidad provenga de una disposición que no la expresa claramente” (véase Código de Procedimiento Civil Tomo III, 3ª edición actualizada, Ediciones Liber, Caracas, 2006, pág. 36); y en este caso, aparece como evidente la inadmisibilidad de la demanda, por cuanto, la decisión a tomar en el auto de admisión de la demanda, que no es un auto de mero trámite, sino una verdadera decisión, según lo ha dejado sentado en manera reiterada la casación venezolana, implica la ocupación de terrenos privados, que afecta de manera determinante un derecho consagrado constitucionalmente, requiriéndose para ello una prueba determinante de que se cumplieron los extremos exigidos en la Ley, es decir, las gestiones para localizar a los propietarios de los terrenos donde se pretende que se constituya la servidumbre judicial, para celebrar los contratos necesarios, por lo que se impone declarar INADMISIBLE la presente demanda. Así se decide.
El Juez Titular,
Abog. Camilo Hurtado Lores.
La Secretaria Titular,
Abog. Maraly Marín López.
CHL/adv.
Exp. 8682.