REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón
Santa Ana de Coro, 5 de Junio de 2012
202º y 153º
ASUNTO PRINCIPAL : IP01-P-2011-003613
ASUNTO : IP01-P-2011-003613
RESOLUCIÓN QUE ACUERDA LA EJECUTORIEDAD DE LA SENTENCIA Y EL COMPUTO DELA PENA.
SIN DETENIDO
Recibidas las presentes actuaciones judiciales en el día 15 de mayo de 2012 provenientes del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón Santa Ana de Coro, en virtud de la sentencia condenatoria dictada por el referido Tribunal en fecha 07- 03- 2.012, declarada firme en fecha 30/04/2012 y mediante la cual condenó al ciudadano IGNACIO JOSE OLIVERAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.028.723, a cumplir la pena de SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS DE PRISION, mas las accesorias de Ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal,, por el delito de EXPEDICION ILEGAL DE CERTIFICACIONES QUE PERJUDIQUEN AL PATRIMONIO PUBLICO previsto y sancionado en el artículo 62 numeral 2 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO, Definitivamente firme como ha quedado la sentencia, según declaratoria expresa del Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón Santa Ana de Coro, conforme a lo dispuesto en el artículo 480 de la norma adjetiva penal, este Tribunal de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad acorde con sus atribuciones y competencia procede de conformidad con los artículos 479 y 482 eiusdem, a la ejecución de la sentencia y a practicar el cómputo definitivo.
Se aprecia del expediente que el ciudadano IGNACIO JOSE OLIVERAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.028.723, fue sentenciado en fecha 06-02-2012, a cumplir la pena de SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS DE PRISION, mas las accesorias de Ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, quiere decir que les falta por cumplir al penado: siete (07) meses y 15 días
Por otra parte, es de considerar que dada la pena impuesta y el delito por el cual ha sido condenado el penado, aunado al contenido del artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, respecto al beneficio post condena de suspensión condicional de la ejecución de la pena, es procedente citarlo a los fines de imponerlo del presente auto de ejecución y oírle a los fines de saber si se acoge a la solicitud del beneficio en mención, caso en el cual deberá de comprometerse a cumplir con todas las condiciones que le imponga el tribunal en el supuesto de otorgamiento del beneficio, así como deberá consignar los recaudos exigidos por la ley. El Tribunal acuerda requerir a la División de Antecedentes Penales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y de Justicia, certificado de antecedentes penales del penado.
En otro orden de ideas, el Tribunal advierte que de conformidad con el artículo 482 del texto adjetivo penal, que establece: “El tribunal de ejecución practicará el cómputo y determinará con exactitud la fecha en que finalizará la condena y, en su caso, la fecha a partir de la cual el penado podrá solicitar la suspensión condicional de la ejecución de la pena, cualquiera de las fórmulas alternativas del cumplimiento de la misma y la redención de la pena por el trabajo y el estudio” (omissis).
Es claro que de la inteligencia de la norma parcialmente trascrita esas exigencias son posibles cumplirlas cuando el penado se encuentra en detención lo cual debe necesariamente concatenarse con el artículo 480 en su primer aparte, esto es, el legislador ha querido mantener en libertad a todas aquellas personas que vengan en esa condición y que se vislumbre la posibilidad de otorgamiento de la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena, caso contrario, es decir, donde se diagnostique per se que no es procedente tal medida, ordena al Tribunal que dicte la aprehensión del penado a los fines de determinar las fechas en que pudiera optar a cualquiera de las medidas alternativas de cumplimiento de pena, de allí que, en el mencionado artículo 482 usa la expresión “y en su caso” argumento contrario de no ser el caso (cuando está en libertad el penado) no se puede determinar la fecha en que optaría a las medidas alternativas, a saber: Destacamento de Trabajo, Régimen Abierto y Libertad Condicional, y tampoco se puede determinar la fecha en que podría solicitar la conmutación de la pena en confinamiento.
No obstante a lo anterior se informa que dichas medidas alternativas proceden en su estricto orden: destacamento de trabajo, régimen abierto y libertad condicional, cuando los penados hayan cumplido 1/4, 1/3 y 2/3, respectivamente de la pena impuesta y el confinamiento a partir del cumplimiento efectivo de las ¾ partes de la pena.
Colofón de lo anterior es declarar formalmente ejecutada la sentencia definitivamente firme dictada por el Tribunal Quinto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón, Santa Ana de Coro, en contra del ciudadano IGNACIO JOSE OLIVERAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.028.723, de conformidad con el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.
DISPOSITIVA.
En nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, este Tribunal Primero de Ejecución de la Circunscripción Judicial Penal del estado Falcón con sede en la ciudad de Coro, DECLARA FORMALMENTE ejecutada la sentencia dictada por el Tribunal segundo de Primera Instancia en Funciones de control del Circuito Judicial Penal del estado Falcón Santa Ana de Coro, en contra del sentenciado ciudadano IGNACIO JOSE OLIVERAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.028.723, a cumplir la pena de SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS DE PRISION, mas las accesorias de Ley, establecidas en el artículo 16 del Código Penal, por la comisión del delito de EXPEDICION ILEGAL DE CERTIFICACIONES QUE PERJUDIQUEN AL PATRIMONIO PUBLICO previsto y sancionado en el artículo 62 numeral 2 de la Ley contra la Corrupción, en perjuicio del ESTADO VENEZOLANO.
Regístrese, déjese copia de la presente decisión. Notifíquese a las partes (Fiscalía y Defensa Privada). Líbrense oficios al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, anexo copia de la sentencia dictada y del cómputo definitivo y a su vez requiriendo el certificado de antecedentes penales que pueda tener el penado. Cítese al penado IGNACIO JOSE OLIVERAS, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-13.028.723 a los fines de imponerlo de la presente decisión.
EL JUEZ
ABG. EDGAR RODRIGUEZ SILVA
LA SECRETARIA,
BELMID VILLASMIL
ASUNTO PRINCIPAL: IP01-P-2011-003613.
Cuatro (04) folios útiles.
05-06-2.012
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